9 de enero 2005


REPORTAJE
Armas a granel

Poco cuesta armarse en El Salvador. Basta con juntar el dinero y decidirse por el modelo de pistola, revólver, rifle o escopeta de su agrado, que pueden encontrarse en cualquiera de las tiendas especializadas. ¿Cuán fácil resulta adquirir un arma? Tanto como comprar un libro, un perfume o un disco. Pese a las reformas fiscales y las normativas para la tenencia y uso, la oferta, la demanda y la violencia siguen en ascenso

Juan Carlos Rivas
Juan Carlos Rivas
Ilustración EDH / Jorge Castillo


¿Qué lleva a una persona a adquirir un instrumento diseñado para matar? Sonia Alvarenga, propietaria de Hunter’s Gun, una conocida tienda de armas en San Salvador, afirma que los niveles de delincuencia que vive nuestra sociedad son tan altos, que la población ha empezado a velar por su seguridad.

“De esta forma muchas personas han decidido utilizarlas como un método persuasivo”, indica, y analiza que la Policía en su totalidad no puede defendernos a todos.

Comprar un arma es muy fácil. De 31 empresas existentes, 23 son importadoras y únicamente ocho se dedican a comercializar, pero esas ocho tiendas se encargan de suministrar tanto armas como municiones a la Policía, el Ejército y algunas compañías de seguridad porque, según la ley, ni el ejército ni la policía pueden gestionar las compras a título propio.

Con los civiles es distinto: uno puede llegar a cualquier venta y seleccionar el arma de su agrado. Los modelos, marcas y calibres dependen del conocimiento y las necesidades que el comprador tenga.

Esta funcionalidad, ya que sólo se requiere del dinero, contribuye a que la proliferación de armas en manos de civiles se vea como algo normal.

Los pasos son sencillos, usted llega a la tienda y escoge el modelo. En la mayoría de los casos esta decisión está ligada a la publicidad que haya tenido el estilo en cuestión.

Se puede seleccionar entre revólveres, escuadras, rifles o escopetas. Hay variedad de formas, marcas y artefactos que vienen con avances tecnológicos de la industria de la guerra.

No hay muchas restricciones para los calibres, se aceptan incluso hasta los tan letales como el M-16 versión civil (5.56 mm), y potentes como el G-3 ó el AK-47 (7.62 mm). La única restricción es que no puedan disparar ráfagas.

El vendedor también sugerirá el uso de las mismas y algunos recomiendan medidas mínimas de seguridad.

El siguiente paso será ir a la oficina del Registro de Armas, dependencia del Ministerio de Defensa, en donde se obtiene la licencia y la matrícula. Hay tres tipos de licencia: portación, tenencia y colección.

En las mismas tiendas se facilita la obtención de los documentos. Es tan sencillo que en el mismo Registro se verifica que el aspirante a “pistolero” no tenga antecedentes penales ni policiales. La persona no deberá molestarse en ir a pedir las solvencias.

En el Registro recibirá una charla que dura alrededor de una hora antes de tener los papeles en regla.
Esta facilidad en la adquisición y en la concesión de los permisos ha llevado a un incremento desmedido de armas de fuego en manos de la población.

Lo que complica el fenómeno es que muchas de estas armas legales son usadas para cometer delitos, tal y como lo ha registrado la Policía durante el último trimestre.

Otros estudios realizados por entidades como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop) han señalado nuevos datos acerca del incremento de armas en El Salvador. Esto, en parte, porque después del conflicto armado quedó en el mercado un fuerte arsenal y materiales bélicos.

Un gran porcentaje de las armas registradas son utilizadas para cometer delitos, de acuerdo con datos de la Policía. Foto EDH/ Archivo

El primer informe del PNUD, que data de 2002, estimó que en El Salvador circulaban más de 500 mil armas, lo que nos convertía en el país más armado de la región. El último registro indica que existen 400 mil. Sólo la tercera parte está matriculada y debidamente inscrita.

“Desafortunadamente es un país pistolizado”, dijo el ministro de Gobernación, René Figueroa, al referirse a la exagerada cantidad de armamento que aquí circula.
Sólo en 2004, el Departamento de Logística del Ministerio de Defensa reportó 23 registros diarios. En la actualidad, hay 196,908 armas de fuego inscritas. De estas, 148,461 son cortas y las restantes 48,447 son largas.

Las personas con licencia para el uso de armas de fuego suman 104,203. Más del 12 por ciento de ellos son menores de 25 años. Esto lleva a formular una pregunta, ¿están las armas de fuego en manos de personas concientes?
Sonia Alvarenga dice que cuando vende un arma (ella es sicóloga) explica a las personas lo que implica tener una. “Un arma es destructiva, usted la está comprando para defenderse y no para destruir”, les manifiesta.

