El Salvador es vulnerable. Terremotos, tormentas tropicales e inundaciones son algunos de los desastres naturales que nos asolan. Después de lo ocurrido en el sudeste asiático todos nos preguntamos si la Naturaleza puede golpearnos con esa magnitud y cuán preparados estamos. Vértice hizo un ejercicio para contestar esta duda. El resultado fue caótico: las autoridades ni siquiera saben cuánta gente habita en las zonas costeras.

Mirella Cáceres vertice@elsalvador.com

1 Vista Aérea Las zonas bajas de la costa oriental dejarían el paso libre para el ingreso de un tsunami.
2 Riesgo en el Tamarindo Las construcciones cercanas a la playa están en riesgo permanente.
3 Atracción y amenaza La altura de las olas en zonas como El Tunco atrae a surfistas locales y extranjeros.

“Usted tuvo que haber nacido con un documento que diga: usted vivirá en este país bajo su propio riesgo”.

La frase de Antonio Arenas, el director del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) no suena tan lejana a la verdad. Vivir en El Salvador es un riesgo.

Luego de los devastadores efectos de los terremotos de 2001, quedó más al descubierto que El Salvador es un país vulnerable. “Aquí no hay ningún sitio seguro, todo El Salvador es un suelo con riesgo sísmico o volcánico”, pregonaron en ese tiempo unos geólogos españoles que visitaron el país para estudiar las causas que pudieron desencadenar la catástrofe.

La naturaleza de nuestro suelo nos hace vulnerables. El maremoto registrado el 26 de diciembre pasado en el sureste asiático cuyo efecto humano fue impresionante (más de 150 mil muertes) nos hizo volvernos a nuestra realidad y preguntarnos si en verdad podríamos padecer un cataclismo de semejantes proporciones.

Pero más que la magnitud física de la ola mortal que atacó a Sumatra, Indonesia, parte de la India y Tailandia, entre otras naciones, es la destrucción que podría dejar en un país como el nuestro.

En ninguna de las instituciones oficiales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) o el Comité de Emergencia Nacional (Coen) supieron decir cuántas personas en realidad habitan nuestras costas o localidades más cercanas a ésta, mucho menos dimensionar el daño.

Solamente el Centro para la Prevención de Desastres (Ceprode), una organización no gubernamental que trabaja en esta área en algunos sitios del país, dijo tener la información no tan actualizada porque cada vez surgen más asentamientos, pero no nos la hizo llegar como prometió.

Es difícil hacer cálculos. Pero basta imaginar localidades tan cercanas al mar como el Puerto de La Libertad para entender qué daño podría llevarse, de encontrarse en una situación similar, por citar un ejemplo.

“Claro, en el estado de la zona costera de El Salvador hay un montón de ranchitos que se los llevaría. Ahora, cuántos metros puede penetrar... eso depende de la velocidad, de la altura, de la magnitud del temblor mismo, de la distancia a la que ocurra el temblor”, dice Arenas.

“Creo que si miramos detenidamente el mapa de riesgo por inundaciones que maneja el Coen, tendríamos una idea de todas las poblaciones que podrían ser vulneradas por un tsunami”, opinó una fuente del MARN.

Tierras bajas. Parte de la costa salvadoreña entre La Unión y Usulután resultaría más afectada porque su ubicación sobre el nivel del mar es mínima.

Pero, ¿es que nadie cuenta con cifras exactas que puedan siquiera indicar cuántos salvadoreños serían —al menos en hipótesis— las potenciales víctimas en caso de un maremoto? Arenas no se atreve a decir cuáles serían aquí los efectos de tal fenómeno.

“No es posible hacerlo porque es una elucubración que roza con la fantasía. No creo que sería muy educativo decirle eso a la población”, sostiene el funcionario y prefiere basarse en información técnico-científica para decir que “en esta parte del mundo no ha habido evidencia instrumental acerca de sismos de tales magnitudes”.

Sin embargo, cree que lo más lógico que ocurriría si trasladáramos el tsunami reciente de Asia al plano salvadoreño o a otro sitio del planeta, y bajo las mismas características, el daño sería el mismo. Pero, hay que establecer diferencias en cuanto a número de habitantes e infraestructura turística, por ejemplo.

No obstante, Arenas sí se atreve a seguir la lógica: en caso de un desastre de este tipo, la zona de la desembocadura del río Lempa, en la jurisdicción de San Vicente y La Paz, resultaría más afectada porque es la que está en el nivel más bajo, más próxima al mar. Los habitantes de San Carlos Lempa, por ejemplo, pueden contar año con año los efectos por el desbordamiento del río.

Por el contrario, buena parte de la costa occidental y central pueden respirar más tranquilos porque —sólo en teoría— tienen algunas elevaciones que pueden convertirse en barreras protectoras.

Walter Hernández, geólogo del SNET, comparte la opinión con Arenas, de que no se puede medir hipotéticamente los daños, pues éstos dependerán de la magnitud del fenómeno, de cuál sea la velocidad de la ola y la profundidad del epicentro porque en cuanto mayor sea así es la energía liberada y la rapidez con que avanzará hacia tierra firme.

Francisco Gavidia, oceanógrafo, tampoco cree que se tenga que hablar en términos hipotéticos; es más, considera que todos los que habitan la costa del Pacífico deben saber que es en esta zona donde ocurre el 81% de los tsunamis.

