INTERNACIONAL

La defensa de Ginebra

¿Quién lo habría imaginado? La simple presentación del segundo
informe salvadoreño ante el Comité de los Derechos del Niño abrió
la puerta para la actual búsqueda de consenso sobre el futuro de
la Ley Antimaras.

Texto y fotos/Lilian Martínez Ginebra, Suiza.- vertice@elsalvador.com

Cuando los emblemáticos relojes suizos que abundan en los escaparates de la calle Mont Blanc, marcaron las 10:00 a.m. el 18 de mayo pasado, Marisol Argueta de Barillas, cruzaba la puerta principal del Wilson's Palace.

Ahí, de espalda a un balcón con vista al lago Leman, la jefa de la delegación salvadoreña se aprestaba a defender el más reciente informe del Estado salvadoreño ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño.

El nerviosismo era evidente, lo mismo que la sorpresa, al ver que ellos no eran los únicos salvadoreños en el salón.

El Procurador Adjunto para la Niñez y la Adolescencia, Luis Enrique Salazar, y tres representantes más de la Procuraduría para los Derechos Humanos estaban ahí.

A ellos se sumaban dos representantes de la Red para la Infancia y la Adolescencia, un abogado del IDHUCA, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental, invitados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y que la tarde anterior se habían reunido con Norberto Liwski, relator para el informe salvadoreño.

La delegación oficial, cuatro mujeres y cinco hombres, se sentaron al costado derecho de la tarima desde donde harían su exposición. El presidente del Comité, el holandés Jacob Egbert Doek, invitó a la jefa de la delegación salvadoreña a presentar el informe en cuestión en un lapso de 10 minutos. Sin embargo, de Barillas habló por más de 40.

Varios temas interesaban al Comité: el acceso a la salud y a la educación, el presupuesto asignado al ISNA, los niños desaparecidos y la compensación a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, Liwski, pusó el dedo en la llaga.

El argentino reconoció la inquietud de la sociedad salvadoreña ante la violencia ”que tiene como protagonistas a adultos y adolescentes”, y pidió explicaciones. “Hemos mirado la ley antimaras y su segunda versión, preguntándonos si estamos en una circunstancia donde conviven dos sistemas penales respecto a adolescentes.

Me refiero a la Ley del Menor Infractor y a la Ley Antimaras con su nueva denominación. Si estamos frente a la coexistencia de dos sistemas... ¿Cuál es el camino que el Estado de El Salvador está visualizando frente a esta contradicción?”.

La delegación nacional daría su respuesta durante la tarde. Tuvo que aprovecha el receso del almuerzo, había trabajo que hacer. Formaron un círculo y hablaron a media voz, preparando la estrategia para “el segundo tiempo”. Cuando llegó el turno de responder a Liwski, aclararon que la primera versión de la Ley Antimaras no se aplicó a menores de 12 años, aunque ésta sí contemplaba dicha posibilidad.

Delmer Edmundo Rodríguez, del Ministerio de Gobernación, dijo que el 74% de la población “se declaró víctima de las maras” y que dicho fenómeno social “no es problema de niñez”, ya que los menores son sólo el 11% del total de detenidos y el 20% de los procesados.

No hubo más preguntas. Pero al final de la tarde, Liwski insistió: “Sabemos que la tarea es difícil y que la sociedad tiene que evaluar la forma en que mira y estigmatiza a esta parte de la sociedad”, dijo en lo que parecía ser un augurio de las recomendaciones finales de la comisión.

A las 5:45 p.m. Norberto Liwski inició las recomendaciones preliminares: “Confiamos en que la Ley del Menor Infractor no sufra deformaciones y que la Ley Antimaras concluya en el período previsto”, dijo. Finalmente pidió que el diálogo que lo hablado ese día llegara a oído del presidente Antonio Saca y de sus funcionarios. A lo que Marisol Argueta respondió: “Pueden estar seguros de que llevarenos sus recomendaciones a las autoridades”.