El panorama es contradictorio. Mientras millares de niños se resguardan en sus casas al caer la tarde, otros son prostituidos en las calles o negocios capitalinos.
El fenómeno es complejo y cada vez se hace más notorio e incontrolable

Foto EDH / Archivo

Un sedán ocre que lleva puestas las luces intermitentes toma la curva de una calle oscura que da a una colonia de Soyapango.

Nada resulta sospechoso hasta que el vehículo reduce la velocidad y se estaciona al lado de una señora de gruesa contextura y pelo entintado.

Se da un cruce de palabras durante escasos minutos y luego la mujer, que ronda los 45 años, hace una llamada por celular. Otros minutos de espera y, de repente, aparece de uno de los pasajes de la colonia una joven robusta pero de sensual figura, de piel trigueña y tersa.

Destaca por su porte que le dan sus aproximadamente 1.67 metros de estatura y su rostro redondo acentuado por sus ojos café muy claros.

Tras un breve saludo con el conductor, que se esconde tras unos vidrios ahumados, se marcha. No va sola; su madre la acompaña.

“Es la chaperona, aunque ella también le hace (a la prostitución)”, comenta una vecina mientras las mira alejarse en el auto.

Madre e hija viven de la prostitución, con las ganancias pagan el alquiler de la casa, compran comida y atuendos de marca.

Ella apenas cumplió los 18 años hace poco, pero ejerce el oficio desde que alcanzó la adolescencia porque no tiene padre, y porque su madre se cansó de lavar y planchar ropa ajena y de sufrir escasez.

Ninguna de las dos acepta hablar mucho del trabajo que realizan en horas tempranas de la noche.

La madre dice que nunca deja a su hija, trata de cuidarla y que sus clientes no son “de la barriada”, son personas decentes... algo así como fugaces novios que pagan por su compañía, así sean hombres viejos o jóvenes; pero eso sí, que cumplan con ciertas condiciones como tener vehículo y suficiente efectivo para remunerar esa compañía.

Contestan con reserva o simplemente ponen punto final a cualquier indagación sobre su manera de sobrevivencia. La joven tiene razón, no quiere que sus compañeros de estudio se enteren cómo se financia la escuela.

Primer contacto. Una niña es abordada por un hombre en las cercanías de la Corte de Cuentas.

Contratada. Tras un breve intercambio de palabras, llegan a un acuerdo y salen juntos.

Destino final. El adulto y la jovencita terminan en una “casa de huéspedes”.

“Muchos de estos niños han sido sometidos a una adultización, son victimizados, además de rechazados por su familia. Muchas veces ellos rechazan a sus padres porque de ellos provino la explotación sexual comercial”. Enrique Rubio, Isna.

“Con esto pago mis estudios y eso es lo que me importa, quiero seguir estudiando y sacar una carrera algún día y ya no voy a vivir de esto”, se justifica en ausencia de su madre. Tampoco quiere hablar de con quiénes se acuesta ni cómo la tratan.

Pero ella no es la única en el vecindario que ejerce la prostitución. “Yanira”, que no sobrepasa los 17 años, no atiende a “clientes selectos” desde su casa, como su vecina; lo hace al salir de la barra show, donde trabaja, ubicada en la colonia Médica.

Tampoco quiere dar mayores detalles de su trabajo, “es obvio —dice con aparente sarcasmo— que no estoy en esto porque me guste sino porque tengo dos hijos pequeños que mantener y no tengo otra alternativa ahorita”.

Como estas jóvenes otro incontable número sobrevive de la misma manera en diversos rincones de San Salvador y la periferia.

Asoman tímidamente desde las puertas de vetustas casas en los antiguos barrios del centro histórico que se promocionan como cafetín o comedor pero que en realidad son cervecerías y prostíbulos.

Otras jovencitas y jovencitos son más explícitos y no se ocultan mucho. Con atuendos provocativos se apostan en distintos lugares como la 25ª Avenida Norte, 29ª Calle Poniente, los alrededores del Parque Centenario, la 10ª Avenida que atraviesa el barrio Concepción, o bien plazas concurridas del centro histórico capitalino.

Es en días de pago, fines de semana, y a muy altas horas de la noche (para evadir a la policía) cuando más se les encuentra.

Algunas organizaciones como Médicos del Mundo, Entre Amigos, Cemujer (Instituto de Estudios de la Mujer Norma de Guirola), que hacen trabajos de prevención entre quienes ejercen la prostitución, coinciden en que cada vez es más elevado el número de menores que se añaden a este segmento.

En nuestro país no existe un cálculo de cuántos menores son prostituidos, pero en San Salvador algunos de estos organismos estiman que son unos 500. Sólo a nivel de los distritos 2 y 6 se contabilizan unos 300.

¿Qué provoca este fenómeno? Mucho se ha hablado de que es la pobreza la que los empuja a buscar formas de sobrevivencia, pero poco se habla de quienes los explotan con fines comerciales y los que compran el servicio.

