INTERNACIONAL

Derechos humanos en México
Tela que cortar

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló a México, hace unas semanas,
por los fallos que ha cometido en el respeto a los derechos humanos tanto de los
migrantes como las mujeres.

Marion Lloyd The New York Times News Service vertice@elsalvador.com

Ciudad de México.- El informe de la ONU incluye desde los asesinatos en serie de mujeres a lo largo de la frontera con Estados Unidos hasta el uso continuo de la tortura por parte de la policía.

La ONU espera que el documento sirva como guía para la política gubernamental en lo concerniente a temas que abarcan el sistema de justicia penal y los derechos indígenas.

Anders Kompass, el representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, presentó el informe de 190 páginas al Presidente Vicente Fox, quien ha jurado usar las recomendaciones para desarrollar la primera política nacional del país sobre derechos humanos.

“Como nunca antes en la historia, el respeto hacia los derechos de los pueblos se ha convertido en una política de estado”, afirmó Fox, cuya victoria electoral en julio del 2000 puso fin a 71 años de mandato autocrático y unipartidista en manos del PRI.

“Mi gobierno accedió a invitar tanto al escrutinio internacional como a la cooperación en sus acciones. Lo hicimos porque sabemos que los derechos humanos no son meramente una moda apasionada. Lo hicimos porque no tenemos nada que ocultar”, reafirmó el mandatario.

El estudio de ocho meses fue el producto de una solicitud sin precedente, destacó Kompass. Fue la primera vez que un gobierno había invitado a Naciones Unidas para examinar atentamente su registro de los derechos humanos y proponer soluciones.

“México representa una nueva experiencia, trabajando con un gobierno que está atravesando por una experiencia democratizadora y que ve la colaboración con Naciones Unidas como una sociedad interesante”, afirmó el funcionario de la ONU.

Documento inédito

Una política nacional de derechos humanos desembocaría en el respeto sistemático a los migrantes centroamericanos.

“La gente debería percatarse de que los derechos humanos no sólo están en la agenda de un partido político, sino
que forman parte de la agenda humana del país. Muchas de las recomendaciones son absolutamente necesarias si es que México va a lograr avances”.

El informe contiene más de 400 recomendaciones, que en su mayoría han sido propuestas anteriormente por grupos mexicanos e internacionales de los derechos humanos. Sin embargo, es la primera ocasión en que los principales activistas de los derechos humanos y académicos del país se han unido para estudiar los problemas y proponer soluciones, y también la primera vez que el gobierno se ha comprometido a escuchar.

Activistas de los derechos humanos dijeron que el análisis era un importante primer paso.

“En verdad es una oportunidad increíble para que Fox realmente marque una diferencia y deje su huella sobre un México que es más respetuoso de los derechos humanos y más democrático”, dijo, por su parte, Laurie Freeman,
especialista en México por la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, la cual asesora al Congreso de Estados Unidos en lo concerniente a temas regionales de los derechos humanos.

Freeman destacó que las recomendaciones más importantes fueron las que se relacionaban con el sistema de justicia penal, en particular las estrategias con miras a erradicar la tortura y garantizar los derechos de los acusados.
“El sistema mexicano es inquisitivo, y se asume que el acusado es culpable”, dijo Freeman.

El informe recomienda que la Constitución de México sea enmendada para incluir una cláusula de presunta inocencia y se establezca que solamente los jueces pueden escuchar confesiones.

Grupos por los derechos humanos han condenado abiertamente y desde hace mucho la tortura policial de sospechosos para extraer confesiones, mismas que después son usadas en la corte aun cuando existe evidencia de maltrato.

Freeman y otros defensores de los derechos humanos pusieron en duda que Fox fuera a tomar las recomendaciones con seriedad, citando indicaciones recientes de que los derechos humanos habían descendido en importancia en su agenda.

En agosto, Fox cerró la primera oficina del país para derechos humanos y despidió a su directora, la respetada activista Mariclaire Acosta, citando una escasez de fondos.

La masacre de Acteal, en Chiapas, todavía esta impune y sin respuestas.

EZLN a medias

Fox también ha sido objeto de críticas debido a que no logró dar seguimiento a acuerdos previos con el Ejército Zapatista de rebeldes mayas, quienes siguen esperando la promulgación de un acuerdo de paz de 1996 con el gobierno.

Una diluida ley sobre derechos indígenas fue aprobada por el Congreso en el 2001, pero después fue rechazada por representantes de los 12 millones de indios del país.

El informe de la ONU recomienda que se reinicie el debate sobre los derechos indígenas, argumentando que las reformas recientes no abarcan lo suficiente para garantizar a las comunidades el control sobre su tierra y recursos naturales.

De igual forma, hace énfasis en la necesidad de efectuar una investigación más transparente de los asesinatos seriales y mutilaciones de más de 90 jovencitas en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a lo largo del decenio pasado.

Otras recomendaciones incluyen la ratificación cabal de acuerdos mundiales sobre la tortura y desapariciones forzadas.

El Senado mexicano ratificó ambos tratados con las restricciones de que oficiales militares no pueden ser procesados en cortes civiles y que solamente se pueden perseguir los delitos cometidos a partir del 2001.

El tema es crucial para los esfuerzos con miras a enjuiciar a los responsables de la denominada guerra sucia de México durante los años 60 y 70, cuando cientos de activistas de la izquierda fueron asesinados por el gobierno o “desaparecidos”.

El estudio recomienda que se enmiende la Constitución para que así los acuerdos sobre derechos humanos adquieran precedencia sobre leyes federales y estatales.

Si bien México ha ratificado casi todos los tratados internacionales que se relacionan con los derechos humanos, en su mayoría aún tiene que incorporarlos a los códigos penales, lo cual significa que tienen muy poco efecto en términos prácticos.