Ajuste de cuentas. Esa es la hipótesis más fuerte de la División de Investigaciones de la PNC en torno a los asesinatos de al menos 11 indigentes durante 2004. Lo que en un principio pareció obra de un sicópata se perfila como sangrientas cancelaciones

Algunos de los que duermen en la calle creen que las 11 muertes que registra la PNC no han sido las únicas ocurridas durante 2004. Foto Jorge Reyes

Ángel inicia su jornada laboral en la 3ª Calle Poniente mientras un vigilante ve las 4:30 a.m. en su reloj y suspira porque el relevo tardará.

A esa hora del 2 de septiembre de 2004, “Él” todavía duerme bajo las letras rojas de la cartelera que anuncia a El último legionario y a Infierno como atracciones del día.

Dos suéteres, un pantalón y una pañoleta estampada con la leyenda “American Motor Cycle” son su armadura contra el frío. Nadie sabe su nombre. Tampoco porta documentos. Sin embargo, es parte del paisaje matutino del Cine Central, en San Salvador.

Con sigilo, un hombre se aproxima, se inclina sobre él y le toca el abdomen con la rodilla. Luego, levantándose la camisa, deja ver el filoso cuchillo de cocina. Y ejecuta su acto.

Segundos después, el asesino corre hacia el parque Hula Hula y es perseguido por el vigilante. Lo alcanza , lo tira al suelo y le grita que suelte el cuchillo.

El perseguidor no se ha percatado de que el arma ha quedado en la escena del crimen poco después de que la punzada provocó el horrible alarido.

“¡Ay! !Ayúdenme! ¡Me puyaron!”, fueron las últimas palabras del barbado indigente, quien cayó de espaldas sobre la acera, frente a una tienda de electrodomésticos contigua al Cine Central, y al que Ángel intentó auxiliar... en vano.
El forense, que llega después de una hora y media, le calcula unos 23 años de edad al cuerpo tendido “cabeza al norponiente, pies al surponiente”.

A tres metros del petrificado pie derecho está el cuchillo con mango negro que Miguel Ángel López García —como reza en su posterior declaración ante la Policía— usó para su crimen. La autopsia revela “lesión de estructuras intrabdominales importantes” provocada por arma blanca.

La defensa de López García alegará que su cliente atacó al “no identificado” porque junto a otros tres individuos le robó 40 dólares. Para vengarse, López García se dirigió a su casa, agarró un cuchillo, regresó al lugar del asalto, reconoció al indigente como uno de los asaltantes y lo apuñaló.

Esta muerte es una de las 11 sucedidas en 2004, en el área metropolitana de San Salvador. De ellas sólo tres tienen presuntos autores. Del resto nada se sabe, excepto que andan en la calle y que podrían atacar de nuevo. Los dictámenes forenses indican: cuatro muertos por arma de fuego, cinco por arma blanca y dos sin determinar.

Al inicio de las indagaciones, un jefe policial creyó que el asunto era obra de un asesino en serie; esa fue su hipótesis inicial cuando, en una reunión dentro del cuartel central de la PNC reportó las “novedades”.

Pero la versión, con el paso de las investigaciones, tomó otro rumbo. Los detectives descartaron al sicópata porque no hallaron “un patrón” en los asesinatos. Ampararon su idea en que las armas usadas eran distintas y que las lesiones no eran en el mismo lugar del cuerpo.

Entonces surgió la sospecha del narcotráfico. La hipótesis más fuerte es que, al menos en la mitad de los casos, los indigentes recibieron crac para comercializarlo, lo consumieron y, al no tener cómo pagar el valor de “la piedra” ($1 cada una), cancelaron con sus vidas. Los policías creen esto por varios motivos.
Le dicen “la Pana”

Los agentes que patrullan el centro de San Salvador reciben una llamada del 911.
Son las 4:00 a.m. del 24 de abril de 2004 y deberán conducir hacia el poniente de la ciudad.

El cuerpo de Agentes Metropolitanos hizo un censo de menores pordioseros entre marzo y junio y contabilizó 59.

Allá está ella, al borde de una quebrada. Quedó tirada en una zona donde “no hay luz artificial”, detalle que no preocupa a los inquilinos de este dormitorio al aire libre donde el paso a desnivel de la Avenida Monseñor Romero hace de cielo raso. Aquí duermen ellos, un grupo de indigentes adictos a la pega que atemorizan a vecinos y visitantes del barrio Candelaria.

La mujer, de edad media, está semidesnuda y muerta desde hace 4 ó 6 horas.

