28 de septiembre de 2003


SEGURIDAD S.A. DE C.V.

El negocio seguro

La situación por la que atraviesa actualmente El Salvador obliga a los ciudadanos a buscar alternativas para sentirse seguros. Poco a poco, el salvadoreño se va acostumbrando a ver hombres y mujeres armados resguardando casas, negocios y hasta templos religiosos.

Wilfredo Hernández y Alicia Miranda
vertice@elsalvador.com

IEl hecho de que “Juan Carlos” pase en vela toda la noche permite que “doña Rosa” pueda dormir con relativa tranquilidad. ¡Relativa!

El vigilante se ganó la desconfianza de los vecinos del pasaje el día en que lo encontraron sentado y medio dormido. Más de 72 horas de trabajo continuo y una fiebre altísima lo vencieron durante un par de segundos.

No valió explicación alguna. Después de dos días de suspensión, pudo regresar a su puesto. “No hay trabajo. Por eso no me fui; pero ser agente de seguridad privada es bien yuca”, dice.

“Juan Carlos” es uno de los más de 17 mil agentes que operan en el país. Algunos, incluso, consideran este fenómeno como la creación de ejércitos privados en El Salvador.

Ser agente de seguridad en un país con altos índices de violencia puede significar serios riesgos, y si a eso se le agrega una deficiente capacitación y, a veces, falta de idoneidad para el trabajo, el resultado puede ser impredecible.

Vértice conversó con un grupo de agentes y descubrió, de primera mano, las condiciones, muchas veces lamentables, en las que trabajan. Todos aceptaron contar sus experiencias, a cambio del anonimato por temor a represalias.

Facilidades
La verdad es que no piden muchas cosas para trabajar como vigilante en una empresa”, asegura Oscar.

Esto, a pesar de que la ley establece requisitos claramente definidos para optar al empleo.

Pero, desde la entrada en vigencia de la Ley de Servicios Privados de Seguridad, en febrero de 2001, se han inscrito 114 agencias de seguridad privada; muchas de ellas sin ni siquiera un control permanente de las autoridades. La semana pasada, la PNC clausuró una agencia por carecer de la autorización correspondiente; aunque pasó cuatro meses operando. Además de estas agencias, también existen ocho asociaciones de vigilantes y más de 50 custodios independientes.
Pero la ley es una cosa, y la realidad, otra. Si bien es el instrumento inmediato que garantiza la seguridad social de los agentes, ésta se queda en letra muerta.

“Yo trabajé durante algunos meses en una empresa y nunca coticé a una AFP”, comenta “Oscar”.
La fiscalización de las agencias y asociaciones de vigilantes parece ser un sencillo trámite administrativo.

Salarios vulnerables
Tanto una asociación como una empresa de vigilantes privados prestan los mismos servicios. Usan diferentes mecanismos; pero el riesgo y las condiciones de trabajo son similares.

En el caso de la primera, los mismos miembros se hacen su salario, así lo afirmó Salvador Hernández Pineda, representante de los vigilantes del mercado central. Esto significa que cada agente recolecta una cuota en el sector que tiene asignado en el centro de abasto. “Aquí hay quienes pagan 11 ó 15 centavos diarios”, dijo.

El vigilante recibe un promedio de ¢2,500 y ¢2,000 mensuales. De eso cada uno da ¢150 mensuales como cuota por pertenecer a la asociación; además de los descuentos de ley, como seguro, AFP y otros.

El problema surge cuando no se recauda lo suficiente. En ocasiones, los agentes asociados e independientes corren el riesgo de no reunir ni siquiera el sueldo mínimo.
El caso de las empresas privadas es distinto. Se establece un precio entre cliente y agencia. El sueldo de cada vigilante lo determina la empresa, sin importar lo que paga el cliente.

Suponga que usted da ¢2,400 mensuales por un vigilante. Ese dinero no pasa íntegro a las manos del agente. La empresa se arropa el derecho de pagar lo que ella crea necesario a su empleado, lo que muchas veces no sobrepasa los ¢1,500 por 24 horas de trabajo, durante 15 días del mes.

COSASE, con más de 2,000 agentes dispersos en todo tipo de lugares públicos o privados, es una de las empresas de seguridad más grandes del país, pero, de acuerdo con algunos agentes consultados, la que más descuentos realiza a sus empleados. “Ahí hasta por un cincho le descuentan a uno”, dijo un guardia que prestó seguridad en una colonia de Antiguo Cuscatlán.
El ingeniero German Herrera, gerente general de esa empresa, se defiende. “Lo mínimo que pueden ganar aquí es ¢1,500”, explica.

El sueldo lo establecen con base en las capacidades del mismo agente. “Hay clientes que solicitan bastantes requisitos para este tipo de servicios”, asegura Herrera. De cualquier forma, el salario mensual de un oficial de seguridad o vigilante está anclado en la voluntad de otro.

Vigilantes vigilados
El agente de seguridad tiene que trabajar 24 horas seguidas, con poco espacio para descansar. Llueva o no, tiene que permanecer en el mismo lugar.

