Ubicación. En 1992 se terminó la construcción de la residencial Santa Teresa, con 2 mil 234 viviendas. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Julia Hernández reside en la colonia Santa Teresa desde 1992. El pago de las cuotas de su casa las realiza en la oficina de la Agencia para el Desarrollo Micro Regional de los Municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín (Ademiss) que está en Soyapango.

Flor González es vecina de Julia (los nombres han sido cambiados por solicitud de las entrevistadas) y adquirió un microcrédito en Ademiss. Ella cancela las cuotas de su vivienda en Soyapango y las del crédito en Ilopango.

¿Por qué si ambas le deben a la misma entidad tienen que pagar en lugares diferentes, sobre todo cuando Ademiss no tiene sucursales? Porque esta asociación tiene problemas y está dividida. Dos directivas se disputan el poder. Una tiene su base en Soyapango; la otra, en Ilopango.

Los líos surgieron por una supuesta mala administración de la cartera de créditos de la residencial Santa Teresa y su programa de microcréditos.

Un informe de auditoría externa revela mal uso del dinero y deja en el limbo a 2 mil 234 familias. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace un año, pero hasta la fecha no se ha logrado determinar cuál de las dos entidades tiene los derechos de administración.

Mientras el caso se resuelve, los afectados pasan los días con temor, porque si no logran reunir para la cuota mensual, la Ademiss en Ilopango embargará los electrodomésticos de sus casas. Algunos ya fueron castigados.

La señora González recuerda los casos de varios amigos: “Si usted va a la Ademiss en Ilopango se dará cuenta de que los directivos tienen en venta refrigeradoras, jugueteras y hasta tambos de gas. Todas esas cosas se las han quitado a los que no pagaron a tiempo”.
Los que cancelan en Soyapango sienten tranquilidad. Pero a veces los asaltan las dudas: “¿Y si ellos no son los legales?”, se cuestiona Julia.

Una ayuda desde el exterior

El diez de octubre de 1986, un sismo de 5.4 grados destruyó miles de viviendas salvadoreñas.
El futuro que los damnificados no vieron en medio de los escombros, se les presentó en 1992, cuando fueron elegidos como los beneficiarios de un proyecto habitacional que se construiría —con fondos del exterior— en la finca Santa Teresa, al norte de San Martín.

El financiamiento surgió de un convenio de ayuda mutua que se firmó el 27 de noviembre de 1986 entre los Gobiernos de El Salvador e Italia. El administrador de los 30 millones de colones (dato aproximado y no confirmado) fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PNUD, por medio de su Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) en El Salvador, contrató a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) para que urbanizara 484 mil 629 metros cuadrados. Allí levantarían 2 mil 234 módulos habitacionales.

Estudio. Las mujeres propietarias en la Santa Teresa representan el 80 por ciento. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Los beneficiados, 80 por ciento mujeres y 20 por ciento hombres, recibieron sus casas bajo un contrato de promesa de venta que firmaron con Fundasal. Unos años después, les fue modificado el documento por uno de compraventa con garantía hipotecaria, para darle seguridad a las familias.

La construcción de los módulos, de 63.10 metros cuadrados y a un precio de mil 571.74 dólares, finalizó en 1992 y Fundasal entregó la administración del proyecto a la UNOPS. La oficina del PNUD decidió trasladarlo a una asociación o fundación que se encargaría de administrar los fondos.

Con esa misión, los concejos de Soyapango, Ilopango y San Martín firmaron un convenio el 18 de septiembre de 1997 para la creación de la Agencia de Desarrollo para la Microrregión Oriental del departamento de San Salvador (Adem) que administraría el proyecto que se construyó en la finca Santa Teresa.

La Adem delimitó la microrregión a los tres municipios y aceptó como socios a las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos). Por ello, el nombre de la entidad cambió por el de Agencia de Desarrollo Microrregional de los municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín (Ademiss).

Aparte, se creó un fideicomiso en el que la Ademiss depositaría, a diario, el dinero de las cuotas canceladas por los beneficiarios. A los fondos de ese fideicomiso sólo podrían acceder los directivos, previa autorización de la UNOPS.

La asociación de todos

Las alcaldías estaban en un dilema porque la agencia que habían conformado debía ocuparse por el desarrollo de los tres municipios.

Si la residencial Santa Teresa se encontraba en San Martín ¿cómo participarían las municipalidades restantes?
Los involucrados en el caso coinciden en que los ediles (Manuel de Jesús Aguilar, de Soyapango; José Sergio Antonio Flores, de Ilopango; y Valentín Castro Sánchez, de San Martín) acordaron dividir el grado de participación de la siguiente forma: en San Martín estaría la urbanización; Soyapango les otorgaría personería jurídica y las oficinas de la asociación naciente quedarían en Ilopango.

Ese acuerdo jamás quedó sentado por escrito. Las municipalidades, ni la Ademiss, tienen una copia de esa decisión.
Tal y como lo acordaron, el 7 de abril de 1999, el concejo de Soyapango concedió la personería jurídica a la Ademiss. Esto consta en el Diario Oficial del 6 de mayo de 1999, tomo 343, número 83, donde la comuna ratifica y publica los estatutos de la asociación.

La oficina se instaló en la 1ª calle Oriente y Avenida 14 de diciembre, frente al parque de Ilopango. Desde allí se iban administrar las cuotas de los adjudicatarios.

La junta directiva quedó conformada por Óscar Armando Murcia, presidente; Alfredo Sorto Vanegas, vicepresidente; José Santana López Arévalo, secretario; y Guillermo Adolfo Guillén Villeda, síndico. Todos representantes de comunidades de los tres municipios.

