LA OPINIÓN
Viciosa incapacidad

leLeyre Ventas vertice@elsalvador.com vertice@elsalvador.com

“Nos es físicamente imposible” es la mejor excusa del mundo. Inviable, por fuerza mayor. Al menos en este país es la justificación que libera de responsabilidades a toda suerte de funcionarios. La misma que detesto anotar en mi libreta de periodista en calidad de respuesta.

Esa imposibilidad física fue el escudo con el que el Jefe de la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC, Douglas Campos, interceptó mi segunda pregunta sobre los vigilantes privados. “¿No les corresponde a ustedes probar que cada uno de ellos es graduado?”. Según la ley, todo aquél que vaya a sostener un arma para garantizar la seguridad a los de a pie, debe haber aprobado un curso en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Pero a los 24 funcionarios de la división de la PNC responsable de verificar el hecho no les alcanza el tiempo. Son 21 mil los certificados a contrastar, los correspondientes a los vigilantes autorizados en activo; además las empresas de seguridad varían de personal constantemente. “No podemos con todos, pero lo hacemos selectivamente”, matizaba el inspector.

Y yo cada vez que observo un rostro nuevo cuidando el portón de mi pasaje, pienso en la posibilidad de que haya quedado fuera de la selección, y maldigo la dichosa incapacidad física. El expediente de un uniformado con la palabra cipote escrita en la frente es “selectivamente” idóneo para una revisión.

Y no son ganas de ensañarme con la PNC. En esa línea, la Fiscalía es la otra gran inepta.
El 18 de febrero la policía registra un local de masajes. Encuentran en él indicios de que menores de edad son sometidos a explotación sexual comercial.

La dueña del local, su esposo y una empleada son llamados a juicio el 21 de febrero. Como el dictamen de acusación presentado por el fiscal del caso está incompleto, se aplaza la vista. Se le conceden a éste 48 horas para entregar documento entero.

El fiscal cumple y marca en su agenda el 13 de septiembre para la siguiente reunión en el juzgado. No llega. Su alegato: “andaba en otras diligencias”.

Por curiosidad profesional, trato de averiguar a qué otras diligencias se refiere. Llamo a la FGR Subregional de Santa Tecla, y en la Unidad de Tráfico Ilegal de Personas me encuentro con una respuesta que me es ya familiar. Tres fiscales es el personal que la Fiscalía tiene asignado para las demandas de explotación sexual que tienen lugar en todo el territorio.

El juicio se reprogramó para el 30 de septiembre de 2005. El juez dictó sobreseimiento por falta de pruebas. A estas alturas, a la fiscalía aún le quedan siete meses para presentarlas. Convencida de la falta de temeridad del comentario, me aventuro a asegurar que el fiscal andará en otras diligencias. ¿Será que es tan difícil idear una política que, al menos, salve las barreras físicas?