La búsqueda de una solución para la crisis del sistema carcelario en El Salvador pasa por mejorar una infraestructura obsoleta y por transformar las prisiones en verdaderos centros donde el reo se rehabilite. Vértice pidió propuestas de solución a jueces, profesionales y autoridades penitenciarias.

Infraestructura anticuada, hacinamiento, ocio, sobrepoblación y violencia componen esta bomba de tiempo. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Una tubería de aguas lluvias debe de estar repleta de bichos y olores extraños.

Quien se arrastre en su interior no debe de ver más que tinieblas.

Pero para los 14 reos que burlaron la seguridad del penal de Ciudad Barrios el domingo 7 de agosto, la cloaca a la que entraron por la cancha de básquetbol era el camino hacia la libertad.

Ese nuevo episodio de la crisis carcelaria dejó el saldo de un preso muerto, seis recapturados y siete aún fugitivos.

La fuga dejó nuevamente en evidencia que la infraestructura carcelaria es relativamente fácil de burlar y que el deseo por evadir la prisión para seguir delinquiendo anida en la mente de ciertos internos.

El sistema penitenciario, que según el Artículo 27 de la Constitución debería rehabilitar a los reos para reincorporarlos a la sociedad, parece no estar cumpliendo su objetivo.

El director general de Centros Penales, el abogado y ex fiscal Ástor Escalante, es consciente de ello. Sin embargo, asegura que para enfocarse en la rehabilitación, primero se debe poner orden en las cárceles. El mismo orden que impera en las celdas donde viven los reos en fase de confianza del penal de Mariona que parecen estar en una casa de retiros espirituales y no en una prisión.

Ahí, cuatro reos son el máximo número que comparte una habitación. Pero las celdas para los reos en fase ordinaria son otro mundo, donde espacios diseñados para 15 personas, según las autoridades, son ocupados por 20. Esto obliga a algunos a dormir debajo de los camarotes, en un colchón viejo.

Durante un recorrido por Mariona, Vértice y el arquitecto mexicano César González Azcárraga no ingresaron a los edificios de la fase ordinaria, porque las autoridades de Centros Penales advirtieron que ahí la seguridad de los visitantes no puede ser garantizada. En ese territorio mandan los reos.

El director dice estar consciente de las debilidades de un sistema que, para empezar, carece de infraestructura suficiente y adecuada para albergar a los 12,392 que, hasta el 31 de julio, habitaban las 19 cárceles de El Salvador. El diagnóstico de Ástor Escalante es alarmante: “El sistema carcelario no está a la altura de nuestros tiempos”.

Los datos no lo contradicen. El sistema actual tiene capacidad para albergar a 7,372 reos en edificios que en su mayoría fueron construidos entre 1903 y 1982. Solo seis de los 19 centros fueron edificados entre 1999 y 2004.

El sistema penitenciario es un edificio que se tambalea. Según Escalante, las cárceles que históricamente han generado más conflictos son las de Quezaltepeque, Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque y Mariona.

Rafael Rodríguez Loucel, César González y el director de Centros Penales intentando diseñar una prisión más segura para la población reclusa. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Vértice y el arquitecto González Azcárraga visitaron esta última el sábado 20 de agosto. El lunes 22, se uniría al grupo de visita el vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica, Rafael Rodríguez Loucel. El plan era visitar las cárceles de Cojutepeque y Chalatenango.

Sin embargo, el asesinato de José Pablo García, hasta ese día director del penal de Sonsonate, frustró los planes, y, nuevamente por seguridad, el único centro adonde se nos permitió entrar fue Apanteos.

Durante el recorrido por el presidio que un día funcionó como beneficio de café en las afueras de la ciudad de Santa Ana, Loucel y González reconocieron que las condiciones en que viven los reos no son tan deplorables como lo imaginaron. Sin embargo, concluyeron que los recintos visitados —Apanteos y Mariona— no reúnen las condiciones mínimas de seguridad.

El arquitecto González fue más allá y se refirió a la necesidad de construir nuevas cárceles que sean diseñadas para separar de la sociedad a los delincuentes y rehabilitarlos.

Ástor Escalante se ve atado de manos ante esta propuesta, pues el presupuesto anual de 18 millones de dólares con el que cuenta se le esfuma en pago de salarios y en solventar necesidades como la alimentación de los reos y la provisión de materia prima para los talleres.

Sin embargo, si tuviera el dinero necesario para construir nuevas cárceles, Ástor Escalante afirma que no construiría 19 nuevas prisiones, sino tres o cinco que serían más fáciles de administrar desde la Dirección General de Centros Penales.

Sólo los penales de Zacatecoluca y Berlín carecen de escuela. Hasta el 11 de mayo pasado había 3,208 internos matriculados. Otros 4,283 presos trabajan en los talleres. En las fotos, ambas caras de la moneda cuando se habla de condiciones carcelarias. Foto EDH /Wilfredo Díaz

Estas nuevas cárceles, en opinión de Escalante, deberían tener un diseño vertical. Esto, según el arquitecto Hugo Barrientos, cuya compañía construyó el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca con asesoría de expertos americanos, permite tener centralizado el control de la cárcel.

