Ginger Thompson The New York Times

Una enfermera remueve los tatuajes de Christian Antúnez en una clínica en San Pedro Sula. "Si no me quito los tatuajes, nunca viviré en paz", dice el ex pandillero.

San Pedro Sula, Honduras. Christian Antúnez contiene un alarido conforme la enfermera le clava una aguja encima de su ceja izquierda. “¡Ay, mamá!”, grita. “Eso duele de verdad”.

“No te muevas”, le dice la enfermera, administrándole anestesia una y otra vez.

El suplica que le den un respiro. Cuando menos a otros cuatro hombres ahí, todos cubiertos con tatuajes, les están aplicando agujas en torno a él, sobre sus brazos, piernas, espalda y pecho.

Los lamentos se alzan desde las sillas. Uno de ellos tiene un tatuaje en el cráneo. Otro lo tiene sobre su labio superior. Incluso otro más lo lleva sobre el cuello. Antúnez, de 22 años de edad, los tiene por doquier.

Todos estos hombres llegaron a esta improvisada clínica en un barrio asolado por la violencia callejera en busca de una curación desesperada y desfigurante: hacer que sus tatuajes de pandilleros sean removidos.

“La sociedad piensa que somos monstruos”, dijo Antúnez. “La policía nos quiere muertos. Es por eso que hacemos esto. Si no nos quitamos los tatuajes, nunca seremos capaces de vivir en paz”.

Todo parece indicar que el dolor, dijo, es un pequeño precio por una nueva vida. “Sueño con estar limpio, incluso si eso significa quedar marcado”.

Ellos son pandilleros, conocidos aquí como “maras”, en honor a una especie de hormigas que forma marabuntas. De hecho, a lo largo del último decenio, las pandillas se han extendido como una plaga por toda Centroamérica, México y Estados Unidos, desatando una catastrófica oleada de criminalidad que ha convertido barrios pobrísimos en zonas de combate, aunado a una represión igualmente virulenta que ha dejado a miles de pandilleros muertos, ocultándose, en la cárcel o dirigiéndose hacia Estados Unidos.

Las autoridades estiman que existen entre 70,000 y 100,000 pandilleros a lo largo de América Central y México. En la última década, las pandillas han matado a miles de personas, sembrando nuevos temores en una región que sigue luchando por superar guerras civiles que acabaron apenas hace un decenio. Las pandillas han reemplazado a las guerrillas como el máximo enemigo público.

Los presidentes de Honduras y El Salvador, respectivamente, han calificado a las pandillas como una amenaza tan grande para la seguridad nacional como el terrorismo en Estados Unidos. Las pandillas han revivido viejas estrategias de contrainsurgencia y han adoptado leyes de cero tolerancia conocidas como Mano Dura, las cuales pasa por alto las normas básicas del proceso debido y les permiten enviar a jóvenes varones a la cárcel por nada más que un tatuaje que los identifique con una pandilla.

En lugar de ofrecer confianza, las campañas oficiales inflaman el temor popular. Y durante el año pasado, investigadores de los derechos humanos empezaron a informar de alarmantes incrementos en los números de jóvenes varones muertos por la policía y personas que toman la ley en sus manos, conocidos como vigilantes.

Nadie niega que la violencia de pandillas requiera de una dura respuesta. Nadie, ni siquiera las enfermeras que remueven sus tatuajes, siente compasión por hombres con historias brutales, como Antúnez.

Con todo, muchos promotores de los derechos humanos y líderes de la comunidad temen que las agresivas medidas que están tomando algunos gobiernos en contra de las pandillas no hayan resuelto tanto el problema como lo han diseminado.

Violencia en expansión

Miles de pandilleros están huyendo al norte, desplazándose con y aprovechándose de las oleadas de inmigrantes indocumentados que viajan hacia Estados Unidos, país que está tomando medidas determinantes por cuenta propia y deportando a miles de pandilleros con base en violaciones a las leyes de inmigración. El efecto consiste en sacudir a las pandillas a lo largo de la región.

Conforme integrantes de pandillas avanzan, la cultura de las pandillas lo hace con ellos. Departamentos de policía a lo largo de Estados Unidos califican a las pandillas como uno de los principales problemas de la delincuencia. En el mes de enero, aproximadamente 72 departamentos en escala nacional se reunieron para discutir el tema en Los Angeles. Se llevará a cabo otra reunión cumbre sobre pandillerismo por parte de autoridades encargadas de hacer valer la ley en Washington.

En Guatemala, las autoridades dicen que la violencia con armas de fuego matará a 1,000 personas más este año, en comparación con la cifra registrada hace dos años. Las pandillas, destacan, cometerán el 80 por ciento de esos asesinatos.

El estado mexicano de Chiapas, mismo que comparte una frontera sin ley con Guatemala, se ha convertido en otro territorio de caza para los maras. Las pandillas atacan en parques y estaciones de autobuses. A lo largo del año pasado, se informó que las pandillas mataron a más de 70 inmigrantes que viajaban como polizones a bordo de trenes de carga con rumbo al norte.

En una inusual muestra de solidaridad durante el año pasado, los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y México firmaron un acuerdo para empezar a explorar formas de colaborar en el combate contra las pandillas. Sin embargo, se detuvieron antes de adoptar medidas tan severas como las que hay en Honduras y El Salvador.

