Aunque desde hace cinco años la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad exige al Gobierno tener un censo de esta población, y a las empresas públicas y privadas un empleado con discapacidad por cada 25, poco se ha avanzado al respecto. Hoy, ellos están a la espera de reformas que fomenten el cumplimiento de este marco legal.

Dimas Rodríguez tiene dos licenciaturas. Una en Psicología y otra en Educación. Ninguna le valió, hace tres años, cuando aplicó a la plaza de asesor pedagógico del Ministerio de Educación.

Aunque obtuvo la calificación necesaria en la prueba respectiva, un funcionario intentó hacerle ver por qué no estaba capacitado para desempeñar dicha labor: “La plaza es en el interior del país, y como usted es ciego, no va a poder desplazarse hasta ahí”.

Rodríguez le contradijo: “Yo me crié en la zona rural y no creo que sea problema”. El funcionario hizo oídos sordos.

La desconfianza del burócrata sobre si Rodríguez podría desempeñar el trabajo puede ser la misma que experimenta la mayoría de patronos en El Salvador donde, según el Ministerio de Trabajo, sólo un 35% de empresas ha contratado a una persona con discapacidad por cada 25 empleados a su servicio.

Dicha cuota está establecida en el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, emitida en marzo de 2000 durante la administración de Francisco Flores.

Desde entonces hasta hoy, 2 mil 586 personas con discapacidad han sido contratadas tanto en empresas privadas como en instituciones gubernamentales.

El resto de salvadoreños en edad de trabajar y con discapacidad —que de acuerdo con el Registro Nacional de las Personas Naturales suman un total de 153 mil y según un estudio realizado por Fusades, en 1999, son 600 mil—continúan desempleados o han tenido que recurrir al subempleo para subsistir.

Luz Marlene Aguilar, miembro de la Red de Sobrevivientes de Minas Explosivas y Amputados de El Salvador (LNS), cree que el escaso acceso al empleo formal entre las personas como ella —tiene problemas de motricidad a raíz de la poliomielitis— se debe a que hasta el momento “no hay ninguna entidad que obligue a cumplir la ley (de Equiparación de Oportunidades)”.

Su opinión es compartida por los miembros de la Asociación de Ciegos de El Salvador (Aces), la Asociación Nacional de Ciegos (Anciesal), la Asociación de Sordos, la Asociación Pro Vida Independiente (Aprovides), la Asociación Salvadoreña para la Capacitación en Tecnologías de la Información y la Computación (Asatic) y otras personas con discapacidad que no pertenecen a ninguna asociación, quienes entre julio y noviembre de 2004 trabajaron conjuntamente para elaborar una propuesta de modificación a la Ley de Equiparación de Oportunidades.

La solicitud de reforma fue presentada a la Asamblea Legislativa en diciembre pasado e incluye la creación de un tribunal que vigile el cumplimiento de este marco legal y que impongan multas de entre $100 y $1000 a quienes no la cumplan.

Otra visión

Mientras Dimas Rodríguez asegura que la mayoría de los ciegos que han sido capacitados en el uso de computadoras siguen desempleados, o trabajando en labores donde no usan lo aprendido, el Ministerio de Trabajo argumenta que la ley es demasiado joven para exigir a los empresarios que cumplan con la cuota establecida.

A esto, la entidad suma el hecho que los empresarios se quejan de que cuando buscan contratar a estas personas se encuentran con que no llenan los requerimientos de las plazas para las que los quieren reclutar.

Esto, a pesar de que las mismas asociaciones de personas con disparidad e instituciones como Funter e Insaforp realizan cursos de formación para dicha población.

Aunque las universidades aceptan estudiantes con discapacidad, aún carecen de libros en braile e intérpretes. Fotos EDH / Archivo

El Ministerio de Trabajo registra un total de 700 personas con discapacidad formadas en el uso de programas de computación, mientras otras reciben cursos en los centros de formación regionales de Santa Ana, San Miguel y San Salvador.

