Desde enero de 2004, la venta de 12 sustancias está restringida, pero estas medidas no inhiben
el acceso fácil a tales productos. Aunque reciente, esta iniciativa —impulsada por la cartera de Salud— busca reducir el número de intoxicaciones que cada año es mayor. La disposición del Ministerio ha originado un debate: ¿Basta con esta medida? o ¿es necesario prohibirlos?

Fotos EDH / Omar Carbonero

El sol de las diez de la mañana cae con fuerza sobre la piel oscurecida de Jorge Jiménez, mas éste no se inmuta; sus largos años dedicados a la labranza han pasado bajo los fulminantes rayos.

Desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, él y otros agricultores vigilan, paso a paso, la milpa y la tomatera.

Pero esa vigilancia se convierte también en contacto permanente con la tierra, con los fertilizantes... y con los venenos. Tras abonar, riegan cualquier químico que les ayude a combatir las plagas y las malas yerbas.

Así es la rutina entre estos sembradores de Zapotitán. Por sus manos han pasado incontables cantidades de estas sustancias, sin que eso tampoco les inmute: es así como han aprendido a tratar los cultivos.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), El Salvador, desde 2000 hasta octubre de 2004, importó un promedio anual de 3.7 millones de kilogramos y litros de insumos agrícolas que abarcan fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas y rodenticidas, entre otros.

Tal cantidad no sorprende a Óscar Figueroa, gerente de la Asociación de Proveedores Agropecuarios (APA), cuando la compara con otros países como Guatemala, donde las cifras de compañías importadoras de agroquímicos pueden llegar hasta $80 millones.

Sólo la APA abarca el 85% del mercado de estos insumos en el país, y dice invertir entre $ 19 y 20 millones anuales.
Por eso, en zonas de tradición agrícola como Zapotitán y Las Pilas (Chalatenango), la agricultura depende totalmente de agroquímicos porque, según sus usuarios, es el arma inmediata y efectiva contra los atacantes naturales de las plantas como la mosca blanca y el gusano “cuerudo” o cogollero.

Si a esto se agrega el uso de herbicidas para limpiar la maleza, las cantidades que se vierten sobre cultivos y suelo son voluminosas. El ingeniero Figueroa habla de que, al año, los campos agrícolas, en manos de unos 500 mil campesinos, generan unas 300 toneladas de envases como desechos.

En boca del campesino, recurrir a químicos para combatir plagas o estimular el crecimiento de los cultivos es algo imprescindible. Julio Acevedo, productor de caña, maíz y hortalizas de Zapotitán, sostiene que sólo en fungicidas gasta —en una sola cosecha de pepino— $1,000.

“Todos los agroquímicos nos están terminando, al igual que el IVA y los bajos precios que imponen a nuestros productos”, agrega.

Otros productores no se lamentan tanto al hablar de esa dependencia. Manuel Andrade es un productor que dice haber trabajado durante 35 años de la mano del Tamarón, un herbicida.

José Armando Menéndez resultó afectado en una pierna después de que le cayera fungicida hace un año.

En este andar entre cultivos, los agricultores están al día con marcas y efectos, mas no parecen estarlo en cuanto a implicaciones en la salud, el medio ambiente y especialmente en el riesgo que corren al manipular sin ninguna protección.

Lo mismo ocurre cuando escuchan de restricciones para algunos productos que usan a diario. Tampoco dimensionan si el uso de tanta sustancia química pueda causarles algún daño.

Ellos no conocen de composiciones químicas, sólo saben reconocer la efectividad contra insectos, hongos y demás.

“El Paraquat está saliendo bueno últimamente, viera qué rápido mata la mala yerba de las acequias. Yo aplico cada semana un botecito por cada bombada”, explica Jorge.

En la voz de estos agricultores, hablar de ataques de bacterias como los nematodos significa atacarlas con químicos que tienen a la mano, una práctica a la que han recurrido desde que aprendieron el oficio de agricultor.
¿Pero quién controla el uso, la venta y la seguridad?

Más control

El 29 de enero de 2004 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 18, en el cual se imponen restricciones para la comercialización y uso de 12 productos agrícolas conocidos genéricamente como Paraquat, Metil paration, Endosulfán, Metamidofós, Terbufós, Carbofurán, Metomil, Forato y Dimetoato.

Las barreras le implican al vendedor ofrecer estos productos bajo firma, número de identificación, nombre y justificación de uso. No los pueden comerciar con niños, embarazadas y discapacitados mentales.

Las medidas nacieron por iniciativa del Ministerio de Salud y de un consenso entre la Comisión Nacional de Plaguicidas (Conaplag), que incluye a los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, así como la Universidad de El Salvador, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), APA y otros.

Salud justificó este acuerdo no sólo en el número de intoxicaciones agudas por plaguicidas que registra desde 1996, sino también porque los productos ahora restringidos aparecen como los más utilizados para suicidios y como causa de accidentes laborales y homicidios.

Según el doctor Julio Armero, coordinador nacional de Epidemiología, en los últimos tres años los casos de intoxicaciones por plaguicidas han oscilado entre 1,800 y 2,000, cifra preocupante porque refleja el fácil acceso que se tiene a estos productos.

Precisamente, según Armero, la idea del decreto era limitar la venta, misión que está llevando a cabo la División de Registro y Fiscalización del MAG. Para el jefe de esta división, José Rutilio Aguilera, dicho acuerdo es un primer paso en el manejo de esta problemática y para que se haga un manejo adecuado de estos productos, los cuales son “necesarios para la vida productiva”.

La APA dice que ya no importa contaminantes como los organoclorados.

Héctor Sermeño, representante de la Unes en Conaplag, cree que “las restricciones se refieren a cosas ridículas. Tengo la impresión de que no se están cumpliendo, porque es muy difícil supervisarlas, porque no se tiene la logística”.