Pero, en países paralizados por la corrupción e impunidad oficiales, las represiones severas han debilitado el estado de derecho en la misma medida en que han logrado avances en contra del aumento de la criminalidad.

Territorios sin ley

Las prisiones están ocupadas muy por encima de su capacidad con jóvenes varones que esperan por varios meses antes de que les presenten cargos en su contra. Saturados bloques de celdas se han convertido en trampas letales, con cientos de pandilleros muertos en sospechosas redadas e incendios.

Algunos miembros de pandillas, recogidos por la policía, nunca logran llegar a la cárcel. Sus vapuleados cuerpos desmembrados se acumulan en calles y campos. Organizaciones por los derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, han reportado incidentes de pandilleros que fueron secuestrados, torturados y muertos por los mismos tipos de fuerzas secretas de seguridad que fueron responsables de las desapariciones de cientos de presuntos izquierdistas durante los años de la guerra civil.

El Comisionado Ramón Custodio ha descrito las muertes como “una lenta limpieza social”, involucrando a menudo a jóvenes que no tienen antecedentes criminales.
Informes por parte de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos han hecho eco de advertencias similares.

“A mí me parece que este país está perdiendo, en buena medida, los avances democráticos que tanto nos han costado”, dijo Bertha Oliva, la directora del Comité por los Parientes de los Desaparecidos, el cual se formó en la cúspide de la Guerra Fría. “En el decenio de los 80, este país dijo que estaba bien acabar con sus enemigos políticos porque eran antisociales. Hoy día, nosotros decimos lo mismo con respecto a los pandilleros”.

Problema en aumento

Las dos pandillas más grandes, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, empezaron en las calles de Los Angeles. La pandilla de los salvatrucha fue organizada por los hijos de refugiados de las guerras civiles que Estados Unidos patrocinó en América Central en el decenio de los 80. Algunos jóvenes las promovieron como redes de apoyo, incluso como centros sociales.

Oficiales de la policía de Los Angeles interrogan a Gerson Ramos, un miembro de una pandilla latina, en un suburbio de Hollywood.

La Mara 18 fue organizada por inmigrantes mexicanos en el decenio de los 70, reclutando después a refugiados centroamericanos para desafiar a los salvatruchas.Las peleas a puño limpio en contra de grupos rivales se convirtieron en luchas armadas.

Después, en lo que fue una severa represión por parte de oficiales de inmigración de Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a sus países de origen. Durante el auge del programa a mediados de los 90, aproximadamente 40,000 inmigrantes indocumentados y criminales fueron deportados cada año.

Repentinamente, uno de los rincones más pobres del mundo, el cual lucha por cubrir las necesidades básicas de su gente, se vio agobiado con la carga de la plaga de criminalidad de una superpotencia.

Barrios enteros fueron saqueados por violentas guerras en pos del territorio, libradas por volátiles jóvenes armados con machetes y pistolas de fabricación casera, hechas con tubos, conocidas como “chimbas” y “trabucos”. Las tasas de homicidio, particularmente entre varones menores de 30 años, se dispararon. Los ciudadanos que se rigen por la ley vivían como prisioneros en sus propios hogares. Ejércitos y dependencias encargadas de la ley, que habían sido adelgazadas para lo que supuestamente iba a ser una nueva era de paz, se vieron obligadas a engrosar sus filas de nuevo.

Repunte delictivo

Ahora, con las extraordinarias medidas aplicadas por gobiernos de Centroamérica que los están alejando, la violencia ya recorrió todo el círculo. La sola fuerza de la inmigración ilegal ha convertido a los Mara Salvatrucha y la Calle 18 en dos de las pandillas de mayor crecimiento en Estados Unidos.

Ellos están ocasionando un aumento en la delincuencia en ciudades como Los Angeles, Chicago y los suburbios en las inmediaciones de Washington, afirman agentes de policía. Se han expandido desde sus bases en grandes ciudades para hacer incursiones violentas en lugares como Durham, Carolina del Norte, Omaha, Nebraska, así como el condado Nassau, en Nueva York.Un estudio por parte de la Universidad Northeastern encontró que si bien la criminalidad en general había descendido en más de 20 por ciento de 1999 a 2004, los homicidios relacionados con pandilleros habían aumentado en más del 50 por ciento.

Una parte de la violencia más perturbadora se ha desarrollado en los suburbios en torno a Washington, donde integrantes de los Mara Salvatrucha fueron culpados de cercenar con un machete las manos de un rival de 16 años de edad, así como de haber apuñalado a una adolescente de 17 años que estaba encinta, la cual era una informante.

El área metropolitana de Los Angeles, con una población casi igual a la de Honduras, sigue siendo la capital mundial de las pandillas callejeras, con lo que se estima en 700 “clicas” (pandillas, aunque también se refiere a las señales particulares de cada una de ellas) diferentes y más de 110,000 pandilleros. Oficiales de la policía municipal y estatal aseguran que la mitad de todos los homicidios allá están relacionados con las pandillas.

Michael R. Hillmann, uno de los subjefes del Departamento de Policía de Los Angeles, dijo en una entrevista que “nuestras pandillas son como tribus que combaten”, y que los esfuerzos del departamento de policía para sofocarlas han tenido tanto éxito que comandantes de la Marina estadounidense asignados a operaciones para controlar sitios problemáticos como Faluya, en Irak, han visitado Los Angeles para aprender de ellos.