4 de julio de 2004


CRONICA

Los tropiezos capitalinos

Desde hace cuatro años, la Alcaldía de San Salvador mantiene vigente
su Ordenanza Contravencional. La violación de algunos artículos
representa una sanción económica y, al parecer, su aplicación toma
siempre al infractor por sorpresa. Si éste pretende salir bien librado,
tendrá que pasar por un largo proceso burocrático.

Iván Gómez
vertice@elsalvador.com

Los agentes metropolitanos también vigilan que en
los espacios públicos no se atente contra la moral.

Frente a la casa mayor de Dios se ubica el parque Gerardo Barrios, punto de encuentro de muchos parroquianos.

Algunos sexagenarios aún discuten los resultados electorales de marzo pasado, mientras otros, a viva voz, recomiendan a invisibles funcionarios cómo detener el costo de los pasajes de autobús y la fórmula para regular el precio de la gasolina.

La laguna de opiniones y lamentaciones son interrumpidas por las manos agitadas de un hombre que llama al arrepentimiento espiritual.

A unos pasos, un silencioso joven está sentado en una banca, apesadumbrado. “Vengo desde San Miguel en busca de trabajo. Bueno, en realidad soy hondureño”, dice en voz baja, como tratando de ocultar la pesadilla económica que atraviesa en su país.

En una esquina del parque, tres agentes metropolitanos, con sus botas negras, impecables, custodian a un alcoholizado y de seguro arrepentido ladrón de tragantes. Cuentan con la prueba para aplicarle la ley. Ante sus ojos hay otra evidencia, los servicios sexuales que ofrece una mujer.

Viste de colores vivos y casi susurra a su potencial cliente el valor a pagar por un rato de placer. Sin quizá saberlo, viola el artículo 36 de la Ordenanza Contravencional que prohíbe el comercio de servicios sexuales en la vía pública.

El escenario de violaciones a la referida ordenanza municipal no cesa en pleno corazón capitalino. A una cuadra de la plaza, un conductor de la ruta 41-A, con su pecho velludo y gafas de cachada, hace relucir sus impulsos varoniles mientras hace un alto frente al semáforo. Hace sonar su bullicioso silbato cuando ve pasar a una elegante joven.

Los delegados ni se percatan. Parecen más interesados en comprar un par de discos compactos clonados.

Si la ley no se aplica cuando es violada en las narices de sus aplicadores, qué mejor que probar suerte. Al igual que el conductor avezado de la 41-A, lanzo un desacostrumbrado concierto de besos al aire al paso de unos elegantes y muy apretados “blue jeans” y muy cerca de los indiferentes agentes del CAM.

Tras la esquela

O la falta de experiencia en el cortejo no dio resultados, o a los agentes se les olvidó sancionar la acción de lanzar piropos ruidosos a una elegante señora que no se dio por aludida, o a lo mejor desconoce una ley que le favorece en esos casos.

Orinar en la vía pública, una de las infracciones más comunes de la Ordenanza.

En busca de la efectividad de esa ley, habría que trasladarse a otra zona pública.

Ya en el parque Bolívar, al filo del mediodía y ante uno de esos habituales actos culturales sabatinos que allí se desarrollan, no hay como beberse sorbo a sorbo una refrescante cerveza.

Estaba a la mitad del disfrute y, de forma repentina, sale de entre los frondosos árboles un agente cuya gorra azul no ocultaba sus años recorridos de la vida.

Da por finalizado el gusto amargo de la bebida.
- Bote eso o lo sanciono.
- ¿Por qué?
- ¿No sabe que es prohibido consumir bebidas alcohólicas en esta zona?
- No lo sabía.
- Pues bote eso.

El sol reflejado en su rostro y su aire autoritario anunciaban que hablaba en serio.
Un par de pasos más y la lata queda lista para el reciclaje. Pero tampoco hubo sanción por botar el desperdicio en el suelo.

Camino cuatro cuadras al oriente, paso por algunos edificios testigos del terremoto del 86. Me detengo muy cerca de tres agentes apostados en una esquina y aunque intenté descargar con furia el trago amargo que recién había pasado, los disciplinados agentes permanecieron en su sitio.

Al parecer estaba con suerte. Otro día. Otro escenario. La puerta del mismísimo edificio municipal. Una mujer que corría apresurada hacia su trabajo atrajo no sólo la mirada, sino que inspiró un desentonado pero insinuante canto de Arjona: “Señora de las cuatro décadas…”.

