LA COLUMNA

Mirella Cáceres vertice@elsalvador.com

Dignidad mancillada

En 2000, 148 países se reunieron en Palermo, Italia, en torno a crear el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, con el cual se pretendía regular y prevenir el delito de tráfico de personas y asistir a las víctimas, además de establecer los parámetros sobre la cooperación judicial y los intercambios de información entre países, apoyar las legislaciones nacionales y armonizar las de carácter regional en materia de tráfico de mujeres y niños.

En la ciudad de Amsterdam, Holanda, 121 firmaron la nueva Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada. ¿Por qué era tan importante este acuerdo internacional? Porque se convertía en el punto de partida para abordar formalmente un problema real que, de acuerdo con Naciones Unidas, mueve anualmente entre 5 y 7 billones de dólares, y unos 4 millones de personas son desplazadas.

“En las zonas fronterizas entre Tailandia, Burma y Camboya, los niños son vendidos a los reclutadores y terminan siendo prostituidos entre los turistas sexuales extranjeros. En Brasil, Venezuela y Colombia, los traficantes raptan chicas jóvenes en las calles para poblar los burdeles de los centros mineros de la Amazonia. En los burdeles de Filipinas, se han hallado niños de entre 8 y 10 años con quemaduras de cigarrillos en sus cuerpos y mutilaciones sexuales”, reza una publicación de la ONU en la Internet sobre el drama que viven millones de jovencitos.

Se habla de un negocio lucrativo controlado por mafias como la Camorra italiana, las tríadas chinas, la mafia rusa, y la Yakuza japonesa. En Sudamérica, por ejemplo, se estiman en más de 200 las redes de prostitución de menores.
Los menores salvadoreños no están exentos de estas redes, por eso es positivo el aval que esta semana dio la Asamblea Legislativa a la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, como parte del esfuerzo internacional por combatir el problema y en el contexto de hacer cumplir la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.

El tráfico y su efecto más inmediato, la prostitución, es quizá la peor violación a los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, porque más allá del daño físico está el emocional. Mientras tanto, unos se embolsan millones de dólares y otros se deleitan en su morbo.

La reforma al Artículo 37 A del Código Penal, que eleva de 8 a 10 años la pena de cárcel para aquellos que cometan este delito, no suena tan justo. ¿Qué diferencia hay cuando se está juzgando una acción tan aberrante como el hecho de mercadear con niños y adolescentes a costa de su dignidad? No basta con eso, El Salvador necesita ejecutar medidas más agresivas, tener una sensibilidad mayor hacia las necesidades de la infancia y la adolescencia para entender que detrás del tráfico de personas hay planes malévolos para lucrarse —en muchos de los casos— con la explotación sexual comercial de los más vulnerables. Hay engaño, secuestro, violencia física, maltrato, amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, fraude, abuso de poder.

A nivel mundial, unos 8.4 millones de niños son víctimas de esclavitud, tráfico, servidumbre por deudas, prostitución y pornografía.

¿Cuántos de ellos son salvadoreños y a cuántos se les negó mejor suerte sin ningún derecho?