El ex presidente guarda prisión después de haber sido sentenciado a 20 años por su participación
en varios delitos de lavado y corrupción

Las investigaciones periodísticas en conjunto con las indagaciones de la Embajada de Estados Unidos y las denuncias del Presidente Enrique Bolaños terminaron de hundir al ex hombre fuerte de Nicaragua.

Arnoldo Alemán Lacayo fue bautizado por el pueblo como “el gordo”. Sobrepasa las 300 libras. Pelo negro, corto, ensortijado, ojos pequeños e incisivos.

Fue alcalde de Managua, capital de Nicaragua, de 1990 a 1996. Luego llegó a la Presidencia y ahora está condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y delitos de corrupción.

Desde hace cuatro meses “convalece” en un hospital de Managua, por una operación en una de sus manos.

Su período presidencial se caracterizó por un duro enfrentamiento con los medios de comunicación y los periodistas que empezaron a hurgar en el desmedido crecimiento de su patrimonio personal. En 1997 declaró tener 9 millones de córdobas; cinco años después aseguró tener 19 pero no todas sus propiedades estaban en la declaración patrimonial.

El 10 de enero de 1999, a raíz de las publicaciones que La Prensa hizo sobre el uso de bienes estatales en una finca del Presidente, en Tola, Rivas, al sur del país, el entonces Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Gilberto Wong, envió una nota con la intención de aclarar la especie que difundió el diario.

“La hacienda a la cual hacen mención en su Diario es una propiedad que adquirió el señor Presidente en su carácter personal en mayo de 1998, mediante compra hecha al señor Gerardo Blandón, presidente de la Asociación de Sorgueros de Nicaragua, organización afiliada a UPANIC.

Esta propiedad es de 586 manzanas y no de 1,900 manzanas a como erróneamente se informa en su Diario”, escribió Wong.

Al día siguiente, en medio de esta polémica, el presidente confirmó en el programa televisivo Buenos Días de Canal Dos lo dicho por su subalterno.

Dos días más tarde, funcionarios de la Contraloría de la República estaban hurgando en los archivos del Registro de la Propiedad de Rivas y comprobaron que la finca rural que el presidente dijo era suya está registrada bajo el Nº. 27,563, tiene 356 manzanas y “su propietario es la sociedad anónima Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa)”, según la investigación que la dirección de Verificación y Análisis de la Contraloría hizo para esa fecha.

También se comprobó que el 23 de enero de 1998, el doctor Arnoldo Alemán pagó 15 mil dólares al señor Francisco Gerardo Blandón con un cheque del Sun Bank de Miami de la cuenta Nº. 0702002225150.

Sin embargo, en su Declaración de Probidad no aparecían ni la cuenta en Sun Bank ni la propiedad en Tola y dice no tener nada que ver con Geninsa.

“He aclarado en repetidas ocasiones... que no tengo ni una sola acción invertida en la empresa Gestiones y Negocios Inmobiliarios, S.A. (Geninsa), que ésta es una persona jurídica del dominio comercial en la que no poseo ninguna participación”, asegura en una acotación que hace en los anexos de su declaración.

Tampoco aparecía La Chinampa, la famosa “finca presidencial” ubicada en el kilómetro 27 de la Carretera Vieja a León, en la declaración de probidad de Alemán.

Alemán es fundador y presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista.
Manzanas 615 Dimensiones de la finca La Chinampa, donde Alemán hizo evidente su crecimiento económico	Millones $100 Lo que se presume que el ex mandatario y sus cómplices robaron a las arcas del Estado nicaragüense

La finca había sido comprada a precio baratísimo a una cooperativa que recibió las tierras en la Reforma Agraria sandinista. La Chinampa tiene 615 manzanas. Legalmente también pertenecía a Geninsa, sociedad de la que era presidenta la difunta hermana del ex mandatario, Amelia Alemán Lacayo.

Según declaraciones de Alemán a Radio Corporación el 16 de enero de 1999, esa finca la adquirió a 1,500 córdobas cada manzana, por lo que su precio total sería de unos 100 mil dólares al cambio de la época. La Chinampa fue la finca emblemática del crecimiento patrimonial del Presidente Alemán.

Por ahí pasaron casi todas las instituciones del Estado prestando sus servicios. Según investigaciones de la Contraloría, la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), instaló allí tres modernos pozos de agua potable.

