El combate de la corrupción, ese comején que carcome las democracias latinoamericanas, puede ser atacado si tanto ciudadanos como
periodistas tienen acceso a la información pública que se les suele ocultar.
Para el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Eduardo
Bertoni, el “secretismo” debe acabar.

"Desde la Relatoría nos preocupa que hay leyes que están siendo usadas para intimidar a los periodistas", Bertoni. Fotos EDH/Jorge Reyes

Eduardo Bertoni, relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, asegura que pese a los avances que se han dado en lo referente a la libertad de expresión, es necesario un mayor compromiso de los Estados miembros de dicho organismo.
El relator señala que uno de los sectores más vulnerados a este respecto es la prensa. "Sigue habiendo presiones por simplemente ejercer la profesión de informar a la población, siguen existiendo leyes mordaza y leyes de desacato, leyes de difamación criminal que son utilizadas como un mecanísmo de intento de intimidación contra la prensa. Hay que desterrar todas esas prácticas" sentencia.

Vértice: ¿Podría hacer un diagnóstico del hemiferio en lo que respecta a libertad de expresión?

Eduardo Bertoni: En principio es bastante riesgoso hacer una generalización porque, por un lado, el contenido y análisis de la libertad de expresión es muy amplio; y por otro, en América Latina las situaciones no son exactamente iguales.

Si bien la libertad de expresión ha sufrido un cambio positivo en comparación con las épocas de las dictaduras militares, Latinoamérica sigue siendo el segundo continente más peligroso en lo que se refiere a la libertad de prensa, que es parte de la libertad de expresión.

Hay que rescatar que si bien el tema se ha instalado en los países de la región a tal punto que en las últimas dos Asambleas Generales de la OEA los países aprobaron dos resoluciones en donde instan a todos los Estados miembros de la OEA a regulaciones y leyes que garanticen un amplio acceso a la información pública.

Se ha iniciado un movimiento de leyes de apoyo y acceso a la información. Por ejemplo, México sancionó una ley de trasnparencia y acceso a la información. Panamá y Ecuador también.
En Centroamérica, Nicaragua está discutiendo y tiene proyectos de leyes de acceso a la información pública. Honduras también tiene un grupo de la sociedad civil que ha presentado un proyecto de ley de acceso a la información. Guatemala lo está discutiendo.

El tema es que se ha instalado como una necesidad, pero falta mucho en lo referente a la libertad de prensa. Ese es una tema y hay países que tienen mucho que hacer.

¿En ese sentido, cuál es la situación de los periodistas en Venezuela?

Los periodistas reciben agresiones. Tanto así que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han ordenado al Estado de Venezuela que aplique medidas de protección para los periodistas.

Si esto continúa es un grave riesgo para la libertad de expresión.
Es cierto que en Venezuela existe una crítica contra el gobierno. Uno se da cuenta al leer los diarios o al ver los noticieros. Es una crítica muy fuerte, tal vez la más dura en el hemiferio, pero lo peligroso es que esta crítica caíga en agresiones y ataques a los periodistas. Entonces no podemos hablar de libertad de expresión.
La libertad de crítica es fundamental para la libertad de expresión. Si siguen pasando estás cosas puede ser que el día de mañana el periodista piense dos veces antes de salir a trabajar. No se trata de eso.

¿Qué otros países de la región estarían en números rojos en lo que se refiere a libertad de expresión?

Sin ánimos de ser injustos, porque la realidad es objetiva, en cuestión de asesinatos a periodistas; Colombia tiene un problema grande, aún con todos los esfuerzos que se están haciendo.

Por otro lado, un tema complicado en Panamá son las leyes de difamación en contra de periodistas de investigación. La propia defensoría del pueblo de Panamá ha hecho un informe según el cual más de 90 periodistas están bajo proceso por delitos de calumnias e injurias. Y nada más eso es algo muy grave.

Es abogado de la OEA, de nacionalidad argentina. Se graduó en derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fotos EDH/Jorge Reyes

Ahora, no podemos dejar de decir que Panamá ha avanzado con una ley de acceso a la información pública, pero todavía tiene leyes mordaza que han permitido el procesamiento de varios periodistas.

