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REPORTAJE
El
crimen de Juan Gerardi
¿Quién mató al obispo?
El
asesinato del obispo guatemalteco, Juan Gerardi, es un laberinto
de personajes turbios: una mafia de ladrones de imágenes religiosas,
sacerdotes de dudosa conducta, testigos falsos, militares resentidos
con el presidente Álvaro Arzú. Desenredar esa tenebrosa
madeja
les tomó tres años de investigaciones a los periodistas
Bertrand de
La Grange y Maite Rico.
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La
española Mate Rico y el francés Bertrand de la Grege
presentaron el libro controversial en Guatemala.
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¿Bertrand de la Grange
y Maite Rico se sentaron a presenciar el juicio contra cinco personas
acusadas de asesinar al obispo guatemalteco, Juan Gerardi. Creían
tener ante sí a los verdaderos culpables del crimen: tres militares,
un extraño sacerdote y una cocinera.
Al transcurrir las audiencias, estos dos periodistas descubrieron lo
que describen como una fabricación, en la que han participado
fiscales, jueces y funcionarios del gobierno de Alfonso Portillo. Y,
lo que es más desconcertante, la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado (ODHA), fundada por el propio Gerardi y querellante
adhesivo en el caso.
Ambos son los autores del libro ¿Quién mató
al obispo?, presentado en diciembre en Guatemala y que ha roto
récords de venta en el vecino país. Hemos constatado,
por ejemplo, que se utilizaron testigos falsos, y que las actas del
juicio fueron alteradas.
A partir de esta realidad, hemos recabado una serie de indicios que
apuntan a una hipótesis muy distinta a la versión oficial:
el crimen no fue tramado, como lo afirma la ODHA, por el ex presidente
Álvaro Arzú y su Estado Mayor Presidencial, sino por sus
enemigos políticos, con el propósito de desestabilizar
al gobierno (que había firmado la paz en 1996) y allanar el camino
a la victoria del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general
Efraín Ríos Montt y a su candidato, Alfonso Portillo,
aseguran los autores, en una entrevista con EL DIARIO DE HOY.
Según de la Grange y Rico, los indicios que han recabado ubican
la conspiración en un sector descontento con el gobierno de Arzú,
y que incluye a oficiales depurados del Ejército tras ser acusados
de pertenecer a la llamada Red Moreno, una organización vinculada
al contrabando y al crimen organizado. Estos oficiales tenían
relaciones con el FRG, el partido de Portillo.
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El
obispo gerardi es descrito en el libro como un hombre alegre que
le gustaba el fútbol y la buena comida
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| Gerardi,
según los autores, decía que la teología de
la liberación era una pendejada inútil |
Pero el complot no incluye únicamente el
asesinato, sino que abarca también la manipulación del
proceso para desviar la investigación y señalar a los
culpables, agregan.
Según el libro, en este proceso de manipulación, cuentan
con la inestimable ayuda de los colaboradores del obispo Gerardi, que
protegen y presentan testigos falsos. Dos herederos del
obispo, Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado (ODHA), y Edgar Gutiérrez, terminan como funcionarios
del FRG (el primero como embajador, y el segundo, como jefe de los servicios
civiles de inteligencia y luego canciller).
Los dos periodistas empezaron a sospechar de la versión oficial
por la falta de lógica de la acusación.
La versión oficial, sostenida por la Fiscalía y por la
ODHA, es que el Estado Mayor Presidencial de Arzú mata a Gerardi
en venganza por el informe de derechos humanos que acababa de presentar.
Los militares de confianza de Arzú habían sido escogidos,
precisamente, por su currículum limpio: eran oficiales
con formación universitaria, sin trayectoria guerrera y sin antecedentes
de abusos: es decir, el informe de Gerardi no les afectaba para nada.
Un golpe político
Por otro lado, la paz era la gran carta de presentación del gobierno,
y la popularidad de Arzú y de su grupo, el Partido de Avanzada
Nacional, era muy alta. Es obvio que el asesinato golpea de lleno al
gobierno, y que Arzú y su equipo se convierten en las víctimas
políticas del caso.
Según los periodistas, con el asesinato de Gerardi,
se logran tres objetivos: en primer lugar, se pone en cuestión
la pacificación del país, principal logro
del gobierno; en segundo lugar, se despiertan sospechas sobre el Ejército,
como institución, lo que salpica inevitablemente a la cúpula
militar de Arzú y al propio presidente, como jefe de las fuerzas
armadas. En tercer lugar, se ajustan las cuentas con la Iglesia, por
el apoyo que algunos religiosos dieron a la guerrilla en los años
ochenta.
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| El
libro fue un éxito de librería en la capital Guatemalteca.
Una segunda edición está en caminio |
Nosotros pensamos que la banda Valle del Sol es
utilizada como mano de obra para ejecutar el crimen. Esa
banda, que por cierto tiene ramificaciones por toda Centroamérica,
incluido El Salvador, se dedicaba a los atracos bancarios, secuestros,
robo de arte religioso y trabajos como sicarios, aseguran.
