Ginger Thompson / Fotos: Luis J. Jiménez/archivo EDH The New York Times

La sensación que se tiene en el interior de una penitenciaria hondureña es como dar una vuelta equivocada en un barrio estadounidense realmente malo.

El denominado “rap gangsta” suena a todo volumen y lleno de furia. Los perímetros de máxima seguridad están cubiertos con graffiti. Inquietos jóvenes deambulan como leones enjaulados. Visten pantalones muy holgados, llevan la cabeza rapada y la mirada endurecida.

Sus cuerpos están tatuados con números verdosos y letras que dan la impresión de haber sido garrapateados por la mano del diablo. Se saludan entre sí con extrañas señales y entre ellos se llaman “homies” (barrios). Y cuando se presentan a sí mismos, asumen posiciones altaneras y usan apodos como Sly, Killer y Lucifer.

“Afuera le van a decir que no somos unos angelitos, que nosotros acuchillamos a la gente y dejamos sus cabezas en la calle”, dijo Lucifer, cuya fría mirada y su barba de candado, meticulosamente cuidada, dejaron en claro cómo se había ganado su mote. “Pero, nosotros no somos monstruos”.

“Solamente lastimamos a la gente que nos quiere hacer daño”.
La penitenciaría federal de Tamara, aproximadamente a media hora de la capital hondureña, Tegucigalpa, fue construida en el decenio de los '90 para una población máxima de 1,800 presos. La población actual equivale a casi el doble de esa cifra.

El inspector policial Nazir López Orellana ayuda en la administración de la cárcel con dinero apenas suficiente para cubrir el costo de la comida -aproximadamente 46 centavos de dólar al día por cada prisionero- ya no digamos seguridad apropiada, recreación o rehabilitación. La clave para controlar el aumento en el número de pandilleros, explicó, consiste en mantener a los integrantes de cada pandilla en extremos opuestos de la prisión.

En mayo, había 201 mara salvatruchas en la prisión y 237 integrantes de la Mara 18. Es una población que vive bajo un misterioso código de conducta, dijo, mostrando complejas necesidades emocionales. Y él no tiene medios reales para ayudarlos.

“Queremos dejar muy en claro que no tenemos la capacidad para darles el tratamiento que ellos necesitan”, acotó.
Uno de los reos se presenta a sí mismo en el idioma inglés como Ricky Alexander Zelaya. Dijo que era originario de Honduras, producto de correccionales en California y que vivía una pesadilla internacional.

Él es un hombre corpulento, viste una camiseta de los San Diego Chargers y sus tatuajes son tan elaborados que dan más la impresión de ser murales. La policía local lo arrestó, relató, por robarse un automóvil y portar una ametralladora ilegal. Sin embargo, ya ha estado en prisión muchísimas veces más en el pasado.

Marlon Enrique Fuentes jala un banquito de plástico y se sienta junto a Zelaya. Su apariencia es similar a la de la mayoría de los maleantes de la Mara 18 en este bloque de celdas: desesperado por una comida decente, una ducha caliente y una buena cama.

Se le distingue por los tatuajes sobre su rostro. Las palabras “Pruébame” están tatuadas sobre su mejilla derecha. En la izquierda, lleva tatuadas las palabras “Llórame”.

¿Qué significa eso? Fuentes baja la cabeza, asume la mirada de pandillero y pasa del español al inglés para responder.

“Significa que yo no me ando con juegos”, dijo, clavando la mirada, y después sonriendo como tratando de sacarle el veneno a sus palabras.

La amargura regresa cuando él empieza a hablar sobre su vida. Fuentes dijo que su madre murió antes de que él empezara a caminar. Relató que su padre gastaba todo el dinero en licor y prostitutas, y tan pronto como fue capaz, Fuentes huyó y se aventuró solo a través de cinco fronteras para llegar con unos parientes que viven en Los Angeles.
Narró cómo su tía lo recibió en su hogar, pero nunca en su corazón.

“Ella siempre hacía cosas por su hija pasando por encima de mí”, dijo Fuentes. La triste familia vivía en una sección pobre de Hollywood, donde, según Fuentes, encontró respeto y propósito en una pandilla llamada Calle 18.
Para cuando llegó a la adolescencia, prosiguió, ya estaba vendiendo droga y participando en tiroteos desde automóviles en marcha, rebotando entre las calles y la cárcel, hasta que Estados Unidos lo deportó, en compañía de otros inmigrantes criminales, de vuelta a su país natal.

