Después de años de críticas y señalamientos, los alcaldes del país dicen estar dispuestos a actuar con “transparencia” en sus administraciones. Hablan de una verdadera rendición de cuentas y de permitir, mediante decreto de ley, la fiscalización ciudadana. ¿Cumplirán sus ofrecimientos?

Víctor Hugo Dueñas vertice@elsalvador.com

Transparentes. Es la palabra clave que, se pretende, definirá a las administraciones de las 262 alcaldías del país. Al menos, esa es la apuesta municipal.

Después de años de experiencias (fuera del territorio) sobre rendición de cuentas y transparencia municipal; una vez superada la resistencia para llevar adelante la idea de una ley que obligue al control y vigilancia en los gastos de las comunas, y tras realizar las consultas técnicas a expertos locales y extranjeros, por fin se tiene un primer borrador del anteproyecto de “Ley de Transparencia Municipal para la República de El Salvador”.

Pese a que es irónico, la iniciativa se consolidó en el seno mismo de la Corporación de Municipalidades (COMURES) durante el XVIII Congreso Nacional, en octubre de 2002.

A diez meses de celebrado el evento, cuatro capítulos y 25 artículos esbozan la futura legislación.

Dentro de los considerandos del anteproyecto se alude al Artículo 246 de la Constitución de la República donde se expresa que “El interés público tiene primacía sobre el interés privado”.

Si bien, la futura Ley de Transparencia recoge el espíritu constitucionalista ¿qué más motiva a los ediles a promoverla?
En buen salvadoreño, si se aprueba la ley, esta pondría “en cintura” a quien ocupe la silla edilicia y los miembros del concejo, evitaría despilfarros, desviaciones arbitrarias de fondos, apropiaciones indebidas de patrimonio y, literalmente, obligaría a “abrir las puertas” de las alcaldías y de las arcas municipales para que los ciudadanos asuman, entre otras responsabilidades, la de supervisión y destino de gastos y, asimismo, exijan cuentas a sus gobernadores locales.

Existen explicaciones variadas para este cambio de actitud. Las hay técnicas, que refieren la obligada era de modernización y competencia local e internacional.

Aunque pesan más los argumentos político-partidarios, sumados a las influencias que se ejercen a nivel local o el poder que podría administrarse en los municipios, de concretarse proyectos como la descentralización (de agua, salud, educación) y la asignación de más fondos públicos.

Actualmente, las 262 alcaldías del país administran unos $400 millones al año. Fondos provenientes del Presupuesto General (FODES) más otros propios (tasas, servicios, etc.).

La oposición aprobó entregarles más dinero (elevar al 8% la asignación) y el gobierno lo vetó.
Realidad salvadoreña

La idiosincracia salvadoreña puede convertirse en un gran obstáculo para la Ley de Transparencia.
Carlos Pinto, gerente técnico de COMURES por más de nueve años, reserva comentarios al preguntarle sobre las dificultades para avanzar en la propuesta de ley. “No ha sido fácil”, se limita a expresar.

En la historia edilicia salvadoreña, existen casos documentados sobre la sistemática oposición a trabajar con transparencia, mucho menos a rendir cuentas. Uno de estos se relaciona con la administración de la alcaldesa arenera en Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, sobre quien pesan señalamientos de supuestos manoseos de fondos públicos, además de otras acusaciones.

El Diario de Hoy, en la edición diaria, ha publicado anomalías con el relleno sanitario, que administra el FMLN desde la comuna capitalina, por ejemplo. Por su parte, la Dirección de Auditoría del Sector Municipal, de la Corte de Cuentas de la República, contabiliza 123 denuncias “confirmadas y argumentadas” sobre diversas anomalías en los sistemas de administración edilicios.

Los señalamientos van de enero de 2000 hasta agosto de 2003.
Las denuncias han sido muchas más; pero no hay pruebas para sostenerlas y que terminen en posibles resoluciones de “culpabilidad”..

Octubre puede ser el mes definitivo para la aprobación de la nueva ley reguladora para alcaldes. La propuesta aún no entra en la Asamblea, sin embargo, el tema ya está considerado para ser resuelto por los políticos.

Equipo Vértice vertice@elsalvador.com

Con el inicio de la nueva legislatura y la acostumbrada recomposición de las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa, el diputado pecenista Mario Ponce fue nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, que tendrá a su cargo estudiar y dictaminar sobre la propuesta de ley edilicia.

De acuerdo con el político, el tema de la Ley de Transparencia ya está incluido dentro de la agenda de trabajo de la comisión que representa.

“Como primer punto de prioridad estaba el aumento del seis al ocho por ciento (para las alcaldías), inmediatamente, pensamos impulsar la ley”, declaró.

Aunque ARENA ha rechazado destinar más fondos a las
municipalidades, se espera que apoye la futura legislación debido a que con ello se posibilitan tres grandes tareas, dijo el pecenista: “se sabrá la cantidad de recursos que se posee, se ejecutarán obras de acuerdo a las necesidades reales de la ciudadanía y habrá una rendición de cuentas”. Para Ponce es difícil separar el aumento al FODES de la Ley de Transparencia: “Es una necesidad para demostrar a los detractores de los alcaldes que ellos sí son capaces de administrar más fondos y con mayor responsabilidad”.

