A prisión dos de los acusados de estafar con falsas visas

Fiscalía solicitó al juez que los imputados paguen $1,500 a cada imputado para cubrir el daño económico causado.

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De izquierda a derecha, Wendy Yamileth Francia Mejía, doctora Ana María Ibarra Guzmán y Guillermo Adolfo Guillén Villeda, acusados de integrar una estructura que ofrecía falsas visas de trabajo hacia Canadá. El Juez Quinto de Paz, ordenó que solo dos permanezcan en detención (que no están en la foto) y los demás sean procesados en libertad. Foto EDH / Jaime López.

Por Jaime López

2019-09-12 4:00:42

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador resolvió que Erick Campos y Óscar Mayora vayan a detención provisional mientras avanza el proceso judicial a la siguiente fase (instrucción) por el delito de estafa agravada en perjuicio de al menos 11 víctimas a quienes ofrecieron visados para trabajar en Canadá.

En tanto a Guillermo Guillén, Ana María Ibarra y Wendy Francia el juez les otorgó medidas alternas a la prisión como la colocación de brazaletes electrónicos; en el caso de Jorge Rodríguez (ausente), el juzgador resolverá con base en el requerimiento o acusación fiscal.

Por este caso, 11 víctimas se han mostrado ofendidas por el engaño, sin embargo, este es solo el principio de una denuncia que podría sobrepasar las mil personas, ha advertido la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, Erick Campos, ex diputado en el período 2009-2012, lideraba la banda que se dedicaba a estafar a las personas al ofrecerles visas de trabajo en Canadá. Los hechos sucedieron en 2016, cuando los ofendidos supieron a través de los imputados de la oportunidad de trabajar en tareas agrícolas como recolección de uvas, manzanas y fresas en Canadá.

Según la acusación, los imputados solicitaban a las víctimas que depositaran 35 dólares a la cuenta a nombre de Employee to Bussines S.A. de C.V., para cubrir los costos de exámenes, requisito para aplicar a dichas visas. Además debían pagar $450 en concepto de chequeos médicos en Guatemala, y otras cantidades de dinero para capacitaciones.

Las víctimas esperaron hasta mediados de 2017 para recibir sus visa de trabajo en Canadá, pero al no tener respuestas, denunciaron ante la Fiscalía. Esta solicitó el martes al juez que los imputados fueran detenidos y paguen a cada víctima $1,500 por daños económicos.