Lilian Martínez Juan Carlos Rivas

Sin poder caminar. La mayoría de los reos discapacitados del país carece de movilidad en una o ambas piernas. Foto: EDH/Wilfredo Díaz

Respirar es una tortura en la celda 7 del penal de Apanteos, de Santa Ana. Cada madrugada, los inquilinos obligados de este recinto se quejan y maldicen mientras José Eduardo González Pineda, de 55 años, quisiera ser sordo para no oír insultos, invisible para no ser blanco de duras miradas, y dominar los esfínteres para no provocar “ese olor”.

Sin embargo, la paraplejía se lo impide. La PNC lo capturó el 12 de noviembre bajo sospecha de violación y, mientras espera audiencia, Apanteos es su hogar.

“Duermo embrocado para que la espalda esté al aire, porque me salen úlceras profundas”, dice para explicar los cuidados que él mismo debe procurarse, ya que el personal médico del recinto penitenciario debe atender a otros 2,099 reos.

Si es declarado culpable, Pineda González se sumará a los 150 discapacitados —recluidos en los centros de cumplimiento de pena diseminados en todo el país— entre los que ya hay dos parapléjicos: Dolores Enrique Portillo, en Jucuapa, Usulután, y Nieves Emilio Santos Reyes, en San Francisco Gotera, Morazán.

Se trata de una población que no aparece referida en los artículos de la Ley Penitenciaria. Eso explica que el director del penal de Apanteos, Julián de Jesús Guzmán Martínez, no sepa qué hacer con Pineda y especule: “No debería estar aquí, sino en un lugar donde duerma solo y tenga quien lo cuide”.

“La Constitución, la Ley Penitenciaria y el Reglamento tienen algunas limitaciones”, reconoce el nuevo director de Centros Penales, Astor Escalante.

Cuando Vértice le comentó el caso de González Pineda, el director prometió buscar la cooperación de instituciones como Funter o de la empresa privada y estudiar la posibilidad de buscar recursos “para atender los problemas más graves” de los reclusos con discapacidades. Sin embargo, la primera medida que Escalante cree necesario tomar es un diagnóstico “de la situación real de estas personas”.

José Eduardo González, parapléjico de 55 años, espera audiencia en la prisión de Apanteos. Como él hay otros dos inválidos en el sistema carcelario. Foto: EDH/Wilfredo Díaz

Barreras invisibles

Ver al reo Jaime Eduardo Villavicencio en brazos de otro compañero no es raro. Recluido en Apanteos desde hace seis años, purga una condena de ocho por agresión sexual en menor.

Este hombre de cabello encanecido y 57 años de edad caminaba perfectamente hasta hace 13 meses, cuando se deslizó cargando dos garrafones de agua. Intentó levantarse y volvió a caer. Ingresó al Hospital San Juan de Dios con el diagnóstico de fractura en fémur y columna.

Desde entonces utiliza andadera y las gradas que conducen al baño son un obstáculo insalvable a menos que alguien lo suba. “Ya les pregunté si quieren que les pague”, cuenta. “¡Noombre! Allá arriba nos están pagando”, dice que le respondió un compañero de prisión.

Villavicencio es uno de los 26 reos condenados —en todo el país— con amputaciones o inmovilidad en pies o piernas, que viven atados a sillas de rueda, muletas, bastones y andaderas y para quienes llegar a espacios como los sanitarios y baños es tarea difícil.

“Un poco de privacidad, baños adecuados, adaptados para su silla de ruedas o su discapacidad y una buena alimentación es lo mínimo que uno de esos reos puede necesitar”, dice Milton Escobar, miembro de Acogipri de R.L. (Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación).

Escobar lleva 23 años sobre una silla de ruedas y cree que si él tiene dificultades de movimiento estando en casa, los reos deben tenerla aún más en las prisiones.

Derechos que no se pierden. Tanto la Procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, como los diputados Norman Quijano (ARENA) y Violeta Menjívar (FMLN), de la comisión de salud de la Asamblea legislativa, recordaron que los reos “no han perdido el derecho a ser tratados con humanidad”.

“Vamos a tratar de facilitarles su locomoción sin menoscabar las medidas de seguridad”, ofreció el director General de Centros Penales al conocer las dificultades de reos como Villavicencio. “Estas no son promesas de político”, aseguró Escalante.

Más allá de las taras

Pedro de Jesús Vega Lemus pone el pantalón en la pila, se apoya poniendo la rodilla en ésta y restriega con toda la fuerza de su brazo derecho.

