REPORTAJE

A la espera de una oportunidad

El mundo de las discapacidades es tan amplio como los problemas que les afectan. La inserción laboral de las personas discapacitadas en el terreno laboral es un tema complejo no sólo por las escasas oportunidades de empleo, sino también por la discriminación y las pocas herramientas educativas que tienen para lograrlo.

Mirella Cáceres vertice@elsalvador.com

Contestar las llamadas telefónicas, redactar cartas, atender a los clientes, trabajar como cajero en un supermercado o manejar la base de datos de alguna empresa, significaban tareas muy difíciles para que la población discapacitada pudiera desempeñarlas en el país.
Hasta hace poco, para que estas personas se insertaran en el mundo laboral necesitaban aprender oficios y aspirar a algún puesto en el plano productivo-operativo. Y es comprensible, la limitada competencia que genera este sector ha sido de alguna manera determinante. Hasta hace dos años, Jenny Chinchilla estaba confinada en su casa y desde allí se desempeñaba como “ejecutiva de cobros”.

Los escasos recursos económicos que siempre rodearon a Jenny, no le permitieron educarse más allá del tercer grado. A falta de esto, fue su mamá la que le enseñó a leer y a escribir. Su contacto con un computador revolucionó su vida. Fue un día del 2001 cuando ingresó al primer curso de tecnologías de la información y la comunicación en el centro de capacitación de la Fundación para las Américas, una dependencia de la Organización de Estados Unidos (OEA). “Tenía algunos conocimientos de computación pero no sabía que fueran tan importantes para desempeñarse en el campo laboral”, dice Jenny, quien destacó tanto en el curso que fue contratada por el centro para un puesto secretarial.

La experiencia para esta mujer de 28 años de edad, fue tal que la timidez, la falta de confianza en si misma y la limitada formación académica se convirtieron en un reto a vencer, y lo logró. Hoy, no sólo es la recepcionista, la redactora de correspondencia, la encargada de la base de datos y la orientadora de los alumos de los cursos, sino también es instructora de un módulo Tecnología de Oficina.

Jenny representa una historia entre miles, que refleja la lucha que vive la población discapacitada por desarrollarse como personas útiles dentro de la sociedad, y que a la menor oportunidad y capacitación sacan a flote sus potencialidades.

En El Salvador existen unos 600 mil personas que sufren algún tipo de discapacidad, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero otras instancias como el Consejo Nacional para la Atención Integral de la Persona Discapacitada (CONAIPD) considera que la cifra sobrepasa los 700 mil. Las consecuencias de la guerra civil, los accidentes de tránsito y el fenómeno de la emigración a Estados Unidos que devuelve a muchos compatriotas mutilados en su fracasado intento por cruzar la frontera, serían las causales que más determinarían ese aumento en este sector de la población.

Pero de esta masiva cantidad de discapacitados, son pocos los que están empleados. El Ministerio de Trabajo registra a 1 mil 358 empleados a nivel de cinco departamentos. Por su parte, instituciones como el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) registran desde 1992 a 1 mil 83 discapacitados que han sido capacitados e insertados en la industria de la maquila, servicios generales y cosmetología.

“La sociedad nos ve como personas que no tenemos capacidad. Hay empresas donde nos discriminan cuando dicen que no pueden acoplar nos. Yo tuve ese tipo de experiencias”, cuenta Jenny.

Reto laboral

Cecilia Jiménez, colaboradora técnica del CONAIPD, dice que la situación laboral de la población discapacitada es difícil. Cecilia Jiménez dice que son muchos los factores que les impide ingresar y desarrollarse en el mundo laboral porque no están preparados académicamente, falta sensibilización y apertura en muchas empresas, y no existen condiciones arquitectónicas y de transporte.

Aún cuando se hayan dado algunos pasos para el cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades que establece que las empresas deben contratar a una persona discapacitada por cada 25 empleados, pero aún existe discriminación por la parte patronal. “No es sencillo imponer sanciones”, argumenta Jiménez. Por eso dice que junto al Ministerio de Trabajo coordinan actividades de sensibilización dirigidas a empresas para lograr un cambio.

