Lilian Martínez

Suyapa Serranoregresa al lugar donde creció a confrontar sus recuerdos y la desaparición de su familia

Los recuerdos de ella son falsos o verdaderos, según el ojo con el que se mire. Pero, a juicio de Suyapa Serrano, todo lo tiene claro. El día que volvió a la parcela de la que huyó -años atrás- fue encontrando pedazos de su memoria. Suyapa parece una niña. Hace “una retahíla de años” no visita el caserío donde creció y la emoción la hace dar palpar con sus manos cada pedazo de tierra, piedra y árbol y mirarlos cómo quien mira el mar por primera vez. ¿Está mintiendo? Para el Estado, definitivamente; ella miente. Y bajo ese argumento busca inclinar la balanza en la CIDH.

“Aquí estaba la cocina, aquí dormíamos” dice, tocando el aire que ocupa el espacio donde hubo una pared. “Este mango lo sembró mi papá, ¡Híjole, muchá! ¡Cómo está de grande!”, le comenta a su amiga Guadalupe y a Roque, otrora vecino de infancia y ahora el único inquilino de una tierra que albergó a una familia de 8 miembros.

De la casa que ella describe, con piso de tierra, donde Dionisio Serrano y María Victoria Cruz Franco (padre y madre, respectivamente), cobijaron a su prole, no queda más rastro que piedras, ramas y hojas secas.

“Mi mamá estaba en la cocina y yo aquí afuera, cuando por acá vinieron los soldados”, dice Suyapa señalando a su derecha. Los militares, según recuerda, la capturaron con un solo argumento: “Estás bonita, cipota. Si ya fuiste mujer de guerrillero, ahora vas a ser mujer de soldado”, recuerda haber escuchado. Tras abusar de ella, el mismo que profirió la sentencia se corrigió: “Ahora sabemos que no habías sido mujer de nadie”...

La demanda contra el Estado salvadoreño busca que éste realice una investigación a fondo para esclarecer la desaparición de las hermanas Serrano, el caso que fue llevado al tribunal interamericano a iniciativa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro-Búsqueda.

Suyapa Serranoregresa al lugar donde creció a confrontar sus recuerdos y la desaparición de su familia

El proceso inició el 18 de junio de 2003 y busca dar con el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano, quienes, según los demandantes, son parte de los niños perdidos durante una ofensiva que ejecutó el batallón Atlacatl, en el norte de Chalatenango, contra la guerrilla.

La parte acusadora sostiene que las niñas no son una invención de Suyapa, sino que existieron y son protagonistas anónimas del operativo que también fue conocido como “la guinda de mayo”. La defensa argumenta, que además de ser una suerte de fantasía, el caso de las menores no le compete a la instancia porque El Salvador ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos a inicios de la década de los 90, años después de que las niñas Serrano desaparecieron.

Proceso abierto

El caso contra el Estado salvadoreño no gira en torno a la desaparición de estas menores, sino que apunta contra el comportamiento de las autoridades y los funcionarios locales, que según los demandantes, no dieron seguimiento al caso. Por eso esperan que, de emitir un fallo condenatorio, el Estado se vea obligado a investigar por todos los medios el paradero de Ernestina y Erlinda.

Sin embargo, en el supuesto de que la CIDH condene a El Salvador, “el Estado podía pedir a la Corte una explicación sobre los alcances de su resolución”, explicó el abogado Astor Escalante.

“Como gobierno estamos dispuestos a respetar lo que dispongan los tribunales legalmente constituidos; somos respetuosos de las sentencias judiciales”, afirmó. Sin embargo, Escalante señaló que a veces “no todo lo que pueda presentarse a demanda es cierto. No digo que este caso; pero, a veces, se manipula la información”, aclaró.

Para el jurista Henry Campos, el que este caso haya pasado a la Corte significa que se le está reclamado al país por no haberse ajustado a la Declaración Iberoamericana de Derechos Humanos y, si los demandantes ganan, el respeto del El Salvador a la resolución podría influir no sólo en el movimiento de capitales, sino también en movimientos políticos a nivel internacional, “máximo cuando estamos pidiendo ser miembro del Consejo de Seguridad”, afirma Campos.

Otro punto que el Estado no debe perder de vista es que el caso de las hermanas Serrano es solo uno de casi una veintena de otras demandas que se han presentado en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichas instituciones aseguran haber agotado todas las instancias a nivel nacional antes de llevar los casos a instancias internacionales.

En el sistema interamericano, para que un caso pase a una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanas a la Corte, la parte acusada debe haberse negado a llegar a una solución amistosa con la parte acusadora. Cuando esa posibilidad se agota, y si los expertos de la CIDH estiman que hay elementos suficientes, el caso pasa a ser del conocimiento del pleno.

La CIDH ya ha dirimido temas complejos contra diversos Estados. Honduras fue el primero en ser condenado, Nicaragua tuvo lo suyo con un caso ocurrido durante el régimen sandinista, y Guatemala ha merecido su más reciente condena por el asesinato de niños de la calle a manos de sicarios miembros de los cuerpos de seguridad. En Suramérica, los gobiernos Fujimori y Hugo Chávez también han sido condenados.

La resolución probablemente será emitida a finales de este año y, si la delegación oficial pierde, implica que nuestro país entre a la lista de sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Salvador es el único país centroamericano que todavía conserva una posición prestigiosa.