Los clientes

Algunos estudiosos del fenómeno como Zoila de Inoccenti en su investigación “Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes” por encargo de OIT/IPEC, dice que para comenzar no se puede hablar de prostitución cuando se habla de uso sexual de menores de edad, sino de explotación. Tampoco se puede hablar de “clientes” sino de explotadores.

Según la experiencia que ha tenido Médicos del Mundo en 150 menores, de distintos distritos, este año, a través de su programa Huellas de Ángel, hay un significativo número de clientes que los demandan, especialmente obreros y comerciantes cuyas edades oscilan entre los 30 y los 50 años.

Son pocos los que aceptan hablar sobre su afición a tener sexo con niñas o niños, en general lo niegan.

Pero hay otros que se atreven, con cierta reserva. “Había terminado de trabajar —dice un cantante veinteañero— y se me acercó una niña bien chula que me sacó plática. Me dijo que la invitara a tomar algo, al rato ya la tenía en el carro y, como es polarizado, ahí mismo ocurrió.

Ella me dijo que tenía 15 años, después que 13, pero no me sentí friquiado porque fue placentero. Le di $10”.

Este joven es un músico de banda que recorre diversas poblaciones del país cada mes y, según afirma, le salen cinco cipotas cada vez, pero sólo acepta acompañarse de dos. Algunas veces le cobran entre $10 y $15, otras veces es gratis.

Dice sentir la misma satisfacción sexual con una menor que con una adulta. “Siempre me salen, hasta de 12 años, pero a esa edad ya me corto, aunque... quién sabe”.

En el Código Penal, el artículo 170-A estipula prisión entre 4 y 8 años a los que sean sorprendidos “en mera demanda o solicitud de servicios de prostitución”.

Si bien algunos clientes sólo buscan un momento de placer, que ya es un abuso, otros violan aún más los derechos de estos menores.

Encuentro. La plaza Gerardo Barrios se ha vuelto un referente de prostitución infantil. Foto EDH / Archivo

Unos son violados por varios a la vez, a otros no les pagan o los golpean, y ellos no los denuncian por temor o, como dice Rebeca Sánchez, quien trabajó todo este año en Huellas de Ángel, “porque ni siquiera dimensionan que son violentados, que son víctimas”.

Este tipo de abuso a menores no es un asunto controlado, si bien está regido en el papel, en la práctica está lejos de serlo.

Mario Antonio Sibrián, comandante del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para el centro histórico, dice que cuando el “cliente” se ve sorprendido haciendo contacto con una menor, “se agarra, se le retiene por unas horas y se le impone una esquela de entre ¢500 y ¢1,500”.

Pero eso no es algo frecuente, según Sibrián, y cuando ocurre “algunos no se hacen cargo, otros piden que no los vayamos a quemar por eso de que están casados. El problema es cuestión moral”, añade.

Sin embargo, ¿evaluarán estos clientes si es cuestión moral tener sexo con un niño o una niña? Las edades de las 13 menores que el CAM ha recuperado este año de calles y principalmente de bares oscilan entre los 10 y los 15 años.

El comandante Sibrián reconoce que es difícil controlar a estos abusadores porque hay que sorprenderlos en flagrancia y eso no siempre es posible.

Pero si los clientes son difíciles de pillar es aún peor descubrir el rostro de los otros explotadores, los proxenetas, los administradores o propietarios de centros de prostitución, los que cobran un “impuesto” por cada sesión de sexo.

Vulnerables 300 Los menores prostituidos en dos de los distritos de San Salvador. La remuneración $10 Es el pago promedio que reciben las niñas por tener un encuentro sexual.

Sin castigo

“En los cursos de computación que impartimos desde hace dos años hemos tenido niñas que trabajan en negocios (prostíbulos) pero de repente desaparecen y cuando hemos indagado el porqué nos enteramos de que (los patronos) no les dan permiso”, afirma el doctor Luis Estrada, director de la Fundación Huellas, una organización laica que brinda capacitaciones en computación y alfabetiza a toda persona que ejerce el oficio y quiere buscar otra opción en la vida.

La ley es clara cuando se trata de castigar este delito. El artículo 170 del Código Penal establece cárcel de 6 a 10 años al “que indujere, facilitare, promoviere o favoreciere la prostitución de persona menor de dieciocho años”.

No obstante, la Fiscalía no registra procesados por esta causa, y el CAM dice realizar de 3 a 4 inspecciones diarias en los negocios que en su mayoría operan ilegalmente. Sólo en el centro histórico han detectado 30 bares.

Mario Sibrián dice que cada vez que intervienen una cervecería o barra show encuentran a menores trabajando, pero que los dueños o administradores de dichos negocios siempre se excusan diciendo que ellas o ellos llegaron al lugar por su cuenta. En otras ocasiones mienten sobre la edad de las pequeñas empleadas.

En los registros de la PNC figuran 61 detenidos por inducción, promoción y favorecimiento de la prostitución entre 2003 y 2004, y 103 menores de entre 11 y 17 años recuperados en lugares intervenidos, que han sido remitidos al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral para la Niñez y la Adolescencia (Isna).

