REPORTAJE

Caso García Prieto:
Diez años después...

“El caso está por prescribir, pero seguiremos denun-ciando
lo que pasó. Creo en la justicia que hace la sociedad a través de
la denuncia...”, dice Gloria de García Prieto al recordar los diez
años de la muerte de su hijo y de una larga batalla legal en
busca de justicia.

Alicia Miranda Duke vertice@elsalvador.com

Ocurrió un viernes 10 de junio de 1994. Ramón Mauricio García Prieto Giralt, de 31 de años de edad y arquitecto de profesión, estaciona su camioneta frente a una casa ubicada en el pasaje verde, de la colonia Escalón en San Salvador.

Abre la puerta del vehículo para que baje su esposa, pero antes, le quita a su hijo de cinco meses de edad para que lo haga con comodidad.

De repente, un hombre vestido de negro les sale al paso. “Te venimos a matar, hijo de puta”, grita. Ramón le pide calma. Pero un segundo hombre lo golpea en sus genitales y en la espalda.

Ramón Mauricio piensa que se trata de un asalto, les entrega la cartera tipo canguro en la que carga dinero y un arma sin que la intente usar.

Aturdido por los golpes, retrocede un poco y le entrega el niño a su esposa, que unos pasos atrás le rogaba a los hombres que respetaran la vida de su esposo.

Ellos no atienden las súplicas y le disparan dos veces. Lo hieren en el estómago y en la cabeza.

Ramón Mauricio García Prieto cae herido de muerte. Cinco horas después fallece en un hospital privado mientras los médicos intentaban salvarlo.

Un mes después, la entonces División de Investigación Criminal (DIC), de la naciente Policía Nacional Civil (PNC) capturaba a José Raúl Argueta Rivas como el autor material de la muerte.
La esposa de Ramón Mauricio, como testigo presencial, junto a otro testigo lo habían señalado como el que disparó contra García Prieto.

Sentencia justa

El 22 de julio de 1996, un Tribunal de Conciencia en el Juzgado Quinto de lo Penal de San Salvador condenaba a Argueta Rivas a treinta años de prisión por el asesinato. Sin embargo, los padres de la víctima sostuvieron en aquel momento que habían más personas involucradas en el crimen, las que además los vigilaban constantemente en señal de intimidación.

Sentado en un sillón de su casa, el padre del asesinado, Mauricio García Prieto, recuerda como “intervinieron el teléfono, nos vigilaban, nos perseguían en vehículos poralizados y sin placas la mayoría de veces”.

Sobre la base de éstas y otras denuncias, la familia sostiene hasta hoy que “la investigación se desvió para proteger a alguien. Y esa certeza nos mantiene luchando después de tanto tiempo”, dice la madre, Gloria.

Hoy, a cuatro días de que prescriba en caso de acuerdo a las leyes de la República, Gloria y Mauricio aseguran que la muerte de su hijo es un ejemplo de negligencia de la justicia salvadoreña del Estado por no investigar a fondo y con responsabilidad el crimen.

“La ley dice que el caso prescribe 10 años después del hecho y, aunque se descubriera a los autores intelectuales, éstos no podrían cumplir una pena”, reconoce la señora de García Prieto, quien a pesar de esa realidad demanda que “un reconocimiento social y moral”.

Por su parte, la Fiscalía se defiende y asegura que se trabajó todo lo que fue necesario durante su instrucción “a tal grado que se tiene a dos condenados por la autoría material del crimen”, dice el Miguel Angel Francia reresentante del Estado en el caso ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), donde se ventila una demanda para exigir justicia.

Haber presentado el caso ante una instancia internacional obedece “una búsqueda de la verdad” según la familia y porque insite en que la investigación del caso estuvo viciada desde el primer día. Ponen de ejemplo, el hecho que las autoridades hayan tardado diecinueve días en acudir a la escena del crimen.

Esa búsqueda de los padres de la verdad y de los todos los responsables del crimen está acompañada legalmente por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana ,UCA (IDHUCA) y el Centro Internacional para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) para llevar el caso ante el CIDH.

Segunda captura

Las reacciones ante esta demanda no se han hecho esperar. En enero de 1997, las autoridades salvadoreñas solicitaron a la CIDH archivar el caso argumentando que la investigación había concluido con la condena de Argueta Rivas.

En respuesta emitió una resolución en la que se hacía constar “las deficiencias cometidas por las autoridades de justicia”. Además, se solicitaba protección para los familiares, sus representanes legales y testigos en el proceso.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública se giró órdenes precisas al entonces director de la PNC, Rodrigo Ávila, para continuar los esfuerzos por encontrar a los otros responsables del crimen.

El 23 de enero de 1998, la policía capturó a Julio Ismael Ortiz Díaz, un segundo involucrado en el crimen.

