Fue creado en 1992 como una unidad especial de protección de la Policía Nacional Civil. Pese a no ser policías, reciben uno de los mejores entrenamientos en seguridad y ataque. Y aunque están dispuestos a entregar su vida por los protegidos, su principal fortaleza —dicen— es la educación y el trato para con ellos. A pesar de las deficiencias que posee toda institución, su trabajo es uno de los más alabados

Jueces, diputados, diplomáticos y otros funcionarios son protegidos por agentes del PPI. Foto EDH

En cuestión de segundos, tres hombres aparecieron de la nada frente a las puertas del establecimiento, un negocio ubicado en una importante zona comercial de San Salvador.

Sacaron ametralladoras de los maletines y aceleraron el paso con la intención de asesinar al propietario, un empresario que solía llegar temprano a su negocio y que por su participación en la política nacional había solicitado seguridad a la Policía Nacional Civil específicamente al PPI, la Unidad de Protección a Personalidades Importantes.

Los agentes, al momento del atentado, lograron advertir la presencia de los delincuentes y procedieron a repeler el ataque.

Se inició un tiroteo que terminó con la muerte de uno de los maleantes, mientras los otros dos se ocultaron en un bus con la intención de escaparse. En ese momento cesó el fuego.

“Ahí pusimos en práctica el entrenamiento y demostramos ser profesionales al no poner en peligro la vida de las otras personas”, comenta el jefe del PPI, inspector José Domingo Bogrand, quien relató el procedimiento a seguir cuando se establece el límite entre el policía de seguridad y el policía de escolta.

“En esas situaciones uno debe saber cómo actuar, no perder el control y no sentir miedo. Estamos entrenados para responder en segundos y proteger al ‘principal’, que es nuestro trabajo”, agrega.

Esta unidad es uno de los cuerpos élites con que cuenta la PNC. Está regulado por una ley que trata sobre la protección a personas sujetas a seguridad especial, un procedimiento que se pone en marcha según el cargo del funcionario o según el tipo de decisiones que toma. De igual forma, si existe una amenaza de muerte hacia él o ella.

La Unidad cuenta con una estructura e infraestructura propias donde trabajan más de mil personas, de las cuales 878 se clasifican como “personal operativo”, es decir, escoltas entrenados en seguridad especial, vigilancia, explosivos, armas y tiro, conducción de vehículos, dispositivos de seguridad, defensa personal y en cursos de alto riesgo y relaciones públicas.

Su función es atender tres áreas o departamentos que comprenden seguridad personal, la cual se brinda a funcionarios, diplomáticos, personalidades y testigos (diputados, políticos, colaboradores de la policía, etc.); seguridad de instalaciones, la que se brinda a embajadas y consulados, organismos internacionales o edificios públicos; y un departamento administrativo, que tiene bajo su responsabilidad aspectos como la logística, el pago de salarios y el control interno.

En casos de protección judicial, se llega a un convenio con la Corte Suprema de Justicia y son los funcionarios quienes proponen a su gente de confianza (porque así lo establece la ley). Los costos quedan a total disposición del gobierno, en este caso de la policía a través del PPI.

LOS OTROS POLICíAS

Estos agentes usan el equipo reglamentario, poseen su carné de la PNC, cobran en la institución y tienen acceso a las prestaciones sociales como seguro de vida o salud, pero no son policías en el sentido estricto del concepto.

Existen gracias a un decreto, el 572, de la misma ley de protección especial que faculta a los funcionarios que deseen seguridad a seleccionar personal de su confianza que servirá de guardaespaldas o escolta durante el tiempo que dure su misión.

Pero los costos o gastos de estas personas seleccionadas corren por cuenta del Estado, lo que significa una inversión o presupuesto que, dada la demanda de servicios, no alcanza a cubrir al cien por ciento la administración.

A pesar de que el mismo inspector en jefe dice no tener mayores necesidades, existe una solicitud de presupuesto para 100 nuevas plazas y la cual se ha hecho a la Asamblea Legislativa por un monto de $2.5 millones para poder atender dichas peticiones.

El trabajo ha aumentado, dando lugar a dos fenómenos: la demanda por el buen servicio que se presta y la demanda por la proliferación de los hechos delictivos.

Esto origina dos situaciones más: hay ex funcionarios que no han entregado sus escoltas y cierto descontrol en el número de peticiones. Esto último es el caso de los fiscales de todo el país, quienes solicitan —de acuerdo con la fuente del PPI—, sin filtro alguno, protección para todos los casos, a pesar de existir un procedimiento de selección dentro de la estructura organizativa de la unidad.

La demanda por el buen servicio que presta la Unidad se debe a la preparación que los agentes del PPI reciben, dado el tipo de trabajo que realizan y que, muchas veces, los lleva a coordinar actividades con especialistas extranjeros en seguridad e inteligencia como en el caso de las Cumbres Presidenciales, las reuniones para tratados de libre comercio o la Cumbre Antiterrorismo que significó la presencia de 32 naciones y en donde se coordinó con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

“Cuando nos preguntamos por qué, entendemos que es porque estamos capacitándonos más, porque trabajamos con gente de todo el mundo que tiene experiencia en seguridad”, agrega el inspector Bogrand.

Por esta razón, muchas instituciones solicitan los servicios del PPI, como el reciente caso de la visita de unos generales estadounidenses. “La embajada solicitó nuestro apoyo a pesar de que ellos venían a visitar al Ejército; esto nos indica que nuestro trabajo es aceptado y está bien hecho”, añade el mismo jefe policial.

PLACAS Y SONRISAS

El entrenamiento permite que se le pueda dar protección a 431 personalidades entre las que se hayan víctimas y testigos de delitos. Pero también se le da a ex funcionarios que no han puesto a la disposición de la unidad los 40 policías que se encuentran en una situación que no se justifica. “Lo ideal sería que pusieran a la disposición a estas personas y que hubiera una ley que dejara bien claro eso”, detalla Bogrand.

No obstante, el inspector formuló una propuesta en 2002 para reformar la ley en muchos sentidos, una solicitud que fue interpuesta a través del jefe de la policía y que todavía está a la espera de una resolución. Mientras tanto, la demanda crece.

Jueces, diputados, diplomáticos y otros funcionarios son protegidos por agentes del PPI. Foto EDH

La ley establece un número de cuatro escoltas como máximo y dependiendo del cargo del funcionario.

Pero muchos de ellos se niegan a devolver a los agentes alegando que necesitan seguridad.

Hay una aspecto interesante en este trabajo de riesgos: parte de la demanda radica en que la preparación de los agentes del PPI esta centralizada en el respeto, el trato y la adaptación del agente para con su “principal” quien es la pieza clave.

Esta relación diaria de buen trato y respeto ha llevado a formar amistades pese a la distancia —el inspector cuenta con un fólder extenso de felicitaciones que recibe por el trabajo realizado—, ya que a diario diversas personalidades visitan el país ya sea por negocios, por donaciones o por razones políticas.

Sin embargo, las relaciones han ido más allá, como ha sucedido con cinco casos de escoltas (hombres y mujeres) que han conseguido casarse con algunos de sus protegidos e incluso han emigrado a varias regiones, todo por el trato de los salvadoreños para con los extranjeros.

“Se han dado esos casos y lo que les hemos dicho ha sido: ‘Suerte que tiene la muchacha’”, agrega el funcionario. Y concluye: “Ahora lo va a cuidar mejor...” .