Perjuicio I septiembrede2000
Las bonanzas que prometía el reparto de tierras a campesinos a raíz de la Reforma Agraria en 1980, terminaron en desencanto para algunos, no sólo por la crisis agrícola, sino porque, para pagar las deudas asumidas, algunos cooperativistas decidieron vender parte de sus tierras, como fue el caso de la Cooperativa Santa Cruz Tazulath, de Nahulingo. Los tropiezos.Por falta de visión o ingenuidad, el manejo de esa parcelación y venta y prestar a los bancos para pagar otras deudas, se convirtieron en un gigante que al final no lo pudieron vencer. Vender parte de las tierras fue la salida inmediata y confiar el negocio en las manos de una empresa particular, al parecer, no fue lo más acertado. El riesgo. Concedieron un poder especial para que la empresa administrara la medición, escrituración y la libre compra-venta de las parcelas, cuyo dinero no entró a las arcas de la cooperativa. Habrían violentado requisitos legales como el que toda cooperativa del sector reformado debe vender mediante pública subasta. El caso se ventila ahora en los tribunales.

Los ahorros de varios años de trabajo de Hermenegildo Alberto López había que invertirlos en algo productivo. Supo que vendían parcelas en la cooperativa Santa Cruz Tazulath, ubicada en el cantón Chiquihuat, de Nahulingo, Sonsonate, y de la cual es vecino. Se enteró que un ingeniero agrónomo llamado Héctor Nerio López, de la empresa Proyectos y Negocios (PROYNE) era el contacto para la venta, y decidió adquirir tres manzanas de regadío para cultivar.

Pero Hermenegildo desconfiaba de dicha empresa. “No la conocía”, dice. Pero sí confiaba en Jorge Alfonso Rodríguez, Virgilio Mártir, Jesús Miranda Segura, directivos de la cooperativa. “El negocio es limpio”, le dijeron, y le aconsejaron “que le entrara”. Y le entró.
Contactó a Nerio López, a otro ingeniero llamado Omar Hidalgo y el abogado de la empresa, Mauricio Roberto Martínez Guzmán.
Entregó ¢37,500, el 50% del valor de las tierras. Sacó un cheque de caja del Banco de Comercio y lo sumó a los ¢2,500 que llevaba en el bolsillo. En todos esos trámites lo había acompañado Omar Hidalgo, quien lo llevó hasta las oficinas de PROYNE, ubicadas en Zaragoza, La Libertad.

Le dieron un documento de promesa de venta y le dijeron que en tres meses tendría la escritura en la palma de su mano, contra el pago del otro 50%. Se cumplió el plazo y no recibió nada, y como para este campesino la “palabra que se habla hoy no se cambia a la mañana siguiente”, sintió nuevamente la desconfianza. Consultó a un abogado particular, y éste le dijo que “ese documento no servía, que era sucio, que era ilegal”.

En una audiencia posterior con el presidente del ISTA, Miguel Tomás López, confirmó la sospecha. Y se fue a la Fiscalía a interponer la denuncia. Esa desconfianza alertaba sobre una posible defraudación, y además millonaria, en contra de no sólo ocho compradores más, sino de 356 socios de la cooperativa Santa Cruz Tazulath.
De repente, el supuesto panorama de beneficios que la empresa PROYNE y dirigentes cooperativistas les habían planteado se venía abajo. Igual que las ilusiones de los 356 campesinos de que al sacrificar una parte de las 3,215 manzanas de tierra que heredaron de la Reforma Agraria y venderlas a ¢25 mil cada una los sacaría del atrolladero que les significan las deudas.

Al menos eso es lo que aparentemente les expresaron y acordaron en asamblea general. Aunque ahora, muchos de los asociados y actuales dirigentes lo niegan, e incluso acusan al entonces secretario, Jesús Miranda, de alterar los puntos de acta.

La operación era tentadora. De la venta iban a recibir lo suficiente para pagar los ¢16 millones que le adeudaban al Banco de Fomento Agropecuario desde hacía varios años y saldar la hipoteca de la hacienda. El crédito otorgado ascendía a ¢20 millones. A la vez disipaba —al menos en teoría— la preocupación de que el banco los embargara y quedarse en la calle.

¿Por qué debían tanto dinero? La cooperativa arrastraba desde los años 90 una deuda de ¢6 millones con el Banco Agrícola Comercial y deciden prestar al BFA mucho más de lo que debían. Primer error. La explicación de los actuales directivos es que el resto del dinero se habría invertido en cultivos, pero no recuerdan, ni lo sustentan los documentos, que hayan obtenido rentabilidad de inversión alguna, es más, nunca pudieron deshacerse del endeudamiento.
Con la venta de las cosechas, que según los directivos se obtienen unos ¢4 millones con cada una, sólo podían ir amortizando la deuda, la que para julio de 2001, según consta en un documento firmado por el contador de la cooperativa, Alfonso Vásquez Martínez, ascendía a ¢15,879,185. La única salida era vender una parte de las tierras y cancelar esa deuda para levantar la hipoteca y no perder la herencia.