“Hay un mapa que ha hecho el MARN sobre las zonas de riesgo por inundaciones. En general, en la zona está Punta Remedios, lo que es la Cordillera del Bálsamo, ahí, afortunadamente, a unos 100 metros de la Carretera del Litoral empiezan a haber alturas de hasta 800 metros. En el caso de un tsunami eso es una barrera natural porque si se le avisa a la gente con suficiente tiempo, pudieran subir y se salvan”, explica Gavidia.

Manglares. Para algunos, los bosques salados, como estos de Jiquilisco, Usulután, son una importante barrera viva que podría amortiguar un poco el impacto de un tsunami.

Arenas añade otro caso, y es que si, por ejemplo, la ola entrara por la costa de Usulután y tuviera un avance significativo en tierra, la cordillera de Jucuarán podría convertirse en una especie de muro de contención y de protección para muchas ciudades. ¿Pero qué pasaría con las poblaciones intermedias como Jiquilisco?

Otros han hablado de los manglares como barrera natural ante este tipo de desastres, pero, ¿serán suficientes para detener cualquier intento destructivo?

Alerta

Si se tiene claro que El Salvador no está exento de la amenaza, ¿cómo funcionaríamos para enfrentarla?

“Estamos en una región que ha sufrido impactos de tsunami y lo puede volver a sufrir. En el 2001 sufrimos el impacto de uno, está registrado”, apunta Arenas.

Se habla de al menos dos maremotos registrados en la historia salvadoreña. Uno en 1902, frente a las costas de Acajutla y otro ocurrido el 13 de enero de 2001, este último es el único que aparece dentro del registro mundial de sismos.

Pese a que —según el SNET— en algunas zonas de La Paz el mar retrocedió un poco y el agua salió de su borde normal, no causó ningún daño, la experiencia de tsunami de alto poder destructivo en otros países del continente como los ocurridos en Chile (1960) y Alaska (1964), que alcanzaron una magnitud de 9.5 y 9.2 respectivamente, no debemos confiarnos.

Gavidia dice que si se siguen las huellas de los sismos en el país, frente a la Costa del Sol ocurre el 50% de los movimientos dado que es una zona de subducción donde hay un enjambre de fallas que es un transmisor de energía.

“La tecnología nos está diciendo qué está pasando, por eso no hay que hablar de un caso hipotético, estamos expuestos, las probabilidades son altas. Somos un sitio vulnerable”, sentencia Gavidia.

¿Cómo manejar estas posibilidades? Arenas dice que nuestra capacidad de alerta radica en la información que puedan registrar las tres estaciones mareográficas que posee nuestro país y que están ubicadas en Acajutla, la desembocadura del río Lempa y en La Unión, aunque es la de Acajutla la única enlazada al Sistema Mundial de Alerta Temprana a nivel regional.

“A finales del 2003, en la reunión de todo el sistema de alerta del continente, en Guatemala, concluimos con otros expertos que Centroamérica era el gran oído sordo porque nadie estaba monitoreando mareas en la perspectiva de un tsunami”, relata Arenas.

Pero, aunque El Salvador tiene tres estaciones funcionando, la información de las otras dos no pueden ser comprendida por la falta de un decodificador y “es como estar ciegos”. Aparte, hay insuficiencia de personal y presupuesto de ($1.764 millones) para una institución que, según Arenas, abastece de información a muchas dependencias del Estado, entre ellas las de emergencia en caso de desastres.

Según el ingeniero Raúl Murillo, el Coen es la organización de protección civil que coordina todos los recursos disponibles entre un equipo multidisciplinario dentro de un centro de operaciones de emergencia encaminado a la prevención y mitigación para la reducción del riesgo y los desastres.

La prevención

Para Murillo, “hoy, la nueva política es preparar a los comités municipales como centros de operaciones”.

Estos —dice— funcionan mediante un sistema de radio comunicación que les permita desarrollar estos sistemas de alerta... posteriormente vamos a ir mejorando en cuanto a las estaciones telemétricas.

Pero Murillo explica que en caso de emergencia todos trabajan descentralizados en la toma de decisiones y a la vez centralizados porque todos comparten la información.

Lidia Castillo, directora de Ceprode, dice que el país ha avanzado, por ejemplo, en la prevención de las inundaciones; pero falta hacerlo en otros tipo de desastres, como que el país tenga su ley de prevención de desastres ajustada a los tiempos. Pero este marco ahora duerme en la Asamblea Legislativa.

El componente educativo como parte de la prevención es importante, pero es fácilmente olvidado cuando se habla en el contexto de maremotos que no ocurren con frecuencia.

“Si alertamos que en cualquier punto de la costa salvadoreña tenemos un tsunami, (eso) no está en la estructura del conocimiento de las personas”, dice Arenas, y añade que aunque transmiten alertas a las instituciones correspondientes como la Policía y comités de emergencias, es necesario que la gente entienda esos indicadores, lo que significa una alerta.

Murillo dice que en El Salvador se ha capacitado a comunidades que se encuentran en las zonas de alto riesgo como planicies, zonas aluviales en la parte costera que podrían responder ante un tsunami. Se les enseña cómo organizarse, planes de evacuación y por qué se evacua.

Ante esta vulnerabilidad, los salvadoreños tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Raúl Murillo, del Coen, tiene razón al decir que “es necesario empezar de algo y estar pendientes de lo que podría ocurrir”.

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