Dos abogados coinciden en que las plazas del gobierno no son inamovibles, pero deben ser suprimidas siguiendo el debido proceso de ley y cumpliendo ciertos requisitos técnicos que justifiquen la supresión, “de lo contrario estaríamos frente a una destitución encubierta”.
El término es usado por el abogado constitucionalista Efraín Arévalo, quien explica sus argumentos en un video publicado en Twitter.
“El cumplimiento de estos requisitos demostraría que la supresión de plaza se debe a un criterio técnico de necesidad y no a un criterio político o de conveniencia. Si estos requisitos se verifican estaríamos en presencia de una supresión legítima de un cargo”, manifestó Arévalo.
Sus opiniones calan en el momento coyuntural que vive el país, ya que el Ejecutivo envió a la Asamblea el pasado jueves una reforma a la Ley de Salarios vigente de 2019 en la parte que corresponde a la Presidencia de la República.
En la propuesta se plantea eliminar 698 plazas e indemnizar a los trabajadores cesados, pero según el abogado constitucionalista Efraín Arévalo y Henry Orellana, experto en el área laboral y administrativa, esto no es suficiente para justificar el cese de los servidores públicos.
Ambos coinciden en que hay leyes que amparan a los trabajadores del gobierno de acuerdo a la forma en como fueron contratados y en que debe establecer de dónde saldrán los recursos para entregarles su compensación económica a la que tienen derecho, incluso hasta los que fueron destituidos por ostentar cargos de confianza.
Arévalo explica cuáles son las causas técnicas que justifican la remoción de un servidor público, entre las que se encuentra “que subsista la institución para la cual presta el servicio”, que es uno de los argumentos que establece la propuesta de reforma presentada por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Según acuerdo del primer Consejo de Ministros del 2 de junio, son plazas que se eliminan porque el nuevo gobierno suprimió cinco secretarías del Estado que habían sido creadas por los gobiernos del FMLN: la Secretaría Técnica; la Secretaría de Inclusión Social; la Secretaría de Gobernabilidad; la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción; y la Secretaría de Vulnerabilidad.
El presidente Nayib Bukele anunció la eliminación de esas entidades, pero también la creación de otras: la Secretaría de Comercio e Inversión y la Secretaría de Innovación; también designó a un Comisionado de Proyectos Estratégicos; y a una Comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno.
Sin embargo, Arévalo plantea que “para evitar que esta supresión de plazas no sea una destitución encubierta o disfrazada, como sucede con el mero cambio de la denominación del cargo, es condición necesaria que se cumplan requisitos. Tiene que existir un estudio técnico de justificación que se base exclusivamente en aspectos presupuestarios, necesidades de servicio y técnicas de análisis ocupacional”.
Agrega que el informe técnico debe ser específico para la plaza o conjunto de plazas, cuya supresión se pretenda; también se requiere de una reserva de recursos económicos para hacer el pago de las indemnizaciones correspondientes, y se debe levantar el fuero sindical en aquellos puestos de empleados aforados, según el artículo 47, inciso 6 de la Constitución.
La iniciativa de ley enviada a la Asamblea sólo detalla que es necesaria la reforma al presupuesto de Ley de Salarios de 2019 porque se modificó la estructura de la Presidencia y del Órgano Ejecutivo “para dar paso a la modernización, con una nueva visión que permita reagrupar y reorganizar las diferentes dependencias existentes, sobre todo la Presidencia de la República”.