Impasible. El secretario general del Ministerio de Salud de ese país, Enrique Alvarado, parece relajarse ante los médicos inconformes. Foto EDH / Mauricio Caceres

Quizá la forma más correcta de empezar este artículo es decir que en Nicaragua no pasa nada nuevo. Que está hoy como en marzo del pasado año, o en noviembre, casi igual que en 1998.

Y esa falta de novedades, paradójicamente, la respalda una amplia lista de acontecimientos.

El lunes seis de febrero se comenzó a escribir el último capítulo de una intermitente huelga del transporte público. La motivación: el aumento del precio internacional del petróleo.

Los buseros ponen como condición un subsidio de 20 millones de córdobas mensuales, el equivalente a 1.1 millones de dólares, para volver a poner las unidades en funcionamiento. O exigen, como alternativa, la subida del pasaje, de 2.50 córdobas que cuesta en la actualidad a 3.50.

Al respecto , la Unión de Estudiantes Universitarios de Nicaragua (UNEN) manifiesta: “nos oponemos a cualquier aumento en la tarifa del transporte colectivo en Managua, y si se incrementa, pasaremos a la acción”.

Esperando soluciones, mil 200 autobuses de 33 cooperativas permanecían parqueados en las diferentes salidas de la ciudad.

Los 800 mil usuarios del transporte colectivo que no pueden permitirse el lujo de pagar un taxi, pagaban el doble del pasaje–5 córdobas– por viajar apretujados en la cama de una camioneta “pirata” (con placa particular).

La noche del miércoles 8, la Policía Nacional detuvo a 25 motoristas en Ciudad Sandino, uno de los puntos de concentración de los parados, por quemar llantas y lanzar piedras a los vehículos.
Ese mismo día, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, había resuelto administrativamente el reajuste que exigían los casi tres mil empleados del Poder Judicial. No logró convencer a los defensores públicos, que piden un aumento y no un reajuste salarial.

Roger Sánchez Báez, dirigente de ese gremio, aseguraba que se incumplió lo negociado el pasado año con los magistrados: que el salario de los defensores pasaría de 11,200 córdobas a 18,000. “Se nos otorgó solamente un reajuste del 15%, por eso nos vamos a mantener en huelga el tiempo que sea necesario”, dijo. Mantienen paralizados los servicios en los juzgados desde el viernes 3.

Los comerciantes de los mercados Central y Oriental, los dos grandes centros de abastos de Managua, aseguran que venden la mitad de lo que solían antes del paro de transporte. Amenazan con lanzarse a las calles también.

El presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), José Adán Aguerri, informa de que el país pierde por cada jornada de paro 650 mil dólares en ventas directas. Y menciona otras consecuencias difíciles de medir: la reducción de la capacidad productiva de las zonas francas porque los empleados llegan tarde, la poca afluencia a centros comerciales y restaurantes, que proyectos de inversión se den a la fuga por percibir cierta inestabilidad. “Eso nos deja en desventaja frente a nuestros vecinos centroamericanos”, opina.

Más alarmista, el directo del centro de Investigaciones y Asesoría Socio Económica (Cinase) estima las pérdidas en 1.5 millones de dólares por día.

Por otro lado, y al mismo tiempo, casi mil doctores del sistema de salud público, hartos de cobrar menos que el resto de los colegas centroamericanos, ocuparon el Ministerio de Salud. Conforman la Federación de Médicos Pro Salario, y no están de acuerdo con el aumento del 13.75% que la ministra Margarita Gurdián les ha ofrecido.

La ocupación tuvo lugar el viernes 10 de febrero, a las 10:30 a.m., y el desalojo el domingo al mediodía. La Policía Nacional los sacó chineados.

El martes 14, se volvió a repetir la escena, esta vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la participación de un escuadrón antidisturbios bajo el mando del jefe de la policía de Managua, Carlos Bendaña.

Sin dar el brazo a torcer, el miércoles 15 marcharon hasta las sedes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. A juicio de los manifestantes, las instituciones son las que se oponen a mejorar sus salarios. El presidente Bolaños acuñaba la frase: “no puede haber aumentos porque no se puede alterar el presupuesto. Debemos cumplir los compromisos establecidos con el FMI”.

Nicaragua, país en el que el 80% de sus habitantes tiene un ingreso inferior a dos dólares al día, depende de la cooperación externa. Y de los avales de los organismos multilaterales –léase FMI, Banco mundial, BID–, por lo que su economía es la de un País Pobre Altamente Endeudado.
Mientras, en cada hospital de Managua (11 en total) se dejaron de atender al día 400 pacientes, y de realizar entre 20 y 30 cirugías.

Ingenio. Los 800 mil usuarios del transporte colectivo que no pueden pagar un taxi, buscan alternativas para llegar a sus trabajos.Foto EDH / Mauricio Caceres

Desde que los Pro Salario se declararon “de brazos caídos”, solo han atendido la “ruta crítica”. Tres meses sin consultas externas ni intervenciones programadas, sólo emergencias.

Pero en el hospital capitalino Bertha Calderón, el sábado 11, tres embarazadas acumulaban horas de espera para pasar consulta. A Martha Mendoza parecía no considerársele paciente urgente, aunque se le había roto la fuente la noche anterior.