En el 2001, según prominentes expertos forenses de Honduras, la tasa de homicidios en Tegucigalpa se disparó hasta 905 asesinatos, en comparación con los 581 que se registraron el año previo. El país seguía incapacitado a raíz de los destrozos del huracán Mitch. El ingreso anual y per cápita que promediaba la nación equivalía a menos de 3,000 dólares, con dos tercios de la población viviendo en la pobreza. Sin embargo, los sondeos de opinión mostraron que la delincuencia había reemplazado a la pobreza como la inquietud principal del país.

En la contienda presidencial del 2002, el electorado eligió a un poderoso empresario, Ricardo Maduro, magnate de los supermercados que se graduó de la Universidad de Stanford, cuyo único hijo había sido asesinado en un intento de secuestro. Prometió una severa represión sobre la criminalidad, para luego describir a las pandillas callejeras como la propia red Al-Qaeda de Honduras.

El Presidente llamó al ejército para ayudar a los 8,000 agentes de la Policía Nacional a librar una guerra en contra de lo que se estima en 30,000 maras. Con el fin de auxiliar a los fiscales para que evitaran los obstáculos legales relacionados con demostrar que los pandilleros eran responsables de crímenes, el Congreso de Honduras ajustó el Código Penal.

El gobierno de Honduras libra una guerra contra unos 30 mil pandilleros, según cifras oficiales.

Con un abrumador respaldo popular, el Congreso modificó el Artículo 332 para volver ilegal que cualquier persona se vuelva integrante de alguna pandilla de las calles. La reforma fue moldeada siguiendo leyes usadas en Europa para combatir a violentas pandillas nazis.

En Honduras, ese crimen es conocido como “asociación ilícita”, y por esa trasgresión los pandilleros pueden recibir hasta seis años de cárcel, en tanto que los líderes de las pandillas reciben de nueve a 12 años.

Marcado para el arresto

La policía es la que entabla cargos penales casi enteramente. Los tatuajes constituyen la prueba de mayor importancia. Las condenas en prisión dependen tanto del tamaño de los tatuajes de un pandillero como de sus antecedentes criminales, o falta de ellos.

Diversos agentes de la Policía Nacional de Honduras, quienes se presentaron como “expertos en pandillas”, dijeron que mientras más grande fuera el tatuaje, mayor peligro representaba el pandillero.
Todo parece indicar que esa fue la teoría de la aplicación de la ley que terminó llevando a Walter Manuel Nolasco a Tamara.

Alto y larguirucho, con un bigote que se parece más a los bigotes de un gato, Nolasco es conocido como El Gato. Reconoce que él es integrante de la Mara 18. Se levanta la camisa para revelar el número 18 tatuado sobre su pecho, como los números de un yérsey de fútbol americano.

Para una corte hondureña, eso fue suficiente para hallar culpable a Nolasco de “asociación ilícita en contra de la seguridad interna del Estado”, y para condenarlo -a él, que es padre de un hijo a sus 20 años de edad- a 10 años en prisión.

Nolasco fue uno de los primeros pandilleros en ser arrestados y condenados formalmente bajo la reforma del Artículo 332. Los documentos de su juicio y condena proporcionan un atisbo a cómo funciona la ley.
Fue arrestado el 28 de agosto del 2003, en una redada al estilo comando, justo al tiempo que iba dejando la cama junto a su esposa embarazada. Nolasco no tuvo ni tiempo de ponerse una camisa.

Los oficiales vieron sus tatuajes: un guajolote y la cara de un gángster sobre su brazo derecho, una palomita de Nike en su espalda, así como el número 18 sobre su pecho. La policía encontró fotografías de Nolasco haciendo señales con las manos. Miraron debajo de la cama y encontraron un rifle AK-47. En su proceso jurídico, la corte llamó a un “experto en pandillas, bajo protección”, para explicar qué significaban los tatuajes de Nolasco.

La muerte de 107 maras salvatruchas este año en un incendio en una cárcel de San pedro sula, es visto por los reclusos como un plan de eliminación.

El testigo no fue nombrado en documentos de la corte, pero le dijo a la misma que él había recibido entrenamiento en el extranjero, más probablemente en Estados Unidos, donde nacieron los maras, en la jerga de las pandillas callejeras, y se había infiltrado en una pandilla en una ocasión.

