Que las instituciones del Estado pudieran tener luz verde para hacer compras hasta por $6,000 y solo presentar facturas de esos gastos sin pasar por un proceso de mayor control preocupa a Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo), ya que esa modalidad podría dejar expuestos a los funcionarios públicos a que sean cuestionados.
Jaime López, investigador en temas de transparencia de esa organización, explica que la nueva modalidad de contratación estatal que el Gobierno pretende que se implemente en el país, llamada Baja Cuantía, puede abrir la puerta a cometer “irregularidades”.
La Baja Cuantía, según plantea el pliego de reformas que presentó el Ministerio de Hacienda a la Asamblea, es un mecanismo mediante el cual una institución podría usar dinero del Fondo Circulante o caja chica para todas las eventualidades que surjan y solo deberá entregar facturas de los gastos.
Esa modalidad se aplicará cuando el valor del bien o servicio no recurrente a adquirir sea igual o inferior a los 20 salarios mínimos mensuales (equivalente a $6,000) vigente para el sector comercio y se aplicaría cuando los bienes o servicios sean requeridos con carácter de inmediato para suplir una eventualidad, en cuyo caso será pagado con fondo circulante, dice la propuesta.
Para López esa cantidad ya no es una pequeña cuantía. “Eso sí preocupa porque con compras de hasta $6,000 se puede cometer muchas irregularidades”.
Agrega que eso podría provocar que haya un fraccionamiento de las compras (sancionado por la LACAP en su artículo 58, considerado un fraude) y el otro riesgo que ve es que podrían decidir compras “de dedo”, ya que no hay recurso para revisión de esa compra. Consideró que es como decir: “Vayan a comprar donde yo diga”.
“Allí entra todo el tema de favoritismo y negociaciones ilícitas en las que pueden incurrir los funcionarios públicos. De hecho a los mismos funcionarios públicos se les está exponiendo porque las competencias no son solo para garantizar mayor oportunidad a los proveedores, sino para proteger al funcionario público de que su decisión sea cuestionada”, advierte.
El investigador opina que una Baja Cuantía funcionaría para compras pequeñas como café, azúcar, artículos de limpieza, etc. “Pero ya con $6,000 estamos hablando de cosas más grandes”, acota.
López dice que así como se está planteando la modalidad de contratación “realmente es una ficción que han creado para evadir los procesos de competencia, porque la Baja Cuantía la han fijado hasta 20 salarios mínimos que son más de $6,000 y eso me parece que es un monto que ya no es pequeña cuantía”.
Sin recursos de revisión
Otro punto que el investigador ve “delicado” en la reforma es que eliminarían recursos legales para apelar a decisiones que tome la unidad de Hacienda.
“En la medida en que se deja menor intervención del Fiscal es porque se está pasando a un mayor control social o de los mismos proveedores, pero en la reforma no hay recursos. Por ejemplo, para procesos de Libre Gestión no hay recursos para Contratación Directa, para Menor Cuantía, eso en cuanto a proveedores”, apunta.
Y añade que para nada se habla de mecanismos de denuncia cuando es un punto fundamental en un proceso de mercado abierto. “Y eso ni siquiera se ha considerado”, dice.
Para López, las reformas deberían contemplar recursos en dos dimensiones: para los proveedores del Estado y para la denuncia ciudadana. “Eso es delicado porque se crean nuevos mecanismos pero no están bien desarrollados, porque todo mecanismo tiene que incluir los recursos de revisión de decisiones y los de denuncia”, expresa.
Destaca que en otros países reformas como las que está planteando el gobierno para nuevas formas de contratación han funcionado “porque todo está a la luz y ese hecho implica que hay mecanismos efectivos para captar denuncias del público o de los mismos proveedores. Si no se garantiza ese tipo de mecanismos, se pone en riesgo la integridad del sistema”.
López afirma que como hasta ahora conocen de las reformas van a hacer contactos con personeros del Gobierno para pedir que se abra una discusión. “No es que solo nos escuchen a nosotros, sino que pensamos que es importante que se escuche a diferentes sectores y también que se publiquen los diagnósticos, porque no se puede estar discutiendo una reforma tan importante si los diagnósticos no están hechos o bien elaborados, y si esos diagnósticos no son públicos”, concluye.