Esclarecer todos los asesinatos que ocurren en el país es una empresa complicada. La parte investigadora argumenta insuficiencia de recursos y dificultad para reunir evidencias y testigos. Los críticos señalan negligencia, incapacidad o administración inadecuada. Pero, los muertos siguen contando.

Los primeros rayos de luz del pasado 2 de mayo descubrieron una escena dantesca. Dos cuerpos calcina-dos yacían en la vere-da de un cañaveral en Aguilares.

Era domingo. Pocas horas antes, ese lugar había sido la escena del homicidio de Blanca Lidia Ángel y Evelyn Arelí Guillén, de 18 y 19 años respectivamente. La fiscal de turno de la regional de Apopa, Lucrecia Padilla, recuerda haber recibido la denuncia a través de una llamada telefónica. “Estaban tan quemadas que el médico forense, Rodolfo Zetino Chicas, tuvo que recolectar elementos que nos ayudaran a saber quiénes eran”, asegura.

La brutalidad del hecho dificultaba la identificación de ambas jóvenes, lo que planteaba el primer reto para la autoridades.
La fiscal Padilla asegura que en un primer paso solicitó a la Policía Nacional Civil (PNC) información sobre todas las personas desaparecidas para que los familiares se acercaran a Medicina Legal. “Se presentaron dos mujeres, Anselma Guillén Orellana y Presentación Ángel Orozco, reclamando la maternidad de las víctimas”, recuerda la fiscal.

Tras una autorización del Juzgado de Paz de Aguilares, para que se practicara una prueba de ADN, se logró identificar a las víctimas. La primera de las preguntas sobre el crimen estaba resuelta. Pero el caso era complicado. En la primera inspección la Fiscalía no había logrado establecer a un testigo que pudiera señalar a los culpables de ambos homicidios. Un caso entre muchos que están en lista de espera.

Según un reporte preparado por el Sistema de Seguimiento de Expedientes en Tribunales de Sentencia, el año pasado estos seis tribunales emitieron 132 fallos condenatorios a nivel de homicidios agravados y simples, contra 80 absoluciones y 2 sobreseimientos definitivos.

Hasta el 9 de septiembre de este año, estas instancias judiciales han emitido 115 condenas, 60 absoluciones y 4 sobreseimientos definitivos en procesos por homicidios agravados, simples y culposos.
En total, entre 2003 y el 9 de septiembre de este año, han procesado 509 casos de homicidios, incluyendo los tipificados como atentatorios y aquellos que han sido suspendidos.

Aunque faltaría ver cuántos casos más se han ventilado en el resto de los 21 tribunales que existen en todo el país, esta muestra permite hacer una relación entre los procesos judiciales abiertos y el número personas asesinadas.
Al colocarlos en una balanza la desproporción es grande. El juez Rivera encuentra una justificante y es “la enorme carga” de trabajo que pesa sobre los hombros de la Fiscalía.

La fría realidad

El fiscal Gendrix Flores, de la Unidad de Delitos contra la Vida, confirma la recarga de trabajo que pesa sobre ellos.
“El panorama es realmente grave”, dice cuando trae a cuenta los 4 homicidios que atienden cada noche como promedio.

Esa incapacidad de investigar la totalidad de homicidios puede explicar el bajo número de ingresos de causas por homicidio en los registros nacionales de la CSJ. En 2003 contabilizó 387 homicidios, entre agravados, simples y culposos. Este año, hasta el 30 de junio, suman 204.

Pero a la par de esto, está otro punto, y es hacer la relación fallos condenatorios y los absolutorios y de sobreseimiento, cuya diferencia no es tan grande.

El juez Rivera no quiere opinar sobre la desproporción entre número de procesos judiciales y número de homicidios, pero sí lamenta que en un alto porcentaje de absoluciones que emite su tribunal, obedezcan a una mala investigación, la cual corresponde a Fiscalía y Policía.

La Fiscalía tiene su propia percepción y explicación. Gendrix Flores dice que si bien trabajan de manera coordinada con Medicina Legal y Policía, enfrentan una insuficiencia de recursos para la importante cantidad de asesinatos que se registran en el país. Pero Flores no olvida señalar que una de las principales dificultades para esclarecer un homicidio es uno de los delitos más difíciles de investigar porque la evidencia no está a la vista.

El caso Guillén

Al analizar el asesinato de las hermanas Guillén en retrospectiva salta a la vista el hecho de que hay proceso más rápidos que otros.

Pero, a estas alturas, más que saber el motivo del asesinato, pesa otra interrogante: ¿Quién las mató? La fiscal regional de Apopa, Lucrecia Padilla, asegura que trabajan en coordinación con la PNC. “Hemos logrado ubicar a una persona que, bajo el régimen de protección a testigos que puede ubicar con quienes fueron vistas las víctimas poco antes de desaparecer de una fiesta”.
La fiscal Padilla asegura que la investigación arroja por hoy una probabilidad: que los autores pueden ser pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS), ya que una de las jóvenes (Evelyn Arelí Guillén) estaba vinculada a la banda contraria, la 18.