Era el número 18 sobre su pecho lo que marcaba a Nolasco como un integrante de la pandilla, señaló el testigo, diciéndole a la corte que ese tipo de tatuajes tienen “características especiales y son utilizados por pandilleros para identificarse como miembros de la Mara 18”.

El testigo prosiguió, diciendo: “No es solamente cualquier persona que lleva un tatuaje vinculado con pandillas, sino alguien que ya es uno de sus miembros y quien ha tenido que cumplir con una tarea asignada, que generalmente equivale a cometer un crimen”.

Después, puso de relieve que “el tamaño y lugar” de un tatuaje estaban “relacionados con el nivel de compromiso con la organización”. Con base en una revisión de fotografías del acusado, el testigo llegó a la conclusión de que Nolasco “conlleva cierto nivel de liderazgo, es firme, consistente, tiene cierto peso y dirige a su barrio”.

Nolasco fue condenado a 10 años en prisión. Actualmente, su mente imagina una hija que crecería sin él.
“No voy a estar ahí para llevarla a la escuela, por lo menos no en mucho tiempo”.
Algunos prisioneros, como Alan Anthony Carrasco, nunca logran salir.

Un plan cuestionado

Carrasco, de 24 años de edad, estaba detenido en una cárcel localizada en la segunda ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, bajo cargos de asesinato y asociación ilícita.
En mayo, Carrasco perdió la vida junto a otros 107 mara salvatruchas en un incendio que, según las autoridades, fue causado por cableado defectuoso en la unidad de aire acondicionado. Los custodios en la cárcel informaron que el calor proveniente del incendio era tan intenso que, durante 45 minutos, no pudieron abrir la puerta que da acceso al bloque de celdas.

Los prisioneros que lograron sobrevivir al incendio, sin embargo, cuentan una historia diferente. Afirman que los custodios nunca trataron de rescatarlos y que usaron pesas para romper los candados de las puertas para salvarse a sí mismos.

“Su plan consiste en meternos a la cárcel a todos y después prenderles fuego a las celdas”, aseguró Gustavo Olivera, pandillero de 26 años de edad que sobrevivió al incendio. “Nosotros queremos cambiar. Somos padres y maridos. Deseamos trabajar para darles buenos hogares a nuestras familias.

Sin embargo, el gobierno no quiere eso".
Anthony Javier Torres coincidió. “El gobierno nos sataniza por motivos políticos”, aseguró. “Para ellos, nosotros valemos más muertos que vivos”.

Un año antes, en una prisión diferente, las autoridades determinaron que los custodios fueron responsables de una matanza.
Sesenta y ocho personas, en su mayoría pandilleros de la Mara 18, murieron en un incendio en una penitenciaría llamada El Porvenir.

Las autoridades de la prisión dijeron que los pandilleros habían disparado contra otros reos y después se habían pertrechado en el interior de su bloque de celdas, para luego provocar un incendio suicida.

No obstante, una investigación por parte de una comisión presidencial encontró que 59 de las víctimas fueron apuñaladas, recibieron disparos y fueron quemadas hasta perder la vida a manos de custodios y soldados.

Algunos, afirman las autoridades, fueron acribillados a balazos conforme salían corriendo del incendio con las manos en alto.
Maduro prometió una “profunda transformación” del sistema carcelario del país.

Muy poco ha cambiado. En el interín, parientes de los reos muertos siguen agobiados por la confusión.
Afuera de una diminuta casa de bloques de concreto en el barrio de Chamalecón, los parientes de Anthony Carrasco se reunieron junto a una pila de madera, misma que estaba cortada en delgadas láminas.

El gobierno había enviado un ataúd para ayudar a la familia a cubrir los costos de un funeral, dijeron. Sin embargo, el ataúd era tan endeble que se deshizo.

Después, la madre de Carrasco, Aida Rodríguez, dijo: “Yo pensé que cuando menos en la cárcel él estaba más seguro que en las calles”.
El padre de Carrasco, empleado de la construcción, dijo: “Es justo que la policía envíe a la cárcel a personas que cometen crímenes. Pero no deberían enviarlos a su muerte”.

Prosiguió: “Mi hijo estaba pagando por sus crímenes; no había razón para matarlo”.
Por su parte, Rodríguez dijo: “No sé a quién culpar, a las pandillas o a la policía”.