ENTREVISTA

“La sociedad debe pedir cuentas”

El Estado salvadoreño ha incumplido varias recomendaciones hechas por la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, el instrumento de la OEA, según aseguró
Alejandra Nuño, una especialista del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), quien visitó el país el jueves pasado.

Alicia Miranda Duke vertice@elsalvador.com

Ella representa a uno de los instrumentos más efectivos que tiene la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Como abogada, Alejandra Nuño arribó al país para actualizar información sobre nuestro país porque éste es uno de los Estados que menos interés ha mostrado ante las recomendaciones hechas por instancias internacionales en el área de respeto a los derechos humanos.

Vértice: ¿El CEJIL cree que en el hemisferio persiste el autoritarismo?
Alejandra Nuño: El ejemplo salvadoreño es el mejor que te puedo dar. De todas las violaciones graves que se dieron en el conflicto salvadoreño, muy pocas han sido investigadas. Para el caso de El Salvador, abrir la discusión de lo que ocurrió en el pasado es darle a las víctimas la posibilidad de discutir los hechos, de saber porqué pasó.

Aquí tenemos un decreto 486 que impide que sean juzgados los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos y de reparar a las víctimas. Ese es un reto que existe dentro de El Salvador.
Aquí aún no se puede hablar de democracia si se están cerrando los espacios de discusión.

¿De qué forma podría resarcirse a un familiar de una víctima el hecho de que se reabra el caso?
¿Hay que preguntarle al familiar? De allí viene la discusión, ellos mismos quieren saber lo que pasó y la afirmación “tenemos que olvidar el pasado” no proviene de las personas que perdieron a un ser querido durante la guerra.
Desde mi punto de vista, este tema se debe someter a consulta nacional.

La abogada considera necesario el cumplimiento de las resoluciones.

¿Por qué dice que se están cerrando los espacios de discusión?
Existen personas y organizaciones no gubernamentales que están asumiendo el rol del Estado. Por ejemplo, el caso de Tutela Legal, que tuvo que solicitar la llegada de un equipo argentino forense a hacer una labor de expertos porque no existe en El Salvador ningún equipo antropológico. No existe la voluntad de capacitar a un equipo de aquí para que haga este tipo de cosas.
El 6 de diciembre pasado fue la inauguración del monumento a las víctimas civiles y lo hicieron personas y organizaciones que estuvieron pidiendo dinero. Nunca hubo un apoyo del gobierno para donar parte del monumento. Hay una clara intención de las autoridades de no abrir la discusión.

¿Qué intereses podría haber detrás de esa intención a la que se refiere?
Por ejemplo, en el caso jesuitas existe un involucramiento de fuerzas muy importantes dentro del Estado. O en el caso de las niñas Serrano, que lleva Pro Búsqueda, existen personas que obviamente tuvieron o que tienen mucho poder y que están involucrados.

Después del acuerdo de paz se recomendó reabrir los casos; pero quienes se oponen argumentan que es una recomendación y no un mandato.
Precisamente, el Estado salvadoreño argumenta esto en lo referente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Eso es lo preocupante, que ellos crean que no son vinculantes y que no son obligatorias; pero el Estado salvadoreño firmó, en 1968, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y esa Convención crea dos organismos supervisores de ese Tratado. El primero es la Comisión y, el segundo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y El Salvador ratificó el Tratado, lo que significa que ahora tiene que cumplir con las resoluciones de estos dos organismos. No sé hasta dónde fue el compromiso en el caso de la Comisión de la Verdad; pero en el caso de la Comisión Interamericana, el Estado salvadoreño ha desconocido estas recomendaciones y esas sí son obligatorias.

El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su desacuerdo con El Salvador por no haber presentado un informe de cómo han cumplido con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Hablo específicamente sobre la creación de una comisión nacional de búsqueda de niños y niñas desaparecidas en la guerra, hablo de la preocupación por la falta de investigación en el caso jesuitas,el caso del asesinato de Mauricio García Prieto, por ejemplo.

¿Qué ha respondido El Salvador sobre las recomendaciones hechas?
Nada. No se cumplen las recomendaciones que hacen los organismos como la Comisión Interamericana. Es una cuestión que nos preocupa muchísimo.

¿Cuáles son las herramientas que tienen la Comisión y la Corte para exigir el cumplimiento de una recomendación?
Hay un concepto que todos han comenzado a usar, que es la garantía colectiva de los Estados. Los miembros de la OEA deben y pueden exigir a un Estado parte que cumpla con las recomendaciones o resoluciones de estos dos organismos. A nivel OEA se está discutiendo mucho sobre cómo ejercer esta potestad que tienen los Estados. Es decir, cómo exigir cuentas a un Estado que no cumpla con ciertas resoluciones.
La Corte y la Comisión Interamericana rinden anualmente, ante la Asamblea General de la OEA, un informe de sus actividades, específicamente, sobre la falta de cumplimientos de resoluciones hechas por la Comisión. Ese es un reto que tenemos la sociedad civil de pedirle cuentas a los Estados que no cumplan.