A veces, los poderes del Estado tienden a culpar a otras instituciones de las falencias del sistema. Una misma problemática, como el hacinamiento y la sobrepoblación en el sistema carcelario, tiene varias posturas.

El debate del hacinamiento y la sobrepoblación.

ULos datos estadísticos preocupan. La norma es que la población privada de libertad es superior a la capacidad que tienen las cárceles.

Este exceso de reclusos, que en El Salvador supera el 60%, es un punto de debate.

De hecho, dos de los tres poderes del Estado se enfrentan al hablar de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.

Un lado sostiene que si no hubiera reos sin condena no habría hacinamiento. El otro afirma que el sistema colapsó.

Ástor Escalante, director de Centros Penales, es categórico al aseverar que hay un problema de mora judicial que el Órgano Judicial no quiere reconocer.

El funcionario lo justifica al remitirse al registro que indica que un 32% aproximadamente de la población privada de la libertad no tiene definida su situación jurídica.

Pero, dos jueces lo confrontan.

“La población procesada de 3,933 personas indica que están sometidas a juicio, esto no quiere decir que exista mora judicial”, afirma Luis Edgardo Larrama Barahona, Juez del Tribunal Quinto de Sentencia.

En estos tribunales, el calendario ocupa un lugar predominante en la pared. Allí están apuntadas las vistas públicas que llevan a la conclusión del juicio a través de la sentencia.

En ninguno de los dos casos hay audiencias programadas más allá de lo que establece la ley.

Marco legal

El Código Procesal Penal es claro en cuanto al tiempo que una persona puede estar privada de su libertad. En su artículo 6 dice: “No podrá exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves o veinticuatro meses para los más graves”.

Larrama Barahona añade que hay mora judicial cuando vencen los plazos del artículo 6. Mientras que Martín Rogel Zepeda, juez del Tribunal Tercero de Sentencia, recalca que al no haber un dato específico que diga la cantidad de personas que tienen plazo vencido no se puede hablar de mora.

Ambos funcionarios coinciden en que están convocando las vistas públicas en tiempo legal. Sin embargo, para Escalante la mora judicial existe y le perjudica.

“Estoy hablando de casi 4 mil internos procesados (sin sentencia) y que no siempre se portan bien”, dice el funcionario.
Pero no todo es negativo.

Walter Aquino, del Departamento de Reos sin Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dice que hasta 1989 en El Salvador había un mayor índice de detenidos que penados. “A partir de 1989 disminuyó, y en el 2003 se invirtió la cifra”, expone.

La lentitud

Ástor Escalante establece que desde el lado de los tribunales de Vigilancia Penitenciaria también hay mora. Indica que hay algunos casos de personas que ya tendrían que estar libres y no lo están por mora judicial en tribunales de Vigilancia Penitenciaria.

La jueza de Vigilancia Noya Novais contesta sobre la retardación de justicia.

“Posiblemente tengamos alguna responsabilidad. Si acaso tuviéramos un mínimo, el otro 95% de ese hacinamiento no es culpa del Órgano Judicial”, sostiene, al indicar que muchos de los penados no pueden acceder a los beneficios de la ley ya que no hay una política sistematizada.

El juez Rogel Zepeda confirma que la culpa es compartida. Dice que la Fiscalía lleva todos los casos a juicio, con el consiguiente congestionamiento y suma las constantes reforma por parte de los legisladores, donde cierran las salidas alternas al sistema.

“Los jueces tenemos una dosis de responsabilidad. No vamos a decir que estamos exentos. Pero para que funcione el sistema todos tenemos que estar en una misma lógica”, finaliza.

En prisión
12,363
Cantidad de personas privadas de libertad, cuando la capacidad instalada es de 7,672.

Sobrepoblación
4,691
La infraestructura carcelaria no responde a las necesidades actuales. Hay hacinamiento.

Sin sentencia
3,933
Este número se refiere a la población procesada que tiene prisión preventiva.

Penados
8,430
Son menos del 70 por ciento de los reclusos. Unos 2,500 podrían tener beneficios legales.