“No me queda bien lavada, pero como no tengo dinero para ver quién me la lava, ni modo”, se consuela. Vega Lemus, de 33 años, carece de movimiento en su brazo izquierdo a raíz de un accidente de tránsito, purga una condena de 7 años en Santa Ana desde 1999, y tiene claro lo que necesita: “Quisiera tener terapia, sería una bendición de parte de Dios recuperar el movimiento de mi brazo”.

Por lo pronto ha asistido a los cursos de fontanería y panadería, pero evita los talleres donde se utilizan sierras eléctricas y maquinaria pesada pues “peligroso me cortan mi único brazo”.

Ése que lo impulsa para subir a la parte superior del camarote donde duerme, pues cuando llegó al penal “los primeros pisos ya estaban ocupados”.
Vega Lemus reconoce que “tal vez en otros lugares hay internos que están peor”. Sin embargo, afirma que la vida diaria dentro del penal se le dificulta.

“Quisiéramos que nos ayudaran de alguna forma, para que nosotros pudiéramos mantener la mente ocupada explotando nuestras inteligencias”, solicita. Sin haberlo escuchado, el director General de Centros Penales, lanzó un mensaje para reos como González Pineda, Villavicencio y Vega Lemus.

“Independientemente de la discapacidad física que pueden tener, esto no les inhibe de ingresar al sistema laboral dentro de los centros penitenciarios y al sistema de educación”, aseguró.

La tarea pendiente

Una lesión en el fémur izquierdo mantiene a Enrique Alonso Reyes Juárez, de 23 años, en silla de ruedas dentro de Apanteos. Cuando se le pregunta si ha participado en algún taller responde: “Ahorita, por esto que no puedo caminar no me he metido a ninguno... Pero siempre podría así ¿veá?”.

Como Reyes, la mayoría de reos discapacitados se abstiene de participar en los cursos de desarrollo humano que se ofrecen en los centros penales porque ignoran lo importante que son para pasar de la fase ordinaria a la de confianza dentro de los recintos.

Así, José Pedro González Gómez, condenado a 5 años por el delito de homicidio simple tentado, recibió un pronóstico de reinserción desfavorable.

Según el Dictamen Criminológico que le entregaron, luego de solicitar la reducción de pena, González no tiene faltas de conducta pero sí un diagnóstico de cataratas bilaterales. Ésto le inhibe de participar en los programas que lo catapultarían a la fase de confianza.

Astor Escalante no considera la falta de visión como un obstáculo para que los reos puedan educarse. “Tuve un compañero invidente, a veces, le serví de lazarillo. Ahora es abogado”, ejemplificó.

Sin embargo, el director de Centros Penales no es insensible a las necesidades de los reos discapacitados. “Quizá la ley no lo dice pero vamos a salirnos un poco de la ley, sin irrespetar el ordenamiento existente, y a buscarles un sitio digno donde puedan realizar sus actividades. Giraré instrucciones para ver en qué programas específicos de los que tenemos en las cárceles se acomoda a estas personas”, se comprometió.

	XXXXXXXXXX
Daniel Paiz Méndez, de 29 años, cumple una pena de 25 años en Santa Ana.		Pedro de Jesús Vega explica el dolor que siente en su brazo inmóvil.

Prisionero de su propio cuerpo Juan Carlos Sura no quiere indulto, sino terapia física. Foto EDH /Omar Carbonero El 17 de agosto, Juan Carlos Sura estuvo a punto de ingresar a Mariona, donde cumpliría una pena por facilitación de inmuebles, pues según la policía, en la casa de Sura, parapléjico desde la Navidad de 1999, se almacenaba y distribuía droga. El entonces director de Mariona, José Antonio Guzmán Blanco, no admitió a Sura en el penal con el argumento que ahí no era posible darle la “atención especial” que necesita, pues “no se tiene local adecuado para esta clase de internos”. Luego de ser igualmente rechazado en el Hospital Rosales, Sura pasó a ser el único condenado que cumple sentencia en su casa. Él no contradice el veredicto del tribunal que lo sentenció, pero cree que fue condenado debido a la inexperiencia de su defensor. Dice necesitar terapia de rehabilitación y estar dispuesto a trabajar. Sin embargo, el programa de reinserción de reos de la Dirección de Centros Penales no contempla este tipo de casos. Astor Escalante cree que en el caso de Sura “hay un vacío que habrá que llegarle a responder”.