EL DILEMA DEL TOROLA

Guerra de intereses

La construcción de la presa El Chaparral ha originado más que denuncias por futuros
daños ambientales. Se habla de supuestas presiones a pobladores para que vendan
sus tierras donde se asentaría el proyecto, amenazas a muerte y compra-venta de
terrenos, de los cuales no hay registros.

Las aguas del río Torola no se habían revuelto tanto desde la guerra hasta hace unos cuatro años, cuando la CEL las divisó como potencial fuente energética.

El argumento de la compañía: crear una especie de reserva energética para el país mediante la construcción de cuatro represas hidroeléctricas a lo largo de 13 kilómetros del recorrido del río, en el que según sus cálculos se obtendrían más de 200 kilovatios hora.

Este proyecto será posible si se obtiene un préstamo de $92.5 millones del gobierno japonés, mismo que ha financiado un estudio de factibilidad de la zona donde descansarían las represas El Chaparral, ubicada al norte de San Miguel.

La CEL, incluso, mantiene desde hace un tiempo una oficina de representación en Carolina, San Miguel, desde donde sus delegados monitorean a diario en la zona del proyecto. Todo parece indicar que El Chaparral es un hecho, sin embargo, no todo está ganado.

Mientras la CEL lo maneja como un plan posible, se ha dado luz verde para comprar tierras “clave” dentro del área de influencia del proyecto. Sin embargo, un centenar de pobladores de cantones y caseríos no quieren que sus tierras sean anegadas o, en todo caso, piden a la CEL una recompensa justa y por anticipado.

Según el proyecto, la construcción de la represa abarcaría un lago artificial de unos 8.5 kilómetros cuadrados; aunque los pobladores hablan de más que eso. “Le pedimos que, antes de hacer el proyecto, nos paguen por anticipado los costos de esas propiedades que van a hundir, y no hagan como cuando construyeron la 15 de Septiembre, donde se ‘domaron’ a la gente y no les pagaron ni cinco centavos”, señala Jacobo Martínez, uno de los líderes de la población.

Los reclamos de don Jacobo no llegan allí. “La CEL está acostumbrada a construir estos proyectos y a robarse las tierras de los pobres”, añade, mientras fija su mirada en parte de sus 50 manzanas de tierras que, asegura, son fértiles y de uso agropecuario. Esta misma razón esgrime cada uno de los propietarios de estas tierras bañadas por el Torola.
Pero, en medio de este conflicto hay acusaciones graves sobre amenazas de muerte y hasta sospechas de negocios irregulares.

La CEL es acusada por los pobladores de presionarlos para que vendan sus tierras. Y, en este sentido, ellos señalan a un grupo de empleados de la compañía eléctrica que está tomando ventaja de este río revuelto para comprar y vender tierras con el objeto de obtener ganancias a costa de la sencillez o ignorancia de los propietarios originales. Los afectados, por el momento, son los dueños de las tierras que están ubicadas en cantones y caseríos como Soledad Terrero, La Ceibita, El Jocote, El Cerrito y La Orilla, entre otros, de Carolina.

¿mentira o verdad?

Ellos señalan a “un grupo de ingenieros” que formó una cooperativa para realizar las transacciones.

“Están comprando estas tierras para luego venderlas a la empresa (a CEL) o al proyecto por alto precio”, afirma Martínez.

Sobre estas colinas se construiría la presa El Chaparral, pero la Cel aún no convence a todos los pobladores para que le cedan sus tierras.

Ellos mencionan entre esos cooperativistas a Nelson Villegas, Jaime Contreras y Marcelino Castro.

Nelson Villegas es el representante en la oficina de Carolina. Contreras, por su parte, es actualmente el jefe del proyecto El Chaparral.

Todos ellos, al parecer de los lugareños, han mostrado un especial interés en sus tierras. A Nelson Villegas lo describen como un “ingeniero bien educado que nos escucha”; pero, por otro lado, lo señalan como el encargado de cabildear con los pobladores en sus casas y de medir las propiedades.

Santos Castro y Gabriel Rivas, residentes de Soledad Terrero; María Lastenia Pineda y Samuel Argueta Portillo, del cantón La Ceibita, también dan fe de las actividades del ingeniero Villegas, pero sostienen que en ningún momento él les haya propuesto negociar.

Santos Castro afirma: “Villegas me dijo que las tierras no las negociaba él, sino otros. Al principio quien vino a negociar las tierras fue Marcelino Castro, pero ese hombre desapareció; después apareció Jaime Contreras y es el que dicen que anda comprando”, señala Santos Castro.