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Han pasado cuatro meses y pese al testigo, la Fiscalía no ha logrado individualizar el hecho. Si no se logra esto, el homicidio de estas jóvenes se archivará y pasará a ser una estadística más.
De hecho, los registros policiales y de Medicina Legal, por ejemplo, están abultados de otros tantos crímenes que por ahora navegan en la impunidad.

Entre enero y agosto de este año, la policía dice que han sido asesinadas un total de 1,797 personas. Un 59.7% de estos asesinatos se registraron en la zona urbana y el resto en el área rural.

Pero los cálculos de la policía ofrecen un panorama de cuántos mueren’ pero también de cómo y por qué mueren tantos salvadoreños. Siete de cada cien personas sufrió violencia y de este número un 82.3% tenían menos de 40 años. De los 2,388 casos contabilizados en e 2003 por Medicina Legal, un 83.5% de los asesinados tenía edades entre los 15 y los 40 años.

Ambos registros también revelan que los salvadoreños mueren en más de un 70% por armas de fuego, seguida de las armas blancas.

Esto puede explicarse por la gran cantidad de armas de fuego en posesión de civiles. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las estimó en más de 450 mil.
Pero esos números también revelan que el motivo por el cual se asesina en El Salvador es, además de variado, en muchos casos ilógico. Resistirse al robo puede que resulte más comprensible como causa de muerte que la enemistad o los líos amorosos.

Pero cuando se hace un repaso de las causas de homicidios, la “delincuencia común” es la que pesa de manera abrumadora. De los homicidios registrados el año pasado por Medicina legal, el 57.37% fue por esa causa.

Una de las tantas víctimas de la delincuencia ocurrida hace dos semanas es Manuel Antonio López Hernández, un próspero vendedor de lotería que operaba en el centro de Soyapango, el tercer municipio más violento del país según Medicina Legal.

La vida de este trabajador terminó en un abrir y cerrar de ojos la tarde del 8 de septiembre, cuando supuestos asaltantes lo esperaban en su casa ubicada en la colonia Floresta.

En la escena del crimen fueron encontrados varios casquillos y un arma que se supone pertenecía a la víctima.
El móvil del crimen en este hombre corpulento y de piel morena pudo deberse al robo, aunque eso lo determinará la investigación que lleva a cabo la fiscalía de Soyapango. Este no es un caso excepcional, en municipios como Soyapango, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate es una constante. Pero si la cantidad de asesinados que contabiliza la policía y Medicina Legal son preocupantes, las de la Fiscalía lo son aún más. En sus cuentas, el año 2003 heredó 5,090 homicidios.

La ‘sobredemanda’

Si al escaso número de investigaciones se suma el tiempo que se invierte y los resul-tados, la justicia luce distante.
Las cifras son abultadas, independientemente desde donde se miren, pero escasos son los casos que llegan a someterse a un proceso judicial.

Aunque en unos más que en otros, la muerte violenta de salvadoreños es una realidad dura de combatir y por eso la impunidad reina en la mayoría de expedientes. La Fiscalía es clara al decir que al mes ven un promedio de 4 a 6 casos de homicidio.

La interrogante es clara también: ¿Cuántas muertes no son investigadas? Partiendo de los números de la Fiscalía, en 2003 se abrió expediente a una ínfima cantidad de homicidios con respecto a las seis que ocurren a diario, según la policía.

¿Cuánto tiempo puede tardar la investigación de un crimen? La fiscal Lucrecia Padilla asegura que ellos mismos establecen un tiempo determinado para que el investigador de la policía rinda los resultados que va obteniendo. “Debería de hacerse lo antes posible”, responde.

Sin embargo, no se atreve a dar un plazo para llevar el caso ante el Juez de Paz, lo cual implicaría -en el caso del homicidio de Evelyn y Blanca- que entren a un debido proceso judicial.

López Hernández, el vendedor amable y emprendedor, murió; pero las investigaciones de su asesinato están estancadas. La Fiscalía de Soyapango dice que falta recoger las declaraciones de la esposa e hijo, quienes se recuperan de heridas graves.

Mientras tanto, los crímenes siguen su curso, una realidad imparable que colapsaría todo el sistema judicial si todos ellos fueran llevados hasta los tribunales.

Sergio Luis Rivera, presidente del Tribunal Sexto de Sentencia, dice que al igual que la Fiscalía no da abasto para atender todos los casos de homicidio, tampoco ellos podrían.

En el tribunal que preside Rivera se ventilan entre tres a cuatro casos de homicidio cada mes. Mirar la cantidad de juicios en proporción al número de homicidios que ocurren al mes, la justicia queda corta.