Los demandantes felicitaron a las autoridades por la captura, pero a la vez pidieron que no soltaran las riendas de la investigación hasta conocer a todas las personas vinculadas con el homicidio, según se explica en el libro Caso García Prieto, editado por IDHUCA.

Los demandantes y la Comisión Interamericana recordaron que durante el juicio de Argueta Rivas, éste había señalado a otro involucrado conocido como “Zaldaña“, en referencia a Carlos Romero Alfaro, quien era procesado por la muerte de un dirigente del FMLN, Francisco Velis.

A juicio de los demandantes, pese al señalamiento y al pasado de Zaldaña nunca iniciaron una verdadera investigación. A esto, el licenciado Francia responde que nunca se pudo comprobar la vinculación de esta persona con este caso.

Mauricio y Gloria García Prieto, así como representantes del IDHUCA mantuvieron conversaciones de seguimiento sobre el curso del proceso. Cinco años después, el 6 de junio de 2003, los padres de la víctima presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según Benjamín Cuellar, director del IDHUCA, en el documento solicitaban al menos nueve diligencias judiciales que llevarían a conocer al tercer autor material y a los autores intelectuales del crimen.

Piden profundizar

“¿Qué han hecho en este último año?”, se pregunta Cuellar. Luego se responde: “Se dedicaron a investigar a quienes seguían a los García Prieto y llegaron a la conclusión de que eran ellos mismos (los que se perseguían)”.

Miguel Angel Francia dice que llegaron a esa conclusión después de que el ex jefe de la Unidad de Protección de Personalidades Importantes les planteó esa versión.

Además, Francia sostiene que la familia tuvo tres años de seguridad hasta que ellos renunciaron a la misma. “El Estado ha sido anuente ante las peticiones que hace la Comisión y los García Prieto”, dice Francia.

Pero el director del IDHUCA asegura que jamás se trazaron líneas sobre las peticiones realizadas por la familia, y de la que llegaron a decir que “padecían de delirio de persecución y que eran esquizofrénicos”.

“El caso está por cerrarse en El Salvador y la Fiscalía no ha hecho nada”, resumió Alejandra Nuño, abogada de la CEJIL, en declaraciones a Vértice durante una visita al país en febrero pasado.

Este argumento no es aceptado por la Fiscalía, la que a través de su representante, Miguel Angel Francia, y reitera que hasta el momento se han atendido las peticiones de la Comisión Interamericana y la familia.

Pero aunque en las instancias de la justicia salvadoreña el tiempo se agotó, la madre de Ramón Mauricio asegura que “la prescripción no es un dolor de cabeza porque en el país los delitos prescriben sin necesidad de que pasen diez años...No se investigó”.

El 12 de mayo pasado los padres de Ramón Mauricio García Prieto presentaron una pieza de correspondencia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en la que solicitaban la presencia del Fiscal General, Belisario Artiga, para que explicara el estado actual del caso a un mes de prescribir.

El diputado del CDU, Teodoro Pineda Osorio, secretario de la Comisión de Justicia, explica que probablemente se reúnan con el Fiscal General de la República, Belisario Artiga hasta este próximo martes.

Ante la Corte

De acuerdo a las leyes salvadoreñas, el caso García Prieto está a un paso cerrarse definitivamente, independientemente de lo que se tenga o de lo que falte.

Los demandantes no cree que sea casualidad el que se haya esperado tanto tiempo; pero más allá de la prescripción , a los García Prieto no parece afectarles este hecho. “Aquí ya, en términos judiciales, se han agotado todos los recursos“, se conforma Gloria.

Es por esa razón que los demandantes solicitaron en febrero pasado que la CIDH trasladara el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esto es importante. Si el caso pasara a la Corte entonces quiere decir que El Salvador no es el paraíso que están vendiendo“, asegura la señora de García Prieto.

Si el caso llegara a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, El Salvador enfrentaría la segunda demanda en esta instancia en términos de justicia, después del caso del asesinato de las hermanas Serrano que están ventilando.

Como firmantes de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cualquier sentencia de la Corte Interamericana es vinculante. Es decir, es una obligación cumplir las demandas y sentencias.

En el caso García Prieto, Alejandra Nuño, abogada de la CEJIL, asegura que una sentencia por incumplimiento podría llegar desde el descrédito a nivel internacional al país demandado hasta la indemnización del Estado a la familia de la víctima, en este caso, los padres de Ramón Mauricio, Gloria y Mauricio.

Pero los García Prieto aseguran que el interés por conocer lo que "realmente sucedió" trasciende los intereses particulares.

Mauricio García Prieto recuerda que una vez alguien le dijo que después de siete años el dolor por perder a un hijo se iba atenuando.

"Para mí no. Es como una vela que quieren apagar, pero lo que no saben es que mientras viva voy a seguir denunciado lo que pasó ... le estamos pidiendo al pueblo salvadoreño que no tenga miedo a denunciar".