Contreras y Castro son los nombres que más resuenan como principales compradores de una parte de las tierras de al menos nueve pobladores, entre ellos Virgilio Vásquez, Víctor y Medardo Hernández, Jacinto Barahona y Antonio Castillo Nolasco.

Está en boca de muchos lugareños el caso de Virgilio, por ejemplo. Los denunciantes afirman que no sólo le compraron a ¢15 mil cada manzana de tierra (cuando su valor real anda por los ¢45 mil), sino que, además, le incumplieron la promesa de dejarlo vivir en los terrenos mientras no se empezara con el proyecto. “A Virgilio ya lo despacharon del lugar. Hoy anda llorando en el pueblo (Carolina) arrepentido de haber vendido”, describe un poblador que prefiere reservar su nombre.

Virgilio confirmó haber vendido a “gente de CEL” sus ocho y media manzanas y explica que se las pagaron a ¢30 mil; sin embargo, no recuerda los nombres de los compradores, ni fechas de las negociaciones ni los nombres de abogados. “Mire, ya vendí y eso es pasado”, expresa.

“Me voy a explotar en mi casa y allí se acaba todo, pero de allí no me salgo”. Bartolomé Díaz “CEL tendría que pagarnos lo justo por estas tierras y por anticipado”. Jacobo Martínez Líder local “No me han propuesto precio por las tierras , sólo han venido a medirlas”. Santos Castro

Víctor Hernández, otro de los vendedores, tampoco recuerda los nombres de sus compradores; aunque dijo que pertenecían a CEL y que había firmado la venta —cuyo monto no especificó— en una oficina capitalina de la que no recuerda su nombre y ubicación, ni como se llamaba el abogado que celebró el contrato.

Cuando se le preguntó si negoció con alguno de los ingenieros que mencionan los lugareños, sólo se limitó a decir: “Villegas no compra”.

En un informe que publica la CEL en la Internet sobre este proyecto informa que “los propietarios del área de influencia del embalse serán recompensados según precios del mercado...”, un proceso que la autónoma ya ha comenzado,
según confirmó Ramón Moreno, jefe de comunicaciones de la CEL en conversación telefónica con Vértice. El funcionario explicó que por ello han abierto una oficina en Carolina para que los interesados en vender sus propiedades puedan negociar con la institución.

Moreno no precisó a cuantos han comprado tierras; pero, además, aclaró que en ningún momento la autónoma ha comprado a través de intermediarios, sino directamente con los propietarios.

“Incluso, algunos de los que se oponen al proyecto han querido negociar; pero piden unos $13 mil por manzana y no vale eso. Usted se imagina por donde va la cosa”, manifestó Moreno.

Ricardo Navarro, director del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), prefiere creer que algunos se estén aprovechando porque “sabemos que hay gente que está comprando... (porque) si yo sé que la CEL va a construir allí y van a pagar a no se cuánto, compro y vendo... eso mismo ha pasado y pasa con otros proyectos gubernamentales”.

La ubicación del ingeniero Contreras en la CEL fue imposible y, por su parte, Moreno aclaró que no existen “cooperativistas” en la empresa que estén haciendo ese tipo de negocios con las tierras que se ubican en los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luis de la Reina.

Pero hay otra serie de interrogantes que, según los denunciantes, están ocurriendo previo a la ejecución de un proyecto pensado desde 1997 en el marco de la interconexión energética impulsada en la región. Ellos hablan de presiones que les hace la compañía para desalojarlos.

Las tácticas

Sutiles o directas unas, peligrosas otras. La única prueba es la palabra de los pobladores contra la de CEL, y eso es poco.

Según la oposición, si la CEL quier ejecutar el proyecto El chaparral tiene que comprarles a todos unas 40 mil manzanas a su precio justo.

Los residentes de Carolina dicen que las presiones incluyen desde una constante presencia de personal de CEL en la zona, mediciones de terrenos y propuestas de venta —sin especificar la paga—, regalías en las comunidades de útiles escolares, zapatos y otros objetos, que ellos consideran estrategias para persuadirlos contra su voluntad.

En esta misión juegan un papel importante los llamados “activistas”. Éstos son nada menos que miembros de las mismas comunidades, pero que han sido contratados por la CEL para que promuevan la venta de terrenos entre las familias. Moreno explicó que no activistas, sino que trabajan como “promotores sociales”.

