El 11 de febrero, el entonces capitán del Ejército, Luis Parada, renunció a su grado militar a raíz de la toma que dos días antes hizo el presidente de la República, auxiliado de un grupo de militares fuertemente armados para presionar por un crédito.
Desde ese momento, Parada ha expresado preocupación por los delitos que afirma se cometieron ese día, por la desnaturalización de la Fuerza Armada y el retroceso democrático del país. El Diario de Hoy lo abordó en ocasión de la interpelación del ministro de Defensa, René Francis Merino, y esto dijo:
¿Qué tan exagerado es decir que fue un intento de golpe de estado?
Un golpe de estado no es derrocar al presidente, sino cuando las fuerzas internas de un estado ilegalmente, por la fuerza o coerción, desplazan a todo o parte del gobierno. En este caso, el Ejecutivo llegó a la Asamblea con la intención anunciada de destituir a los diputados que no hubieran atendido la orden ilegal del consejo de ministros de presentarse el 9 de febrero en la tarde para votar sobre un préstamo.
El presidente ya había amenazado con invocar el derecho de insurrección para supuestamente destituir a los funcionarios no presentes y solo había 22 presentes, le iba a tocar destituir a la mayoría de la Asamblea.
Eso suena a golpe…
Esto obviamente habría sido un golpe a la Constitución porque se iba a reemplazar un órgano de estado por otro, que lo iba a controlar.
No es exageración decir que el 9F hubo un intento de golpe de estado que no se consumó, pero no sabemos hasta ahora por qué. El presidente anunció que lo haría. La noche anterior el ministro de Defensa y el alto mando, sabiendo a lo que iba el presidente, dijeron públicamente que estaban listos a obedecer cualquier orden, y ahí hubo un intento del Ejecutivo de dar golpe, y desplazar y reemplazar al Legislativo.
¿Opera la obediencia de los militares a su comandante en jefe si se trata de un rompimiento constitucional?
La fuerza armada, lo dice la Constitución, debe respeto y obediencia a su comandante en jefe, el presidente de la República, pero enmarcado en el contexto de servir a la nación y seguir la legalidad de las órdenes.
Si el presidente da una orden obviamente ilegal, algo que debió haberle sido muy obvio al ministro de Defensa, no hay obligación de obedecerla. Al contrario, hay una obligación de no obedecerla.
Toda la autoridad del presidente y cualquier militar dando órdenes debe estar enmarcada en el respeto a la Constitución y las leyes. Un superior de la fuerza armada no puede dar una orden ilegal y exigir que sea cumplida. Un subordinado no debe cumplir órdenes ilegales. Y si la cumple, hay responsabilidad personal del que la dio y del que la cumplió.
Hay límites a esa obediencia, entonces…
No es una obediencia ciega a una orden de un superior, sino una obediencia a las órdenes legales que se reciban.
Ese mismo día, el presidente dio una entrevista con El País, de España, y dijo que si de verdad fuera dictador se hubiera tomado todo el poder porque tenía el respaldo de la Fuerza Armada. Es evidente que la Fuerza Armada sabía a lo que iba, el ministro sabía, y es preocupante que el presidente diga que tenía ese apoyo. Es evidente que se ha incurrido en delitos, por lo menos en grado de tentativa, contra la misma personalidad del Estado cuando el Ejecutivo amenazó y tomó acciones encaminadas a destituir a otro órgano.
¿Se había visto alguna perversión de la Fuerza Armada de este tipo desde los acuerdos de paz?
Yo no recuerdo nada que siquiera se le parezca. Nunca he escuchado, ni siquiera en tiempos de gobiernos militares en los años sesentas y setentas, que un presidente amenazara de esa forma a otro órgano, mucho menos con la Fuerza Armada.
En las últimas décadas después de la paz, ni remotamente se había visto esto. Este es un grave retroceso en el desempeño de la Fuerza Armada. Es preocupante porque desde el inicio del gobierno, Bukele hizo una aberración jurídica, cuando recibió el bastón de mando militar del ministro de Defensa ante representantes de todas las unidades de la Fuerza Armada: el presidente se inventó un juramento que no está en ningún reglamento militar. Todas las unidades le juraron obedecerle a él, y le dieron lealtad personal a él, antes de a la patria. Esta es una aberración y muestra el deseo del presidente Bukele de apoyarse en la Fuerza Armada para poder imponer su voluntad política ante cualquier órgano de estado o persona que se le oponga.
La legalidad no está con el presidente, pero sí las armas. ¿Qué tan desprotegidos estamos?
Si a esas vamos, que de un lado está la razón y del otro la fuerza, las armas y la intimidación, que es lo que hace Bukele, estamos muy mal y hemos retrocedido varias décadas en progreso hacia la democracia. Volvemos a tiempos antes de la guerra.
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Algunas de las instituciones democráticas que deben proteger al imperio de la ley están intimidadas y la historia los juzgará porque tuvieron en sus manos defender su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley.
La ley debe estar encima de las armas y no se le debe ocurrir a un presidente usar las armas para intimidar a las instituciones que actúan con el respaldo de la ley.
Pero volvemos a la obediencia de los militares…
Un jefe militar debe saber cuando un presidente los está llevando en un camino errado e ilegal, y debe saber que no tiene obligación de obedecer ningún llamado ilegal. Cuando se usa a la Fuerza Armada para chantajear a través del miedo a otros órganos del Estado, este es un uso ilegal que la misma Sala dijo en su medida cautelar del 10 de febrero.
Los jefes militares debieron decirle al presidente, con todo respeto, que no seguirán órdenes ilegales y si el pres idente insiste, por dignidad y respeto al uniforme, el ministro y el alto militar deben presentar su renuncia. Eso ha faltado, valentía del alto mando y de los funcionarios a cargo de proteger la institucionalidad democrática del Estado.
¿Ve irreversible este camino de perversión de las fuerzas armadas?
Es muy preocupante. Diez días después del 9 de febrero, el presidente juramentó a 1,400 nuevos soldados y les dijo que están para luchar contra el enemigo interno y externo. Al hablar sobre el interno, les dijo que es la mayoría de los políticos de El Salvador. Es clara la intención de usar la Fuerza Armada contra cualquier opositor de sus planes y acciones ilegales. Cualquiera que defienda la legalidad, el presidente ya les dijo a los militares que es su enemigo y ellos deben luchar contra él.
Y la Fuerza Armada se ha quedado obedeciendo órdenes aun cuando se declararon ilegales. Irreversible no es, pero parece que El Salvador va a ese precipicio que va a ser desastroso para el país, la democracia y la misma Fuerza Armada. Politizar la Fuerza Armada abre una caja de pandora que causa problemas internos, resquebraja la disciplina militar y trae problemas que El Salvador tenía décadas de no ver. Todavía puede detenerse y le diría al alto mando que si no tienen el valor y dignidad de hacer lo que no han podido hacer, que renuncien.