Las condiciones laborales de un vigilante pueden variar de empresa a empresa, pero, según Óscar Vásquez, sicólogo de la UCA, existe una constante en todos los casos.

“Una persona que está asoleada, sin descansar y con turnos largos, está comprobado de que va perdiendo efectividad en sus reflejos y en sus pensamientos. No responden bien a decisiones coyunturales”.

La mayoría de empresas y asociaciones de vigilantes recurren a la figura de supervisor de zona. En ese caso, el vigilante tiene que reportarle cualquier anomalía.

Cualquier evento no reportado podría significar la expulsión del vigilante de la empresa o de la
asociación, dependiendo de la gravedad del caso.

Vásquez cree que si bien la demanda de vigilantes es un medio de absorción laboral, no significa que sea la mejor. “Yo comparo a los guardias de seguridad con las mujeres que trabajan en las maquilas”, dice.

Y, en verdad, muchos ex efectivos del ejército y de los cuerpos de seguridad prefieren seguir en lo viejo conocido de otras opciones laborales.

Alternativas ciudadanas
La necesidad de sentirse protegidos ha llevado a los salvadoreños a recurrir a sistemas electrónicos de seguridad paralelos a un vigilante privado.

INMOVILIZADORES
De uso personal. Si bien su venta no es masiva, es una alternativa para la autoprotección. Crea un arco eléctrico en uno de los extremos del aparato. Al activarlo, descarga 100 mil voltios en el agresor, inmovilizándolo. No causas daños, según los distribuidores.


ALAMBRADAS
Casi la totalidad de residencias en el país está protegida por alambradas electrificadas alrededor de sus muros perimetrales. El material más utilizado es el alambre “razor”, cuyo precio puede oscilar entre los cinco dólares el metro lineal.
CIRCUITOS CERRADOS
Es más sofisticado y costoso. Sin embargo, de acuerdo con representantes de empresas privadas de seguridad su demanda se ha incrementado de manera significativa en los últimos días. El dispositivo permite tener vigiladas todas las áreas de la residencia.
ARMAS
En los últimos años, la ciudadanía ha optado por la compra de armas de fuego, en las muchas tiendas que proliferan en el país. Su incremento ha obligado a las autoridades a reformar la ley de portación de armas. Sin embargo, la tendencia no se detiene.



SEGURIDAD S.A. DE C.V.

“Círculo vicioso”

La búsqueda de la seguridad puede llevar a que una persona se atrinchere a toda costa y, de hecho, en sociedades como la salvadoreña de la posguerra, el sentido de intranquilidad se mezcla con la demanda de otras condiciones, aunque sea aparentes.

La seguridad privada parece haberse convertido en una necesidad en El Salvador. Ver un agente de seguridad en la calle se ha convertido en parte del paisaje.
Junto a la demanda de agencias de seguridad también existen otros métodos de protección. COSASE, empresa de seguridad y además distribuidora de sistemas de seguridad electrónica y de armas, da testimonio de esta realidad.

El ingeniero German Herrera, gerente general, asegura que la demanda de seguridad privada ha ido en aumento; aunque sostiene que la venta de armas y de sistemas de seguridad es constante.

Pese a que la demanda de agentes refleja una necesidad de sentirse protegidos, según Oscar Vásquez, se trata de algo muy “subjetivo e inestable”. “No es la necesidad de un agente de seguridad sino de resolver algo inmediato y eso no significa que sea lo más efectivo. Si vuelven a robar una casa que tenga un sistema de alarma, entonces pagará un vigilante”, dice. En ese sentido, se volverá un circulo vicioso. Ante tanta violencia más y más mecanismos de seguridad.

Julio Ángel Castro, jefe de la división de de registro y control de Servicios Privados, no comparte la misma opinión. “Las empresas privadas de seguridad tienen más de veinte años de existir” y, en ese sentido, el comisionado no ve un “crecimiento desmedido” de este servicio.

Círculo vicioso

Delegar la seguridad de una persona en otra implica sumir un grado de conciencia. Para Óscar Vásquez, el problema surge cuando no existe. “Si me matan de hambre, si me pagan poco, si no me dan el equipo adecuado una persona no se sentirá responsable ante los que tiene que cuidar”.

“Juan Carlos”, vigilante de un centro comercial en Santa Tecla, asegura sentirse comprometido con su trabajo; sin embargo, no se expone “más de la cuenta”.

“He visto asaltos pero si no están en mi perímetro no me meto. Lo que hago es llamar a la PNC. ¡Para lo que me pagan, prefiero seguir viviendo!”.

Las condiciones laborales de los agentes de seguridad y la necesidad de sentirse protegidos parece no coincidir. Para Vásquez el circulo vicioso se amplía cuando la persona, pese a haber recurrido a un agente de seguridad, instala un sistema eléctrico para tener mayor protección.

“La persona seguirá construyendo su trinchera. La satisfacción será momentánea, pero eso no quiere decir que sea la mejor opción”, advierte el sicólogo.