¿Negocio lícito?

Para medir la hacienda, y específicamente las 800 manzanas que habían acordado vender, contratan a PROYNE, una empresa para ellos conocida porque ya les había vendido productos químicos. Además, su representante legal, Héctor Nerio López, había vivido parte de su niñez en la hacienda, donde su papá llegó a trabajar como cargador. Así, el 20 de marzo de 2001, los cooperativistas contratan sus servicios profesionales de medición, parcelación, legalización de planos, escrituración e inscripciones registrales. Celebran un contrato en el cual estipulan que el costo de los servicios ascendería a ¢2,222.230.

Pero a la par del contrato, Nerio hace firmar una letra de cambio por esa misma cantidad al ex presidente de la directiva, Jorge Alfonso Rodríguez. Pero en abril de ese mismo año, aparece otra letra de cambio firmada por Rodríguez por un valor diferente, los servicios profesionales habían incrementado de manera exhorbitante, un mes después, a ¢6,444,085.

La operación es dudosa. La empresa DICASA y Cia. le ofreció a la cooperativa el mismo servicio que le brindaba PROYNE por ¢115 por manzana, pero fue descartada, a pesar de que esta empresa le ofrecía ¢60 menos por manzana de lo que le cobraba la primera. Es decir, optaron por la más cara.

El abogado de Nerio López, José Armando González, explica que ese incremento obedeció a que cuando iniciaron la medición vieron que el proyecto era demasiado amplio y que en eso estuvieron de acuerdo los directivos respaldados por la asamblea general. Sin embargo, en el contrato ya se había estipulado la magnitud del trabajo que asumía la empresa PROYNE.

González argumentó, además, que existe un segundo contrato que respalda ese incremento, del cual prometió facilitarnos una copia, pero no lo hizo.
Para iniciar esos trabajos, PROYNE exige en el contrato un anticipo de ¢148,750, lo cual le fue cumplido en mayo de 2001. Sin embargo, un mes después le abonan ¢1 millón en concepto de abono a sus servicios prestados, en ese mismo mes le hacen un depósito en el Banco Agrícola de ¢221,687. En total, en dos meses le dan ¢1,370,437.94, según consta en documentos en nuestro poder.

González confirma que su cliente recibió alrededor de ¢1.4 millón, una cantidad pequeña en comparación de los trabajos que realizó en la hacienda, que son muy costosos.

Alega, además, que PROYNE terminó los trabajos de medición y que certificó un supervisor del ISTA. Tampoco lo probó con documentos.
Pero el Presidente de la institución estatal dice lo contrario.

Una auditoría realizada en el 2002 por empleados de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, y a petición de la Fiscalía, explica que ese incremento no es más que el cobro de una comisión por ventas.

Esto último obedecía, supuestamente, a que PROYNE tenía un poder especial para vender tierras de la cooperativa, formalizado mediante un contrato en el 2000 y el cual se lee “poder especial administrativo amplio y suficiente en cuanto sea necesario en derecho a favor de la sociedad PROYNE…”, con el cual podía otorgar y firmar promesas de venta de la parcelación de 800 manzanas. Con este poder, la empresa gestiona la venta de 724 manzanas ante la Compañía Azucarera Salvadoreña S.A.
(CASSA), lo cual fue confirmado por González, pero a la vez negó que haya recibido su cliente la comisión por esas ventas.

Aquí inicia otro lío. PROYNE y directivos, supuestamente fundamentados en actas de asambleas generales, deciden vender más tierra, poco más de 1,200 manzanas a personas extrañas a la cooperativa.

A juicio del Presidente del ISTA este tipo de tratos no está contemplado por la ley y, por ende, se puede decir que las cooperativas tienen cierta autonomía para celebrarlos, lo ilícito empieza cuando lo facultan para que venda, lo cual no era atribución de Nerio López, y menos que lo hiciera saltándose un requisito legal, el Decreto 719, que establece que para vender tierras del sector reformado se debe hacer una pública subasta.

En cartas enviadas en agosto del 2001 a PROYNE, los directivos y junta de vigilancia de la cooperativa, el funcionario les advierte que “suspendan de inmediato los referidos trámites de parcelación ilegal que están impulsando”, porque la cooperativa no estaba siguiendo los procedimientos para vender a personas, estipulados en el artículo 9 de la ley de Régimen Especial de la Tierra en propiedad de las Asociaciones Cooperativas Comunales y Comunitarias y Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria.

