La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) ha tenido tres comités ejecutivos consecutivos que fueron elegidos de manera irregular, entre 2010 y el presente año, pues participaron en las elecciones y asambleas varios delegados de sectores que no cumplen con todos los requisitos como para formar parte de las estructuras federadas del balompié.
Por tanto, las directivas de Carlos Méndez Flórez (2010-2014); Jorge Cabrera Rajo (2014-2018); y la recientemente elegida con Hugo Carrillo de presidente (2018 y que concluiría en 2022) han sido elegidas de manera ilegal, de acuerdo con documentos en poder de El Diario de Hoy.
Elección del Comité Ejecutivo de la Fesfut entre acusaciones
El martes se elegirán las nuevas autoridades de la Fesfut. Ernesto Allwood aspira a la presidencia, mientras Hugo Carrillo va por su segundo periodo. El nuevo Comité administrará a la Selecta de 2018 a 2022
Este periódico tiene una certificación con fecha de 28 de mayo pasado, firmada por David Eugenio Figueroa Vargas, director general interino ad honorem del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, que es dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; en dicho documento oficial hay un dato claro: sólo la Primera División “se ha encontrado con su personalidad jurídica debidamente aprobada” en el registro a mayo 2018 y, esto, no ocurre para la Segunda y Tercera División, ni para ninguna de las 14 Asociaciones Departamentales del Fútbol Aficionado (Adfas).
Que ninguno de estos sectores tenga personería jurídica los inhabilita para ser miembro de la Fesfut, según los mismos estatutos de la Federación, los cuales fueron aprobados en 2009 y están vigentes desde el 24 de mayo de 2010.
El Artículo 13 de dichos estatutos, que habla de las obligaciones de los miembros de la federación, establece en su numeral 4 que “los miembros actuales deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Artículo 9, apartado 3, de los estatutos de la Fesfut”.
Y dicho apartado se refiere a la: “Admisión, suspensión y exclusión de sus miembros”, y en su punto 3 se establece que: “Toda personería jurídica que desee convertirse en miembro de la Fesfut presentará una solicitud por escrito ante la Secretaría General de la Fesfut, en la petición incluirá: a) Un ejemplar de los estatutos y reglamentos del solicitante debidamente inscritos por las autoridades correspondientes”, entre otros puntos.
Según profesionales del derecho consultados, esas “autoridades correspondientes” hacen referencia, justamente, al Ministerio de Gobernación. Es esa instancia la que, dentro del Gobierno salvadoreño, concede las personerías jurídicas y avala estatutos a todas las asociaciones en el país. Para seguir, el Artículo 9 de los Estatutos de la Fesfut señala que los miembros debían hacer esta solicitud de inscripción ante la federación “dentro de un año después de la entrada en vigor de los estatutos de la Fesfut”.
Esto significa que la petición de ser miembros ante la Federación debió ocurrir, a más tardar, en 2010. ¿Y si esto no pasaba? El mismo Estatuto ya establecía que, “en caso contrario, el Comité Ejecutivo de la Fesfut propondrá al congreso su suspensión o exclusión (del miembro en cuestión)”.
Es decir que la misma Fesfut -y sus comités ejecutivos- debían señalar las irregularidades y proponer al congreso que se suspendiera a los que no cumplían la inscripción correcta. Pero no fue así. A pesar de que Tercera, Segunda y las Adfas no habían sido inscritas de manera apegada a los Estatutos, se celebraron tres elecciones de 2010 a la fecha, y así fueron elegidos -ilegalmente- los últimos tres comités ejecutivos antes mencionados.
Las implicaciones
Todos estos actos no quedan solamente en el plano deportivo. Cabe recordar que estos comités ejecutivos, a pesar de haber sido elegidos ilegalmente, recibieron y administraron fondos públicos, entregados por parte del Ministerio de Hacienda a través del Instituto Nacional de los Deporte (INDES). De 2010 a la fecha, la Fesfut puso la mano para recibir del Gobierno alrededor de 17.5 millones de dólares, y parte de esos fondos se entregó directamente a las Adfas departamentales, incluso sin su debida personería jurídica.