Y La Ley de Ética para Funcionarios Públicos, que promueve la Contraloría, estaría relacionada con la Ley de Transparencia.

A RENDIR CUENTAS

Contraloría obliga a “resarcir daños”

Centenares de denuncias contra alcaldes y miembros de conce-jos son recibidas en la Corte de Cuentas; aunque, no todas son “válidas”. Los ciudadanos, los alcaldes o concejos en pugna y los Medios de Comunicación genaran señalamientos.

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Más tarde o más temprano, las denuncias contra alcaldes o concejos (salientes o en turno) surten efecto. De la lluvia de señalamientos que recibe el ente Contralor, una parte termina en resoluciones de cámara, es decir, sentencias en firme.

A la fecha, se han emitido 13 resoluciones, siete de ellas con responsabilidad administrativa que obligan a la “reparación de daños”.

De 2002 a 2003 se dio curso legal a 123 denuncias de centenares recibidas. El grueso, 69, contiene acusaciones contra ediles y sus concejos del centro del país; 26 más, corresponden a la zona oriental; 16, a la zona paracentral, y 12, a la occidental.

Al determinar el origen de las acusaciones: 61 fueron interpuestas por ciudadanos; 31 de oficio (iniciativa de la Corte de Cuentas); 21 de alcaldes o concejos en pugna y 10 por “otros medios”. Estos últimos vía e-mail o a través de medios de comunicación.

Existen dos grandes categorías para agrupar las denuncias: mal manejo de proyectos o de tipo administrativo. Las primeras refieren problemas en obras de fraguado, licitaciones dudosas, posesión irregular de infraestructuras o patrimonios públicos, entre otros.

Las denuncias administrativas “leves” incluyen: mal uso de vehículos nacionales o irregularidades en nombramientos de alcaldes o miembros del concejo.

Las denuncias administrativas “graves” pueden ser financieras o patrimoniales, donde se incluye los faltantes de dinero.
Las “condenas”

De 13 resoluciones de cámara emitidas a la fecha, en los últimos dos años, siete demandan “reparación de daños”.
Por ejemplo, en un caso del oriente del país debe reintegrarse $48,585 al determinarse doble delito “administrativo y patrimonial”. Mientras que en la zona paracentral debe devolverse $34,000.

Pese a haberse dictado sentencia, la Corte de Cuentas reserva el nombre del alcalde o concejo hallado culpable.
Frente a este panorama de denuncias y resoluciones, el director de Auditoría del Sector Municipal, Benigno Vásquez Figueroa, no duda en apoyar la iniciativa de la Ley de Transparencia.

“La Corte de Cuentas no solo fiscaliza, sino está trabajando porque las municipalidades trabajen con transparencia”, sostiene.

A RENDIR CUENTAS

La fórmula “TM”

La Corporación de Municipalidades de la República ha diseñado una fórmula de Transparencia Municipal (TM) que aglutina cuatro elementos básicos para que una administración edilicia se modernice y actúe con transparencia.

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Idéntica a una ecuación matemática con variables, así es la fórmula establecida por COMURES para construir una gestión municipal moderna y transparente.

Se trata de la fórmula TM (Transparencia Municipal) que equivale a la expresión IDRP, donde ‘I’ es Información; ‘D’, Control de Discrecionalidad; ‘R’, Rendición de Cuentas y, ‘P’, Participación Ciudadana.

“El fortalecimiento de estos componentes de la gestión pública, hará posible que las prácticas de corrupción puedan ser controladas y eliminadas de las instituciones”, contiene un documento oficial de la entidad municipal.

Carlos Pinto, Gerente Técnico de COMURES, ha seguido de cerca lo que en un principio fue solo una idea de “renovar” las administraciones edilicias, pero que ahora se concretiza, entre otras cosas, en un primer borrador de la Ley de Transparencia.
“(Las alcaldías) son las instancias del Estado más cercanas al ciudadano, con muchas expectativas”, comenta.

“Son instituciones muy comprometidas, muy presionadas… y tomando lo positivo, son administraciones altamente eficientes y eficaces”, añade.

A partir de la relevancia administrativa que implican las comunas, Pinto habla de “las corrientes mundiales que obligan a la modernización y transparencia”.

Para él, es prioritario ese binomio (modernización y transparencia). La modernización entendida como la actualización de los registros contables y financieros, mediante el uso de tecnología actualizada.

“La transparencia… implica la generación de información con mecanismos modernos”. Con la aprobación de la nueva ley, se espera que los alcaldes actualicen sus equipos y rindan informes con regularidad.

‘Voluntad’ es básica

Claro, lograr la transformación en las administraciones municipales, sobre todo, en lo relacionado a la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas, depende de una buena dosis de voluntad política.

Pinto conoce muy bien sobre este requisito y lo ubica como el primero a lograr. “Si usted quiere ser transparente el primer paso es la voluntad política más que cualquier marco legal que pueda existir”, acota.

Superadas las barreras político-partidarias, que pueden entenderse como parte de la idiosincracia salvadoreña, es posible lograr que los mecanismos de modernización y transparencia sean permanentes.

En otras palabras, no importaría el partido ni el color político que administre las comunas, pues el sistema ya estaría desarrollándose y habría que sujetarse a este.

En fin, todo es parte de la fórmula TM, que puede ser influenciada, cambiada, ignorada o degenerada al aplicarse a la realidad social, de por sí cambiante.