Durante un intercambio de puntos de vista entre el director de Centros Penales, el arquitecto González y el académico Rodríguez Loucel, se llegó a afirmar que la prisión ideal debería tener paredes, techos, pisos y camas de concreto.

Celdas para 20 prisioneros, y un 50% del área de la prisión sin techar, para canchas y granjas al aire libre. Rodríguez Loucel sugirió que las nuevas prisiones —de llegar a ser realidad— sean edificadas en focos de desarrollo donde los reos —aptos para ello— se incorporen a las actividades productivas de la zona.

Exceso de población

Pero edificar nuevas prisiones no resolvería todos los problemas. La población carcelaria va en aumento.
La sobrepoblación en las prisiones es achacada, por las autoridades de Centros Penales, a la falta de infraestructura y a lo que Ástor Escalante llama “mora judicial”, ya que un 32% de la población carcelaria está a la espera de ser declarada culpable o inocente. Pero los jueces de sentencia y de vigilancia penitenciaria creen que el origen de la sobrepoblación carcelaria radica en otro punto.

El juez Rogel Zepeda, del Tribunal 3º de Sentencia, cree que el problema de fondo es que, en El Salvador, la detención provisional se ha convertido en la regla y no en la excepción, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, la jueza de Vigilancia Penitenciaria Josefa Noya Novais sostiene que el sistema penal se ha saturado, porque las autoridades sólo se han preocupado por reprimir.

Por su parte, el abogado Jaime Martínez Ventura, director del Centro de Estudios Penales de El Salvador, Cepes, afirma que entre los factores que causan los problemas penitenciarios está la sobrepoblación de las cárceles, el uso extendido de la prisión como pena y como medida cautelar junto a la insuficiente aplicación de penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.

Martínez Ventura cree necesario eliminar los obstáculos jurídicos para aplicar formas más amplias de beneficios penitenciarios y un mayor uso de alternativas a la prisión como pena y como medida cautelar. El abogado pone como ejemplo el trabajo en función social.

Por su parte, Walter Aquino, del Departamento de Reos sin Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, indica que el problema de la sobrepoblación tiene dos soluciones a corto plazo. La primera sería una mayor coordinación bien estructurada entre el Órgano Judicial, la Fiscalía y la Dirección General de Centros Penales. En segundo lugar, Walter Aquino cree necesario una mejor capacitación del personal de dichas instituciones.

Ocio violento

Desde la pasarela de Mariona, a una altura aproximada de cinco metros, es posible ver a los reos que atienden la prédica de un pastor evangélico.

El director de Centros Penales teme que mientras unos están en el culto, y otros elaboran artesanías, hay quienes pasan el tiempo haciendo nada. Las autoridades carcelarias saben que la combinación de hacinamiento y ocio genera conflictos. Por eso, el ocio carcelario es una gran preocupación.

En el diálogo entre Ástor Escalante, el arquitecto González y el académico Rodríguez Loucel, se barajó la posibilidad de que los reos tengan más posibilidades de participar en actividades productivas. Ástor Escalante contempla la idea de que la empresa privada instale pequeños centros de producción en las cárceles, en los que puedan participar reos aptos para asumir esas responsabilidades. Así, los reos tendrían ingresos que les permitirían ayudar a sus familias y pagar un precio simbólico por algunos de los servicios que reciben en la prisión, por ejemplo el de alimentación.

En cuanto a este punto, el director ejecutivo de la ANEP, Raúl Melara Morán, asegura que dicha gremial ha venido colaborando con la Dirección General de Centros Penales para proporcionar a los reos opciones de trabajo en el interior de los recintos que vayan más allá de la elaboración de artesanías.

Pero en tal dirección se cree que la violencia no sólo se evita con trabajo, sino también con recursos (personal, equipo e instalaciones) que garanticen la seguridad en los recintos carcelarios. Pero mientras no se cuente con suficiente financiamiento, Ástor Escalante cree que la violencia se puede evitar separando a los reos de mayor peligrosidad del resto.

Para hacerlo, el director vuelve a señalar la necesidad de construir nuevos centros penales. Sin embargo, con el presupuesto que tiene desde hace siete años, esto es imposible. Para construir centros penales de concreto se hacen necesarios donativos de la empresa privada y la autogeneración de ingresos. Pues, aunque Ástor Escalante esté convencido de que hay voluntad política para resolver la crisis carcelaria, siempre será “más atractivo” construir una nueva escuela que un nuevo centro penal.

Sin embargo, jueces y abogados creen que no es con nuevas cárceles que se resolverá este problema, sino dotando a la Dirección General de Centros Penales de un mayor presupuesto que le permita tener las condiciones materiales mínimas para cumplir la ley penitenciaria.

Mientras, los actores del sistema judicial y penal del país se ponen de acuerdo en cómo resolver este problema la crisis. De seguir así, seguirán fraguándose planes de fuga; y las muertes violentas en los centros penales seguirán ocupando titulares.