Entre los años 2015 a 2017, el Ministerio de Salud registró 65,678 inscripciones prenatales en niñas y adolescentes en edades de 10 a 19 años.
Solamente en el 2017 hubo 19,190 adolescentes y niñas embarazadas; de ese total 781 casos corresponden a niñas de 10 a 14 años, reveló el Mapa de embarazos en niñas y adolescentes, El Salvador 2017, hecho por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA ).
El representante del UNFPA en el país, Hugo González, explicó que los resultados demuestran una reducción de alrededor 5,000 embarazos, al comparar los datos de los años 2015 y los de 2017.
“A pesar de que hay disminución, hay departamentos que presentan tendencia al alza y se debe llamar la atención sobre esos lugares porque es ahí donde debe hacerse más esfuerzos para poder tener una tendencia a la disminución”, declaró González.
Entre estos destaca Sonsonate, La Paz, Ahuachapán, San Vicente, La Unión, Usulután, Santa Ana, Morazán y Cabañas en donde la tasa de embarazos en esta población supera los 32 casos por cada mil niñas y adolescentes.
Los datos de embarazos en niñas y adolescentes tiene reducción importante recalcó González, tomando en cuenta que: “ La mayoría de situaciones alrededor de embarazos en esas edades son productos de violencia sexual. Entre las niñas de 10 a 12 años hubo una disminución de aproximadamente de 39 % . Entre las niñas de 13 a 14 años hubo una disminución de 46 %, lo cual es más bajo y por supuesto que esa parte es digna de felicitar a las autoridades y organizaciones que trabajan por la disminución”, expresó.
Sin embargo en el estudio de embarazos 2017 hay un dato que preocupa a las instituciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia en el país; el documento reafirma que los delitos de violencia sexual son cometidos por personas conocidas o cercanas a las víctimas.
En el apartado La violencia Sexual en Niñas y Adolescentes se reafirma que ocho de cada diez delitos de esta naturaleza son perpetrados por personas cercanas a las víctimas, entre estos padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, profesores, vecinos, dirigentes de iglesias, entre otros.
“Las vulneraciones de los niños se dan en el seno de las familias, de los hogares, vecinos. No podemos obviar que la familia es el principal núcleo protector. Y en ese sentido hacemos un llamado a las familias a cuidar, proteger, educar y darle a las niñas las mayores oportunidades para que tengan acceso a información, que puedan conocer la información de primera mano sin mito”, dijo Alicia Ávila, directora País de la ong Educo.
González expuso que en 2017 casi se duplicaron las denuncias de niñas y adolescentes que fueron embarazadas como resultado de violencia sexual.
En 2016 el Instituto de Medicina Legal determinó la existencia de 71 embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En 2017 la cifra aumentó a 136.
Otro de los datos que resalta el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes 2017 y que preocupa a las instituciones que velan por la niñez es la cantidad de delitos relativos a la libertad sexual en niñas y adolescentes, la cual tiende una brecha entre los embarazos y denuncias.
Por ejemplo, ese año se iniciaron 4,621 casos por delitos contra la libertad sexual en los cuales la víctima era menor de 18 años. Pero se judicializaron 1,552 casos y hubo resultado judicial en 997 casos. Solo hubo sentencia condenatoria para el agresor en 488 casos (este dato incorpora casos que se estaban procesando en años anteriores al 2017).
“La sumatoria de los casos de sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo y en los que se han dictado sentencias absolutorias, superan la cantidad de casos con sentencias condenatorias. Esta tendencia, genera de alguna manera impunidad para las personas agresoras, por tanto, el acceso a la justicia de personas menores de edad que han enfrentado violencia sexual, especialmente para las niñas y las adolescentes sigue siendo un desafío para el Estado salvadoreño y en específico para el sector de Justicia”, indicó González.
Para los representantes de los organismos que velan por la infancia y adolescencia salvadoreña, el incremento de denuncias puede tener dos interpretaciones: la primera que se haya generado conciencia en la denuncia; la segunda que estén aumentando los casos de violencia sexual.
“Hay una brecha entre las 19,000 jóvenes que registraron un embarazo y a los 4,000 (casos iniciados) que han sido registrados en un sistema Judicial. Vemos una brecha en que la población no está acercándose a denunciar. Es ahí cuando hacemos el llamado a las nuevas autoridades de Gobierno para que se refuerce el sistema judicial. Pero no solo eso, debemos fortalecer el sistema educativo; vemos una relación estrecha entre la falta de educación y el abandono escolar con el embarazo”, manifestó Carmen Elena Alemán, directora de Plan Internacional.
González expresa que los registros de gestaciones en niñas y adolescente son consecuencia de sociedad que normaliza la violencia a la mujer.
“Las expresiones de embarazos en niñas y adolescentes, los feminicidios, la violencia doméstica y violencia sexual, todo esto son manifestaciones de una sociedad donde la valoración social que se hace sobre la mujer es desigual, misógina y patriarcal”, añadió el representante del Fondo de Población.
Para González los embarazos en niñas son embarazos forzados productos de violaciones sexuales y están condenado, según el Código Penal. “Lamentablemente, a veces el sistema y el Estado como tal, muchas veces no responde a las expectativas de estas niñas; hasta cierto punto en complicidad con esa valoración social desigual en contra de la mujer”, dijo González.
El Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes recopila información del año 2017, de los datos de inscripciones prenatales en niñas y adolescentes del Ministerio de Salud; datos de deserción escolar del Ministerio de Educación; casos agresiones sexuales reportados en Medicina Legal.
“Hay una cantidad importante de municipios cuya cobertura educativa es baja. Hay una relación bastante similar de que a más baja educación, hay más embarazos”, dijo González.
Añadió que en demografía debe haber una estrategia de acceso a educación y además un acceso integral a la sexualidad que le brinda las herramientas para distinguir manifestaciones de acoso, violencia.
Según González en los últimos tres años más de 68,000 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, equivale a 68,000 proyectos de vida que se ven truncados; para el país eso significar alrededor de más de 352,000 millones de dólares que no podrá obtener en tributos de estas niñas y adolescentes que se han embarazado, en los próximos 40 años.