El subdirector de investigaciones de la PNC, Douglas García Funes, dice que estos números no representan la dimensión del problema. “Es una cantidad demasiado pequeña para el nivel de inducción que existe en el país y la cantidad de centros de prostitución camuflados”, apunta.

Pero, ¿qué es lo que impide magnificar el problema y abordarlo? Algunos activistas como Ima Guirola, de Cemujer, y William Hernández, director de Entre Amigos, coinciden en que muchos menores son víctimas del crimen organizado y que como tal debe ser tratado este delito.

Los rostros de jovencitos que ofrecen servicios sexuales en distintos lugares y bajo diversos métodos, es sólo la fachada de un lucrativo negocio que —según estudiosos del fenómeno— responde a toda una estructura de reclutamiento que sabe moverse en las sombras.

El modo de operar es clásico: una persona llega a la escuela o algún lugar público, busca niñas de entre 11 y 17 años, se gana su confianza, les pinta todo un universo de fantasía, les habla de que ganarán mucho dinero para ayudar a su familia y para comprarse todo lo que quieran.

Según Enrique Rubio, el comercio sexual de menores vulnera más a las niñas y responde, en los casos de reclutamiento, a una estrategia de desarraigarlos de su círculo familiar. Recuperarlas de ese medio depende de la denuncia ciudadana.

También les pide absoluta discreción para que no se enteren sus padres. Luego de haber convencido a las menores estas personas los desarraigan de sus hogares, las llevan a un lugar alejado y les hacen sentir que no tienen a nadie más que cuide de ellas.

Según investigaciones de la policía, a algunas las llevan a trabajar como meseras a ciertos bares donde, además, las drogan, las encierran, las incomunican y luego las explotan sexualmente.

El comisionado García Funes dice que los explotados se vienen quedando con un 20% del negocio ilegal. Por eso mantienen la reserva sobre su actividad. Esto vuelve más difícil que las autoridades ejerzan control, aunque también facilita el lucro y la impunidad de los explotadores.

Yanira, por ejemplo, no habla de sus clientes ni de pagos que haga a alguien. Un silencio largo da por terminada la conversación.

Un par de jovencitas tampoco quieren hablar más allá de que se prostituyen casi todos los días porque necesitan comer y que alquilan una pieza entre varias amigas en una zona marginal del sur capitalino.

“Los mareros a veces piden a cambio de protección... nosotros ya no trabajamos en cervecerías, no sé si a las que trabajan allí les cobran”, dice la más joven, mientras mira de reojo a su compañera.

De acuerdo a García Funes, los proxenetas conforman una poderosa estructura que se fortalece más ante este tipo de silencio en la mayoría de las víctimas.

Y la falta de herramientas legales adecuadas para ejercer un mayor control en los proxenetas les ha impedido desarticular hasta el momento una red centroamericana porque son estructuras muy cerradas.

“Es difícil probarle la intelectualidad a alguien, (sin embargo) se han incrementado las investigaciones y muchas veces partimos de los mismos anuncios clasificados de oficinas de edecanes, salas de masajes o esos negocios de fachada donde ofrecen trabajos de mesera”, apunta.

Otros son más críticos y ven más allá de los números, como el doctor Estrada, para quien este fenómeno, que se asocia más con prostitución y no con pornografía, por ejemplo, se tiende a inadvertir.

De hecho, hay un lamento casi generalizado de que no hay que entenderlo como trabajo infantil, sino como una clara violación a los derechos de la infancia y la adolescencia.

Tampoco que se hable de “menores en prostitución”, sino de “menores prostituidos” porque en realidad son objeto de explotación.

El Salvador tiene un abanico legal que va desde la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño hasta el Código de Familia, donde se establece que la niñez debe ser protegida de cualquier actividad que lesione sus derechos más fundamentales.

Aunque se habla de avances en materia de respeto a los derechos de la infancia, también se apuntan vacíos legales como el que la policía no tenga el recurso del criteriado para ejercer mayor control en explotadores.

Esto porque, a juicio de García Funes, aunque se emprendan investigaciones como el hecho de infiltrarse para detectar menores, la Fiscalía exige pruebas como que el hecho se haya consumado, y eso es difícil.

Mientras tanto, CAM y PNC siguen interviniendo negocios en búsqueda de menores. No obstante, el saldo negativo de estas acciones es que aunque impongan multas a los dueños de esos negocios por operar ilegalmente, que van de ¢2,500 a ¢5,000, la espera para que el concejo capitalino decida si cierra o no el negocio tarda meses.

Sibrián dice que si el dueño apela a la Corte Suprema de Justicia, el tiempo se alarga más. Mientras tanto, estas empresas siguen operando y explotando sexualmente a menores con fines comerciales.

El ciclo de la explotación sexual no parece terminar. La pobreza y el abandono por parte de los padres siguen abonando también a esta problemática.

Mientras tanto, los seguiremos viendo en cantinas, calles o centros comerciales, haciendo tratos con cualquiera que pueda pagar en efectivo o en especie su servicios en aras de su propia sobrevivencia.