* El autor de este artículo hizo un análisis electoral en abril de 1991 para comprobar cómo los votos de todos los salvadoreños no valen lo mismo gracias a la lógica de la proporcionalidad. A más de diez años de los conceptos expuestos, y justo cuando la Asamblea ha discutido este tema espinoso, su punto de vista retoma validez.

Morgan Bojórquez, colaborador
vertice@elsalvador.com

El Artículo 78 de la Constitución dice que “el voto será libre, directo, igualitario y secreto”, de lo que se entiende que cada voto de todo salvadoreño debe valer lo mismo, es decir, debe servir para lo mismo.
Después de cada elección, podemos concluir que los votos de los salvadoreños no son iguales o no valen lo mismo, pues, por ejemplo, en La Libertad se necesitan más sufragios para elegir a un diputado que los requeridos en los otros 13 departamentos. De manera inversa, donde se necesitan menos votantes para elegir a un diputado es en Chalatenango.

En el primero se necesitan 31,688 sufragios, y en el otro, apenas 3,951. Pero aún cuando en un lugar se necesitan ocho veces más votos que en el otro, el diputado electo en ambos casos cobrará lo mismo, podrá hablar y gritar lo mismo, ocupará igualmente una misma curul, tendrá las mismas franquicias que el otro y, para hacerlo más fácil, su voto contará lo mismo que el otro en la Asamblea y no ocho veces menos, como se podría pensar.

Para ilustrar mejor la tesis y apreciar las divergencias que ésta plantea, aquí varios ejemplos. La desigualdad de los votos se puede comprobar cuando se ve que ARENA, en estas elecciones de 1991, necesitó en La Libertad 27,504 ciudadanos para elegir a un diputado, mientras que en San Salvador fueron 21,444, pero en Morazán sólo le bastaron 7,973 para obtener otro parlamentario.
Pero eso no es nada, cuando, por el otro lado, el PCN obtuvo uno de igual categoría con sólo 3,979 votos igualitarios en Cabañas y, lo que es peor, la Convergencia, en Chalatenango, obtuvo igualmente otro diputado con apenas 3,951 votos. ¿Hay lógica en esto o resulta paradójico?
La respuesta a lo anterior nos la da el Artículo 204 del Código Electoral, que habla de los famosos cocientes y residuos electorales, y dice que fueron inventados para favorecer a los partidos pequeños, pero que se contradice a la luz de los resultados, cuando se comparan los votos obtenidos contra los diputados electos por “los pequeños”, en donde nos damos cuenta que aún cuando la Convergencia obtuvo 33,324 votos más que el PCN (12.16% contra 8.99%), éstos obtuvieron un diputado más que aquéllos, lo cual contradice el espíritu de los residuos y cocientes electorales.

Podemos tomar otros casos que hacen más clara la tesis que dicha repartición del pastel está mal hecha. Por ejemplo, ARENA necesitó 19,336 votos en Ahuachapán para obtener un diputado, pero el PDC, ahí mismo, lo obtuvo con sólo 16,409 sufragios. Pero lo que hace más ridículo el sistema es que el PCN, en el mismo departamento, obtuvo otro parlamentario de igual categoría con apenas 9,276 votos. Es decir, con menos de la mitad de los votos que obtuvo ARENA y que en teoría fueron emitidos por ciudadanos de igual categoría, pero que a este diputado no se le dará la mitad de los beneficios del primero, sino que los mismos.

Un análisis político hecho a la luz de la ley cobra actualidad al ver el poder de la “proporcionalidad” en la Asamblea.

Por un lado, es paradójico que los votos de los capitalinos valgan menos, pues se necesitan más ciudadanos para elegir un diputado que otros departamentos. Como también es contradictorio que cantidades menores de electores elijan diputados en otros departamentos.
Lo mínimo que se necesitó en San Salvador para obtener un diputado fueron 14,358 votos, que fueron los que sacó la UDN, pero a ARENA, cada diputado le costó 21,444 votos. Si a manera de ejercicio se tomaran los 14,258 votos del UDN como base para un diputado, ARENA, con sus 150,110, habría obtenido al menos 10 diputados, aun cuando una distribución de este tipo nos daría en San Salvador más de los 16 diputados establecidos.

¿Cómo es posible que en San Miguel los 6,497 votos no le hayan servido para nada a la Convergencia, y apenas con 3,979 el PCN obtuviera un diputado en Cabañas? De lo que, hasta se podría inferir que hay sufragios que no sirven para nada. En Chalatenango igualmente vale el diputado arenero que fue electo con 14,950 votos, que el de la Convergencia, con 3,951.

¿Cómo es posible que ARENA en San Vicente haya tomado dos diputados que le equivalían 6,768 votos cada uno y que el del PDC valga 9,596? El PDC fue el menos favorecido en algunos departamentos con esta repartición “desproporcional”, pues, por ejemplo, en La Libertad su diputado vale 31,688 votos, pero allí mismo, cada parlamentario de ARENA vale 18,336 y el de la Convergencia, sólo 12,951. Pero así como salió desfavorecido el PDC en algunos lugares, en otros se sirvió con la cuchara más grande, como fue en el caso de La Unión, en donde ellos y ARENA obtuvieron su congresista con 14,797 votos, pero el PDC obtuvo el segundo con apenas 17 sufragios más, ya que sus 15,814 votos, les dio dos diputados, contra uno de ARENA y sus 14,797 papeletas.