No es un secreto que por años, las personas ciegas, sordas o con capacidad física reducida, han sido marginadas de casi cualquier actividad productiva e incluso se les ha negado la oportunidad de ingresar al mundo académico. Esta situación ha llevado a algunas instituciones a buscar más condiciones para generarles más posibilidades de empleo. Uno de ellos -y bastante novedoso en el país- es el Proyecto Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):
Empleo para las personas con discapacidad en El Salvador, que financia el Departamento de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos, y es ejecutado por la Fundación para las Américas. “La inserción laboral de la población discapacitada en El Salvador es aún incipiente porque no están dadas las mejores condiciones. También hay que trabajar mucho en la concientización y la sensibilización”, opina Daniel Zappalá, coordinador del proyecto en el cual participan el Ministerio de Trabajo, ISRI, FUNTER y el CONAIPD entre otras. Este proyecto se propicia en el marco de la ley de Equipa ración de Oportunidades.

Buscando empleo

El proyecto TIC, que a partir de julio pasará a ser administrada por FUNTER, pretende aumentar las posibilidades laborales para la población discapacitada en un país de escasas oportunidades. Por eso desde el 2001 han capacitado a 500 personas en el campo de la informática que les permitiría aspirar a puestos en el área administrativa donde se requieren conocimientos en computación que los mismos han aprendido como son los programas Windows, Excel y Power Point, navegación por internet, además de técnicas secretariales y charlas motivacionales. “La personas discapacitada tiende a ser tímida y tiene poca preparación académica, por eso estos cursos nos han ayudado mucho”, dice Jenny.

Pero el proyecto -que se extiende a Santa Ana y San Miguel- también facilita gratuitamente a las empresas los pro gramas diseñados según la discapacidad del aspirante. Según Daniel Zappalá, esta información y asesoría a los empleadores ayuda a definir los puestos más adecuados para estas personas.

Pero hay una estrategia interesante que se ha preparado para los primeros días de esta semana. A partir de mañana se desarrollará en la Feria Internacional el primer “Encuentro entre el trabajo y la discapacidad”, que reunirá a 22 empresas que estarán recibiendo hojas de vida a todo aquel interesado. Nohemy Soledad Ortíz, espera ansiosa esta singular feria del trabajo. Con los conocimientos aprendidos desde octubre en este centro espera lograr algún empleo a sus 32 años.

Otros jóvenes comparten esa misma esperanza. Salvador Muñoz que, desde hace cuatro años, enfrenta la vida sobre una silla de ruedas desde que lo balearan. Ha pasado desempleado todo este tiempo y desea volver a trabajar pero ya no en la obra de banco sino como diseñador de presentaciones con el programa Power Point.

William Mendoza, de 32 años y víctima de la poliomielitis, aspira trabajar en la recepción de alguna empresa. “No he podido trabajar porque la sociedad te encierra como alguien inútil. Ojalá me contraten”, dice.
Tanto a William como a Salvador les invade la expectativa por lo que les depare la feria laboral para lo cual se han preparado largos meses.

La ley de Equiparación de Oportunidades ha abierto una nuevo panorama, un nuevo escenario, incipiente pero es un
gran paso. La “Normativa técnica de accesibilidad urbanística, transporte y comunicaciones” que fue entregada el pasado mes al ministro de Obras Públicas, José Angel Quiroz, es un buen indicio para entender que el más de medio millón de personas discapacitadas necesitan aún de espacios físicos para desarrollarse. Jenny Chinchilla parece resumir el sentir de esta población cuando dice que “no hay nada mejor que sentirse útil”.

El derecho a la educación Un paso importante para mejorar la condición de vida de los discapacitados es el acceso a la educación. William Mendoza dice que sus padres siempre fueron justos. Nunca hubo diferencias y al igual que a sus cuatro hermanas, le proveyeron educación hasta terminar el bachillerato. Pero el dinero no alcanzó para la universidad. Así fue como se involucró en el proyecto TIC para compensar ese vacío y aprender algunas herramientas tecnológicas que le permitan proveerse de algún trabajo. Daniel Zappalá cree que el bajo nivel académico de la población discapacitada en el país es determinante en el hecho de que no encuentren trabajo, sobre todo cuando hay poca oferta de empleo y mucha competencia por conseguir un mismo puesto. Por lógica se los adjudican a los más competentes. Nohemy Ortiz sacrificó lo poco en un curso de computación antes de entrar al TIC, a fin de aprender lo que no pudo en las escuelas en sus 32 años de vida. Hasta hace unos años la integración de la población discapacitada a la escuela era escasa, casi nula. Un primer paso positivo fue cuando el Ministerio de Educación creó aulas de educación especial, pero ahora los está integrando al aula regular. Desde 1992 han pasado por esas aulas unos 800 alumnos. Esto ha implicado la capacitación de docentes para que puedan detectar, evaluar y atender un aula con alumnos que presentan no solamente discapacidades físicas sino también aquellos con necesidades educativas especiales. En lo que va de este año, 80 personas se han incorporado a la vida académica.