Resolver los casos de crímenes no es tarea fácil en un país donde la tasa de homicidios, únicamente un día domingo cualquiera, según la policía, gira alrededor de 18.1%.

De los centenares de casos, unos cuantos llegan hasta las cortes. Esto lo reflejó el informe estadístico trazado a nivel de seis tribunales de Sentencia de San Salvador, dos de San Miguel y uno de Sonsonate, que fue brindado a Vértice por la Corte Suprema de Justicia.

Pero la interrogante persiste: ¿Cuántas muertes seguirán en la impunidad antes que el sistema funcione sin retrasos?

La Fiscalía en remojo

El éxito o el fracaso en la investigación de un homicidio depende, muchas veces, de la actuación que tome un fiscal, algunas de las cuáles fueron cuestionadas por Edgardo Amaya, de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y Benjamín Cuellar, director del IDHUCA.

La fiscalía no logra individualizar muchos homicidios por lo que se archivan sin poder determinar a los culpable

ECuántos casos introduce la Fiscalía a un proceso penal y se archivan? ¿Cuántos de los que entran a procesos penales llegan hasta juicio? ¿Y cuántos de los que llegan a juicio son condenados?

Edgardo Amaya, coordinador de investigaciones de seguridad pública y justicia penal de FESPAD, asegura que si se pudiera contabilizar esa información “resultarían datos escandalosos”. El abogado señala que la Fiscalía General de la República tendría que hacer públicos los datos para evaluar el desempeño de la institución.

Pero, más allá de la transparencia, Amaya sostiene que el primer problema que tiene que superar la FGR es que hay una saturación de expedientes y que no todos necesitan la atención que requiere un caso de un homicidio.

“Para esto hay que crear una política que permita mejorar el manejo de los casos que entran a la Fiscalía”, asegura.

Un segundo señalamiento es en referencia a las rotaciones de personal. “Sucede muchas veces que un fiscal atiende una gran cantidad de casos y, por ende, una serie de actividades relacionadas con cada uno que le pueden chocar en la agenda”.

Cuando hay coincidencias en los horarios el fiscal tiene que delegar el caso a otro colega y puede ser que este último ni siquiera sepa a quién va a representar. Y así sigue el efecto como en una rueda de caballitos. “Puede darse en casos pequeños y en otros de gran escala”, explica Amaya.

Los errores

Las críticas hacia la fiscalía también son a la dirección funcional de una investigación.
“Tengo la percepción de que no se están realizando investigaciones con la calidad suficiente como para sustentar algunos casos”. Para el representante de FESPAD una de las debilidades en la Fiscalía son de tipo técnico.

Pero Benjamín Cuéllar, director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), no comparte la misma opinión. “Desde que comienzo la nueva normativa (reforma al Código Penal y Procesal Penal en 1998) fueron bien capacitados”, sostiene Cuéllar; pero no deja de reconocer que en cuestión de manejo de escenas del delito y recolección de pruebas no fueron los suficientemente capacitados.

“Te queda la duda de que la fiscalía pueda estar trabajando mal por falta de capacidad, por negligencia o por mala administración. O, lo que es peor, la mezcla de factores”, concluye.

¿El mismo método, distintos resultados?

Los brazos de la Justicia no siempre alcanzan para esclarecer la gran cantidad de casos de homicidios que ocurren en nuestro país. Por distintas razones, unas familias tienen -quizá- mejor suerte que otras. Dos casos ejemplifican cuánto puede avanzar un caso respecto a otro: mientras el secuestro y asesinato de un joven universitario se dilucidó en poco más de un año; del homicidio de tres hermanas oriundas de Zaragoza, no se tiene mayores indicios a pesar de que fueron asesinadas hace tres años.

LEn una mañana del 25 de mayo de 1999, los sueños de un joven universitario fueron truncados.

Mientras hacía sus ejercicios cerca de su casa ubicada en la exclusiva zona residencial Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, Eduardo Ernesto Álvarez Villacorta, un estudiante de la Universidad Albert Einstein, es forzado por varios sujetos a subir a un vehículo.

En segundos, se dirigen hacia el escondite: una casa en la finca El Carmen, en Santa Tecla. Después es trasladado a una primera casa, ubicada en la colonia Jardines del Volcán, y luego a otra, en la comunidad San José del Pino.

Ese mismo día piden a la familia el pago de un millón de colones para liberarlo en el término de 27 horas. Tras una negociación convienen en una suma menor: $250 mil en efectivo y $50 mil más en joyas.

El padre de la víctima llega al lugar indicado, en el Café de Don Pedro de Ciudad Merliot. “¿Tío, me traes el encargo?”, le dijo un joven montado en bicicleta. El dinero fue entregado; pero el joven no fue liberado. Un día después fue hallado muerto, atado de pies y manos y con señales de tortura en el cantón Primavera, de Quezaltepeque.

