En el país hay unos 600 mil salvadoreños sin rostro legal, de los cuales alrededor de 250 mil son menores. Están en todos lados como pequeños indocumentados que no han entrado por puntos ciegos a El Salvador; tampoco se esconden tras papeles falsos, simplemente no los tienen. Nacieron en nuestro país, pero jamás han existido, al menos en los registros que llevan las instituciones

Ruth Noemy Sosa garcía corre el riesgo de no asistir a la escuela por falta de documentos de identidad legal. Foto EDH / Omar Carbonero.

Juega, ríe y salta como cualquier niña de su edad, y hasta el año recién pasado cursó el primer grado en la escuela más cercana a su casa.

Vive en el sector Gallo Sol, del caserío El Jute, en la jurisdicción del Puerto de La Libertad, y ha caminado por esta vida nueve años sin ninguna identidad legal, aunque todos la reconocen como Ruth Noemy.

Sus vecinos la han visto crecer junto a sus seis hermanos desde que nació en septiembre de 1995; más de alguna vez la han llamado por su nombre bíblico y a lo mejor la han admirado porque, a pesar de contar con un año menos, le ha ganado en estatura a su hermana Teodolinda, una niña que, según su madre, ha logrado sobrevivir de milagro a la desnutrición.

Aunque al igual que sus hermanos llegó a un hogar carente de abundancias, Ruth Noemy no comparte con ellos un privilegio, el de existir, el de ser alguien a quien las leyes salvadoreñas reconozcan como ciudadana con derechos, entre ellos, contar con un nombre y una nacionalidad.

Jorge Armando, Teodolinda, Ana Elizabeth, Jacqueline Dinora, Norma Esperanza y Gilma Morena son sus hermanos, todos fruto de la unión de Francisca Sosa López y Luis García.

Desde su nacimiento ha recibido la misma protección que sus hermanos.
Ella viste, calza, come y asiste a la escuela desde hace un año, pero es la única indocumentada de esta familia que habita en una casa de adobe ubicada entre frondosos árboles.

Ruth es curiosa. Durante un rato se la pasa mirando con suma atención a su madre mientras ésta relata cómo es que junto a su marido descuidaron este detalle tan fundamental en la vida de toda persona.

Guarda silencio cuando se le pregunta qué le impidió aprobar su primer año en la escuela Bosque Verde. Una tímida sonrisa es su respuesta y luego se retira a jugar.

“Todos mis hijos están asentados, sólo a Ruth nunca la fue a registrar a la alcaldía el papá”, explica Francisca, quien además asume responsabilidad de haber dejado pasar el tiempo y que ahora no puedan pagar un proceso legal ante los Tribunales de Familia para legitimar la identidad de su tercera hija.

Francisca encuentra en la falta de recursos económicos el principal muro que obstaculiza que Ruth salga de esa especie de limbo.

“El papá de la niña gana bien poquito picando piedra, ni siquiera alcanza para la comida de tanto hijo”, apunta.
Hace cuatro años pudieron haber resuelto este problema mediante el pago de unos $12 en concepto de multas acumuladas en la alcaldía del Puerto de La Libertad por el tardío registro del nacimiento de la niña. “¿Cómo le va a hacer uno si no tiene dinero para esas cosas?”, se queja la madre.

Sandra Estefanie Guzmán (izq.) es la única de entre sus hermanos, cuyo nombre no aparece en el Registro Nacional de las Personas Naturales.Foto EDH / Omar Carbonero.

Combo de ilegalidades

A la falta de dinero para resolver ese tipo de descuidos con los hijos, la familia Sosa García ha pagado ya parte de la factura.

Si Ruth Noemy carece de identidad jurídica a sus nueve años, sus hermanos, si bien asentados legalmente, enfrentan también un problema: ante la ley no pertenecen a su madre.

Francisca Sosa López, a la que Ruth y sus hermanos llaman “mamá”, ha transitado 42 años de vida bajo tres identidades. El origen de todo se debe a que su padre, Candelario López, olvidó el nombre con el cual la registró a ella y sus cinco hermanos en la alcaldía de Tecoluca (San Vicente) y empezó a llamarlos por otros nombres.

En el caso de Francisca, primero la bautizó como Santos, después de algunos años pasó a llamarse Ana Paula, nombre con el que aparece en su “cédula política”, como dice ella.

Fue hasta hace un año que al tramitar el Documento Único de Identidad (DUI) recibió la sorprendente noticia de que en los registro de las personas naturales ya existía otra persona con el nombre de Ana Paula Sosa.

