Ginger Thompson / fotos: AP The New York Times

Es una atmósfera que transmite una aterradora familiaridad para líderes veteranos de los derechos humanos como Ramón Custodio.

En el decenio de los ochentas, Custodio era uno de los pocos que se atrevió a denunciar los ataques gubernamentales en contra de presuntos izquierdistas. Cientos de hombres y mujeres hondureños fueron secuestrados, torturados y asesinados por una unidad militar secreta, conocida como el Batallón 3-16. Muchos siguen desaparecidos.

Actualmente, son jóvenes varones con tatuajes quienes están reportados como desaparecidos, o son hallados muertos en Honduras. Grupos que predican la defensa de los derechos humanos han informado de numerosos incidentes de oficiales en ropa de paisano que deambulan en automóviles sin insignias y emboscan a pandilleros a plena luz del día.

“El Estado alega que las pandillas están aterrorizando a la sociedad, y ellos están respondiendo con terror”, afirmó Custodio. “El patrón actual es justamente como en el pasado”.

El ministro de Seguridad de Honduras se muestra particularmente susceptible a dichas críticas. Él es el sobrino del difunto General Rafael Álvarez, el fundador del Batallón 3-16.

En una entrevista, aseguró que líderes de los derechos humanos estaban equivocados al comparar el pasado con el presente. Su dependencia tiene personal insuficiente y está mal pertrechada, dijo. Debería tener cuando menos tres veces más oficiales y vehículos en comparación con su nivel actual, de 8,000 agentes y 400 autos.

De cualquier forma, con apoyo de las fuerzas armadas, ellos han logrado un progreso significativo en su lucha contra la delincuencia.

Los secuestros, aseguró, han descendido, de 47 casos en 2000 a nueve en 2003. Los robos de automóviles han bajado en 25 por ciento durante el mismo período, agregó.

Hasta que se efectuaron las reformas al código penal, prosiguió, la dependencia realmente no había logrado hacer mella en asesinatos relacionados con pandillas. Se arrestó a miembros de estos grupos, indicó, pero usualmente eran liberados a las 24 horas, debido a que las víctimas no se presentaban a entablar cargos.

La nueva ley, explicó, le ha dado a la policía mayor influencia para combatir a las maras. Asimismo, él rechaza acusaciones de abusos sistemáticos.

Según manifestó, los activistas hondureños por los derechos humanos “no han evolucionado porque siguen con el mismo discurso, ya que ahora no existe una lucha ideológica como la que hubo en los años '80”.
“Esta es una fuerza policial que evolucionó”, agregó.

Para el caso, Óscar A. Gámez Bonilla supuestamente iba a ser el agente modelo de la policía hondureña. Lo habían nombrado el año previo para crear un precinto en Rivera Hernández, asentamiento de aproximadamente 130,000 personas y considerado como uno de los más violentos el país.

Su misión, dijo, consistía en llevar a cabo estrategias de vigilancia en la comunidad, el lado suave de la dura campaña de la nación en contra de la criminalidad. En una entrevista, afirmó que él impediría la delincuencia suministrando asesoría y apoyo a padres con problemas, para así detener a las pandillas donde empiezan, en hogares rotos.
“Este es un cambio de actitud, un cambio de filosofía”, declaró.

La policía dice que si bien la nueva ley le da mayor influencia para combatir a las pandillas, no abusa.

Dos semanas más tarde, el programa piloto había caído en desgracia. Gámez y dos subordinados fueron arrestados y acusados de secuestro, tortura y asesinato en contra de dos jóvenes, de 16 y 19 años, de quienes se sospechaba que habían robado armas del precinto.

Una de las víctimas, un voceador de nombre Juan Manuel Aguilar, fue golpeado hasta que le provocaron la muerte en frente de su padre.

“Le dije a la policía dónde podían encontrar a mi hijo, ya que dijeron que ellos querían interrogarlo”, lamentó el padre. “Ellos no hicieron eso. Fueron a matarlo”.

Martillo de la Inmigración

El Presidente hondureño, Ricardo Maduro, estima que aproximadamente mil pandilleros han huido de Honduras desde que él empezó con la aplicación de las severas medidas de Mano Dura. Activistas por los derechos humanos afirman que esa cifra es mucho más elevada.

Con ellos viaja la noticia acerca de la campaña antipandillas del gobierno hondureño, desatando ira y pánico desde Tegucigalpa, pasando por Los Ángeles, hasta Washington.

En mayo, los dirigentes de una organización de rehabilitación para mareros, conocida como Homies Unidos, viajaron a El Salvador y Honduras para hablar con oficiales gubernamentales y pandilleros con respecto al impacto de nuevos esfuerzos en la aplicación de la ley.

Por otra parte, un número creciente de pandilleros está buscando asilo en Estados Unidos. Con todo, el gobierno federal continúa con las deportaciones que marcaron el inicio de este ciclo de violencia hace 10 años. Desde marzo de 2003 hasta febrero de 2004, Estados Unidos deportó a más de 78,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Más de 7,000 de ellos fueron deportados a Honduras entre 2000 y 2003. Otros 2,000 fueron deportados durante el mismo período hacia El Salvador.

“El martillo de la inmigración es particularmente fuerte porque nosotros podemos usarlo para encarcelar a personas durante largos períodos de tiempo, bajo cargos que no resulta difícil probar”, explicó John Torres, el secretario del subdirector de Investigaciones de Contrabando y Seguridad Pública en la Dependencia de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas norteamericanas. “No tenemos necesidad de probar ningún delito, sin importar su gravedad. Sencillamente tenemos que demostrar que ellos fueron deportados y que ya regresaron a Estados Unidos”.

Abogados de los derechos civiles arguyen que, a menos que los esfuerzos en la aplicación de la ley vayan acompañados de programas enfocados a lidiar con las fuerzas sociales y económicas que atraen a la juventud hacia pandillas, las represiones severas y deportaciones probablemente tendrán poco efecto, salvo por mantener a integrantes de maras moviéndose en círculos; de ida y vuelta cruzando fronteras, entrando y saliendo de la cárcel.
Con todo, cada miércoles, un avión alquilado transporta desde Estados Unidos una nueva carga de deportados hacia Tegucigalpa.

A medida que iban aterrizando de vuelta en Honduras, la mayoría daba la impresión de ser trabajadores ordinarios que habían emigrado a Estados Unidos en busca de empleo. Jorge Omar Potter, de 36, vestía una camiseta sin mangas ajustada y un numeral romano, XVIII, por la Mara 18, sobre su bíceps. “¿Qué no tienes otra camisa?”, preguntó un asesor al darle la bienvenida a Potter.

Él había estado viviendo en Hollywood desde 1982, pero su mirada estaba fija, en silencio.
“Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste de casa”, le advirtió el asesor. “Tenemos que conseguirte algo para que te vistas. Ni siquiera podrás llegar a la estación de autobuses con ese tatuaje”.