.25 de enero de 2004


INTERNACIONAL

El plan de Bush
Vital para Centroamérica

La dálar-dependencia de las economías centroamericanas ha obligado a que
los gobiernos del área supliquen, a cualquier costo, por la inclusión de sus
ciudadanos ilegales en los programas de legalización en Estados Unidos.

Por Karen Brooks
México
NUEVO LAREDO.–
vertice@elsalvador.com
La última propuesta de la administración de W. Bush no ha logrado satisfacer las expectativas de los hispanos ilegales.

A simple vista, José Félix Rivera, originario de Honduras, no da la impresión de ser muy diferente de los millones de sus contrapartes mexicanas que están trabajando en Estados Unidos sin documentos.
Vive en las sombras al tiempo que trabaja en Texas. Envía dinero a su esposa, hijos y padres.

“Nosotros también tenemos familias que alimentar. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer, justo como cualquier otro”, dijo Rivera, mientras estaba parado en la orilla del Río Grande (Bravo) en Nuevo Laredo, listo para cruzarlo de manera ilegal para buscar un empleo en Houston.

Sin embargo, Rivera, su país natal y los 1.5 millones de centroamericanos indocumentados que están en Estados Unidos tienen mucho más en juego en un programa de trabajadores invitados que está impulsando el Presidente estadounidense, George W. Bush, si se compara con los 4.5 millones de trabajadores mexicanos que, se estima, están bajo el reflector de nuevas pláticas de inmigración, destacan observadores.

“Será exponencialmente mayor en Centroamérica”, afirmó Larry Burns, el director ejecutivo del Consejo de Asuntos Hemisféricos, centro de análisis y resolución de problemas con sede en Washington. “Su economía es mucho menos sofisticada que la economía mexicana, y las condiciones en esos países están en un estado tal que la red de seguridad social prácticamente no existe”.

Conformando el 22 por ciento de la fuerza laboral de indocumentados en Estados Unidos, los centroamericanos a menudo son excluidos de la discusión pública con respecto a la ley de inmigración. Y aún así estos trabajadores, tanto los que están de manera legal como los que no, envían a casa aproximadamente 5,500 millones de dólares cada año, lo cual representa casi el 30 por ciento de la economía en algunos países de América Central.

En comparación, los 14,000 millones de dólares que envían trabajadores mexicanos cada año a casa representan tan sólo el 1 por ciento del producto interno bruto de ese país, según Roberto Suro, director ejecutivo del Centro Hispano Pew en Washington, D.C.

“Se trata de economías que dependen por completo del flujo de giros monetarios desde Estados Unidos, mismo que viene de inmigrantes tanto legales como indocumentados que están aquí”, precisó Suro. “Es de importancia crucial mantener la relación de migración con Estados Unidos -a menos que llegue algo más para reemplazarla-

para la estabilidad económica y política de esos países. De algunas formas, existe un interés nacional allá que no es tan dramático en un país grande como México, cuya migración es muy importante y ha tenido un enorme impacto. Sin embargo, es apenas una porción de una economía mayor”.

En Nicaragua, que tiene el más bajo ingreso per cápita de Centroamérica, los envíos de efectivo representan el 29 por ciento de la economía nacional. Los envíos equivalen al 15 por ciento de la economía en El Salvador, y 11 por ciento en Honduras.

En El Salvador, el 28 por ciento de los adultos recibe transferencias electrónicas de fondos de trabajadores en Estados Unidos, según datos de Foro de Política Mundial en Nueva York.

Y según algunos estimados, una de cada cuatro familias en Nicaragua recibe envíos de efectivo.

El emblemático río Suchiate, en las cercanías de la frontera de Tecún Umán, es uno de los primeros obstáculos en México.

El efecto salvavidas

En la Honduras natal de Rivera, una revista nacional calificó los casi mil millones de dólares en envíos como “una salvación para Honduras”.

