El escaso número de agentes de la Policía Nacional Civil, frente al alto número de robos, hurtos y homicidios han convertido a la seguridad privada en un gasto básico más. Los empresarios, por ejemplo, invierten alrededor del 10% de su presupuesto en este servicio.

	El vigilante privado “estacionario” debe ser paciente, tolerante y comprensivo con el público que atiende. Foto EDH / Omar Carbonero

Sobre los hombros de Víctor R. y Antonio T. (nombres ficticios por protección de identidad) descansa la seguridad de las 50 familias que viven en la senda 7 de una colonia cercana al Hospital Zacamil.

Ellos no trabajan para una empresa de seguridad privada, sino de forma “independiente”. Las casas que custodian son relativamente pequeñas: espacio frontal para un vehículo, sala-cocina-comedor, tres habitaciones de 2 mt x 3 mt, un baño, cuarto de servicio y un pequeño patio. La mayoría tiene portón.

Frente a cada casa se estacionan vehículos de dos o cuatro puertas. Nada lujosos. Se trata de familias de clase media baja con la suficiente solvencia económica como para enviar a sus hijos a colegios privados, cuyo presupuesto mensual, además de granos básicos y los servicios de electricidad y agua, ahora incluye “la seguridad”.

Una vez al mes, los propietarios o inquilinos de las 50 casas del pasaje pagan 10 dólares a los vigilantes.
Ellos se reparten el dinero obtenido equitativamente, libre de descuentos. La misma escena se repite en otras 14 sendas de la colonia.

Ocho de éstas son custodiadas por vigilantes independiente contratados por la directiva de vecinos de cada pasaje. Las otras cuatro lo hacen guardias que trabajan para empresas de seguridad privada y cuyos servicios también son cancelados a través de la directiva vecinal.

Juntas, las familias que viven en las 15 sendas de esta colonia gastan 7 mil 500 dólares al mes en concepto de seguridad. Lo que al año representa 90 mil dólares.

Eso es sólo una muestra de lo que los salvadoreños invierten en concepto de seguridad. A esto se le suma el gasto que realizan empresarios, industriales, comerciantes y entidades gubernamentales para el mismo fin.

Según el coronel René Rodríguez Hurtado, presidente de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), que aglutina a 24 de las 172 legalmente establecidas, El Salvador gasta no menos de 69 millones de dólares en seguridad privada al año.

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Sin embargo, para tener un dato exacto, a esta cantidad todavía falta sumarle lo que los salvadoreños pagan a las agencias de seguridad ilegales (sin licencia) y a los vigilantes “independientes” como Víctor y Antonio.

Pero ¿qué motiva a un país a solicitar este servicio a la empresa privada cuando según la ley la seguridad es responsabilidad del Estado?

Fisuras que asustan

Hace siete años, los rateros se metieron a robar en cada una de las casas del pasaje que hoy Víctor R. y Antonio T. se turnan para custodiar.

En otra ocasión, los ladrones dejaron atada a una de sus víctimas. En todos los casos, la policía llegó al lugar de los hechos cuando ya era demasiado tarde.

Desde esa fecha, los vecinos decidieron poner un portón a la entrada del pasaje y pagar vigilancia. Un par de meses después, cuando no hubo más robos, se olvidaron de pagar la cuota de la seguridad y los vigilantes emigraron.

“Entonces volvieron a asaltar”, recuerdan los habitantes. Santo remedio: nadie dejó de pagar la cuota de seguridad y el pasaje es un lugar tranquilo donde los vecinos tienen un trato familiar con Víctor y Antonio.

“Una vecina ¡hasta les da la comida!”, asegura otra persona que vive ahí.

La aparente falta de recursos humanos de la Policía Nacional Civil parece ser uno de los motivos que lleva a los salvadoreños a contratar servicios privados de seguridad, según el abogado y ex catedrático de criminología Misael Rivas.

Pero a la opinión del profesional hay que sumar la de Luis C., un vigilante independiente: “Aquí pasa seguido la Policía, pero los vagos, al ver una persona pendiente (uniformada y armada) respetan más”, dice al explicar por qué cree que los vecinos pagan sus servicios a pesar de que la zona donde trabaja “es tranquila”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, también cree que contratar seguridad privada es una forma de prevenir robos.

Su punto de vista es compartido por el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara Morán, quien considera que el aumento de la demanda de seguridad privada ha sido directamente proporcional al aumento de la violencia social y del crimen organizado.

“Estos fenómenos han crecido a tal grado que las personas se ven en la obligación de adquirir estos servicios”, dice.
Sin embargo, no todos creen que la demanda haya ido en aumento. Según el presidente de la UNAPS, la demanda actual de servicios privados de seguridad es la misma desde hace 7 años. “No se han sumado nuevos proyectos”, aseguró.

Zonas de incertidumbre

El centro del país es donde, según el presidente de la UNAPS, hay más demanda de este tipo
de servicios.

En palabras de Hurtado, San Salvador concentra más este fenómeno. Por toda el área metropolitana y sin distinción social, la demanda de seguridad privada es una constante.

La seguridad privada en cifras
El fenómeno de la seguridad privada arroja saldos positivos y negativos: genera empleos en los que se arriesga la vida.
Decesos	Agentes	Empresas	Costo
72 Los agentes asesinados durante su servicio entre 2003 y 2004	20 Mil salvadoreños trabajan en las empresas de seguridad autorizadas	172 Funcionan legalmente; de ellas, 55 ya renovaron su permiso	69 Millones 120 mil dólares paga en promedio el país por la seguridad privada
Un costo fijo adicional
La necesidad de que la materia prima llegue a su destino y de que la clientela sienta la confianza suficiente de estacionar su vehículo mientras realiza sus compras o hace uso de un servicio han forzado a empresarios, comerciantes e industriales a incluir la seguridad privada en sus costos. Según Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI, la seguridad representa el 10% de los costos empresariales. El impacto se refleja en una reducción de la rentabilidad o en el aumento de los precios, manifiesta Mario Magaña, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio Salvadoreña. El dinero que se invierte en seguridad “debería estar orientado a mejorar la productividad de las empresas”, acota Raúl Melara Morán, director ejecutivo de la ANEP.