1/julio/2004. En este video se observa que los directivos sostuvieron fuertes discusiones por el poder. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Luego de cuatro años, la UNOPS decidió que se realizara una auditoría externa a la administración liderada por Óscar Murcia. Los dos estudios fueron hechos por las firmas Fernández Fernández & Asociados, y Méndez Morán & Asociados.

Los informes que llegaron a la UNOPS, presidida por el italiano Giuseppe Mancinelli, revelaron faltantes en las carteras de créditos y préstamos. La UNOPS contrató a dos gerentes para que ayudaran a resolver toda la problemática destapada.

Los encargados de ordenar y encontrar los faltantes renunciaron a finales de diciembre de 2003, porque no lograron dar solución a todos los señalamientos de los auditores.

El mortero estalla

Los problemas y la división en la Ademiss surgieron de los informes de los auditores, que debían leerse en la primera Asamblea General Ordinaria de Socios de 2004, que se celebraría el 15 de mayo. Pero las 2 mil 234 familias beneficiadas no fueron informadas del conflicto que se desataba dentro de la Agencia.

Los recuerdos de Eliseo Flores, uno de los representantes de la Cooperativa Bitinia —de San Martín—, socia de Ademiss, viajan a una de las salas donde se desarrolló el encuentro.

“Nuestra sorpresa es que cuando se da la asamblea, ellos tenían una agenda distinta a la que se había planteado en la convocatoria. Primero, ellos querían que la junta directiva recibiera plenos poderes para decidir quién era socio y quién no y, luego, querían que aprobáramos una memoria de labores de 2003 sin que los estados financieros estuvieran firmados por el contador y la empresa auditora de la Agencia”, relata Flores.

Los asambleístas, al ver esto, cambiaron la agenda e impusieron una basada en la revisión de los informes contables.
En medio de una turbia discusión, la directiva no logró justificar por qué las memorias de labores no estaban firmadas y acordaron tener otra reunión —previa convocatoria— dentro de un mes, para que en otra asamblea ordinaria se explicaran los problemas.

Pasó junio (fecha de la reunión esperada) y no sucedió nada. Durante los primeros 15 días de julio, tampoco hubo reunión.

“Nos dimos cuenta de que la junta había acordado que no convocarían a los miembros, y que la próxima asamblea se haría hasta los últimos días de diciembre”, afirma Manuel Antonio Chavarría, representante de las comunidades San José I, II y III.

Ante este secreto a voces, varios miembros decidieron tomar cartas en el asunto. Y pronto, porque las cosas pintaban mal.

División e incertidumbre

De las 17 asociaciones que conforman la Ademiss, 11 convocaron a una reunión. La asamblea, extraordinaria, se celebró el 31 de julio en el hotel Mediterráneo Plaza.

Los directivos, que debían explicar las irregularidades encontradas en las auditorías, llegaron a esta asamblea, pero no firmaron las hojas de asistencia y se enfrascaron en una discusión que giró en torno a que la reunión no era válida porque no había mayoría.

Después de una hora y media de gritos, grabados en una cinta de video, el pleno decidió destituirlos y nombrar una junta provisional para dos años.

El 2 de agosto de 2004, la UNOPS verificó que en la cuenta del fideicomiso no había sido remesado el dinero cobrado por las viviendas.

La junta provisional nunca pudo tomar posesión de la oficina en Ilopango y abrió una en Soyapango, con el aval de la alcaldía y la UNOPS.

Los destituidos ignoraron el acuerdo de la asamblea y continuaron con sus labores. El gerente general de la Ademiss en Ilopango, David Sánchez, asegura que todas las acusaciones hechas por la junta de Soyapango ya fueron solventadas y que esperan a que la justicia los llame a declarar.

“Ya rendimos cuenta y la división no se ha dado por los faltantes, sino por una contraposición de opiniones que no se lograron solventar”, dice Sánchez, sin entrar en detalles.

También asegura que se han reunido con los adjudicatarios para indicarles que “si tienen temor, guarden su dinero y esperen a que la justicia determine cuál de las dos asociaciones es la que debe cobrar las cuotas”. (Más detalles en página 12)

Ahora, y luego de varias demandas en los tribunales, las cuentas del fideicomiso están congeladas. Los pagos que se hacen a la directiva destituida, de acuerdo con la junta rival, van a parar a cuentas personales.

Las familias, por su parte, no tienen seguridad legal de que el dinero entregado en ambos lugares se esté abonando a su deuda.
La Fiscalía tiene el caso en sus manos desde el 11 de noviembre de 2004. A la fecha no se ha presentado requerimiento alguno y el fiscal asignado, Nelson Flores, dijo que las investigaciones continúan.

En opinión de un reconocido abogado salvadoreño que pidió anonimato por la gravedad del tema, si la asamblea de socios destituyó a la directiva “todas las acciones posteriores de los destituidos son ilegales.

“Ellos están en un grave problema. Si la asamblea fue válida, y me parece que así lo es por los documentos que observo, ellos están usurpando una propiedad que no les corresponde (las oficinas de Ilopango) y administrando fondos que no les pertenecen”, asevera.

Además, le parece grave que la FGR aún no se haya pronunciado. A su juicio, los destituidos podrían estar juntando el dinero para salir del país y no responder por sus hechos.

“Es importante que la gente se pronuncie ante las autoridades si quieren que les resuelvan. No hay garantía de que el dinero que están pagando, en un lado u otro, puedan recuperarlo”, advierte.

Flor González y Julia Hernández no están seguras de lo que sucede. “Yo voy a Ilopango porque allí me dieron el microcrédito; pero no sé si se lo están robando. Mi casa la pago en Soyapango y tampoco tengo seguridad. Necesitamos ayuda”, termina Flor. Cierra la puerta de su casa y se marcha a trabajar.