Pero algunos miembros de la Comisión indican que no se puede medir resultados a escasos meses de decretadas las restricciones, pues por el momento se está en la etapa de divulgación a nivel de los agroservicios y usuarios.

Sin embargo, un breve sondeo entre agricultores reveló que no conocen tales restricciones y que compran libremente los productos en los agroservicios.

Además, en Las Pilas, algunos productores y empleados del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) mencionaron que muchos de esos productos entran de forma clandestina por puntos ciegos de la frontera y que el Estado debería ejercer mayor control.

Es un proceso

Al margen de estos productos restringidos en el país, agricultores y productores en general también desconocen que hay sustancias prohibidas en el mundo como el Lannate, Tamarón, DDT, el Lindano o la familia de los drines.

Sobre el DDT y el Lindano, algunos en Zapotitán, dicen que no lo usan, “porque ya no lo venden”. Pero el Lannate, por ejemplo, sigue siendo para agricultores como José Luis Posada, de Las Pilas, un efectivo veneno contra los tacuacines y las taltuzas que atacan su tomatera.
Pero mientras El Salvador impone restricción a plaguicidas que integran la “docena sucia”, en países como Costa Rica, éstos han sido prohibidos.

El doctor Armero dice que el Decreto 18 y la misma vigilancia sobre intoxicaciones que registran desde hace ocho años, es parte del proceso en el que el país ha entrado, en el marco de un esfuerzo mundial por sacar del mercado esas sustancias tóxicas.

“Empezamos con la restricción cuyo seguimiento se lleva a nivel de la comisión, y si se mira que no se está aplicando, que hay fallas de operativización y estamos viendo siempre el efecto, es mejor pedir que no se importe esos productos”, dice Armero.

La palabra prohibición suena mejor al oído de ambientalistas como Sermeño porque la restricción “deja abierta la puertecita” para que se sigan comercializando productos dañinos. “El acuerdo se hizo doblegando el brazo de la APA porque ni siquiera querían aprobar la restricción.Aunque sabemos que eso no funciona, por eso insistimos en que se prohíban”.

Pero la APA se defiende. El ingeniero Figueroa dice que haber aceptado el acuerdo significa un primer camino para ordenar el sistema regulatorio que conlleve fiscalización, pero también educación y capacitación al agricultor, quien al hacer un mal uso de los agroquímicos contamina el medio ambiente.

“Una prohibición debe seguir un procedimiento en el que se declare con una base técnica y científica que ese producto es de alto riesgo y que está causando daños en la salud... y si Salud está reportando intoxicaciones por mal uso, entonces la mejor herramienta está en la educación”, responde Figueroa.

Efectos nocivos

Si se restringe o prohíben estas sustancias se ha convertido en un debate mundial, mas no así entre los agricultores que viven expuestos todos los días.

Para Julio Acevedo, el peligro de estos químicos termina cuando se imponen barreras como guantes, mascarillas y botas de hule. Sin embargo, frente a él, dos trabajadores fumigan sin más protección que un paño sobre las cabezas.
“No creo mucho que hagan daño, pienso que esto de decir que uno es tóxico y sacarlo del mercado para sacar otro y venderlo, se debe nada más que a competencias comerciales”, opina Acevedo.

Pero esta incredulidad en unos se vuelve sospecha en otros. Por ejemplo, Jorge Puncio, agricultor de 78 años, padece artritis en su pierna. él no cree que su mal pueda derivarse de haber tenido contacto con químicos tras 68 años en el oficio. Pero el doctor Armero cree que la relación químicos-artritis es posible.

No obstante, don Jorge nunca ha consultado con el médico por su enfermedad. “La artritis no se cura”, se resigna.
Un estudio realizado por Salud en 2000, indicó que el 89% de 5,763 agricultores encuestados no acudió al médico cuando tuvieron accidentes relacionados con plaguicidas.

Los campesinos han perdido el temor a estos venenos y llegan al punto de no protegerse y hacer las mezclas con sus manos.

Los hombres de entre 20 y 59 años que viven en el occidente del país son los que más se envenenan.

“El que es débil se intoxica”, pregonan algunos productores de Las Pilas, donde unos diez agricultores de la zona han muerto intoxicados o se han salvado de morir en los últimos dos años.

Alfonso Landaverde, un hombre de 56 años que “no le temía al veneno”, acabó con su vida cuando saltó a su cara la mezcla de dos insecticidas que preparaba para fumigar un sembradío de papas.

Si bien la falta de cuidado al manipular estas sustancias y sus efectos es real entre los sembradores, el acceso fácil a tales productos es algo que debe ser considerado.

El doctor Armero dice que acá es donde el MAG debe procurar un efectivo control de la venta a través de monitoreos continuos.

Pero el ingeniero Sermeño es tajante al observar que la prohibición y sustitución por técnicas más saludables, como la agricultura orgánica, sería lo más adecuado.

“El agricultor se acomodó al uso de químicos, porque en agricultura orgánica va a chapodar en lugar de tirar el herbicida”, afirma.
Pero, a primera vista, la agricultura orgánica no encuentra muchos aliados porque no es efectiva en términos de producción, aunque sea beneficiosa para la salud.

“Lo ideal no siempre es posible porque usted tiene que responder en términos de costos para el mercado”, apunta Aguilera.

¿Un mal necesario? Quizá. Lo cierto es que nuestra agricultura sigue dependiendo de enormes cantidades de químicos. Por eso no es raro que la cifra de intoxicados laboralmente suba. Cinco personas son atendidas cada día y cuatro fallecen cada semana por esta causa, la mayoría hombres en edad productiva.