Aliados. A Daniel Ortega (izquierda) y Arnoldo Alemán (derecha) les debe Bolaños su disminución de poder. Foto EDH /archivo

“Si acá el obstáculo para solucionar el paro ¡es Bolaños! Sin él, Alemán y Daniel ya habrían llegado a un acuerdo”, comentaba el taxista Francisco Mendoza el pasado viernes 10 de febrero, cuando no se vislumbraba aún respuesta alguna a las reivindicaciones de los transportistas.

El reloj marcaba cerca la una de la tarde. El taxi nos conducía desde el Ministerio de Hacienda, donde el viceministro Juan Sebastián Chamorro acababa de insistir en que el gobierno no subsidiaría a los buseros, “menos con la presión de una huelga”. Nos dirigíamos a la alcaldía de Managua y llegábamos tarde.

Allá, el alcalde sandinista Dionisio Marenco había convocado a una reunión a los actores clave, para discutir propuestas.

La cita era a las 12:30, pero una hora después ni el alcalde, ni Rafael Quinto (dirigente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo), ni nadie del gobierno habían hecho acto de presencia. “Esto no va a terminar hasta que venga Daniel, y regañe a Quinto, como en la última huelga”, dijo alguien en la espera. El comentario, emitido por un periodista encargado exclusivamente de cubrir la huelga de transporte, restaba tanta autoridad al presidente nicaragüense como el comentario del taxista.

“Al pobre viejo no le han dejado gobernar”, expresaba esa misma tarde una colega encargada de cubrir la Presidencia, mientras observaba con lástima al presidente en una inauguración en Cancillería. Él acababa de declarar a los reporteros que lo rodearon: “la responsabilidad es de la alcaldía, yo sólo me meto como jefe de Estado”. Consciente de su incapacidad social y política para solventar un asunto de esos.

En petit comité, reunido con representantes de un organismo europeo, habría admitido días antes que únicamente esperaba terminar “vivo” su mandato. Que el “marrón” le quedara al siguiente.
Y es que el limitado margen de movimiento de Enrique Bolaños no es un mito ni un chambre sin sustento que circula entre los ciudadanos. La disminución de sus potestades políticas se sentenció dos años antes de que fuera electo presidente de la república. En 1999, con el pacto Alemán-Ortega.

El entonces presidente Arnoldo Alemán (PLC) y Daniel Ortega, Secretario General del FSLN, negociaron una fórmula política afín a ambos grupos y líderes. El pacto fue publicado mediante ley en enero de 2000 e incluía nueve cambios a la Constitución, entre ellos modificaciones a la ley electoral. Ésta renovación sumaba obstáculos para la formación de partidos políticos.

Con las reformas, además, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Superintendencia Bancaria y la contraloría colegiada quedaron en manos de PLC-FSLN.

El resultado del pacto se vio en breve: por dificultades de inscripción, etc., en las elecciones municipales de 2000 participaron solo cuatro partidos. El PLC ganó 94 de los 151 municipios, y elFSLN los principales (Managua, León, Chinandega). Habían logrado crear un sistema en el que dos partidos dominarían el escenario político.

Y eso ha ocurrido a pesar del sorpresivo resultado de los comicios de 2001: Enrique Bolaños derrotó a DanielOrtega con el 56% de los votos frente al 42%, en unas jornadas con la tasa de abstencionismo más bajas en la historia de la región.
Sin embargo, en los cinco años de mandato la sombra del pacto ha restado paulatinamente potestades a Bolaños.

Éste trató de romper la maldición. En el 2003 recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la que dictaminó que las reformas constitucionales aprobadas por el PLC-FSLN eran “inaplicables”. Inmediatamente, el PLC-FSLN le respondió con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que invalidaba lo dicho por laCCJ.

Y la estrategia de reducción del poder de Bolaños desde la Asamblea continuó. A partir de una ley aprobada en el Parlamento, pasó al Legislativo la regulación de todos los servicios públicos (energía, agua, telecomunicaciones). Ante el nombramiento de nuevos intendentes, el Presidente intentó evitar la toma de posesión de estos y ordenó rodear con antimotines las instalaciones de las autónomas.

Y solicitó a la OEA que enviara una delegación permanente que, actuando como mediadora de un diálogo amplio, solucionara la crisis y le permitiera recuperar todo lo que le habían arrebatado los diputados con las reformas.

El FSLN-PLC rechaza a la OEA como mediadora. Ortega cataloga al gobierno como “lamebotas” de EE.UU., y se reafirma el pacto.

Su bancada poco pudo hacer en la Asamblea frente a esa unión de fuerzas. Menos con las presiones externas del FMI, que pretende fijar límites al Ejecutivo para garantizar sanidad en las finanzas públicas.
Solo le queda esperar terminar el mandato, y que otro se las vea con el pacto.