Tijuana. Los cameruneses que comparten diez colchones en el suelo en el tercer piso de un departamento que está encima de una peluquería van a pie todas las mañanas hasta el cruce fronterizo más transitado entre México y Estados Unidos en la esperanza ese sea su día de suerte y los llamen para que soliciten asilo en Estados Unidos. Sueñan con que un funcionario mexicano bondadoso les dé un turno.
“Voy por si se abre algún hueco”, dice Rashidou Hdzekasaah, de 35 años, que lleva dos meses esperando en Tijuana y todavía tiene 6,000 nombres delante del suyo en una lista de espera para solicitar asilo en el cruce de San Diego.
Cameruneses que le escapan a las atrocidades de su país hicieron que la cifra de migrantes que quieren pedir asilo en Tijuana rebase los 10,000 hace poco. Hace tres meses había 4,800 nombres.
A la llegada de nuevos migrantes se suman los centroamericanos que Estados Unidos devuelve a México para que esperen aquí por citas para lidiar con sus casos, lo que prolonga el período de incertidumbre de quienes buscan asilo.
Cifras del gobierno mexicano y las investigaciones de la Associated Press indican que al menos 40,000 migrantes han llegado a la frontera y están en listas de espera, el primer paso de un largo proceso para solicitar asilo o ser escuchados por los tribunales de inmigración estadounidense después de ser devueltos a México.
La cifra representa un gran aumento respecto a principios del año. No está claro cuántos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, decidieron quedarse en México o regresar a América Central.
Las largas esperas ponen a prueba la paciencia de algunos migrantes que buscan asilo y de los residentes de las ciudades fronterizas.
Más de 100 cameruneses bloquearon el camino de las camionetas del servicio de inmigración el mes pasado, exigiendo mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes son aceptados en la lista de espera para pedir asilo. La protesta surgió después de varios días en los que Estados Unidos no aceptó solicitudes. Ahora están llamando a personas que llevan tres meses y medio en Tijuana y es previsible que la espera sea más larga en el futuro.
Convertir a México en una gigantesca sala de espera es la medida más osada que ha tomado el gobierno de Donald Trump en respuesta al aumento en la cantidad de personas que piden protección humanitaria, muchas de ellas familias centroamericanas. La iniciativa es parte de un programa más amplio para frenar la inmigración, tema de un encendido debate político que se intensificó más todavía tras el descubrimiento de una diatriba contra los inmigrantes asociada con el individuo acusado de la matanza en El Paso, Texas.
Cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, México aceptó en junio participar en una nueva política estadounidense por la cual las personas que piden asilo deben esperar en México que sus casos sean procesados. La cantidad de gente devuelta a México se casi duplicó el mes siguiente, llegando a 19.911 el 11 de junio, según las últimas cifras del gobierno mexicano.
Muchos migrantes no han logrado completar siquiera el primer paso en el proceso de solicitud de asilo. Las colas comenzaron a alargarse el año pasado, cuando el gobierno de Trump limitó la cantidad de casos que considera cada día y dejó que organismos del gobierno mexicano, voluntarios, agrupaciones sin fines de lucro y los propios migrantes decidiesen cómo se distribuyen esas pocas plazas. Las autoridades estadounidenses dijeron que fijaron cupos porque es imposible procesar a todo el mundo al mismo tiempo.
La AP contó unos 19,000 nombres en las listas de cuatro ciudades fronterizas que visitó a fines de julio. Los arreglos improvisados para decidir quiénes son recibidos varían de ciudad en ciudad.
La lista de espera de Ciudad Juárez (del otro lado de El Paso), tenía 4,500 personas a principios de mayo y llegó a 5,600. Las autoridades estadounidenses, que procesan entre 20 y 30 pedidos de asilo diarios, estuvieron seis días sin aceptar ninguno durante un lapso de ocho días en julio.
Nuevo Laredo (Laredo) tenía 1,800 nombres y Matamoros (Brownsville) 1,500. Había menos de 1,000 en San Luis Río Colorado (Yuma, Arizona), Reynosa (McAllen, Texas) y Piedras Negras (Eagle Pass, Texas), según activistas y administradores de albergues.
William Mendoza, de 45 años, se fue de la región montañosa del oeste de Guatemala con su hijo de 17 años convencido de que en Estados Unidos le tomarían los datos y lo dejarían en libertad, fijando una fecha para que se presente ante un juez. Las familias generalmente son liberadas porque no hay espacio en centros de detención para familias y porque un tribunal federal dispuso que los menores no pueden ser retenidos más de 20 días.
Después de cruzar la frontera ilegalmente por el Valle del Río Bravo (Grande en Estados Unidos), en Texas, a Mendoza y su hijo les dijeron que no había lugar para ellos y que serían enviados a San Diego.
En San Diego las autoridades les dijeron a unos 130 pasajeros en su vuelo que tendrían que esperar en México a que los citen para presentarse ante un juez. La cita fue para el 13 de septiembre.
“Las noticias golpean duro a mujeres, hombres y niños”, dijo Mendoza mientras cavaba un pozo para un nuevo lavadero en el albergue Embajadores de Jesús, que se encuentra al fondo de un cañón en el que se escucha el sonido de gallos y cerdos.
La lista de espera de Tijuana aumentó tanto en buena medida porque están llegando numerosos cameruneses que quieren pedir asilo. Muchos dicen que sus aldeas fueron quemadas por soldados, que disparan indiscriminadamente y torturan a todo presunto opositor.
Beltran Ngi, de 33 años, va al cruce fronterizo para escuchar los nombres que llaman de la lista de espera usando un megáfono a las ocho de la mañana, por más de que tenga 8,000 nombres delante del suyo. Le despiertan sospechas las personas que son recibidas sin que se haya llamado su nombre. Un viernes reciente, más o menos la mitad de las 40 personas atendidas no habían sido llamadas.
Ngi, quien espera aprovechar sus conocimientos de inglés para trabajar en un centro de llamadas de Tijuana a pesar de que ya expiró el permiso de tránsito por México de 20 días que tenía, compartía un departamento de dos dormitorios con siete personas más pero no podía pagar los 50 dólares que le corresponde a cada uno de alquiler. Tuvo que irse a un albergue para migrantes donde come y duerme gratis.
Dice que se fue de Camerún luego de pasar cinco días en prisión, en una celda con 40 personas que tenían que hacer sus necesidades en un balde. Había visitado a un tío en una aldea vecina cuando los soldados golpearon a su padre y quemaron la casa.
Ngi, quien espera reunirse con familiares en Dakota del Norte, siguió la ruta preferida por los cameruneses: Voló hasta Ecuador, donde hay menos restricciones para los visitantes de su país, y luego recorrió ocho naciones. Estaba muerto de hambre luego de 11 días, al llegar a Panamá, pero se dijo a sí mismo que eso era mejor que lo que vivía en Camerún.
“Es mejor morir en la selva que acribillado por las balas”, se dijo.