“Arriesgan y reciben muy poco”

Óscar Vásquez asegura que el dominio de un arma no significa que una persona esté apta para desempeñar el cargo de agente de seguridad privada.

La ruptura entre lo que un vigilante quiere y lo que le ofrece la empresa para la que trabaja puede repercutir en su desempeño.

Pese a las ganancias que pueda tener una empresa de seguridad, muchas veces no ofrecen las condiciones necesarias para que el vigilante genere un sentimiento de pertenencia en su trabajo.
En ese sentido, la respuesta a una situación determinada no será la adecuada.

Vértice: ¿Están realmente preparados para el tipo de trabajo que desempeñan?
Óscar Vásquez:
El hecho de que tengan experiencia con las armas no significan que tengan experiencia en el ramo de la seguridad privada. Muchas de estas personas tienen una concepción de seguridad como una fuerza de choque, cuando en realidad en las democracias las fuerzas de paz sirven como un aspecto disuasorio.

Hay agencias que capacitan a sus agentes…

Pero ¿qué porcentaje de agencias? Sencillamente se ve en el mantenimiento de las armas. Yo he visto armas mejor cuidadas en los museos que las que traen estas personas. Y si así traen el armamento, hablando en el terreno castrense, ¿qué tan bien capacitados estarán ellos?

¿Qué repercusiónes hay cuando se trabaja bajo estas condiciones laborales?
Una persona que haya entrado a este trabajo por necesidad sencillamente lo ve como un medio de vida, pero no como algo vocacional. Si además las condiciones laborales son pobres, no puede cumplir óptimamente con sus funciones.

¿La persona tendría que percibir que sus prestaciones son muy buenas para responder al mismo nivel?
Si me matan de hambre, si me pagan poco, si no me dan el equipo adecuado yo no me voy a sentir responsable ante los que tengo que cuidar o de lo que estoy haciendo.
Es decir, tengo una sensación muy subjetiva de que arriesgan mucho a cambio de recibir muy poco.




SEGURIDAD S.A. DE C.V.

“En este trabajo nosotros estamos botados”

Ser agente de seguridad en el país no es difícil. No tanto por los requisitos que exige la ley, sino por las condiciones en las que se trabaja.

“En este trabajo nosotros estamos botados”, me dijo César después de que yo saliera de una entrevista de trabajo en una agencia de seguridad capitalina.

“Estamos aquí, muchas veces por pura necesidad. Sería mejor irse a su casa, aunque sea a comer salteado; pero sin soportar lo que se soporta aquí”, prosiguió.

Llevaba ahí más de 24 horas sin dormir (el relevo se había reportado enfermo) y estaba decidido a trabajar otro día completo.

César es ya un veterano en esas lides. Ese es su cuarto empleo como guardia de seguridad, a pesar de que nunca ha asistido al curso que imparte la ANSP. “Eso no es necesario”, me habían dicho ya durante la entrevista.

Amenazaba lluvia. César buscó refugio en una cornisa de una vivienda del pasaje que le han asignado y se enfundó en su capa. Pensé que tanto esfuerzo no valía los ¢1,500 que ofrecen de paga.

La región plusarmada

Paradójico. El elevado número de agentes privados de seguridad es un peligro para la seguridad en la región, según un estudio de la Fundación Arias para la Paz. Las entidades públicas se ven superadas casi al dos por uno por el sector privado.

La proliferación de las agencias de seguridad privada en Centroamérica, sumada a los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre su funcionamiento, constituyen una amenaza de “militarización” en la región.

Eso advierte la costarricense Fundación Arias para la Paz, en un informe presentado en julio de 2003.

Las conclusiones no son antojadizas. Residencias, negocios e, incluso, templos religiosos, amurallados o con una fuerte presencia de hombres armados, con escopetas y pistolas, y la desmedida portación de armas por los ciudadanos muestran la precaria situación de seguridad en el istmo.

La situación actual de Centroamérica presenta un mapa de armamentismo creciente, entre otras causas, por la operatividad, legal o ilegalmente, de cinco componentes armados activos: las fuerzas armadas, las policías, las agencias de seguridad privada, el crimen organizado y la delincuencia común.

Pero mientras verdaderos ejércitos siguen enfrentados en la región, la empresa privada y los ciudadanos poseen en defensa de su patrimonio a más de 90 mil hombres armados en operaciones de seguridad permanente.

De acuerdo con la Fundación Arias, el funcionamiento casi irrestricto de estas empresas en la región representa, paradójicamente, un grave riesgo para la seguridad ciudadana, pues la cantidad de agentes privados (98,324) sobrepasa el número de policías (64,224).

El problema se agrava cuando se confirma la existencia de empresas ilegales. La semana pasada, la PNC salvadoreña clausuró una empresa de seguridad que funcionó, durante cuatro meses, sin autorización.
Mientras tanto, otras agencias ofrecen sus servicios sin un control que garantice su funcionamiento.


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