El entonces director de Enacal, Róger Solórzano, dijo que la familia Alemán pagó poco más de 20,000 dólares por los tres pozos, pero una empresa privada que brinda servicios de perforación asegura que cada pozo de La Chinampa cuesta unos $17,000; es decir, la familia Alemán se ahorró casi $10,000 en cada obra.

La Contraloría también denunció que la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) realizó trabajos por más de medio millón de córdobas en propiedades de la familia Alemán Lacayo, entre las que se destaca La Chinampa.

El ex director del Instituto de Desarrollo Rural, IDR, Eduardo Mena, apareció como firmante de los contratos con Enel para instalar 2,420 metros de líneas de distribución, dos transformadores y luminarias en el trecho que va del kilómetro 27 y medio hasta el kilómetro 32 de la carretera a León. Exactamente donde se ubica La Chinampa.

Los checazos

En el año 2000, el diario La Prensa desarrolló y publicó una investigación periodística que desenmarañó una compleja operación financiera, conocida popularmente como “Los Checazos”, que dirigía el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, ahora condenado a ocho años de prisión, pero con el beneficio de casa por cárcel, la cual consistía en sustraer dinero de las instituciones del Estado solicitándoles “notas de crédito” que eran pagadas a través de cheques a nombre de empresas que estaban ligadas a Jerez.

Posteriormente el dinero era convertido en dólares en una casa de cambio denominada Multicambios, y en muchos casos era enviado a cuentas de empresas que Jerez había creado en Panamá.
La Contraloría General de la República “investigó” el caso, pero sólo encontró responsabilidades administrativas contra Jerez.

Una denuncia judicial por ese caso no prosperó porque el juez a cargo, Walter Solís, no hizo más que tomar la declaración de Jerez y otro funcionario del gobierno de Alemán involucrado en el fraude contra el Estado. Se rumoró que el juez recibió un pago para absolver a Jerez, pero eso nunca fue probado. El judicial fue destituido de su cargo por la Corte Suprema de Justicia. Jerez “ganó” así la batalla legal.

Un año más tarde, el 12 de noviembre de 2001, La Prensa volvía a insistir en el tema y esta vez con más pruebas de la corrupción del gobierno de Alemán.

Las nuevas muestras colocaban a Alemán contra la pared, al destapar el diario que con los checazos de la Dirección General de Ingresos, se pagó parte de una deuda que tenía la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios SA (Geninsa), con el ahora extinto Banco de Industria y Comercio (Banic).

El ex presidente fue desaforado después que 47 diputados levantaran la mano. Entre ellos estaban varios antiguos colaboradores.

El diario desplegó durante tres días información documentada que hacían irrebatibles sus denuncias.

Alemán, que estaba a poco menos de un mes de concluir su mandato y entregar la banda presidencial a su “correligionario” Enrique Bolaños, declaró “silencio presidencial” hasta el 10 de enero de 2002.
Sin embargo, el silencio se prolongó mucho más y no dio declaraciones sobre los checazos.

Estados Unidos y su embajador en Managua, Oliver Garza, estaban muy atentos a los movimientos financieros de Alemán y Jerez y a las denuncias de La Prensa. En silencio empezaron sus propias averiguaciones.

La contraloría se vio obligada a iniciar una nueva investigación sobre los checazos, que sumaban unos 55 millones de córdobas, equivalentes a unos cuatro millones de dólares, sólo en la Dirección General de Ingresos. Por ese otro caso, Jerez fue condenado ocho años de prisión.

“La nueva era”

Cuando Enrique Bolaños asumió el poder, empezó a denunciar la corrupción del gobierno de Alemán, tomando distancia de él, pese a haber sido su Vicepresidente durante cuatro años.

Comenzó con el caso del fraude a la televisora estatal, conocido como “Caso Canal 6” por la frecuencia de la estación televisiva.

Esta fue una operación financiera que empezó con un contrato suscrito entre una sociedad llamada Casco SA, con la televisora mexicana TV Azteca y el Canal 6 por 1.3 millones de dólares, los cuales terminaron en cuentas de Alemán o de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), la corporación que servía para lavar el dinero saqueado a las arcas del Estado de Nicaragua, con varias cuentas en el sistema financiero de Panamá.