Pero esta vez el piropo no provenía de un transeúnte, sino de uno de los agentes que cuida la entrada y salida del señor alcalde capitalino.

Atrás quedaron los cantos o piropos de los cuidadores de la comuna hacia las muchachas, o del desdén con el que vieron a una apresurada madre con una pequeña niña quien no aguantó más y se acurrucó para orinar en una de las esquinas opuestas a la guardería municipal.

Era comprensible, puede que lo tomaran como una simple emergencia infantil.

Mientras tanto, cinco agentes se desplazaban por algunas calles, seguramente en busca de hacer prevalecer el orden.

La sanción

Sobre la 4a. Avenida Sur, el grupo de agentes apenas da un vistazo a la cartelera del Cine Metro. Pasa de largo, no hay tiempo de supervisar el interior del edificio, donde las proyecciones fílmicas están reservadas para gustos exigentes. Cosas de adultos.

Los “piropeadores”, aunque los multen, se resisten a desaparecer.

La tarde calurosa empapaba mi camisa. Pero pagar $1.75 por una función de ese tipo en los otrora excelentes escenarios cinematográficos era confortable al bolsillo. Una oportunidad para no desaprovecharla.

La oscuridad habitual de los cines dificultaba encontrar un basurero. Al fin doy con uno que luce el emblema de la marca del cigarrillo; me hizo recordar que guardaba en la bolsa delantera la pequeña cajetilla repleta del tentador vicio.

No había terminado de acostumbrarme a la habitual oscuridad y de encender el cigarrillo, cuando asoman un par de agentes metropolitanos.

Cual si hubiera cometido un grave delito, se me aproxima rápidamente uno de ellos. “Deme sus papeles”, sentencia, y luego me invita a salir unos minutos a la zona en donde no hay ficción, más bien la realidad.

- ¿Sabía usted que está prohibido fumar en los cines?
- ¿Si a esto usted le puede llamar cine?
- Bueno, se le pondrá una multa por haber violado un artículo de la Ordenanza Contravencional.
- De cuánto es la multa. ¿Tengo que pagarla en este momento o qué?
- Tiene que ir al CAM y allí le dirán. Cuenta con 8 días para pagarla.
- ¿Ustedes andan en todos los cines, incluyendo los caros?
- Nosotros andamos en todas partes.
- ¿Puedo apelar?
- Sí
- ¿Dónde queda el CAM?
- En la multa está la dirección.

El diálogo termina. Había que buscar la salida y presentar el reclamo.

Largo proceso

Estaba de suerte, la diminuta oficina de Asesoría Jurídica del CAM estaba vacía. Una antigua máquina de escribir imprimía las cuotas de las sanciones recibidas.

La secretaria me ofrece una propuesta aparentemente razonable. El violar el artículo 20 obliga el pago de trescientos a mil colones. Pero si se cancela en el momento, el recibo determinará $17.

No obstante, si se apela se remite a las oficina Contravencional ubicada en la colonia Flor Blanca. La audiencia se realizará en 15 días. Si se pierde, se pagará el mínimo de la multa.

El ruido provocado por la llegada de varios canastos con frutas interrumpe la decisión. Un suduroso agente descamisado hace lo imposible por conducir en el parqueo uno de los canastos decomisados a quienes también habían atropellado la ley en la vía pública.

No me queda más que esperar al derecho de audiencia programado según la esquela número 40 mil 447 del artículo infringido. Dado para el efecto el día lunes 5 de julio.

“La finalidad es la educación”

Para la alcaldía, la Ordenanza es efectiva e insiste en que debería tener carácter nacional.
Los agentes municipales aplican multas a cualquier personas que infrinja la ordenanza. No pagar la multa implica rebeldía y puede terminar en los tribunales.
El consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados ha sido una de las violaciones más comunes.
Para el delegado contravencional Joaquín Domínguez Parada, la medida tiene espíritu educativo y preventivo. Admite que ha faltado la continuidad en la publicidad. “Este problema es de educación, y nos involucra a todos, gobierno, universidades e instituciones”, señala.
En relación a las solicitudes de audiencias para apelar las multas, en la mayoría las personas no llegan o terminan aceptando el pago de la mitad del mínimo.
“Yo uso la sana crítica para escuchar las apelaciones, pero hay personas que han venido hasta con abogados y argumentan situaciones absurdas”.
Sobre las medidas aplicadas, Parada señala que son adecuadas.
“Si las comparamos con la propuesta legislativa que contempla la cárcel, usted por haber fumado hubiera pasado tres días en prisión”.

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