LA COLUMNA

Mirella Cáceres vertice@elsalvador.com

Hijos de la impunidad

Simplemente increíble. Razón tuvo el fiscal Aquiles Parada de calificar de “insólito” el hecho que un un condenado a prisión imponga “las reglas del juego”. Sí, me refiero a Raúl García Prieto, el ex presidente del Banco de Fomento Agrope-cuario (el BFA), el mismo que un día juró servir a la patria; pero terminó traicionándola cuando, al margen de la ley, favoreció a dos sociedades para que adquirieran el ingenio El Carmen.

Pero lo insólito de toda esta historia no es en sí la naturaleza de la petición del ex funcionario de una audiencia especial de revisión de medidas, sino el hecho de que en su condición de prófugo condicione al tribunal para entregarse a cambio de permanecer en casa. Me gustó mucho la reacción de una jueza cuando dijo: “No va a venir un condenado a poner condiciones de cómo quiere entregarse...”.

Pero, luego, el Juzgado Sexto de Sentencia le favoreció con arresto domiciliar por veinte días, mientras se revisaba la sentencia. Pero lo risible en este caso es que el señor García Prieto no sólo consiguió burlar al sistema judicial obviando oir sentencia, huir y no llegar en el plazo de dos días que le habían otorgado para presentarse a la instancia, sino que impuso su capricho de permanecer en su hogar. Quien sabe que se le ocurra otro ardid para que se modifique o anule su condena. ¡Vaya! ¡Cuán astuto el condenado y cuán irresponsables los jueces al conceder el juguete al niño para evitarle más berrinches!

Hay algo más que agregó la jueza antes citada: “... Si doy oportunidad van a venir todas las personas condenadas a querer que se les revise su situación”. ¿Cuál es la diferencia entre el condenado García Prieto y el condenado “Juan Pérez”?

Después de esta ejemplar lección de como se imparte justicia en El Salvador, ¿no tienen también derecho los otros condenados a pedir revisiones de sentencia mientras miran la televisión y comen junto a su familia en casa? El precedente se ha escrito; esto es un hito en la historia judicial.

De esta maraña concluyo que como sociedad, como sistema, a los salvadoreños nos falta mucha honestidad, equidad y ética a la hora de impartir justicia.

Me llama la atención que imputados como el abogado Nelson García y Héctor Cristiani echaron mano del recurso del padecimiento físico para cumplir su arresto en un hospital y no dentro de las frías bartolinas.

El mismo Raúl García Prieto justificó su estancia en casa por problemas de salud mientras era enjuiciado. Ante estas casualidades me asalta una duda ingenua: ¿realmente están enfermos o se burlan de nuestro débil sistema judicial?