No obstante, la Policía ha reportado que gran parte de los crímenes se cometen con armas legalizadas.
“Un arma legal no garantiza que no se va a usar en un delito”, dice el Comisionado Pedro B. González, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).

El estudio de la UCA indicó que el 20% de los adultos que residen en el Área Metropolitana de San Salvador fue víctima de un robo a mano armada en 2004. Y un 30% presenció un atraco a punta de pistola mientras que otro 20% fue amenazado para entregar algo de valor.

A juzgar por las investigaciones citadas, el problema de las armas es mucho más complejo de lo que parece. “Las armas no sólo contribuyen a la violencia salvadoreña sino que la misma violencia reúne voluntades para el aumento y circulación de las mismas”, añaden los técnicos de la UCA.

Ante este fenómeno, el Ministerio de Gobernación ha elaborado un proyecto de reforma de ley que será presentado a la Asamblea Legislativa a finales de enero. En él propone que la Ley de Control de Armas y Municiones prohíba el derecho a la licencia de portación a aquellas personas con antecedentes penales, aunque hayan cumplido su condena; de igual manera a los menores de 25 años.

Esta postura es avalada por el director de la PNC, Ricardo Menesses. “La ley no establece que es prohibido que se le dé una licencia de portación a un pandillero, por eso hay que hacer una reforma que diga que con sólo el hecho de ser pandillero o tener antecedentes. La ley no prohíbe que ningún pandillero pueda matricular un arma, y debería, porque son gente a las que se les está dando una licencia para matar”, subraya.

Las leyes


El mismo jefe policial expresa su preocupación por el hecho que 62 pandilleros, entre ellos algunos cabecillas, tengan armas de fuego legales.
De igual manera, han sido ubicados cuatro menores con armas registradas —de seguro, con documentos falsificados—.

La PNC ha identificado que hay armas legales que están en manos de pandilleros. Foto EDH/ Archivo

“Se debe ser más estricto en los requisitos de los permisos”, agrega.
Por su parte, el comisionado Luis Fernando Represa, Jefe de la División de Armas y Explosivos establece algunos vacíos en los procedimientos: “En diferentes partes del mundo la policía es la que maneja esta situación. A veces no podemos hacer la acción preventiva porque cuando queremos verificar el arma no contamos con una base, preventivamente el procedimiento es muy lento”.

De acuerdo a la Constitución, la entidad encargada de autorizar y supervisar lo relativo a las armas es el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa.

Y las funciones de Seguridad Pública están asignadas a la Policía, que depende del Viceministerio de Seguridad Pública, adscrito a Gobernación. La regulación de las armas de fuego está regida por una ley especial que fue modificada en 1993 y en 1999 así como de un reglamento derivado de dicha ley.

Aunque el estudio del Iudop “Las Armas en El Salvador”, establece que ha habido avances en la regulación, también indica que en términos de regulación y control hay ciertas deficiencias. Por ejemplo, permite la adquisición, tenencia y portación de armas con calibres de armas de guerra.

Aparte, que cualquier ciudadano pueda obtener la cantidad de armas y municiones que quiera.
Aún así, el esfuerzo en el control de las armas enfrenta otros problemas; el más significativo tiene que ver con que la autorización deba hacerla Defensa y no la PNC.

“Esto implica un esfuerzo de coordinación que en la mayoría de los casos no ocurre”, concluye el informe de la UCA.
el mercado negro

El tráfico ilegal ha encontrado en Centroamérica, sobre todo después de los conflictos armados, un puente para la movilización de todo tipo de instrumental bélico.

Y en El Salvador, una de las principales razones para la proliferación se debe a los remanentes de la guerra. En segundo lugar, por los fuertes comercios legal e ilegal surgidos en la posguerra. Y, en tercer lugar, por la existencia de una cultura de la violencia. Si a esto le sumamos el factor económico, el mercado ilegal se convierte en una opción más barata.

El problema con el mercado negro es que la naturaleza secreta del contrabando hace imposible conocer la certeza del tráfico, por lo tanto, se vuelve una principal fuente de suministro a terroristas, criminales y gobiernos afectados por problemas de embargo y corrupción.

En Centroamérica se ha detectado una creciente demanda de armas pequeñas. Su amplia disponibilidad, su costo relativamente bajo y la facilidad de su uso hace que estén en todas partes.
“Somos una sociedad violenta” agrega el comisionado González, “y si a las armas de fuego le sumamos el alcohol se vuelve una combinación fatal, pero aquí tiene que ser campañas a nivel de gobierno”, indica.