Después de dos semanas de búsqueda angustiosa de su verdadera identidad, luego de tanto “picar y picar como el anzuelo”, logró encontrar en la iglesia de Tecoluca la fe de bautismo en la que no aparece en ninguna parte ni Santos ni Ana Paula. Su verdadero nombre era Francisca Sosa García.

Pero este hallazgo no es del todo positivo porque tampoco tiene dinero para costear un proceso legal que al final haga constar que la Ana Paula que aparece como la progenitora en las actas de registros de nacimientos de sus hijos es la misma Francisca.

Salvo para el trámite del DUI, la vida de esta mujer no ha tenido mayores complicaciones por sus problemas de identidad. Nunca ha hecho otro trámite legal, nunca ha recibido herencia y no se ha casado.
A lo mejor logre corregir el problema en las partidas de sus cinco hijos pero hay una deuda pendiente con Ruth, a quien le han negado su derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

La niña ha asistido un año a la escuela pero no es seguro que vuelvan a matricularla sin que presente una partida de nacimiento donde conste que existe legalmente. Pueda que la acepten en el centro escolar una y otra vez bajo la promesa de que sus padres tramitarán la partida pero jamás recibirá una certificación académica.

Un caso similar

Esa misma incertidumbre de si podrá continuar en las aulas ante la falta de documentos de identidad, cierne sobre la vida de otra niña.

Los Sosa García son una de varias familias que no tienen hijos inscritos legalmente. Foto EDH / Omar Carbonero.

La llaman Sandra Estefanie Guzmán Membreño, una risueña y bonita morena de siete años de edad.

Su madre, Elizabeth Guzmán Renderos, ha intentado matricularla en vano en otra escuela.
Sandra, Ruth Noemy y otros niños del caserío El Jute empiezan a sufrir en su corta “inexistencia legal” las repercusiones de no contar con un documento de identidad.

La madre de Sandra es franca: “Mire, hay que ser correctos, ella no está asentada porque el papá por andar bolo perdió sus documentos personales y por eso no la inscribió. De allí que fue pasando el tiempo y como yo trabajaba de lavar y planchar en San Salvador no me quedaba tiempo para hacer el trámite... aunque (reflexiona unos segundos) yo también pude haber hecho el esfuerzo”.

Han pasado siete años ya desde el nacimiento de esta niña, en quien la sonrisa perenne no aparenta preocupación de que su nombre carezca de validez jurídica.

Elizabeth dice que legalizar la existencia de Sandra (por medio de un juicio de identidad) tiene un costo de entre cinco y seis mil colones ($500 y $600) porque necesita contratar a un abogado, que eso le dijeron en la alcaldía del Puerto de la Libertad.

“¿Y de dónde voy a sacar ese dinero para pagar a un abogado? Ni siquiera pude pagar los ¢200 ($23) que me pidieron como pago de multas cuando quise asentar a la niña cuando tenía 4 años, pero era mucho dinero para uno de pobre que apenas va reuniendo para las tortillas, pues es lo que uno procura que no les falte a los hijos”, se lamenta Elizabeth.

El año pasado, Sandra logró culminar la parvularia porque “así nomás (sin documentos) la agarraron los profesores”. Este año, aunque ya está lista para estudiar el primer grado, no está seguro que las autoridades de la otra escuela, la Alianza, la matriculen bajo la promesa de que más adelante sus padres presentarán una copia de la partida de nacimiento.

Mientras tanto, Sandra no pierde su dulce sonrisa ni Ruth la serenidad o actitud silenciosa. Ninguna dimensiona el hecho de que pueden perder un año importante de estudio ni cuántos obstáculos más tendrán que saltar en la vida, o de cuántas oportunidades acaso perderán porque simplemente, ante la ley, no existen.

Sin huellas

Desde la Constitución de la República hasta la Ley del Nombre de la Persona Natural, nuestro país recoge todo un marco legal que regula el registro de la identidad de los nacidos en su territorio. Nuestra Constitución estipula, en el artículo primero, que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”, y en el Artículo 36, inciso 3, que “toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique...”.

El Código de Familia manda en el Artículo 188 que en el Registro del Estado Familiar se inscribirán los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos o actos jurídicos de las personas naturales que determine la ley”. Y establece un período de quince días para que sean registrados.

