REPORTAJE

Los muertos indígenas, sin entierro digno

Los muertos de la guerra civil guatemalateca todavía esperan una ceremonia
fúnebre que supere el horror que los desapareció forzosamente.

Klaus Blume (DPA) SAN PEDRO JOCOPILAS - vertice@elsalvador.com

El campesino Felipe Santiago junto a familiares. Cinco de sus hijos fueron asesinados y se contabilizan entre las víctimas de la guerra civil en Guatemala.

Don Felipe Santiago está sentado en una piedra y en silencio mira dentro de la fosa que se abre a sus pies. El anciano tiene lágrimas en los ojos mientras observa el trabajo de exhumación de los jóvenes antropólogos en el jardín de la iglesia.

Estos han descubierto tres esqueletos humanos, enterrados a una profundidad de unos 1,50 metros, entre durazneros y manzanos, cerca del muro exterior de la iglesia parroquial de San Pedro Jocopilas.

Probablemente, se trata de los hijos de Santiago.

San Pedro Jocopilas es un pueblo maya del altiplano de Guatemala, situado unos 170 kilómetros al noroeste de Ciudad de Guatemala. Hace más de 20 años, la región fue asolada por la guerra entre un movimiento guerrillero de izquierda y el ejército nacional, equipado por Estados Unidos.

A finales de 1981, el ejército ocupó el pueblo. Los soldados convirtieron la iglesia y la casa del párroco en su cuartel. Todo el que estaba bajo sospecha en el pueblo de colaborar con la guerrilla era llevado allí, para ser sometido a interrogatorios y torturas. Muchos presos ya no salieron vivos. Fueron asesinados y enterrados en el jardín de la iglesia.
La guerra civil en Guatemala, que en 36 años causó unos 200.000 muertos, terminó en 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes. Sin embargo, el proceso de superación del pasado avanza con extrema lentitud.

Miles de personas siguen desaparecidas. En Jocopilas, al igual que en otros lugares de Guatemala, los supervivientes de la guerra tenían durante muchos años demasiado miedo como para solicitar la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Además, en Guatemala hasta hoy ningún oficial militar de alto rango ha sido condenado por la Justicia por crímenes cometidos contra la población civil.

¿Razones?

“Las osamentas son de tres hijos y de dos hijas. Desaparecieron en 1982, el 14 de enero. Llegaron los soldados, entraron en mi casa. Me castigaron. ¿Por qué a ellos? No sé. Yo creo que por una envidia los acusaron. Yo no he hecho nada. Soy agricultor con mi maíz. Nada de política, de guerrillero nada”, relata Felipe Santiago, cuyas palabras son traducidas por su nuera, ya que el campesino maya, de 82 años, habla poco español.

El antropólogo Raúl Achila en las excavaciones que un equipo forense realiza en San Pedro Jocopilas.

Santiago está convencido de que los cadáveres son de sus hijos, aunque sólo una investigación en un laboratorio en Ciudad de Guatemala puede confirmar la sospecha. Todos los restos óseos que actualmente se están exhumando en varias provincias de Guatemala son enviados a la capital para ser identificados. Después, se los devuelve a los familiares, para que les puedan dar digna sepultura.

Los restos son analizados en la Fundación para Antropología Forense. El edificio de la fundación, ubicado en un miserable barrio en la periferia norte de la capital, se asemeja a una pequeña fortaleza. Sobre las coronas murales se observa alambre de púas.

Vigilantes armados registran a cualquier visitante. En Guatemala, los antropólogos llevan una vida peligrosa. Una y otra vez reciben amenazas, ya que no todos en este país están interesados en que se eche luz sobre el oscuro pasado de la guerra civil.

Junto a una mesa en el laboratorio se encuentra el antropólogo mexicano Alan Robinson. Tiene delante el “caso 317-II-1”, un esqueleto casi completo de un hombre joven del pueblo de Comalapa. “Lleva 20 años de estar muerto. Tenía entre 16 y 20 años. Tiene un trauma cortante en la garganta y otro en el tórax. Hubo varios puñalazos en el pecho y además en el cuello”, explica Robinson, quien considera muy grande la posibilidad de poder averiguar en menos de una semana el nombre y el apellido de “317-II-1”.

Sin embargo, para poder identificar un cadáver reducido a un esqueleto no basta con investigar los restos en el laboratorio. Los resultados de la autopsia tienen que cotejarse con los datos recabados por los antropólogos en entrevistas realizadas en los pueblos. Hablando con los familiares directos, los antropólogos tratan de obtener la mayor cantidad posible de información sobre las costumbres de los desaparecidos. No pueden recurrir a registros médicos o moldes dentales, puesto que la mayoría de los campesinos mayas pobres nunca habían visto a un médico cuando vivían. Y las pruebas de ADN son demasiado caras.

Trabajo pendiente

Según el director en funciones de la fundación, José Suasnávar, desde 1992 se han examinado unos 2.480 esqueletos, el 55 por ciento de los cuales han sido identificados. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. “La Comisión del Esclarecimiento Histórico reportó 669 masacres. Nosotros hemos investigado 300 casos. De éstos, el 50 por ciento no fue reportado en el reporte de la Comisión. Nos hace fácilmente duplicar el número de los casos”, indica Suasnávar, quien vaticina “un mínimo de diez años más trabajando a este ritmo”.

La fundación es financiada con fondos del exterior, principalmente de Holanda, Estados Unidos y Canadá. Poco puede esperar del gobierno de Guatemala. Suasnávar comenta que el gobierno siempre se ha negado hasta ahora a llevar a cabo exhumaciones. “El trabajo que hacemos es totalmente técnico, pero el resultado es sumamente político”, explica al respecto.

Con su labor, asegura Suasnávar, la fundación apoya a la Justicia guatemalteca, contribuye a la reconstrucción del pasado reciente del país y ayuda a que las víctimas recuperen su dignidad. Sin embargo, “no se nota una voluntad política de querer perseguir a los responsables”.

A la entrada y en el jardín del edificio de la fundación se apilan pequeños ataúdes de madera, de 70 centímetros de largo y 40 centímetros de alto y ancho. En ellos se envían de vuelta a los pueblos indígenas los restos mortales una vez identificados, para que los familiares puedan enterrarlos.

En San Pedro Jocopilas, las exhumaciones apenas comenzaron a finales de octubre. El representante de la fundación en el lugar, el antropólogo Raúl Archila, sospecha que a lo largo de los muros de la iglesia se encuentran ocultas en la tierra tumbas secretas. Mientras tanto, su equipo acaba de descubrir el cuarto esqueleto en el jardín.

Cuidadosamente, los expertos quitan con cucharas la tierra en los huesos. Los asesinos tiraron los cadáveres unos sobre otros, sin consideración alguna. La cabeza de una de las víctimas se halla debajo de los pies de otra.

Alrededor de la fosa se han reunido familiares de tres generaciones. Llevan consigo flores sempasúchil, de color amarillo, que en Centroamérica se utilizan durante ceremonias fúnebres. Se calcula que pasarán ocho meses antes que los restos óseos de los muertos de Jocopilas regresen al pueblo después de haber sido investigados en el laboratorio en Ciudad de Guatemala.

Felipe Santiago sigue sentado al borde de la fosa y agita una lata con incienso. “Sí, me alegro de que ahora los podamos enterrar en paz”, dice el anciano mientras las lágrimas ahogan su voz.