Tipos de armas en el mercado
AK-47 calibre 7.62.
Es considerada como el arma de asalto más efectiva.
Rifle M72, calibre 22 Magnum.
Recuerda al clásico 62 inventado por John Browning.
Taurus calibre .357
Uno de los más poderosos calibres en revólver.
Millenium, 380
Tamaño ultra compacto. El cargador es de 10 cartuchos.
PT92 Calibre 9 mms. de mira fija. Semiautomática. La capacidad de carga es de 15+1

Fotos EDH/ Omar Carbonero

División de armas y explosivos, PNC

Se encarga de la prevención y control relacionados a la importación, exportación, fabricación, comercialización así como el uso de las armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares, entre ellos las armas y los explosivos artesanales así como los pirotécnicos.

El personal ha recibido capacitaciones en el extranjero (Argentina y España). El departamento de explosivos cuenta con 14 agentes especializados; el de armas tiene 45.

Ha coordinado campañas informativas de prevención, junto con el PNUD, dirigidos a la población escolar infantil; atendiendo un total de 7,360 alumnos, 235 maestros y 1,331 padres de familia, en las campañas “Armas ni de Juguete” y “Los Ángeles de la Paz”.


Los Experimentos

Aún con las dificultades que conlleva la cultura de la violencia, han existido experimentos a manera de campañas de educación para concienciar, más que todo a la población escolar, sobre los peligros de portar, usar y tener un arma de fuego.

Al respecto, la Policía Nacional Civil en coordinación con el PNUD, la empresa privada y los medios de comunicación crearon dos campañas de desarme las cuales obtuvieron resultados positivos.

Una se llamó “Armas, ni de juguete”. Fue impulsada por niños y se desarrolló como una estrategia de sensibilización y educación ciudadana, orientada a informar sobre los riesgos que implica poseer un arma de fuego. Se concibió a partir del reconocimiento de la niñez como sujeto de derechos, como el de vivir en paz y en una sociedad menos violenta.

El siguiente experimento se conoció como “Zona segura: sin armas en la calle”. En éste participaron Radio UPA y el museo infantil Tín Marín, desarrollando una campaña de sensibilización sobre los riesgos de la portación de armas en sitios públicos. Alrededor de 3,500 pequeños provenientes de 60 centros escolares apoyaron el movimiento. Para esa fecha las estadísticas indicaban que cada mes morían tres menores de edad a causa de disparos.

Antes que ellos, el Programa “Bienes por armas” fue uno de los primeros intentos para lograr el desarme. Éste lo coordinó el Movimiento Patriótico Contra la Delincuencia, y el trato incluía cupones canjeables en supermercados, farmacias, tiendas de vestuario y de electrodomésticos, por armas. Durante las 17 jornadas se recogieron 2,600 rifles, ametralladoras y pistolas y alrededor de 2,500 granadas.

En la actualidad el PNUD trabaja en proyectos investigativos, además ha hecho sugerencias a la PNC y al Ministerio de Gobernación para posibles reformas.

En vista de que las cifras de asesinatos aumentan cada año en todas las regiones y en los municipios, las autoridades sostienen que sólo apoyando campañas de este tipo, que fomenten el respeto de los derechos humanos, desarrollen conocimientos técnicos civiles en materia de seguridad, regulen a los medios de publicidad que promueven la adquisición de armas, y principalmente fomenten una cultura de no-violencia desde la escuela, podrían detenerse el crimen, el tráfico y el miedo.

Un estudio publicado en los Estados Unidos por la IANSA (siglas en inglés de la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas), entre otras conclusiones indica que “la clave para garantizar un cambio completo es la presión popular”. A fin de cuentas, son los civiles las víctimas principales. En El Salvador, el camino por recorrer es aún largo. Las cifras, alarmantes, nos ubican entre los países más peligrosos de América Latina.

PNC: Acción preventiva

La acción preventiva consiste en verificar que las armas estén matriculadas, que los usuarios tengan la licencia para su portación y que no esté solicitada por un juez, es decir, que no esté vinculada a ningún delito.
La Policía hace registros a alrededor de 50 mil personas cada día; de éstas más de mil portan arma de fuego.

Actualmente se encuentran unas 30 mil armas con documentación vencida, lo que equivale a un déficit de casi 4 millones de colones para el fisco.

La Policía Nacional Civil, basada en recomendaciones del PNUD, ha solicitado al Ministerio de Gobernación reformas a la ley para poder tener otras facultades como una base de datos propia, la capacidad para exigir el pago de los impuestos (matrículas vencidas), la restricción de permisos para delincuentes, ex delincuentes, pandilleros y menores de 25 años.

Por ahora, la ley permite que un pandillero pueda registrar un arma. La propuesta de ley pretende dar todas las facilidades a la policía que está teniendo dificultades debido a la legislación compartida con el Ministerio de Defensa.



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