Fiscalía cuestiona los “beneficios” de la tregua en gestión Funes

Como beneficio se dio el traslado de cabecillas de Zacatraz a otros penales y el Ejército dejó de realizar registros a familiares de mareros.

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El exministro de Justicia, David Munguía Payés ordenó que facilitaron el ingreso de los mediadores y colaboradores de la tregua en los penales, pero aclaró que hay pedido que no fueran registrados. La defensa dice que la tregua empató con el plan de pacificación que el expresidente Mauricio Funes se proponía para bajar los homicidios. Foto EDH / archivo

Por Jaime López

2019-04-30 9:49:35

Estructuras organizadas de poder estuvieron detrás de la tregua entre pandillas en 2012 y 2013, aseguró la Fiscalía General de la República en sus alegatos finales, en el segundo juicio que está por finalizar en el Tribunal Antimafia de Sentencia “A” de San Salvador, y en el cual son procesados 19 particulares, exfuncionarios de Centros Penales y policías.

Todos son enjuiciados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, falsedad ideológica (documento oficial con información falsa).

El exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el ex mediador de pandilleros, Raúl Mijango, el inspector general, Anílber Eduviges Rodríguez y varios exdirectores son señalados por la Fiscalía de conformar una estructura debidamente jerarquizada para delinquir.

“Ellos recibieron y cumplieron órdenes que no los excluye o atenúa de responsabilidad”, donde además había un autor mediato (que estaba detrás) y un autor inmediato (que ejecutaba las órdenes).

Bajo esa organización, Fiscalía asegura que los imputados daban órdenes superiores a sus subalternos quienes las materializaban y es la razón de estar de nuevo en el banquillo de los acusados.

A juicio del ministerio Público, las irregularidades iniciaron con la conformación de un equipo técnico en el penal de máxima seguridad (Zacatraz) para evaluar los perfiles de 30 cabecillas de los tres grupos de pandillas y que más tarde avaló el Consejo Criminológico Regional por orden superior.

Como fruto de esa aparente legalidad, en abril de 2012 los cabecillas fueron trasladados de Zacatraz a penales con menos controles de seguridad como Ciudad Barrios, Chalatenango, Izalco, Cojutepeque y San Francisco Gotera.

Luego, con toda la logística de las autoridades los cabecillas era movilizados a otros penales para sostener reuniones que en apariencia era “para reducir los homicidios” pero que según las investigaciones sirvieron para organizar las extorsiones, homicidios, desapariciones, mecanismos para el tráfico y distribución de droga, así como adquisición de armamento.

Luego de los traslados vinieron los demás delitos, las pandillas se reorganizaron, se fortalecieron, cambiaron sus armas cortas y artesanales por armas largas como fusiles M-16 y AK-47. Casi de manera simultánea, las autoridades los premiaron con televisores plasmas de 50 pulgadas dotados cable e Internet, además de otros dispositivos como DVDs, teatros en casa, nintendos, entre otros.

"Beneficios" que dieron a las maras

Durante la tregua, los pandilleros tuvieron un trato especial de las autoridades que los benefició, lo que de alguna manera raya con la legalidad.

Traslado de cabecillas de Zacatraz a otros más flexibles. Visitas de pandilleros de penal en penal para retomar el control

Ingreso de mediadores A los penales sin ser registrados. 

Televisores plasmas,  teatro en casa, playstation, servicio de cable e Internet, refrigerados, cocinas. 

Pornofiestas y prostitución en los penales, e ingreso de celulares, drogas, entre otros. En Ciudad Barrios, hubo una fiesta que duró 5 días.


El ingreso de teléfonos celulares, chip y cargadores en los penales se profundizó en el periodo de la tregua; como ejemplo, Fiscalía citó el caso del director del penal de Quezaltpeque que fue traslado a San Vicente por haber interceptado unos celulares a pandilleros, horas después de haberse reunido con el mediador Raúl Mijango y otros funcionarios. Fiscalía documentó 200 casos en los cuales pandilleros recibieron celulares dentro de cárceles.

Las fiestas con grupos musicales nacionales e internacionales en prisión también fue común durante la tregua. En el interior de los penales se organizaban show con mujeres desnudas, que luego eran filmadas y subidas a la Internet.

Abogado niega ingreso de celulares

Los abogados de los exfuncionarios acusados de haber participado o facilitado la tregua entre pandilleros tienen una postura distinta a la Fiscalía, ellos niegan que las maras se hayan fortalecido con la tregua al comprar más armas, movilizarse de penal en penal sin reunir los requisitos y al ingresar celulares a las cárceles.

El abogado Manuel Chacón dice que no hay un solo celular incautado a un reo dentro de los penales que figure dentro del proceso, tampoco hay testigo que confirme que un funcionario ordenó ingresar celulares a los penales.

“Lo único que está probado es que hubo instrucciones precisas del exministro David Munguía Payés y todos los colaboradores de permitir el acceso a los mediadores”, dijo Chacón. “Pero no está comprobado que hayan dicho que entren y no los registren”, recalcó.

La directriz del gobierno de turno era para acompañar el proceso que llevaba Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres.

El proceso tregua si existió pero era diferente al de pacificación que el expresidente Mauricio Funes se había propuesto en su gobierno. “El gobierno aprovechó la coyuntura para impulsar el plan de reducción de homicidios y les dieron apertura de comunicarse con ellos”, afirmó Chacón. Agregó que los cabecillas trasladados de Zacatraz a otros penales llenaron los requisitos legales.

“El salir de un penal a otro no se considera un beneficio penitenciario”, dice el abogado. Negó que sea cierto que los técnicos hayan analizado los 29 expedientes en dos días, pues del perito afirmó que tardó siete días, resolviendo siete casos por día. Chacón rechazó que las pandillas se hayan fortalecido con más armamento pesado con la tregua, y aclaró que “eso sucedió con las donaciones que los partidos políticos (FMLN y ARENA”, les dieron y que en total sumaron más de $350, 000.