Más allá menos aquí

Otra aberración del estado actual del sistema es el hecho de que en Sonsonate hay más votantes potenciales registrados en el padrón que en San Miguel, e igualmente el 10 de marzo de 1991 votaron más en ese departamento que en el oriental y aún así el segundo tiene asignados cinco diputados contra cuatro del primero, lo cual nos dice que los votos de los sonsonatecos están devaluados.

Tomando como ejemplo la forma cómo se votó el 10 de marzo de 1991, se tiene que se necesitaron 21,782 votos de sonsonatecos para elegir un diputado, pero en San Miguel sólo con apenas 13,698 se elegía, igualmente a otro parlamentario de igual categoría. Lo anterior nos permite concluir que si el voto de un migueleño vale una unidad, el del sonsonateco sólo vale 0.63, es decir, que se necesitan casi voto y medio sonsonateco para que valga igual que los migueleños. Esta misma comparación se puede hacer en todo el país.

El voto de todos los salvadoreños no es igual. en la práctica no es igualitario como manda la Constitución

Del escrutinio del Consejo Central de Elecciones tomamos que, en promedio, en La Libertad se necesitaron 23,066 votos por cada diputado electo y en Cabañas apenas 7,104. Al analizar diputados, relativamente, vemos que el parlamentario más caro del país es el del PDC de La Libertad, que vale 31,688 votos, y el más barato es el de Convergencia de Chalatenango, electo por apenas 3,951 ciudadanos. Lo anterior nos da mayor fundamento para considerar que lo que reza el Artículo 78 de nuestra Carta Magna no se está cumpliendo y eso es debido simplemente a que el famoso Artículo 11 del Código no fue estudiado y sólo lo pusieron allí sin ningún análisis.
Estos números permiten inferir que si se toma como base el menor número de ciudadanos que se necesitó para elegir a un diputado, que para el caso fue 3,951 votos, comparado con el número de votantes en todo el país, tendríamos que se debieran elegir a 266 diputados, en vez de los 64.
Lo anterior plantea que es imperante una revisión y un profundo análisis de esta situación, que se ha demostrado que es incongruente, primero, con la demografía nacional, y segundo, con el espíritu político del mismo.

En lo particular, considero que la razón de esta desproporción se debe a lo expresado en el Artículo 11 y literal “b”, numerales 1 al 14, del Código Electoral, el cual fue revisado, pero nada más para buscar conveniencias políticas y nadie fue capaz de prestarle atención a lo que realmente debe valer para nosotros los ciudadanos, que en alguna manera no nos están considerando iguales, contraviniendo el Artículo 78 de la Constitución, y que sólo lo han venido copiando de códigos anteriores y medio lo modificaron para meter más diputados en departamentos, donde está la mayoría de los “avezados” políticos, olvidándose de los otros departamentos en donde debemos haber ciudadanos de “igual” categoría.

Muchos argumentan que esta distribución de diputados, para cada departamento, se debe a la falta de un censo en el país desde hace mucho tiempo y que nadie en la Asamblea se preocupa por tomar la iniciativa de realizarlo, por eso, sostienen, no se hace una distribución diferente.
Aún así, considero que no debería haber excusa para una mejor distribución de diputados por departamento, pues entonces ¿de qué sirve el padrón electoral, que nos dice claramente cuántos ciudadanos hábiles para votar hay en cada departamento? al darnos una densidad demográfica que perfectamente podría servir para calcular con cuántos votos se obtendría un diputado y cuántos diputados se les puede asignar a cada departamento, pues no es justo que La Libertad, con 265,773 ciudadanos inscritos, tenga cinco diputados, que equivale a 53,155 ciudadanos por diputado, comparado con San Salvador, que tiene 16 diputados y 740,866 habitantes inscritos, lo que nos da 46,304 votos por parlamentario, lo que es desproporcional.

Pero esta comparación se queda corta cuando analizamos el caso de San Vicente, que con apenas 65,226 ciudadanos inscritos tiene asignados tres diputados, lo que equivale a un parlamentario por cada 21,742 empadronados. Ahora bien, si en La Libertad se necesitan 53,155 ciudadanos y en San Vicente sólo 21,742, quiere decir esto que con menos de la mitad de vicentinos se elige un diputado. O sea, no todos los salvadoreños somos iguales y, siendo estrictos, el voto de todos los salvadoreños no es igual, no es igualitario como manda la Constitución y es claro que se viola expresamente a ciencia y paciencia de los diputados, que son los únicos favorecidos con este sistema.

De todo lo anterior, en forma técnica y no política, se demuestra que algo está mal y que simplemente se ve que se está violando el Artículo 78 de la Constitución y sin ser jurista podemos decir que todo se debe a que el Artículo 11 del Código Electoral, no está en concordancia con el primero y que deben ser los políticos a los mismos diputados electos con votos “desigualitarios”, quienes deben tomar cartas en este asunto, pues como ahuachapaneco, me siento devaluado cada vez que emito mi voto, que vale la mitad que lo de otros y quizá para que valga más y como truco político, la estrategia es irse a empadronar a otros departamentos de menor densidad y tomarse el trabajo de ir a votar el día de las elecciones a esos lugares.