Entre los miembros de la banda, estaba Ana Lucía Escobar, hija
de monseñor Efraín Hernández, el todopoderoso canciller
de la curia y amigo de Gerardi. En el caso termina detenido también
el cura Mario Orantes, auxiliar de Gerardi en la parroquia San Sebastián,
a quien los autores califican como una de las grandes incógnitas
del caso.
Él estaba presente cuando asesinan a Gerardi: el cadáver
del obispo presenta, incluso, mordeduras del pastor alemán de
Orantes, dicen los autores.
De la Grange y Rico sostienen en su libro que el cura incurrió
en contradicciones insalvables y alteró la escena del crimen
antes de la llegada de la policía, que fue avisada tres horas
después del asesinato.
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Un
crimen misterioso
El 24 de abril de 1998, el obispo auxiliar de la capital guatemalteca
era asesinado a una cuadra del Palacio Nacional, en el zaguán
de su casa. Desde el inicio, el crimen estuvo lleno de misterios.

El
cuerpo de Juan Gerardi yace en la entrada de la casa parroquial
de la Iglesia San Sebastián, en la capital guatemalteca.
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Los
cuatro condenados: Byron Miguel Lima Oliva,el sacerdote Mario
Orantes Nájera, Byron Disrael Lima Estrada y el ex oficial
José Obdulio Villanueva, éste último asesinado
en la prisión.
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Alfonso
Portillo concluyó su periodo el 14 de enero pasado, dejando
un legado de corrupción e impunidad. El libro lo acusa
de fabricar el caso Gerardi.
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Álvaro
Arzú era el presidente de Guatemala al momento del crimen.
Un gobernante que depuró el ejército y firmó
los acuerdos de paz con la guerrilla.
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De Orantes, que por cierto era amigo de Ana Lucía
Escobar, se puede decir, cuando menos, que está encubriendo.
Si hablara, se resolvería el crimen. Pero ha mantenido silencio
durante todo este tiempo, y ha contado con el apoyo de la jerarquía
eclesial, lo que le ha permitido pasar tres años no en la cárcel,
sino en un hospital religioso, aquejado de migraña, agregan
los autores.
De la Grange y Rico sostienen que el mayor obstáculo sufrido
durante la investigación periodística que termina conformando
el libro, fue el acceso a la información.
Por intereses, o por miedo, nos encontramos con muchas resistencias.
Nos llevó mucho tiempo dar con los interlocutores clave y labrarnos
su confianza, afirman.
Otro gran obstáculo ha sido el consenso que
existía alrededor de la versión oficial. La comunidad
internacional, más que todo la misión de Naciones Unidas
y los embajadores de Estados Unidos y Suecia, compraron
la historia con los ojos cerrados y avalaron un proceso viciado, dando
muestras de una tremenda irresponsabilidad, señalan.
Non gratos
Los periodistas sufrieron intimidaciones durante su investigación
y tuvieron que salir de Guatemala. Tras la publicación del libro,
se lanzó una campaña de descrédito en contra de
la pareja.
El libro describe a Gerardi como una persona que gozaba la vida: le
encantaba la buena comida, la música, el fútbol, los chistes,
estar con su familia... Ni aspiraba al martirio, ni era un amargado,
ni un radical.
Era un sacerdote tradicional en términos pastorales, aunque
en privado mostraba bastante apertura hacia temas como el control de
la natalidad, por ejemplo. No es cierto que fuera partidario de la teología
de la liberación: llegó a decir que eso era una
pendejada que no había servido para nada. Él seguía
la línea de la doctrina social de la Iglesia, aseguran.
Rico y de la Grange describen el caso como complicado
y truculento, con tantos intereses, que vemos difícil que pueda
llegarse al fondo.
En una situación normal, esperaríamos que el libro
provocara la liberación de los condenados (incluido el padre
Orantes, que fue condenado con un falso testigo), la revisión
del proceso, y el castigo de los abogados, jueces y fiscales que manipularon
el expediente, afirman.
A los autores les resultó decepcionante que la prensa guatemalteca
en lugar de dar seguimiento a los elementos aportados en el libro se
dedica únicamente a reproducir las protestas de la ODHA.
Obviamente algo anda muy mal por ahí. Otra cosa es la opinión
pública, que obviamente desconfía de la versión
oficial. El mejor indicio es que la primera edición del libro
se agotó en dos días, agregan.
De La Grange y Rico han sido corresponsales de los diarios Le Monde
(Francia) y El País (España) y han vivido durante años
en Centroamérica y México. Ambos escribieron también
el libro Marcos, la genial impostura.
Nuestros libros son el resultado de investigaciones serias.
Ese proceso de hurgar, de ir al fondo de las cosas, nos
ha conducido, en ambos casos, a derribar mitos y mentiras creados al
calor de la corrección política, esa nueva plaga que invade
universidades, medios de comunicación y círculos intelectuales,
afirman.
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