La sangre en su mejilla, “un mango de plástico negro para cuchillo de cocina —según el reporte policial—”, ropa interior y sus huellas, son la única evidencia con la que policías y fiscales cuentan.

No hay testigos. Sólo una indigente que informa a la policía que “La Pana” también lo era y que le gustaba consumir droga.

Si Ruth Maribel Torres Guevara, como la identificaron más tarde, había o no consumido drogas antes de morir es un misterio, pues la Fiscalía no ha solicitado un peritaje a Medicina Legal.

Sin embargo, la Policía da por sentado que la mayoría de indigentes permanecen alcoholizados o bajo los efectos de alguna droga depresiva como la pega y, en el más comprometedor de los casos, “piedra”.

La presunción cobra fuerza con casos como el de César Balmore, un vagabundo al que Luis Salazar, otro mendigo, encontró el 8 de noviembre de 2004 en un predio baldío ubicado en la 50ª avenida Norte y calle antigua a Soyapango.
Luis tenía ganas de orinar y por eso llegó al terreno abandonado donde halló a Balmore, muerto y con los brazos abiertos, sobre el zacate. No lo conocía pero la espeluznante escena lo hizo correr a buscar un teléfono para llamar a la policía.

Cuando los agentes llegaron, Balmore seguía ahí, con su primer nombre —César— tatuado en el tórax y con dos orificios en la parte trasera del cráneo y uno en el glúteo... Ya no habría oportunidad de demostrar que no haría mal uso de la libertad que recuperó gracias a un procedimiento abreviado a su favor, en el que se había declarado culpable de los cargos de posesión y tenencia de drogas.

En el Barrio San Miguelito varios vagabundos duermen a inmediaciones del comedor para ancianos Mamá Margarita.

El hecho que a veces los únicos testigos de los homicidios sean los mismos indigentes obstaculiza las investigaciones. Al permanecer la mayoría del tiempo bajo los efectos de alguna droga depresiva, su testimonio “no es de fiar” para las autoridades.

Posiciones dispares

El jefe de la Delegación Centro de la PNC, Sub Comisionado Vladimir Alberto Cáceres, asegura haber indagado los antecedentes penales de los vagabundos que merodean el Barrio San Miguelito, La Rábida y la colonia Layco. “El 90% de ellos tiene antecedentes penales”, asegura.

Cáceres está convencido de que los indigentes son utilizados por los pandilleros para cometer crímenes y que las muertes de éstos vagabundos se deben a que “tienden a volverse violentos al consumir (droga) o a consumir lo que les dan para distribuir”.

Pero la División Antinarcóticos (DAN) de la misma PNC no ve a los indigentes como distribuidores, sino como consumidores. Y el sub inspector Flores, de la DAN, señala que los distribuidores también los usan como “antenas” que les avisan cuando la policía anda cerca.

Por su parte, el Fiscal José Alberto Alas, jefe del Departamento Antinarcotráfico de la FGR, cree que las hipótesis del ajuste de cuentas por drogas son erradas.

En opinión del fiscal, la lógica indica que los indigentes, en lugar de ayudar, serían un problema para los distribuidores tanto por su dependencia a la sustancia como por la lentitud para llegar hasta determinado sector y advertir que las autoridades están cerca.

Vagabundos como los de la Calle Rubén Darío admiten que el alcohol y las riñas entre ellos mismos también causan tragedias.

La voz del indigente

Yo me quedo a dormir aquí. Si no le debo nada a nadie, ¿por qué van a venir a hacerme algo?... Tal vez un maniático”.

Esas son las palabras con que José M., un vagabundo del barrio San Miguelito explica la situación de los asesinatos de mendigos.

Tiene 43 años de vida y desde hace dos duerme en las calle. Él tiene claro quiénes pueden velarle el sueño: “Tengo muchos amigos que son delincuentes: asaltan, roban y... Pero ese es problema de ellos”, dice excluyéndose.

Como él, los indigentes entrevistados en el Barrio San Miguelito, a lo largo de la Rubén Darío, San Jacinto y Candelaria negaron que ellos o alguno de sus compañeros distribuyan droga.

Pero muchos coinciden en que en la calle muere el que se lo busca. “¡Huevean, pues! La rebusca es permitida, pero honradamente”, aclara “Diablo”, un hombre de 28 años de los cuales ha dormido siete sobre una acera.

Ajuste de cuentas del narcotráfico, vengadores o simples riñas entre los mendigos. Esas son las presunciones más adoptadas por los investigadores sobre un problema que sigue ahí, en las calles de San Salvador, donde no llega más que la esperanza de amanecer vivo.