Reyertas políticas, desastres naturales y su dependencia durante los años 70 y 80 de la ayuda estadounidense, que posteriormente se detuvo, se combinaron para incapacitar a las economías centroamericanas. Tras reconocer lo anterior, Estados Unidos promulgó varias leyes en el decenio de los 90 enfocadas a legalizar aproximadamente a medio millón de ciudadanos centroamericanos, muchos de ellos ex refugiados, después de que países como Guatemala y El Salvador le suplicaron al gobierno de Estados Unidos.

Los relatos de sufrimiento de trabajadores indocumentados de México en Estados Unidos se magnifican para los centroamericanos, cuya desesperación, según algunos, es mayor que la de los mexicanos.

Empieza con el viaje desde sus países natales hasta la frontera de México con Estados Unidos, muy al alcance de ciudadanos mexicanos; pero un destino peligroso y remoto para gente como Rivera, quienes son ilegales al momento que cruzan la frontera de México con Guatemala y están expuestos a ladrones y oficiales corruptos de migración, cuotas de transporte considerablemente mayores, y travesías de varias semanas hacia el norte.

“Fue un viaje largo”, dijo Rivera, el cual viajó por más de un mes para llegar a Nuevo Laredo. “Vinimos por tren, y también caminando, cansados, con frío, pasando hambre”.

Una vez que están en territorio estadounidense, estos trabajadores pueden pagar un enorme precio por mantener a sus familias de vuelta en casa.

En octubre, agentes federales que habían efectuado redadas en más de 60 tiendas de Wal-Mart detuvieron a cientos de inmigrantes indocumentados, varios de ellos centroamericanos, que estaban trabajando en cuadrillas de intendencia por bajos sueldos.

Tretas y riesgos

Unos meses antes, una mujer hondureña fue arrestada en Harlingen y posteriormente acusada de orquestar una masiva estratagema de tráfico ilegal de personas que ocasionó la muerte de 19 inmigrantes -muchos de ellos provenientes de Centroamérica- por asfixia en el interior del remolque de un camión que iba hacia Houston.

Además, en Fort Worth, en 2002, docenas de mujeres hondureñas que fueron transportadas ilegalmente a la ciudad recibieron promesas, presuntamente, de que tendrían empleos como mesoneras; pero después fueron obligadas a trabajar en bares hasta que lograron cubrir sus deudas por el pasaje.

Con un profundo deseo de mejorar sus condiciones en Estados Unidos, muchos centroamericanos se dieron cita en fecha reciente afuera de un refugio de inmigrantes en Nuevo Laredo, donde expresaron sus esperanzas con respecto a que un programa de trabajadores invitados los incluyera.

Varios se preguntaban cuál sería el efecto de un programa de esa índole sobre las leyes de inmigración en México.

El pasado 12 de diciembre, día de la virgen de Guadalupe, cientos de trabajadores hispanos ilegales protestaron contra la anulación de las licencias de conducir.

Para Omar Figueroa, de Honduras, el interrogante de más peso consiste en saber cómo, sin un costoso boleto de avión, podría él siquiera llegar a un empleo legal en Estados Unidos -ya no digamos ir de visita a casa- sin tener que superar a ladrones y oficiales de inmigración de México.

“Me refiero a que ni siquiera te permiten entrar”, dijo. “¿También van a arreglar las leyes de inmigración en México?”.
Los expertos aseguran que el interés de los centroamericanos en su inclusión dentro de cualquier programa de trabajadores invitados está bien garantizada.

“Los trabajadores indocumentados que vienen de Centroamérica sí tienen mucho en juego”, afirmó Walter Ewing, investigador integrante del Centro de Política de Inmigración en Nueva York. “Si los trabajadores indocumentados de Centroamérica repentinamente fueran detenidos y deportados, los estarían regresando a una economía que no tiene ninguna posibilidad, en lo más mínimo, de ofrecerles empleos. Se estarían incrementando las presiones para emigrar hacia Estados Unidos”.

 


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