Alicia Miranda Duke Redacción Vértice

El sonido seco de un disparo despertó a María de inmediato.

Con el instinto maternal a flor de piel salió corriendo de la casa hacia la calle.

No recuerda con precisión qué buscaba, pero segundos después sí supo qué hacer.

Afuera, a pocos metros del portón de hierro que sirve como escudo, en la calle de tierra Jaime Roberto Cruz agonizaba.

Al ver a su hijo, corrió hacia el cuerpo inmóvil mientras gritaba desesperada por ayuda. “Todavía estaba con vida, mijo”, recuerda.

Eran las 5:30 de la mañana del 1 de enero de 2005. La colonia San Rafael I —aledaña a la Costa Rica— era escenario de uno de los primeros homicidios del año.

El hijo de María recibió como respuesta un balazo en la espalda cuando intentó calmar a su agresor. “¿Qué pasa? Nosotros no estamos haciendo nada”, fueron sus últimas palabras.

Ese día cumplía 35 y, como todos los años, celebraba por partida doble haciendo con sus amigos una pequeña fogata a la orilla de la calle.

Allí estaba cuando dos pandilleros de la Mara 18 le dispararon sin motivo aparente. Un solo balazo, pero mortal. Jaime dejó de respirar poco después en la mesa de operaciones. “Era muy querido por la gente de aquí”, asegura su madre.

La muerte de Jaime se sumaba a la lista de homicidios en El Salvador, pero para sus familiares y amigos el hecho era más que un número.

Por eso, aquella mañana después de que Jaime cayera sobre la calle, un grupo de vecinos salió de sus casas recogiendo piedras y palos mientras los pandilleros intentaban huir. Durante varios minutos, los agresores recibieron una descarga de golpes.

Las autoridades encontraron a los sospechosos boca abajo, con las manos amarradas y completamente golpeados. Los vecinos se habían escondido en sus casas.

De todo lo sucedido aquella mañana la Policía Nacional Civil (PNC) descarta un homicidio circunstancial, “más bien es directamente contra la persona por la forma en la que sucedió”, dice el comisionado Douglas Omar García Funes, subdirector de investigaciones de la PNC, quien además explica que el caso todavía se indaga.

Durante su declaración ante las autoridades, los capturados aseguraron que fueron golpeados por un tumulto de personas. Esa denuncia quedó en palabras. “¿Qué es una golpiza a la par de una muerte?”, se defiende uno de los moradores del lugar.

De la turba de linchadores nadie habla y, mucho menos, nadie da nombres. “Fuimos todos porque ya estábamos cansados de tanta impunidad”, asegura una vecina detrás de la rejas de su casa.

— ¿Y me pregunta si lo volveríamos a hacer? Pues claro que sí.

No era la primera vez que los pandilleros asesinaban a un habitante de dicha colonia, pero sí la primera que los vecinos reaccionaban de tal forma. García Funes dice que los niveles de tolerancia de la población ya rebasaron los límites: “Es que la gente ya está hastiada de lo que hacen los pandilleros”.

Como todo lugar sitiado por maras, la inseguridad es el pan diario en la San Rafael I, un sitio rodeado por clicas de la 18. “No podemos salir porque tenemos miedo a que nos hagan algo”, dice Rafael Cruz, primo del fallecido.

La situación parece insostenible para los vecinos. Han testificado varias veces ante la policía, han solicitado seguridad y únicamente han visto presencia policial durante dos o tres semanas después de un homicidio.

Poco o nada para una comunidad que terminó explotando de manera violenta. “Todos los asesinatos han quedado así, entonces la gente ya está aburrida”, dice enfática la madre de Jaime.

“Los mecanismos de control socialmente establecidos ya no funcionan para detener la delincuencia. La gente común se termina cansando y eso genera un constante estrés colectivo. De la impotencia se pasa al descontrol, a la euforia colectiva”, sostiene Sergio Bran, sociólogo de la UCA.

Caso Tutunichapa I

Cinco días después del asesinato de Jaime Cruz, un grupo de jóvenes que departía en el pasaje 2 de la Tutunichapa I escucharon los gritos de una mujer en una de las viviendas.

“Golpeamos la puerta varias veces, pero nadie nos contestó. Luego apareció un tipo en la ventana diciendo que la mujer se estaba bañando”, asegura uno de los jóvenes. Pero la forma cortante con la que respondió el sujeto despertó sospechas. Algo pasaba.

“Le pedimos que abriera y no quiso. Entonces tiramos la puerta a patadas y, como pudimos, entre todos los vecinos lo capturamos a puros golpes porque sospechamos que algo le había hecho a Clara”.

Los vecinos inmovilizaron al sospechoso sosteniéndolo a través de las rejas que protegen la casa hasta que la policía llegó.

Poco después de entrar en la vivienda, dos agentes del 911 miraban sorprendidos la brutalidad con la que Clara Maribel Campos había sido asesinada. William Stanley Morales Pineda, presunto autor del homicidio, aceptó haberlo hecho.

“El maldito dijo que le había pegado con la varilla en la cabeza. Si lo hubiéramos sabido le hubiéramos quebrado el nance antes que llegara la policía”, asegura con desenfado un vecino.

Linchamientos en la región

En Latinoamérica hay países en donde esta práctica es mucho más frecuente. En Guatemala, por ejemplo, se consumaron más de mil linchamientos desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Aunque los casos en este país tienden a disminuir, la frecuencia con la que ocurrió a finales de los 90 fue tan alarmante que la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) denunció que era una práctica que atentaba contra los derechos humanos.

Por lo mismo, catalogó como linchamiento las golpizas propinadas por una turba, independientemente de si llegara o no a la muerte.

Perú es otro país que registra la cifra de dos mil intentos de linchamientos y 18 consumados sólo en 2004. Según un informe de la Policía Nacional de Perú hubo un crecimiento importante en los últimos años. De 21 casos que se dieron en 1995, las autoridades registran que en nueve años aumentó a 1,993.

Pero uno de los casos más alarmantes fue el ocurrido en San Juan Ixtayopan, México, en noviembre de 2004. Dos agentes encubiertos de la policía realizaban una investigación y fueron acusados por los pobladores de ser secuestradores de menores.

Una turba golpeó a los policías con piedras y palos hasta que éstos perdieron el conocimiento. Luego les prendieron fuego en la plaza del poblado, sin que ni siquiera las autoridades pudieran sosegar la furia de los linchadores.

La constitución de el Salvador

Artículo.13-
“(...). Cuando un delincuente
sea sorprendido in fraganti, puede ser detenido por
cualquier persona, para
entregarlo inmediatamente
a la autoridad competente”.

El grito de la desesperación

En el país no hay antecedentes de casos de linchamientos, pero sí intentos. Esta es una secuencia recreada en la que colaboraron comerciantes de la Coordinadora Nacional de Vendedores.

Cegados por la furia En la mayoría de casos, los sospechosos de haber cometido un delito son sometidos por un grupo de personas que actúa cegado por la furia. El tumulto se calma únicamente después de haber reducido al encausado. La Constitución permite capturar a quien esté cometiendo un delito.

“Cuando los mecanismos de control del estado no funcionan generan estrés en la población” “Si no se hace nada se está fomentando el círculo de la violencia”, Sergio Bran, sociólogo.