Las posibilidades de que el gobierno de Daniel Ortega entregue al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) en las condiciones políticas que rigen en ese país en este momento, son casi nulas según cinco juristas, economistas, diplomáticos, catedráticos y políticos nicaragüenses entrevistados por El Diario de Hoy.
Las razones que encuentran los entrevistados van desde la ‘solidaridad interpartidaria’, hasta la estrategia política por parte de Ortega de mostrarse ‘fiel’, por si más adelante es él quien tiene que implorar protección a otro jefe de Estado, pasando por razones aún más mundanas: el dinero.
La petición salvadoreña de solicitar la extradición de Funes no tiene “ninguna” posibilidad de éxito, en opinión del analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez Morales.
Basa su análisis en que “Ortega lo protegerá hasta las últimas consecuencias, porque es parte de su ‘prestigio’: él no abandona a sus aliados, para que no lo abandonen a él… cuando lo necesite. Si lo entrega, entonces sus socios actuales pueden traicionarlo antes de tiempo”, sintetizó.
Al proteger a su igual, Ortega “da muestras de que es un aliado confiable, de cara a quienes le guardan dinero en el exterior, o tienen intereses con él”, lo que puede ser especialmente valioso en este periodo de crisis, en el que el mandatario nicaragüense necesita inversionistas.
“Esto puede ser un filón a explotar, si vienen otros con dinero mal habido, y les ofrece protección a cambio de que ellos hagan inversiones en el país”, avanzó Núñez Morales.
El economista y exdiputado renovador sandinista, Enrique Sáenz, coincide con la visión de su colega liberal, al señalar categóricamente que en este momento no hay “ninguna” posibilidad de éxito de la gestión para extraditar a Funes.
“Si Ortega lo mantiene y protege en Nicaragua por tanto tiempo, no se ven razones para que cambie su decisión, al contrario: con el nuevo gobierno de Nayib Bukele, [a partir del primero de junio próximo], Ortega seguramente estimará que las condiciones para enjuiciar a Funes en El Salvador se habrán deteriorado”, dijo Sáenz.
“Ortega le dio refugio a Funes por razones poderosas, y no hay en el ambiente nada que evidencie que esas razones puedan cambiar. Las posiciones claras y rotundas hacia Ortega, manifestadas por [el presidente entrante Nayib] Bukele, lo hacen más difícil”, abundó.
El abogado y también político liberal, José Pallais, tampoco ve posibilidad alguna, porque recibir al expresidente Funes fue “una decisión política tomada por Ortega para garantizarle impunidad a Funes, como parte de su entendimiento con el FMLN, así que aunque El Salvador cambie de gobierno, no cambiará la actitud de Ortega de asegurarle todo tipo de protección para su estancia en Nicaragua. Es solidaridad interpartidaria”, aclaró.
Envíenlo a El Salvador
Cualesquiera que sean las razones de Ortega para proteger a uno de sus pares, los juristas consultados coincidieron en asegurar que la decisión de otorgar asilo parte de una decisión subjetiva por parte del Estado otorgante, en este caso, Nicaragua.
“El asilo tiene tres bases: que alguien lo necesite, que haya un gobierno que dé acogida, (y en este caso, es el único que puede calificarlo), y una convención que le dé bases a esas voluntades”, detalló el economista Sáenz.
Para Núñez, “el problema del asilo, es que –igual que está pasando con los presos políticos en Nicaragua- el Estado, cuando es persecutor, hace una valoración subjetiva del delito imputado, pero Ortega sabe que Funes no es un perseguido político, sino que se le acusa de corrupción, y por eso lo quiere defender, para enviar un mensaje a cualquier otro corrupto, de que él es un aliado confiable”, ilustró.
Combinando las opiniones de Sáenz y Núñez, el abogado Alejandro Aguilar explica que “en casi todos los países, el asilo se concede por condiciones totalmente subjetivas, aunque esas razones estén reglamentadas”.
Generalmente, se otorga asilo cuando la persona percibe riesgo de las relaciones con su Estado nacional, siempre que no sea por un delito común. “Por eso es que la solicitud de asilo de Funes no debió haber prosperado nunca, porque él enfrenta un procedimiento judicial en El Salvador, donde tiene todos los derechos y privilegios para defenderse”, dijo Aguilar.
“Tendría sentido si fuera perseguido por motivos políticos, ideológicos, por su manera de pensar, pero no es así. En realidad, ese señor no debería estar aquí en Nicaragua sino en El Salvador defendiéndose”, añadió el abogado.
Sáenz, el economista, advierte que los problemas comienzan al plantearse si el Estado de Nicaragua debió investigar los alegatos de la justicia salvadoreña además de los de Funes, quien habría sido acogido “por complicidad política, no porque haya duda sobre la violación de sus derechos o el debido proceso. Es un régimen mafioso que acoge a otro mafioso”, sentenció.