Zonas peligrosas Seis homicidios sucedieron en zonas que la DAN identifica como“DE INCIDENCIA” de droga: san jacinto, candelaria, lourdes, ciudad delgado y las tutunichapas I, II, III y IV.
24 de abril “La Pana”, una indigente consumidora de drogas, es acuchillada varias veces en las cercanías del Barrio Candelaria. No hay testigos ni sospechosos.	3 de septiembre Un desconocido que dormía frente al Cine Central es acuchillado en el abdomen. El agresor es atrapado por un vigilante de la zona y espera audiencia.	22 de septiembre Un menor de entre 10 y 12 años de edad recibe varios disparos de arma de fuego en la 19a. Calle Oriente de la Comunidad Tutunichapa IV.	26 de septiembre Un hombre no identificado es asesinado frente al Viceministerio de Transporte. No se ha identificado a la víctima ni a ningún sospechoso.

Ronda nocturna con la muerte
Los riesgos de la mendicidad

Los homicidios y las muertes violentas de indigentes en 2004 no son los primeros que se registran en nuestro país. Piedras, machetes y armas de fuego han sido utilizados para agredir a quienes pernoctan en las calles. Mareros y vigilantes habrían sido los agresores más comunes a los que suelen enfrentar

20 de enero. Una vaganbunda, supuestamente enferma, muere sobre la Calle Delgado, entre la 10a y 12a Av. Sur.

Adán duerme a un costado de la delegación de la PNC en San Jacinto. Tiene 80 años y llegó allí hace dos meses después de que la policía impidiera que unos ladrones lo golpearan frente al ex Cine Capitol.

“La situación antes era mejor -se queja- no como ahora, con mareros, ladrones y huelepegas”.

Él no es el único que se lamenta por la violencia en las calles. “Un montón de veces me han asaltado y me han dejado sin zapatos, sin cincho y sin nada”, dice José M., indigente del Barrio San Miguelito.

Pero los que viven en las calles no sólo son agredidos mientras duermen. Algunos, según afirman, han sido atacados a tiros por vigilantes que los acusan de pretender robar los sitios que ellos cuidan.

Pero un vigilante de una venta de respuesto sobre la calle Rubén Darío explica que el problema es que “ellos (los indigentes) sólo rondan la zona, pero si hallan a alguien que le agarró la noche, lo asaltan”.

Casos confusos

La lluvia les jugó una mala pasada a Héctor Alcides Arias Aguilar, de 25 años, y a Carlos Augusto Velásquez, de 24.

14 de junio. María Ester Alfaro sobrevive al ataque de dos perros pitbull en Santa Ana. Perdió ambos pies.

Mientras intentaban protegerse del aguacero en un edificio del Centro de Gobierno, llamaron la atención de los vigilantes.

Estos, al considerarlos sospechosos, les dispararon y acertaron dos veces en las piernas de Arias y tres en la pierna derecha de Velásquez. Una vez en el Hospital Rosales, los indigentes acusaron a los vigilantes de agredirlos y los uniformados fueron detenidos.

El suceso, ocurrido en agosto de 2003, pareció repetirse cinco meses después, cuando el vigilante de la Universidad Cristiana Víctor Manuel Serrano, ubicada en la 2ª Avenida Norte y 27 Calle Poniente del Barrio San Miguelito, disparó “a quemarropa” contra un pordiosero que supuestamente ingresó a las instalaciones del centro educativo para robar. Aún así, Serrano está acusado de homicidio y el caso sigue siendo investigado por la PNC.

4 de enero. Un indigente es asesinado dentro de la Universidad Cristiana donde supuestamente iba a robar.

“Eso es lo malo, que la policía y la gente civil juzga sin saber y se guía por apariencias, pero hechos legales no los tienen”, reacciona José M., quien asegura no tener antecedentes penales: “Gracias a Dios nunca he pisado una cárcel”.

Pero los vigilantes no tienen la exclusividad en cuanto a ejercer la presunta violencia contra los indigentes.

“Beto” un vagabundo que dormía en la antigua estación de trenes de Quezaltepeque se negó a entregar la limosna del día a dos jóvenes con aspecto de mareros. Pero lo que no quiso entregar por las buenas se lo quitaron a fuerza de puñetazos y puntapiés.

Fue el 9 de marzo de 1997 y la muerte de “Beto” no es la primera ni la última atribuida a miembros de maras. En septiembre de 2000 otro indigente murió a machetazos en el Barrio El Ángel, de Santa Ana.

Entre las hipótesis de la policía en esa ocasión se encontraban dos posibles motivos esgrimidos durante 2004: que el homicido era “parte de un exterminio de este tipo de personas” o que había sido por “venganza”.