El casamiento entre cooperativistas y PROYNE no tenía, al parecer, fundamentos tan válidos a la luz de estas normas legales que rigen al sector cooperativista reformado.

Tras la advertencia, Nerio le envía a López, un mes después, una carta donde acepta haber celebrado esos contratos de promesas de venta y que no ignora el procedimiento de pública subasta que se debe seguir, pero que existe consentimiento de las partes compradoras de las consecuencias que puedan ocurrir si en la subasta el inmueble lo gana un postor ajeno.

“Lógicamente tendríamos que disolver el contrato y pagar los daños y perjuicios ocasionados”, dice parte de la carta.
Sin embargo, el funcionario dice que cuando Nerio López inició estos trámites ya había celebrado promesas de venta y recibido dinero como anticipo.

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González dice que no hubo violación a la ley porque no celebraron contratos de compra venta, sino promesas de ventas. Respecto a los nueve compradores terceros dijo que ellos ya podían tomar posesión de la tierra.
Ellos, al igual que los 356 cooperativistas, también temen perder sus tierras.

Juan José Arévalo, un salvadoreño residente en Estados Unidos, negoció con PROYNE, a través de su hermana Adilia de Anaya. Ella dice haber entregado al propio Héctor Nerio López ¢265 mil en abonos al valor total de las 13 manzanas que acordaron, que suma ¢329 mil.

Paula Rosario Sierra, también en representación de sus dos hermanos que viven en Canadá, dice haber pagado personalmente a Nerio López ¢261 mil en concepto de abono a la cantidad total de ¢270 mil que valen 11 manzanas. “Pero en la resolución que leyó la secretaria en el juicio dicen que sólo le he entregado ¢120 mil”, se lamenta.
Lo que piden ahora estos compradores es la devolución del dinero que han pagado a PROYNE, pues en vista de todo el proceso judicial que se ha llevado sólo impone más incertidumbre que claridad o esperanzas.

Pero González insiste en que a los terceros compradores “ no se les ha engañado, se les hizo promesas de venta… y es que todo iba bien hasta que ISTA detuvo el procedimiento”.

Agrega que los cooperativistas hicieron este negocio de la venta de tierras porque vieron que iban a tener su solar de vivienda, que tendrían una parcela para cultivar, que ya no iban a trabajar en cooperativa y que del dinero de las ventas todavía les quedaría para repartirlo, lo vieron como “una buena idea”. Incluso dijo que uno de los impulsores de esto es el actual presidente del consejo de administración.

“Se quiso hacer ver que PROYNE no estaba autorizado para realizar este tipo de trabajos, cuando ya han sido aprobados algunos por ISTA y se han ido en pública subasta”, se defiende González.

¿Y el dinero obtenido en todas estas transacciones? De la venta de 724 manzanas a CASSA por ¢18,1 millones, sólo se sabe —por testimonio— que ésta le pagó directamente la deuda de poco más de ¢16 millones al BFA, lo cual no pudo ser confirmado en la compañía porque no dio entrevista. Sólo existe un detalle de liquidación firmado por el contador de ese entonces, Alfonso Vásquez Martínez, en el que certifica que de esa venta y el pago de varios compromisos, sólo restaron ¢853,123,95 para “ser repartido entre los socios”.

¿Y el dinero recibido por PROYNE por las tierras de la cooperativa? Constan los recibos en los que Nerio López acepta importantes sumas de dinero de parte de compradores terceros en su calidad de representante legal y presidente de PROYNE. Pero el fallo de los jueces de sentencia dice que no se pudo establecer a quién se le entregó el dinero personalmente.

Conocer la versión de los ex dirigentes cooperativistas, que permanecen en prisión, sobre todo este embrollo fue imposible. No quisieron brindar entrevista

La Fiscalía acepta que, en efecto, no presentaron cuentas bancarias en las que consta que Nerio López tiene ese dinero producto de las ventas porque creyeron tener las pruebas suficientes.
Ante el fallo, la Fiscalía ha presentado un recurso de casación. Pero la espera inquieta. Más ahora que enfrentan dos procesos de embargo.

PROYNE demanda el pago de ¢8 millones porque, según él, no le han pagado los servicios que supuestamente ha terminado. También está el reclamo de ¢18 millones de parte de tres empresas que supuestamente creó CASSA para adquirir las 724 manzanas.

Hay otras personas en el limbo. Los compradores, como Hermenegildo, no saben si recibirán la devolución del dinero que invirtieron o la tierra que soñaron.