¿En el caso de El Salvador, qué puntos tiene pendientes?

Me parece que es interesante acompañar este movimiento que se está generando a nivel regional en cuento a leyes de acceso a la información pública. Creo que en este país no hay una ley de acceso a la información pública. Sería bueno instalar este tema en la agenda.

No significa que los salvadoreños van a tener en un mes o dos una ley como esa, pero es bueno que empiece un debate es un paso. También está la necesidad de modicifar la legislación penal en lo referente a las demandas por difamación cuando hay un asunto de crítica por parte de los medios.

Ahora bien, no somos nosotros los que tenemos que dar las recetas sino que más bien son los autores los locales los que tendrán que elegir cuáles serán los mecanísmos. La Relatoría estará allí para ver que se dé cumplimiento a los estándares de la libertad de expresión del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

¿Cuál es el papel del Estado en todo esto? A veces pasa que quién es funcionario público cree que todo lo que hace el Estado es de su propiedad y, por lo tanto, no puede ser información pública. Esto es lo que llamo cultura del secretismo. Y para romper con esa lógica hay que impulsar leyes. Es ahí donde entran los estados para impulsar las leyes de acceso a la información pública.

¿A quién le correspondería hacer presión para que el Estado impulse una ley de acceso a la información?

Tiene que ser un reclamo de todos porque es un beneficio para todos. Muchas personas creen que las leyes de acceso a la información son leyes que benefician solo a los periodistas. Pero no es así, benefician a la ciudadanía en su conjunto. Eso es algo que se tiene que interiorizar. Es una herramienta de control ciudadano de la acción pública. Por supuesto que cuando se hacen investigaciones periodísticas se puede echar mano de estas leyes, pero eso no quiere decir que sean leyes hechas para los periodistas.

Usted dice que la libertad de expresión no es exclusiva de los medios de comunicación. Una ley que identifique formas de vestirse, grafitos y signos como señales de rebeldía o peligrosidad ¿podría poner en peligro la libertad de expresión?

Allí habría que analizar los casos. La Relatoría para la Libertad de Expresión es para la libertad de expresión no para la libertad de prensa... Es decir, que la primera trasciende a la segunda y en esta entra la expresión de distintos sectores de la sociedad. Que no sean solo los periodistas, por decirlo de alguna manera. Hay expresiones que quieren hacer las comunidades indígenas, o las mujeres o expresiones artísticas y también de los jóvenes.

Las formas de restringir están específicamente previstas en la convención americana de los derechos humanos. Dice la convención que no puede haber censura previa a las expresiones y que solo puede haber responsabilidades ulteriores que sean necesarias para una sociedad. Si estas formas de expresión que no afectan a una sociedad democrática por supuesto que serían actos que estarían en contra de la libertad de expresión. Hay que ser muy prudentes cuando se restringe cualquier tipo de expresión y el balance cuando se empieza a hacer entre la libertad de expresión y otros delitos hay que ser prudentes.

Los ojos que velan por la libre expresión

La relatoría para la Libertad de Expresión es una oficina que nace en 1997, cuando los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) establecen la necesidad de crear un mecanismo de protección de la libertad de expresión, ante la vulnerabilidad de este derecho en toda la región.

Esta iniciativa fue apoyada de forma unánime por los 34 presidentes y primer ministros en la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile en 1998, y ratificada en la Cumbre de Québec, en Canadá en el 2001.
Uno de los sustentos que amparan la creación de la Relatoría es la Carta Democrática Interamericana que define a la libertad de expresión como uno de los “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”.

La Relatoría tiene carácter permanente y depende de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Este oficina monitorea el estado de la libertad de expresión, realiza actividades de capacitación, educación y promoción en los países miembros de la OEA.

La Relatoría actúa de manera inmediata cuando el derecho a la libertad de expresión está bajo amenaza en el hemiferio. En ese sentido, recomienda acciones específicas que los Estados pueden tomar para fortalecer este derecho.

Además, informa a la CIDH sobre situaciones urgentes que requieren la adopción de medidas protección por parte de la Comisión Interamericana o provisionales por parte de la Corte Interamericana a fin de evitar daños a personas.