La huelga comenzó el 14 de noviembre de 2005, la reivindicación en 1998. “Entonces cobrábamos un salario de 70 dólares. Pedíamos un aumento del 1000%”, explica Lester Espinosa, vocero de los Pro Salario. Hoy solicitan el 30%.

Paralelamente, y por similares motivos, otros empleados del Ministerio de Salud (personal administrativo, de limpieza, etc.) también han permanecido parados. Se organizan en la Federación de Trabajadores de la Salud, bajo el mando de su secretario general, Gustavo Porras.

Los Pro Salario insisten en diferenciarse de ellos. “No nos unimos a la reivindicación con Porras, porque no queremos que se nos politice”, aclara Espinosa, haciendo hincapié en que la suya es una reivindicación sindical y no pertenecen a ningún partido político.

Con todas las protestas, los titulares de los periódicos locales parecen no inmutarse. No hay términos como “crisis” o “caos” en los encabezados, ni siquiera los hubo en marzo de 2005, o en noviembre, cuando tuvieron lugar los episodios más violentos de la huelga de transporte.

Mientras, en El Salvador, con una historia paralela de paros de buses y de huelgas de médicos, dichos términos son habituales en las páginas diarias. Caos, crisis, desorden, conflicto. El 16 de noviembre de 2002, en el contexto de la marcha blanca, un enorme y negro “Caótico” invadía la portada de EDH. Y durante agosto de ese mismo año, el cintillo “Crisis en transporte” encabezaba cada página dedicada al paro de buses.

Pero para los nicaragüenses no hay caos, crisis. Parecen acostumbrados. En Nicaragua tampoco pasa nada nuevo, al menos así lo percibe la población.

Y lo confirma la cuarta encuesta de Corrupción y Gobernabilidad realizada en mayo de 2005 por el Instituto de Encuestas y Sondeos (IDESO) de la UCA de Managua, bajo la responsabilidad de su Facultad de Comunicación.

Al 48% de los 1421 individuos encuestados les preocupa el desempleo, al 21% la pobreza, a uno de cada diez la corrupción. Nadie percibe como motivo de preocupación las constantes perturbaciones a los procesos sociales.

“Eso se debe a que esas prácticas se han vuelto rutinarias”, opina el catedrático Alejandro Serrano Caldera. “Los conflictos, como en el caso del transporte, se solucionan cuando están al borde de la crisis, y se hace temporalmente. No se buscan soluciones estructurales y definitivas”, se extiende quien fuera rector de la UNAN, y embajador en Francia primero y ante la UNESCO después.

Y advierte que, aunque los hechos sean repetitivos, siempre se corren riesgos: “en Nicaragua en cualquier momento puede estallar una crisis”.

El domingo 11 de febrero las autoridades eran conscientes de ello. A las 2 p.m., uniformados comenzaron a instalar barricadas a 200 metros a la redonda de Casa Presidencial. Era el escenario de la Mesa Nacional de Diálogo, que reunía a los actores clave del paro de transporte, y de donde podía salir una solución que ya mucho se estaba demorando.

Días antes, el representante de los buseros, Rafael Quinto, había declarado a la prensa: “quizá habrá que llevar las 1,200 unidades a Casa Presidencial, para que el presidente (Enrique Bolaños) tenga una idea de la dimensión del problema”.

Un agente obeso que junto con cinco compañeros patrulla habitualmente el área del malecón, fue llamado a custodiar exclusivamente el perímetro de la sede de la reunión.

Pero llamar “clima de ingobernabilidad” a esa constante amenaza de crisis se le antoja excesivo a Serrano. Él prefiere decirle “perturbaciones a los procesos sociales”. Estos días en Nicaragua no ha pasado nada nuevo.

¿QUIÉN MANDA EN NICARAGUA? Está el poder de quien lo ganó, del que manda más con menos, y del que lo hace en la sombra
Dionisio Marenco Este sandinista convencido pero práctico a la hora de negociar con otras fuerzas políticas, ganó la alcaldía de Managua en las elecciones municipales de 2000. Se dice de él que es el brazo derecho de Ortega. Él insiste que comparten amistad y la cronología de la incorporación a la vida política.	Enrique Bolaños Se erigió presidente de la república en 2001 con el 56% de los votos, frente al 42% de Ortega. Le favoreció la ruptura con Alemán, de quien fuera vicepresidente, involucrado entonces en corrupción. El pacto PLC-FSLN que ya existía, merma aún sus potestades como máximo líder del gobierno.	Daniel Ortega Fue elegido presidente en 1984, cargo del que lo desplazó Violeta Chamorro en 1990. Hoy es el candidato sandinista para las elecciones de noviembre de 2006; su cuarto intento por volver a la Presidencia. A pesar de ser sólo diputado, se dice que mueve los hilos del país debido al pacto con Alemán.	Arnoldo Alemán Ganó las presidenciales de 1996 bajo la bandera del PLC. Ese año comenzó las negociaciones con el FSLN de Ortega que parieron “el pacto”. Involucrado en corrupción, fue desplazado por Bolaños, su entonces vice, en las elecciones de 2001. Hoy permanece en arresto domiciliario.