Una de las principales misiones que cumplen estos empleados temporales de la CEL es promover entre las familias visitas a otros proyectos hidroeléctricos como Cerrón Grande y 15 de Septiembre, para que testifiquen la vida de algunas familias que se han beneficiado con la obra.

“Al final les dan $10 y filman esas imágenes para hacerle creer al gobierno de Japón de que toda la gente está vendiendo gustosamente sus tierras. Eso es mentira”, afirma don Jacobo.

“No nos engañan con esas cosas de que estos proyectos dan desarrollo, lo comprobamos en San Ildefonso con la gente que vive a 14 kilómetros del dique”, afirma Samuel Portillo.

A la par de todo esto, hay señalamientos más graves que no los denuncian a las autoridades porque saben que no actuarán contra una compañía a la que califican “poderosa”.

Jacobo Martínez dice que hace un año lo amenazaron por medio de un escrito firmado por “La empresa”, más tarde le dispararon una madrugada cuando se dirigía a sus propiedades . “Investigamos bien y fueron activistas que trabajan
para la CEL. Yo le reclamé a (Nelson) Villegas y no me lo aceptó, pero tampoco me lo negó”, relata.

Luis Martínez recibió una llamada internacional advirtiéndoles que dejaran de oponerse al proyecto. Luego constataron que esa llamada provenía de Chicago (EE. UU.), donde está la sede de la empresa HARZA, la que por muchos años ha realizado estudios de factibilidad para la CEL. ¿Casualidad? No se sabe.

Santos Castro y José Dolores Pineda dicen que junto a Bartolo Díaz han recibido advertencias si no abandonan “la lucha”. “A mí me dijo un activista que vendiera ahorita porque después no nos iban a pagar las propiedades y que la gente de CEL les había ordenado que a los que no quisieran vender les va a tocar ‘mocha’ (muerte)”, afirma Santos Castro.

Según Dolores, a él también le dijo “un activista medio borracho que tienen luz verde de parte de la CEL para matar a cualquiera que se oponga al proyecto”.

Moreno lo desmiente. “Negamos categóricamente esas aseveraciones” y rechaza que a estos pobladores no se les haya presentado el proyecto en detalle. “Lo único que hemos recibido de ellos son expresiones groseras” cuando los han convocado, dice.

En tanto, la CEL está abierta a negociar con cada dueño el precio de las tierras “claves” para el proyecto, que, por ahora, sólo es eso.

EL DILEMA DEL TOROLA

Torola, el río entre dos extremos

El proyecto El Chaparral presenta dos caras: la de quienes han nacido y crecido junto
a él, los que viven de su caudal; y la de una compañía que lo mira como una oportunidad
para generar “desarrollo en beneficio del país”.

Los ausoles de Agua Caliente alrededor del río se verán amenazados.

Este río es nuestra vida, repiten una y otra vez ribereños y no ribereños cuando explican las razones de porqué se oponen al proyecto de construcción de la presa. Sus argumentos suenan válidos, cuando se mira el Torola, un raro santuario natural que le sobreviven a este país tan contaminado.

Anegar 8.5 kilómetros cuadrados de tierra fértil suscita temores entre los pobladores cuyas casas y los recuerdos físicos de toda una vida desaparecerían por completo.

En su proyecto, CEL reconoce como únicas desventajas la pérdida de terrenos y vías de acceso, así como la reubicación de moradores, a quienes de paso ofrece otros sitios con mejores condiciones.

También propone la construcción de otros pasos de acceso, incremento de la seguridad, protección del medio ambiente de la zona, por 4 ó 5 años, reactivación del comercio y la economía; pero, sobre todo, el aporte energético a la demanda creciente del país del 5% ó 6% cada año. En fin se beneficiarían unas 85 mil familias.

Para Ricardo Navarro, del CESTA, las presas son costosas y son una amenaza ambiental porque los embalses generan gas metano y este incide más como efecto invernadero que el bióxido de carbono. “La CEL debe considerar otras alternativas... hay que pensar en una visión integral a nivel de generación energética”, opinó Navarro.

Los lugareños no confían en los beneficios prometidos porque han constatado experiencias negativas en otros proyectos energéticos. Sólo piden que respeten su derecho a vivir donde ellos quieren, junto al Torola. El tiempo dirá si fue buena idea o no respetar un tesoro natural, y si nos trajo o no beneficios.