Además de lo anterior, es importante resaltar cómo se administró esos fondos, ya que la Fesfut por años ha ocupado el dinero del Gobierno para pagar salarios de entrenadores, secretarias, ordenanzas, motoristas y otros cargos administrativos, en lugar de colocar el 80% de ese dinero en el desarrollo del fútbol, como lo establecen los mismos Estatutos de la Fesfut.
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En una palabra: estos fondos no estaban destinados para un grupo de personas sin personería jurídica. Todos los sectores del fútbol debían cumplir los requisitos para ser miembros, y solo hasta luego de ese proceso podían tener delegados en las elecciones. Tal proceso no se realizó, y la presencia de delegados de Segunda, Tercera y Adfas en las tres elecciones anteriores (2010, 2014 y 2018) fue ilegal.
Todo lo anterior salpica, además, a las administraciones y personas encargadas del Indes y Ministerio de Gobernación de 2010 a la fecha, pues no revisaron que todos los miembros de la Fesfut cumplieran con los requisitos de admisión de los propios Estatutos federativos.
Existe también otras consecuencias por la forma irregular en que se eligió a estos tres comités ejecutivos: al haber sido un mecanismo ilegal, con delegados de miembros que cumplieron debidamente sus obligaciones de admisión, también lo son sus actos posteriores, según abogados consultados por El Diario de Hoy. Esto incluye convenios de comités ejecutivos de la Fesfut con patrocinadores, contrato de entrenadores u otro personal, cesión de derechos de radio y TV, alianzas con instituciones, acuerdos con entidades del Gobierno mismo, etc.
Irán a las autoridades
Este panorama, además de otras irregularidades, ya están en la mesa de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Diputados como Raúl Belthrán Bonilla, del PCN, han dicho públicamente que esperan que el Gobierno intervenga directamente a la Fesfut, y entregará esta y otra información a la Fiscalía General de la República, Ministerio de Gobernación y Corte Suprema de Justicia a mediados de septiembre próximo, según confirmó ayer a El Diario de Hoy.
De acuerdo con Belthrán Bonilla, “vamos a presentarla como ciudadanos. Van delegados de todos los partidos políticos. Siendo diputados, pero como ciudadanos. Porque no hay otro procedimiento, salvo la intervención directa que pudiese hacer el Gobierno. Sería un delegado del PCN, uno de ARENA, uno del FMLN, uno del PDC, uno de GANA, creo que Juan José Martel (Cambio Democrático) y el diputado independiente (Leonardo Bonilla). Es decir, todas las fuerzas políticas, ir a la entrega del documento. Hasta este momento, estoy seguro que vamos todos”, y agregó que entregarían esta documentación a las autoridades mencionadas no después del 15 de septiembre próximo.
Fesfut se escuda en FIFA para no dar información
La Comisión de Juventud y Deportes pidió datos y estos no fueron revelados.
Agregó el diputado pecenista que “no hay entregas claras de qué pasó con los dineros del Estado, la Corte de Cuentas no tiene interés en verificar; el Indes entrega sin supervisión; tantas cosas que son horrorosas en el fútbol”.
Belthrán Bonilla comentó además que “nos han llamado, que paremos, que esperemos. Gente vinculada al Comité Ejecutivo (de la Fesfut actual). Les dijimos que no nos vamos a detener. Fuimos suficientemente prudentes en esperar. Venimos de fracaso en fracaso y nadie pretende hacer nada”.
Consultado sobre el apoyo a esta iniciativa, el diputado Emilio Corea, de ARENA, aclaró que su fracción aún no lo ha decidido, pues desean evaluar bien el caso, dadas las consecuencias deportivas que podría traer para el balompié salvadoreño un posible castigo por parte de FIFA.