En esta sociedad estaban Alemán, su hija María Dolores Alemán Cardenal y Byron Jerez, quien también era el tesorero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del cual el ex mandatario era fundador y presidente honorario.
En el caso salió involucrado el ex embajador mexicano en Nicaragua, Ricardo Galán, quien también fue “asesor” de Alemán y pesa sobre él una orden de captura.

“La huaca”

Los nicaragüenses no se habían repuesto del escándalo del Canal 6 cuando Bolaños dejó ir otra andanada de acusaciones contra Alemán.

El procurador en funciones, Francisco Fiallos, calculó en 1,400 millones de córdobas (cerca de 100 millones de dólares) el dinero robado a las arcas del Estado y lavado en bancos extranjeros por Arnoldo Alemán, Byron Jerez, familiares de ambos y ex funcionarios del gobierno presidido por Alemán.

La procuraduría de Nicaragua ha investigado más de 10 mil cheques de instituciones estatales y privadas usados en operaciones ilícitas

El monto de lo robado equivalía a casi al presupuesto de Salud de ese año que era de 1,532 millones de córdobas, o el de Educación que era de 1,564 millones. También representaba casi el 17 por ciento de las exportaciones del país, calculadas en 592 millones de dólares.

En una amplia exposición, denominada “La Ruta de la Corrupción, secuela trágica de un pueblo”, presentada en pantalla gigante en el Centro de Convenciones Olof Palme a la sociedad civil, ministros de Estado, jefes policiales, militares, diplomáticos y pobladores comunes, Fiallos explicó paso a paso cómo Alemán y Jerez habrían orquestado el saqueo de las arcas estatales para beneficio personal, utilizando una serie de sociedades radicadas en Panamá y la llamada Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).

En primer lugar, dijo que la Procuraduría había investigado 10,000 cheques de instituciones estatales y privadas utilizados en las ilegales operaciones realizadas desde enero de 1997, cuando Alemán asumió el poder, hasta finales de 2001.

“Hemos descubierto que entre enero de 1997 y el año 2001, hasta el momento, llevamos cuantificados las siguientes pérdidas para el pueblo de Nicaragua, por medio de actos ilícitos y dolosos que han significado unas cuantiosas sumas que señalan a un vértice perverso que está detrás de todo este movimiento de características mafiosas, utilizando el método que se utiliza para lavar dinero mal habido. Tenemos en nuestro poder más de diez mil cheques de dinero mal habido de robo al pueblo de Nicaragua”, aseguró Fiallos.

Hubo más $$1.3 Los millones de dólares de la operación entre una sociedad llamada Casco S.A. y dos televisoras. Los fondos fueron para a cuentas de Arnoldo Alemán

TELARAÑA DE CORRUPCIÓN

El procurador en funciones, Fiallos, dijo que todo el dinero sacado de las arcas del Estado entraba, muy inteligentemente, a diferentes empresas privadas, se diseminaba como una telaraña de la corrupción, después volvía el dinero, entraba a un embudo y llegaba a un centro que era la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).

Las empresas utilizadas para el lavado de dinero fueron: Gold Castle Fund, Fundación Democrática Palma Real, Avenir Development, Ciborg Holding, Harfort Group, Tavis Group, Asesores Financieros (Asefinsa), Consultores Corporativos, Kaiser Global Ltd, Industria Andina de Desarrollo, Agroganadera Río Grande, Inversiones Duratil e Inversiones Santo Domingo.

Estas sociedades recibían dinero de las arcas del Estado, bajo el concepto de servicios o compra de bienes no recibidos en las instituciones estatales.

Después se compraban dólares a bancos y casas de cambio y luego transferían a la FDN, y ésta a su vez sacaba dinero para empresas o personas naturales, cerrando el círculo del lavado de dinero.

El juicio contra Alemán, bautizado como la “huaca”, empezó en agosto del 2002, pero fue hasta diciembre de ese mismo año que el ex presidente enfrentó la justicia cuando fue desaforado con el voto de 47 diputados, de los quienes 38 eran sandinistas y el resto ex colaboradores cercanos de él como el padrino de sus hijas, Jaime Morales Carazo, conocido en la era Alemán como “el padrino”, su más cercano asesor presidencial.