En busca de igualdad

Cuando Luz Marlene Aguilar tenía unos meses de vida, la poliomielitis la atacó y la privó de la facultad de caminar. Sin embargo, su familia siguió tratándola con normalidad.

La inscribieron en una escuela pública, a la que llegaba en brazos de su madre. “Donde me dejaban, ahí me recogían”, recuerda.

Para ella no fue fácil. “A veces no quería ir, porque los niños me hacían burla”, reconoce. No obstante, terminó sus estudios y ganó una beca que le permitió irse a estudiar en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Intérprete de Lenguaje de Señas.

Allá experimentó una situación opuesta. Se encontró con que en todas las esquinas había rampas. Pero lo que más la sorprendió fue que las autoridades de la universidad, al darse cuenta de que llegaría una persona que se movilizaba en silla de ruedas, instalaron sensores para que ella pudiera abrir las puertas por control remoto.

A pesar de esa deferencia, los profesores le exigían tanta carga académica como a sus condiscípulos. “Eso me motivó a regresar e intentar cambiar la situación aquí”, explica Aguilar.

Sin embargo, ella no es la única salvadoreña que ha superado las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país. Entre la comunidad de invidentes hay 13 profesionales.

Actualmente, unos 20 jóvenes sordos estudian en diferentes universidades. Tal es el caso de los gemelos Edgar Francisco y Pablo David Durán. Los dos niños nacieron sin complicaciones. Lo único que sus padres no se explicaban era que cuando los llamaban por su nombre, los niños no los volvían a ver.

Cuando Edgar o Pablo estaban a punto de entrar al kínder, un otorrinolaringólogo sugirió realizarles una audimetría. El resultado confirmó lo que sus progenitores no querían dar por sentado: los niños eran sordos. Sus padres, aunque profesionales, nunca habían oído sobre esta discapacidad.

Los pequeños recibieron la educación primaria en el Centro de Audición y Lenguaje y, luego, uno estudió en la recién fundada escuela Cristiana para Sordos y el otro se integró al colegio Palas Atenea, junto a niños sin discapacidad.

Actualmente, los hermanos Durán estudian ciencias de la computación, uno en la Universidad Evangélica y otro en la Francisco Gavidia. Saben que graduarse será difícil, y mucho más conseguir trabajo en una empresa. Por eso, desde ya se hacen a la idea de ser microempresarios.

Su padre, Edgar Durán, director ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Entidades de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, cree que una ley por sí sola no basta.

Aunque apoya la iniciativa de reformar la ley de Equiparación de Oportunidades, cree que El Salvador necesita cambiar la visión que se tiene de las personas con discapacidad. Según él, es necesario que la sociedad reconozca los derechos y deberes de dicha población. Como padre, él aspira a “formar una generación que cambie la visión asistencialista”, con la que se ha visto a personas como sus hijos.

Luz Marlene Aguilar, erguida gracias a una andadera, comparte su opinión. “Hasta la fecha, las personas con discapacidad somos vistas como objetos de lástima y las instituciones toman un papel protector”, afirma, consciente de que una reforma de ley no cambiará esa visión.

Las tareas pendientes

La Ley de Equiparación en vigencia establece obligaciones tanto para patronos como para instituciones de gobierno.

Art. 24.- Todo patrono privado tiene la obligación de contratar, como mínimo por cada 25 trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad.

La realidad. Sólo un 35% de empresas en Santa Ana, San Salvador, La Libertad, La Paz y San Miguel cumplen con la ley, según el Ministerio de Trabajo.

Art. 31.- Cuando un asegurado tenga beneficiarios con discapacidades... éstos tendrán derecho a recibir del ISSS o de la institución que haga sus veces, los servicios de salud.

La realidad. Según el director de la Federación de Padres de Personas con Discapacidad, el ISSS no brinda atención a los hijos discapacitados de beneficiarios.