¿Quién o quiénes lo asesinaron? Las respuestas llegaron bastante rápido. Empleados de una distribuidora de agua embotellada habían presenciado el secuestro y un menor que estaba preso, y que había pertenecido al grupo de secuestradores, eran los testigos claves del proceso.

Así, el 15 de octubre de 1999, la Fiscalía acusaba ante los tribunales de justicia a seis personas: Miguel Ángel Hurtado, José Roberto Martínez, William Eduardo Villalta, Daysi de los Ángeles Ruiz y Dionisio Arístides Umanzor, apodado “El Sirra”, y Fredy Roberto Cruz.

Hurtado habría sido el cerebro del secuestro; Daysi la encargada de recopilar nombres de personas “secuestrables”; Fredy era el informante que se valía de su acceso a una base de datos de la DAN (División Antinarcotráfico de la policía); “El Sirra” habría ejecutado a Álvarez.

El 18 de octubre, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, celebra la audiencia para determinar la responsabilidad de los acusados de secuestro y homicidio. El 13 de abril de 2000 se reconstruye el hecho como prueba documental y capturan a Carlos Ramos Mancía, otro implicado.

El 4 de mayo el Juzgado 2o. de Instrucción de Santa Tecla determina que los acusados deben ir a juicio. Así el 13 de septiembre de 2000. “El Sirra” y Hurtado son condenados a 30 años de prisión y a indemnizar a la familia Álvarez con ¢200 mil. Villalta es condenado a 20 años de cárcel y a pagar ¢50 mil. Al resto se les impone pagar entre ¢10 y ¢25 mil, y diez años en prisión.

¿Una investigación efectiva? Eso es lo que parece, aunque uno de los implicados, Adán Ramos, dijo que la condena sentaba un mal precedente porque al menos él se encontraba trabajando en el momento del secuestro.
Pero el caso de tres hermanas, asesinadas entre 2001 y 2002, es la otra cara de la moneda.

Sin respuesta

Marlene, Sandra y Yubi Orellana fueron asesinadas con absoluta impunidad.

El domingo 12 de mayo de 2002, Vértice publicó un relato construido con base en los testimonios de varios testigos que descubrían a un posible sospechoso de participar en los homicidios de dos de las hermanas Orelllana.

“Spyder”, un proxeneta de las hermanas menores: Sandra (17 años) y Yubi (de 15 años), habría amenazado de muerte a la primera. Según uno de los relatos, él la tenía sometida y amenazada porque estaba obsesionado con ella. La misma testigo aseguraría a Vértice que “Spyder” le habría ordenado a Sandra y a Yubi a que atendieran a unos sujetos recién llegados a la gasolinera Texaco, ubicada sobre el Bulevar Los Héroes, donde las Orellana solían esperar clientes.

Por la familiaridad con la que “Spyder” trataba a los recién llegados se cree que eran conocidos del proxeneta, no así de las hermanas que subieron a la camioneta vidrios polarizados.

Esa fue la última noche que las vieron con vida.
Al día siguente, Sandra y Yubi aparecieron asesinadas sobre la calle al Boquerón.
Para ese entonces, la Fiscalía de Santa Tecla intentaba esclarecer el asesinato de Marlene, la hermana mayor de Sandra y Yubi, ocurrido un año antes.

El fiscal del caso, Marcos Aquino, explicaría en esa ocasión a Vértice que, debido a lo delicado del caso, no podía ampliar sobre el desarrollo de la investigación. Además, no había recibido el resultado de las autopsias.

Hoy, a dos años de los homicidios, no se tiene móvil ni acusados del hecho. Y, aunque el caso no se ha archivado, la Fiscalía cuenta con una sola respuesta: Sandra Orellana murió de un “trauma craneoencefálico severo”, es decir, una herida en la cabeza producida por arma de fuego. Yubi Orellana tenía una herida en la “sección parcial de arteria carótida primitiva izquierda” (una lesión en el cuello).

Pese a la tardanza en la investigación, Marleni de Recinos, jefa de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Santa Tecla, dijo que ésta continúa en curso; sin embargo, todavía no hay pistas fehacientes que conduzcan a determinar a los autores de este triple homicidio. Lo cierto es que este caso no es aislado.

“Tres asesinatos, ninguna respuesta”
Marlene Guadalupe Orellana 21 años Asesinada en marzo de 2001 en Soyapango. Dejó a dos hijos huérfanos	Yubi Orellana 15 años Asesinada en abril de 2002. Su cadáver fue encontrado sobre la calle Nueva al Boquerón.	Sandra Janeth Orellana 17 años Asesinada junto a su hermana Yubi y dejó a un niño en la orfandad