En el Artículo 203, el Código de Familia también se refiere al derecho de los hijos a “saber quiénes son sus padres, ser reconocidos por éstos y llevar sus apellidos”. Pero en el plano real, más de medio millón de salvadoreños no existen legalmente según cifras oficiales. Algunos calculan que de esta cantidad, unos 250 mil son menores.

Problema de muchos

El Salvador no está solo en esta problemática. En 1998, la Unicef ya denunciaba que en el continente americano a más de un millón de niños y niñas se les violaba ese derecho elemental.

Es hasta 2000-2001 que el subregistro de nacimientos queda incluido en la agenda de prioridades de los países como resultado de importantes reuniones, entre ellas las sostenidas por ministros y altos responsables de la infancia como la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Cumbre de las Américas.

En 2001, el Instituto Interamericano de la Niñez, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Plan Internacional elaboraron un diagnóstico sobre la problemática en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Entre las conclusiones se establece que en nuestro país un 9.8% de la población no tiene identidad y que, al igual que el resto de naciones, esto obedecía a múltiples factores, entre ellos problemas sociales, económicos y culturales.

En mayo de 2004, durante una reunión del Comité de Derechos del Niñez y la Adolescencia de la ONU en Ginebra se recomendó a nuestro país hacer mayores esfuerzos para superar la problemática. Pero el próximo 13 de febrero, la ONU y Plan Internacional unirán su voz desde New York para concienciar en esto
a todo el mundo.

Sin identidad
Legalmente invisibles...

Ellos existen, platican, trabajan, estudian... se relacionan con los demás. Realizan las actividades de cualquier gente, pero si los llevamos al plano legal se les podría definir como seres invisibles o inexistentes, carentes de un nombre, de una nacionalidad y de todos los derechos que eso conlleva. Esta falta de identidad legal les ocasiona la nula posibilidad de acceder a trámites como préstamos, matrimonio o a la escuela

Mirella Cáceres

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Los casos de Sandra Estefanie Guzmán Membreño y Ruth Noemy Sosa García no son aislados. Ellas son dos de muchos casos similares entre los 1,500 habitantes de la comunidad de El Jute, La Libertad, los que, según líderes, alcanza el 20% de las familias.

Pero este caserío no es el único que alberga a salvadoreños indocumentados. A partir del último censo de población de 1992 y las encuestas de hogares de propósitos múltiples, ha quedado al descubierto que entre el 9.8% y el 10% de la población salvadoreña no aparece en el Registro del Estado Familiar.

Esa estimación significaría que cerca de 600 mil nacidos en nuestro territorio carecen de una identidad jurídica. Aunque nadie sabe afirmar cuántos son niños o adolescentes, algunos creen que la cifra supera los 200 mil.

Según la distribución oficial, este “subregistro” se concentra más en cinco departamentos, pero ocurre en todo el país. Los indocumentados están en todos lados, especialmente en las zonas rurales y hogares de escasos recursos económicos.

Preguntar a autoridades educativas, por ejemplo, si conocen de escolares que evaden el requisito de la partida de nacimiento, la respuesta inmediata es “sí”.

La directora de la escuela de la Hacienda San Diego, La Libertad, Ana Celia Mena de Huezo, dice que tiene cinco años de estar “mintiendo piadosamente” ante el Ministerio de Educación, porque más de un centenar de niños y niñas no existe legalmente y “no se les puede cerrar las puertas y que pierdan un año lectivo”.

En Panchimalco es igual. Cecilia Pleytez, directora del Centro Escolar del Cantón San Isidro, dice que estos casos son recurrentes y que este año se pondrán más estrictos a la hora de no matricular sin partida de nacimiento. “Yo les digo a los papás que sus hijos pueden asistir a clases, pero no podrán recibir su certificado”, aclara Pleytez.

Pero el no acceso a la vida académica no es el único punto en el que se les vulnera. Ismael Rodríguez, director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (Isna), resume el efecto negativo de esta manera: “Cuando lleguen a la adultez, no podrán retirar su pasaporte o DUI, no podrán salir (legalmente) del país, no podrán comprar un vehículo, no podrán casarse, no podrán recibir herencia. Es complicado, porque les afecta en todas las áreas de su vida”, apunta.

Sin embargo, lo que es peor, según Rodríguez, es que se conformarán con un trabajo informal, porque no pueden acceder a un empleo formal y mejor remunerado. Eso significa que caen en el riesgo de perpetuar su condición de pobreza.

