Hace 29 años, no solo se firmó el silencio de las balas entre la guerrilla y el Ejército. También se empezó a construir lo entonces impensable: un sistema democrático y una institucionalidad garante de los derechos humanos.
Antes de ellos, lejos del proceso deliberativo natural en una democracia se privilegiaban mecanismos autoritarios para tomar decisiones centralizadas. Las expresiones divergentes solían enfrentarse a la muralla de la censura y la represión.
Las instituciones estatales defendían, preservaban y fortalecían al poder, en muchas ocasiones en detrimento del ciudadano y sus libertades, especialmente si este tenía dudas o críticas sobre el gobierno.
La vida en paz y democracia después de los Acuerdos de Paz ha tenido altos y bajos, pero las condiciones de libertad son diametralmente opuestas a las vividas durante el conflicto y en los años posteriores.
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Prueba de ello es poder cuestionar al poder de forma directa, hacer señalamientos con pruebas y críticas sin el temor a la tortura, la desaparición o incluso el asesinato.
Prueba de ello es el debido proceso que garantiza la inocencia antes de ser vencido en juicio y protege de desmanes autoritarios de una justicia cooptada.
Prueba de ello es ver en quienes piensan diferente a adversarios y no enemigos. En fin, una democracia. Eso es a lo que se abrió la puerta ese 16 de enero de 1992.
Sí, una democracia imperfecta, con muchas fallas, abusos de poder y sin los dientes suficientes para castigar a aquellos que utilizan el poder para enriquecerse o engrandecer sus privilegios, a costa del resto de la población. Una donde los frutos del progreso aún no han logrado llegar al grueso de compatriotas y donde miles de salvadoreños optan por emigrar de manera irregular para buscarse una vida digna lejos de su tierra.
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Pero entre una democracia con un amplísimo margen de mejora y un sistema autoritario y diseñado para cerrar espacios políticos y opiniones diversas, es muchísimo más deseable el primer escenario, donde la construcción del futuro está en las manos y el ingenio de muchos y no en el capricho político de un grupúsculo que, carente de mayores argumentos, tiene a su lado la “elocuencia” de las armas.
En el escenario democrático, el camino no está trazado. Tras la “estabilidad” represiva del “antiguo régimen” y la ficción de progreso para unos pocos, fue sumamente valiente elegir, por parte de los firmantes de la paz, adentrarse en el oleaje incierto del camino democrático, cuando seguir en conflicto y sin sentarse a hablar con el enemigo pudo haber sido lo más fácil.
Pero optaron por el camino largo, el de negociar puntos que parecían irreconciliables y eventualmente heredar un inicio de institucionalidad que puede ser reforzada con políticas públicas diseñadas para levantar a los más vulnerables. Una donde el político se sabe un servidor público y no un amo que puede hacer cuanto guste sin represalias. Una donde se puede exigir cuentas de cómo se usa cada centavo y donde la corrupción, incluso la del presente, se enfrenta a la justicia.
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Eso no existía antes de los Acuerdos de Paz y es difícil pensar quién pudiese querer volver, a menos que añore los privilegios dictatoriales de ese “antiguo régimen”.
En palabras del cientista político Karl Deutsch, la legitimidad en democracia puede venir por el procedimiento (se reconoce al líder por ganar una elección), por representatividad de un sector o por resultados (es efectivo y democrático). A eso pudo acceder el país en 1992, a que quien gobierna justifique su poder en la legalidad y la efectividad, y no simplemente en que tiene al Ejército de su lado y del lado de sus peores caprichos. Volver al pasado, entonces, no es una opción.