Leyes ignoradas

Ada Milca de Ayala, de Plan Internacional El Salvador, afirma que los terremotos de 2001 revelaron la magnitud del subregistro y sus consecuencias.

De las más 33 mil familias a las que canalizaron el financiamiento de países cooperantes para la reconstrucción de viviendas en Chalatenango, zona sur de San Salvador, La Libertad y Cabañas, un 20% de esos afectados carecía de títulos de propiedad, porque no tenía una identidad jurídica, y muchos se quedaron sin casa nueva.

Así, tras un diagnóstico se encontraron con que un padre de familia en Panchimalco no podía heredar a su hijo un terreno para que construyera su casa, con una madre en San Salvador que no podía exigir al padre de su hijo la cuota alimenticia. En Lourdes (Colón) otra madre no puede casarse ni asentar a sus hijos; mientras que en Ciudad Delgado un joven no puede encontrar un trabajo para poder costear sus estudios.

¿Qué hace que tantas personas no consideren el registro de la identidad como una prioridad? Se habla de diversas causas como la falta de acceso a los centros de registro familiar, ignorancia, falta de apoyo a la madre soltera, tradición familiar, evasión de multas en las alcaldías y pobreza. Pero todo puede sintetizarse en descuido.

Los hermanos Walter Enrique (13 años) y Jonathan Gilberto Chávez (10 años) viven y estudian en la Hacienda San Diego con toda normalidad, pese a no existir legalmente.

“ESTOS NIÑOS LEGALMENTE NO EXISTEN, AUNQUE ESTÉN FÍSICAMENTE y les negamos el derecho a su nombre, a su nacionalidad, a su identificación y sobre todo a su educación... Sin la partida, no podrán obtener un diploma”. Miriam Mixco/Presidenta del RNPN

Una propuesta

Desde hace tres años, el Isna impulsa una campaña de concienciación de los padres de familia sobre la importancia del tema. El ingeniero Rodríguez se atreve a decir que se ha logrado un buen impacto, pero que entre los menores que ingresan al Isna, principalmente abandonados o recuperados de la calle, siguen llegando sin papeles de identidad.

Sólo en 2004 registraron 600 a los que se les tiene que legalizar su identidad a través de la Procuraduría General de la República, en cuyas estadísticas figuraron estos casos entre los 3,842 solicitudes de reconocimiento de hijos, 2,712 resoluciones y 773 demandas judiciales por declaratorias judiciales de paternidad.

El subregistro es considerado un problema grave y se evidencia más al final de cada año cuando el número de nacimientos atendidos en hospitales o por parteras no corresponde con los que incluye el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Hasta noviembre de 2004, el Ministerio de Salud contabiliza de manera preliminar 67 mil 338 nacimientos, pero el RNPN dice que el promedio de inscritos cada año oscila entre 34 y 36 mil.
Ante esta problemática, la Secretaría Nacional de la Familia (SNF) pedirá a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto transitorio que permita dos años de gracia para que los menores de 18 años indocumentados puedan ser inscritos gratuitamente.

Mañana se presentaría formalmente el documento a la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez y, a juicio de la presidenta del RNPN, Miriam Mixco, existen buenas perspectivas de que sea aprobado, porque es “algo positivo y en cumplimiento de un derecho del niño que no se ha cumplido hasta ahora”.

Donato Vaquerano, diputado por ARENA, también ve con buenos ojos la finalidad de esta iniciativa que pretende librar de multas a los infractores pero sin dañar la captación de fondos de las alcaldías. “No creo que la aprobación (del decreto) tenga mayores objeciones, pues lo que se busca es un beneficio y no conlleva aspectos ideológicos”, apuntó.
Ileana Rogel, diputada del FMLN, dijo desconocer la existencia del documento, aunque Vaquerano aclaró que no todos los diputados lo conocen.

De ser aprobado el decreto, RNPN, Isna, SNF y las ONG Visión Mundial y Plan Internacional prometen echar a andar una intensa campaña informativa y una movilización masiva para facilitar la inscripción.
Las ONG involucradas ya están levantando censos en las comunidades. Según Mixco, sólo en Ahuachapán Visión Mundial ha censado a unos 600.

Pero Mixco advierte que este decreto no implica institucionalizar una ilegalidad y que la población no inscriba a sus hijos, porque espera el período de gracia.

¿Responderá la población a este llamado si se aprueba tal decreto? Eso se verá en las mesas de inscripción, las que, a lo mejor, se conviertan en termómetro que arroje cifras más reales del subregistro de nacimientos en el país.